Aliada histórica de Palestina, Cuba
rompió relaciones diplomáticas con Israel en 1973 y desde entonces
mantiene una postura firme de denuncia contra la ocupación y el
genocidio sionista en Gaza.
El
Presidente cubano demandó el cese del genocidio contra el pueblo
palestino y la impunidad de que gozan la ocupación israelí y sus
cómplices, desde EE.UU. hasta las naciones europeas que la respaldan.
Foto: Presidencia de Cuba
6 de octubre de 2025 Hora: 12:53
esEl presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó este domingo la liberación inmediata del cofundador de la organización Internacional Progresista, David Adler, y de centenares de tripulantes de la Global Sumud Flotilla que permanecen encarcelados tras ser asaltados por la ocupación israelí cuando transportaban ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza e intentaban visibilizar las consecuencias de un genocidio que ya dejó 67.170 palestinos asesinados, de ellos unos 20.000 niños.
“Reclamamos la liberación del co-coordinador de Progressive International, David Adler, y otros 170 tripulantes de la Global Sumud Flotilla, que fueron interceptados cruelmente por las fuerzas israelíes al acercarse a las costas de Gaza”, denunció el mandatario cubano en un mensaje difundido en redes sociales. Díaz-Canel también exigió que “cese la impunidad de los sionistas genocidas y sus cómplices”.
De acuerdo con los abogados de la misión humanitaria, 478 activistas de 42 barcos fueron arrestados en aguas internacionales tras la operación militar israelí y llevados a una penitenciaría israelí odiada por su patrón de deshumanización y malos tratos hacia palestinos secuestrados y migrantes.
Aunque parte de ellos han sido deportados en los últimos dos días, se estima que unos 300 continúan encarcelados en la prisión de Saharonim (también conocida como Ketziot), en pleno desierto del Néguev, centro de alta seguridad inicialmente construido para inmigrantes africanos y donde están secuestrados palestinos condenados a cadena perpetua.
Los abogados explicaron que primero fueron expulsados quienes firmaron su consentimiento de deportación. En cambio, los que se niegan a abandonar Israel enfrentan un procedimiento judicial que puede prolongar su reclusión. Estos manifiestan que no querían ingresar a Israel, sino a los territorios palestinos ocupados.
Cuba, aliado histórico de Palestina, rompió relaciones diplomáticas con Israel en 1973 y desde entonces ha mantenido una postura firme de denuncia contra la ocupación y el genocidio sionista a Gaza.
La Habana acusa al Gobierno de Benjamin Netanyahu de cometer crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino, una condena que se ha intensificado tras el ataque contra la flotilla humanitaria. Desde octubre de 2023 a la fecha, la entidad sionista asesinó a 67.170 civiles en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y causó heridas a 169.679.
En medio de una escalada retórica y militar de Washington, el gobierno de Nicolás Maduro evalúa activar una figura constitucional de emergencia que le otorgaría amplias facultades para responder a una eventual agresión externa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evaluó este martes decretar el Estado de Conmoción Exterior en toda Venezuela, en el contexto de la hostilidad por parte de Estados Unidos y la amenaza de intervención. Foto: Prensa Presidencial
26 de septiembre de 2025 Hora: 13:25
es
En un contexto de creciente tensión diplomática y militar con Estados Unidos, Venezuela se prepara para decretar formalmente un estado de conmoción exterior, una figura jurídica prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y desarrollada en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (2001).
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, refirió que el decreto constitucional tiene como finalidad que «toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana, para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra de Venezuela».
Asimismo, el jefe de Estado indicó que las y los venezolanos, “están unidos y tienen la razón de luchar por nuestra soberanía”, la cual está siendo amenazada por el Gobierno de Donald Trump.
En lo formal, esta medida busca dotar al Estado venezolano de herramientas legales para defender su soberanía ante l “amenazas imperiales” y posibles acciones militares por parte de Washington.
¿Qué es el estado de conmoción exterior?
Según el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el estado de conmoción exterior puede decretarse “en caso de conflicto externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
Esta figura se activa cuando existe una amenaza a la integridad territorial, la soberanía nacional o la estabilidad institucional proveniente del exterior.
El decreto, que debe ser emitido por el presidente en Consejo de Ministros, tiene una duración inicial de hasta 90 días, prorrogables por otros 90 días, siempre que cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional.
Durante este periodo, el Ejecutivo puede adoptar medidas extraordinarias en los ámbitos social, económico, político o ecológico, incluso si estas implican la limitación temporal de ciertas garantías constitucionales —aunque nunca de derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, la integridad física o el debido proceso, protegidos expresamente por el artículo 7 de la ley y por tratados internacionales de derechos humanos.
El estado de conmoción exterior que Venezuela evalúa decretar tiene equivalentes en múltiples sistemas democráticos de la región. En Argentina, el estado de sitio puede declararse ante “conmoción interior” o “ataque exterior”, pero requiere aprobación del Congreso y respeta de forma estricta los derechos fundamentales. En México, el artículo 29 constitucional permite al presidente restringir temporalmente ciertas garantías en casos de “invasión” o “perturbación grave de la paz pública”, aunque siempre con autorización previa del Congreso o de su Comisión Permanente. Por su parte, Bolivia exige que cualquier estado de excepción sea aprobado por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas, mientras que en Chile, el estado de sitio —aunque puede decretarse de forma inmediata por el presidente— debe ser ratificado por el Congreso en cinco días.
Más allá de América Latina, España también regula un estado de sitio, que solo puede ser declarado por el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta, en casos de “insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o el orden constitucional”. Durante su vigencia, una autoridad militar asume funciones de orden público, aunque las autoridades civiles mantienen sus competencias no delegadas. Estos marcos comparten con Venezuela principios clave: proporcionalidad, necesidad, temporalidad y control institucional, todos reconocidos por el derecho internacional como condiciones indispensables para la legitimidad de cualquier régimen de excepción.
En tanto, el marco venezolano —establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción de 2001— exige aprobación de la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días, control constitucional por la Sala del TSJ en diez días, y prohíbe expresamente la suspensión de 14 derechos fundamentales, en línea con la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
¿Por qué se considera ahora?
La posibilidad de declarar este estado de excepción surge tras una serie de declaraciones y acciones del gobierno de Donald Trump, incluyendo su discurso en la Asamblea General de la ONU, amenazó con “borrar del mapa” al gobierno del presidente Nicolás Maduro, bajo el supuesto no comprobado de liderar presuntas “redes de narcotráfico”. En esa línea, Estados Unidos ha desplegado buques militares en el Caribe y ha reiterado su postura de no reconocer la legitimidad del gobierno venezolano.
En respuesta, Maduro ha reafirmado su compromiso con la paz y el diálogo —incluyendo conversaciones directas con el enviado estadounidense Richard Grenell—, pero al mismo tiempo ha ordenado ejercicios militares, movilizaciones populares y la preparación de mecanismos legales de defensa nacional.
Como señaló el Fiscal General Tarek William Saab en declaraciones dadas a este medio el pasado jueves, el Consejo de Estado —órgano que reúne a los máximos representantes de los poderes públicos— ya ha avanzado en la elaboración de un decreto que “daría a Venezuela las armas jurídicas necesarias para defenderse de un ataque armado externo”.
Alcance y controles institucionales
Aunque el decreto otorga al presidente facultades ampliadas, no es una medida discrecional ni ilimitada. La ley establece controles rigurosos:
Control parlamentario: El decreto debe ser remitido a la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días para su aprobación por mayoría absoluta (artículos 26 y 27).
Control judicial: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre su constitucionalidad en un plazo máximo de diez días (artículo 32). Si el decreto viola la Constitución o los derechos humanos, puede ser declarado nulo con efectos retroactivos (artículo 38).
Obligación de cooperación: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe colaborar con las autoridades durante el estado de excepción, pudiendo ser asignados servicios extraordinarios con derecho a indemnización (artículo 17).
Además, el decreto permite al Ejecutivo realizar gastos no previstos en el presupuesto, racionar bienes esenciales, requisar propiedades privadas (con compensación posterior) y movilizar a la Fuerza Armada Nacional (artículos 19, 20, 23 y 24).
Un mecanismo de defensa, no de confrontación
Tanto Maduro como sus colaboradores han insistido en que esta medida no busca iniciar un conflicto, sino prevenirlo y prepararse ante una eventual agresión.
“Venezuela apuesta a la paz”, afirmó Saab, destacando que el país mantiene canales diplomáticos abiertos. Sin embargo, subrayó que, “en un supuesto negado”, el Estado debe estar jurídicamente equipado para proteger su soberanía sin límites internos o externos.
En el derecho internacional, la posibilidad de adoptar medidas excepcionales ante amenazas graves a la seguridad nacional es reconocida, siempre que se respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad —principios que la propia ley venezolana incorpora expresamente (artículos 4, 5 y 6).
La evaluación de un estado de conmoción exterior en Venezuela no es un acto aislado, sino parte de una estrategia de defensa integral frente a lo que el gobierno percibe como una amenaza real y creciente. Si bien la medida implica un refuerzo significativo del Poder Ejecutivo, el marco legal venezolano establece salvaguardas institucionales y garantías que buscan evitar abusos.
La visita de Javier Milei a Santa Fe estuvo acompañada por enfrentamientos entre militantes de su partido y otras agrupaciones.
Fuerzas de seguridad vigilaron las inmediaciones del Hotel Los Silos en Santa Fe, mientras manifestantes opositores protestaron en las afueras contra la presencia del presidente Javier Milei. Foto: EFE.
5 de octubre de 2025 Hora: 13:28
es
El presidente argentino, Javier Milei, vivió este sábado 4 de octubre una escalada de tensión, en el centro de Santa Fe, cuando militantes del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) se enfrentaron con grupos opositores, en su mayoría del Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda.
La confrontación, ocurrida en la previa de una caminata de campaña del presidente Javier Milei, incluyó golpes y empujones, culminando con el desmantelamiento de un gazebo de LLA, mientras los manifestantes opositores portaban pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”.
Cientos de opositores se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada del mandatario. La Policía de Santa Fe y efectivos de la Prefectura resguardaron el hotel, utilizando escudos y cascos para impedir que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar. Sin embargo, la virulencia de los cánticos y las protestas callejeras obligaron al equipo presidencial a cambiar drásticamente su ruta.
Javier Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo que salir del hotel por un sector alternativo. La intención inicial de realizar una caminata por la peatonal San Martín se frustró por la presencia de los grupos opositores, forzando al Presidente a dirigirse directamente a un vehículo en el Puerto de Santa Fe para abandonar la capital provincial tras un breve saludo a sus militantes.
Tras la partida de la comitiva presidencial, la Policía Federal Argentina detuvo a cinco personas en la zona del puerto. Los detenidos quedaron tendidos en el piso, rodeados por las fuerzas de seguridad, y se reportó que la causa podría estar ligada al arrojo de objetos contra la camioneta del Presidente. Al menos un militante de LLA resultó herido con la cabeza sangrando, según reportes de la agencia NA.
Posteriormente, el mandatario se trasladó a Paraná para sostener una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio, un encuentro vital para el gobierno. La fotografía con el dirigente del PRO es necesaria debido al objetivo del Presidente de revincularse con los gobernadores, tras un pedido de Estados Unidos luego del respaldo financiero del Tesoro a la Argentina, buscando afianzar la base de gobernabilidad.
El viaje de Milei ocurre luego de una semana de alta tensión e incertidumbre en el plano político y económico, que incluyó el firme apoyo a la candidatura de Espert, cuestionado por sospechas de vínculos con el narcotráfico y una inestabilidad en el precio del dólar que recién se estabilizó el jueves. Ante esta situación, las autoridades endurecieron los controles sobre el sistema de compra y venta de la divisa en plataformas digitales.
"Assata" significa "la que lucha" en África Occidental y "Shakur" significa "agradecida" en árabe. Perteneció
al Partido Pantera Negra y al Ejército Negro de Liberación. Assata es
conocida, además, por ser la madrina del rapero Tupac Shakur, asesinado
en 1996. “Es nuestro deber luchar por nuestra libertad. Es
nuestro deber ganar. Debemos amarnos y protegernos mutuamente. No
tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas”, dijo esta
inquebrantable luchadora revolucionaria, perseguida por el régimen
estadounidense.
También hablaremos de la nueva partida
millonaria para las organizaciones y los periodistas mercenarios
anticubanos. “Donald Trump destinará 400 millones de dólares a
apoyar actividades para contrarrestar la influencia en el hemisferio
occidental de los regímenes `marxistas y antiamericanos´ de Cuba,
Venezuela y Nicaragua”, nos dice el libelo Martí Noticias, medio
propiedad del gobierno norteamericano.
Estos 400 millones son
parte de 1.800 millones de dólares extraídos de los fondos de la
desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), que ahora se destinarán a la “iniciativa America First”. Otros
fines serán los programas de minerales críticos en Ucrania, las posibles
inversiones en Groenlandia, las actividades para poner fin a la
inmigración ilegal o las propuestas para contrarrestar el dominio de
China en inteligencia artificial.
Hablaremos del histórico
discurso del presidente colombiano, Gustavo Petro, en Naciones Unidas,
que puso contra las cuerdas a Netanyahu y a Trump, y de las perretas imperiales, en forma de denegación
de visa de entrada a EEUU, por ejemplo, al citado mandatario
colombiano. Pero también -leíamos hace unos días- a la delegación cubana
que quería participar en el Directivo (anual) de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Finalmente, repasaremos el
último de los sucesos relacionados con la censura artística en EEUU
contra artistas cubanos, en este caso residentes en Miami. Son Kevincito
El 13 y Dany Ome, hostigados y castigados por el régimen yanki por
haberse atrevido a viajar al país donde nacieron, Cuba, y hacer allí una gira de conciertos.
Pero, recuerden bien, donde se viola la libertad artística es… ¡en Cuba!
La denuncia se produce tras la incursión ilegal de varios aviones de combate estadounidenses en la Región de Información de Vuelo de Venezuela.
El Ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó que las incursiones militares de EE. UU. amenazan la seguridad de la Zona de Paz en América Latina y el Caribe. Foto: EFE.
3 de octubre de 2025 Hora: 14:23
es
El Gobierno de Cuba alzó la voz para denunciar enérgicamente una peligrosa escalada militar por parte de Estados Unidos en el Caribe, la cual, según La Habana, pone en peligro la paz y estabilidad de toda la región.
La denuncia se produce tras la incursión ilegal de varios aviones de combate estadounidenses en la Región de Información de Vuelo de Venezuela, un acto calificado como una amenaza directa por las autoridades cubanas y venezolanas. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó que estas acciones militares socavan el estatus de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
La denuncia cubana se fundamenta en los recientes movimientos militares de Washington. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, había reportado la detección de al menos cinco aviones de combate cerca de las costas de su país, considerándolo una provocación y un acoso militar. Esta acción se suma al despliegue confirmado por la Casa Blanca de tres buques con 4.000 soldados en aguas cercanas a Venezuela, un movimiento que intensifica las tensiones entre Washington y Caracas.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró el firme e inquebrantable apoyo de Cuba al Gobierno bolivariano de Venezuela, exigiendo el cese de la agresión militar estadounidense. El mandatario compartió un comunicado de la Cancillería de la isla que describe una «extraordinaria acumulación de medios militares» en el Sur del Caribe, lo que, junto a las incursiones aéreas, la destrucción de embarcaciones civiles y el anuncio de posibles acciones terrestres, configura un escenario de máxima alerta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha señalado que el más reciente y alarmante paso de Estados Unidos es la notificación de que se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra combatientes ilegales. Esta “insólita notificación”, afirma La Habana, busca esencialmente legitimar acciones militares de mayor envergadura, lo que podría constituir el pretexto para ejecutar una agresión directa contra la nación suramericana.
Estas acciones militares y diplomáticas estadounidenses se han desarrollado en paralelo a una guerra financiera contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente constitucional venezolano, a quien acusa de supuestamente liderar una organización ilícita. Este entramado de presión militar y acusaciones judiciales incrementa la percepción de una amenaza inminente sobre la soberanía venezolana.
Cuba advirtió que una agresión militar directa contra Venezuela «desencadenaría un conflicto armado que tendría incalculables consecuencias» para toda la región. El Gobierno bolivariano de Venezuela, por su parte, solicitó el apoyo del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y movilizó a sus milicianos, reforzando las fronteras ante cualquier intento de incursión. La voz de Cuba se une a otras naciones que claman por detener cualquier acción que amenace la paz continental.
esEl presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó este domingo la liberación inmediata del cofundador de la organización Internacional Progresista, David Adler, y de centenares de tripulantes de la Global Sumud Flotilla que permanecen encarcelados tras ser asaltados por la ocupación israelí cuando transportaban ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza e intentaban visibilizar las consecuencias de un genocidio que ya dejó 67.170 palestinos asesinados, de ellos unos 20.000 niños.
