24 de abril,
Pueblos indígenas de Guatemala retornan a las calles para exigir libertad de sus líderes
Las autoridades ancestrales denuncian la criminalización de la protesta social tras cumplirse un año del encarcelamiento de los dirigentes de Totonicapán.
Integrantes de comunidades ancestrales marchan frente a la sede de la justicia guatemalteca exigiendo el fin de la persecución política contra líderes campesinos. Foto: @GuatemalaGob.
24 de abril de 2026 Hora: 14:12
Los movimientos indígenas de Guatemala retomaron las movilizaciones en la capital para rechazar la detención prolongada de Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Estos exdirigentes de los 48 Cantones cumplen un año en prisión preventiva bajo un proceso judicial que se mantiene bajo estricta reserva legal.
La defensa técnica de los procesados denunció que el sistema de justicia utiliza mecanismos dilatorios para impedir el avance normal de las audiencias. Según los abogados, el uso de recusaciones y excusas por parte de los magistrados dejó el caso sin un juez responsable durante meses.
El colectivo de autoridades ancestrales sostiene que las acusaciones de terrorismo y asociación ilícita son herramientas políticas para castigar a quienes defendieron la democracia. Los líderes comunitarios enfatizan que su servicio es un mandato asambleario que hoy es perseguido por las estructuras del sistema judicial occidental.
Desde los territorios de Sololá y Totonicapán, los manifestantes señalaron directamente a la fiscal general María Consuelo Porras como la artífice de esta persecución. Aseguran que las acciones del Ministerio Público responden a un revanchismo político contra quienes protegieron la voluntad popular expresada en las urnas.
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Familiares de los detenidos calificaron el proceso como espurio y denunciaron que la prisión preventiva se está utilizando como una condena anticipada sin sentencia firme. Para las comunidades originarias, servir al pueblo es un honor heredado de sus ancestros que no debe ser motivo de cárcel ni maltrato.
La situación de los líderes de las 48 Regiones se convirtió en un caso emblemático en América Latina sobre la vulneración del derecho a la protesta. Las organizaciones sociales advierten que no abandonarán la resistencia pacífica hasta que se garantice el debido proceso y la libertad de sus autoridades.
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