No se trata de inventar algo mejor que el
Estado de derecho, se trata de conseguir un Estado de derecho que de
verdad acabe siéndolo, ¿no?, que de verdad lo sea. De conseguir una
verdadera república democrática, un orden constitucional,
que yo creo que bajo condiciones capitalistas es imposible y que por
tanto habrá que saber cuánto legislar el dinero para poder generar una
verdadera libertad de ciudadanos. Pero no hay otra, no hay otra opción,
eso ya lo dijo Eduardo Galeano en alguna ocasión,
lo que no puede ser es que para liberar el dinero haya que encarcelar a
las personas. Yo lo plantearía también al revés, o sea, ¿cuánto hay que
encarcelar el dinero para que las personas tengan libertad? y para que
realmente podamos decir que vivimos en un
orden constitucional de derecho ¿no?
En Europa, en España, vivimos en algo así,
parece que sí, pero yo diría que hay que comenzar por decir que es una
apariencia. Hay ciertas zonas del mundo que podríamos decir que son lo
suficientemente privilegiadas, que están lo
suficientemente privilegiadas, tienen, podría decir, un estado de
privilegio, que no coincide enteramente con un Estado de derecho. Lo que
pasa es que, claro, si a toda una población lo suficientemente
privilegiada le das la libertad de reunión, la libertad
de asociación, la libertad de prensa, la libertad de voto, el sufragio
universal y tal y cual, pues, naturalmente, votan por quedarse como
estaban. Eso no es una situación en la que el derecho impere, eso no es
el imperio de la ley, eso es una situación en
la que el derecho es relativamente superfluo, porque los privilegios ya
te han dado lo que el derecho te tendría que dar, y eso es lo que
realmente hemos tenido siempre en Europa. O sea, es muy fácil decir que
Bélgica es un Estado de derecho modélico, pero
claro, hay que repasar la historia de Bélgica y ver que eso se levanta
también sobre un genocidio de diez billones de africanos a principios
del siglo XX. Entonces, el derecho es interesante en las zonas no
privilegiadas.
El silencio de otros es un documental extraordinario. El pasado viernes 16 de noviembre ya puede verse en cines del Reino de España. En 96 minutos se denuncia de forma muy concienzuda las consecuencias de la ley de Amnistía de 1977, mediante entrevistas superpuestas a testigos, abogados y la jueza argentina María Servini. La jueza Servini está desde hace ocho años investigando algunos de los crímenes del franquismo a partir del principio de la justicia universal. Que fue el resquicio por el que se detuvo a Pinochet en Londres y por el cual también se juzgaron a militares golpistas argentinos. Pero el régimen del 78 es más infranqueable y, por supuesto, más impermeable a la justicia universal.
La ley de Amnistía de 1977 es uno de los pilares del régimen de 1978. Y una de las vergüenzas jurídicas internacionales vigentes en el año 2018. Como se recordará, solamente dos diputados votaron en contra de esta ley. Una ley que entró en vigor el 17 de octubre de 1977 y que permite que torturadores franquistas, secuestradores de recién nacidos en el franquismo… se paseen por la calle impunemente. Ya lo dijo uno de los torturadores más conocidos del franquismo, Billy el Niño, “a nosotros no nos pasará nada, seguiremos siendo la policía del futuro”, como explica en la película uno de los torturados por ese policía. Y la policía del futuro a la que se refería Billy el Niño es la de hoy. Jamás fue depurada de franquistas.
Un relator de la ONU, Pablo de Greiff, al informar sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista afirmó que la ley de Amnistía de 1977 es el principal obstáculo legal en la búsqueda de la justicia. Pablo de Greiff también tiene una breve aparición en el documental.
A principios de 2018, Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias, a propuesta del primero, votaron para una reforma de la mencionada ley de 1977. La reforma era muy simple, se proponía la adición en el artículo 9 de un nuevo párrafo según el cual las disposiciones contenidas en la norma “no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos”. Votaron en contra: PP, PSOE y Ciudadanos. Sí, el “republicano” (sic) PSOE también —republicano como el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls para el cual ser republicano hoy no significa ser antimonárquico (resic)—. Decía Chato Galante, uno de los grandes activistas de la Asociación Foro por la Memoria Democrática que tiene un papel destacado en El silencio de otros, durante el coloquio que hubo después del pase de un preestreno del documental el pasado 14 de noviembre en Barcelona: “No es suficiente con sacar a Franco del Valle de los Caídos y algún gesto más por importante que sea, hay que juzgar a los torturadores franquistas y a los culpables de los secuestros de niños y niñas que fueron entregados a familias franquistas”.
Y sobre las denuncias de muchos familiares de torturados y asesinados por el franquismo —como Salvador Puig Antich una de cuyas hermanas, Merçona, también aparece en El silencio de otros— es sobre lo que ha investigado y denuncia este documental que ha supuesto un trabajo de siete años.
Como la jueza Servini explica en un momento del documental de forma un tanto optimista: “si los jueces escucharan los centenares de testimonios que he escuchado yo a lo largo de estos años, seguro que se pondrían a actuar”. Quizás demasiado optimista con la judicatura española. Como informaba un artículo de ya hace dos años: “La jueza argentina María Servini ha visto cómo la Fiscalía se opuso desde el minuto cero a la extradición de cargos franquistas o cómo se ha dado la orden de no tomar declaración en juzgados españoles”. Hace pocos meses la jueza pidió al Gobierno español la lista de policías que intervinieron en la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976. Ninguna respuesta.
La película tiene momentos duros sobre la brutalidad de la policía española contra manifestantes antifranquistas, brutalidad que en Cataluña mucha gente volvió a recordar y a sufrir en su piel el 1 de octubre de 2017 (“la policía del futuro” de Billy el Niño), y momentos muy emotivos. Y también momentos crueles. Como la realidad que pretende explicar.
Valeriu Marcu fue un poeta e historiador rumano que murió en Nueva York en 1942 y que acostumbraba a escribir en alemán. Fue el primero en publicar una biografía de Lenin. En Zúrich, poco antes de la Revolución de febrero, cuentan que Lenin le comentó a Marcu: “Uno siempre tiene que intentar ser tan radical como la realidad misma”. El silencio de otros es tan radical como la realidad misma que intenta describir.
El silencio de otros está dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar y es una coproducción hispano-estadounidense. Está dedicado a Carlos Slepoy, uno de los protagonistas del documental, jurista de una trayectoria admirable de defensa de los derechos humanos y la justicia universal. Fue torturado en Argentina, bajo el régimen de Isabel Perón en 1976, y en el Reino de España, en 1977. Murió en 2017. El silencio de otros ha recibido hasta ahora algunos premios internacionales, 14 para ser exactos. Entre ellos, el Premio del Cine por la Paz en la Berlinale. Almudena Carracedo, en el preestreno de Barcelona mencionado, comentó: “haced de activistas de esta película para que se haga justicia”. Quizás que se haga justicia, tratándose de la judicatura heredera del franquismo sin la menor depuración, sea demasiado pedir porque ella también debería ser juzgada por sus crímenes, pero que esta película se difunda lo más posible entra dentro de las posibilidades de la “realidad radical”. Vale la pena verla.
es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, 'Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa' (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, 'Against Charity' (Counterpunch, 2018).
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«¿Quieren saber quién ha organizado esta caravana? El hambre y la muerte» . Los centroamericanos escapan de una guerra sin trincheras en la que se mata mucho, muchísimo. No sabemos qué va a ocurrir con esta larga marcha, pero todos estos seres humanos que forman parte del éxodo ya han hecho historia. Han sacado de la clandestinidad algo que ha ocurrido durante décadas: la huida masiva de centroamericanos hacia el norte. Pero ellos no quieren hacer historia, quieren entrar en Estados Unidos. Eyer Mauricio Mancia Arana, de San Pedro Sula, en Honduras, observa la frontera de Estados Unidos desde la playa de Tijuana. Ahí, al otro lado del muro, se encuentra ese lugar mágico, aparente solución a todos sus problemas, tierra prometida para cientos, miles de migrantes centroamericanos que caminan desde hace un mes en la ya famosa «caravana». Puede ver, pero no pisar. Tan cerca, tan lejos. Este hombre de 34 años que camina con su hijo Ezequiel, de cinco, no sabe qué hacer. Según Google Maps, el camino más corto para llegar desde la segunda localidad hondureña hasta el municipio fronterizo mexicano es de 4.386 kilómetros. Pero ellos han recorrido muchos más. Han serpenteado por Guatemala y los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tijuana. Han caminado bajo el sol, dormido bajo la lluvia, avanzado trepados a un camión. Se han enfermado, han pasado hambre y suplicado por un transporte. Han hecho historia y, a pesar de ello, ahora les llega el tramo más difícil. La gran decisión: qué hacer. Cómo cruzar. Escoger bien la estrategia para que las autoridades de Estados Unidos acepten la petición de asilo político que Mancilla Arana se trae bajo el brazo. «Yo me vine de Honduras porque los mareros me extorsionaban», explica, días antes de llegar hasta Tijuana. Cuenta que él presentó una demanda contra el Estado por las prestaciones que debía cobrar por haber sido despedido de su empleo. Y los pandilleros (no aclara, no quiere aclarar, si es el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, las dos principales maras que operan en todo Centroamérica, México y Estados Unidos) se enteraron. Así que comenzaron a extorsionarlo. La maldita extorsión. Una de las razones por las que Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo. La extorsión, «impuesto de guerra» en Honduras, es una de las formas de financiamiento de las pandillas. Chicos pobres sacan el poco dinero que tienen a otras personas también pobres como condición para no asesinarlos. Comerciantes, vendedores informales, conductores de autobús. Hasta por vivir en determinada colonia hay que darles plata a las maras en lugares como Tegucigalpa, San Salvador o Ciudad de Guatemala. Si no pagas, te matan. Si te retrasas, te matan. A veces quieren dar un aviso a otro y, por eso, te matan. «Tuve que venirme, porque me había atrasado con dos rentas. Esa es la situación mía. Ellos allá me fueron a buscar varias veces, eso dicen. Si regreso me matan. No puedo regresar a Honduras», dice. Como prueba, muestra la demanda que presentó contra Hondutel, la empresa hondureña de telecomunicaciones. También, una captura de Messenger de hace un año. Concretamente, del 19 de agosto de 2017. Alguien que se hace llamar Pedro Lovo le envía un mensaje: «Tu cabeza ya tiene presio perro ya tu saves por q pedaso de mierda jajajajaja» (sic). Pero no tiene más recados de este tipo. «Te lo dicen en persona, son astutos», sigue su relato. El problema para Mancia Arana y su hijo es que, probablemente, el riesgo de que le peguen un balazo en la cabeza no será una causa suficiente para los jueces norteamericanos que analizan su caso. Las pandillas no son consideradas una razón para el asilo al otro lado de Río Bravo. Así que el hondureño, como otros cientos o miles de personas que le acompañan, tiene muchos boletos para ser devuelto. Desde que llegaron a Ciudad de México, los integrantes de la larga marcha de los pies doloridos han recibido asistencia de abogados expertos en cuestiones migratorias. Pero ante todas las dificultades, ellos responden: «Primero Dios». No, Dios no va a abrirles la puerta, ni a convencer a Donald Trump, que llegó a la Casa Blanca azuzando el miedo contra los migrantes, de que permita que crucen al otro lado. «Primero Dios» es una forma de aplazar el problema. Hasta este momento ha servido. Pero Estados Unidos es otra cosa y sus opciones para entrar, escasas. El éxodo centroamericano tiene dos vías. La primera, la legal, tiene poco recorrido. Los migrantes llegan a la puerta de entrada a Estados Unidos y piden asilo. No les permiten entrar directamente, sino que les dan un ticket. Allí tendrán por delante a otros centroamericanos y a 2.000 mexicanos procedentes de estados como Guerrero o Michoacán que también piden refugio debido a la guerra del narcotráfico. Cuando logren cruzar la puerta serán entrevistados. Si pasan esa primera prueba, permanecerán encerrados durante un tiempo indefinido, hasta que el juez decida si se concede o no el asilo. En caso de que no califiquen, serán deportados. Es cruel ser deportado tras haber hecho todo este camino, pero muchos de los integrantes de la larga marcha de los hambrientos ya conocen lo que es estar encerrado por ser migrante. La segunda, la irregular, es la de siempre: pagar a un coyote y jugársela a cruzar de modo irregular, esquivando a la migración y a las patrullas de civiles armados dedicados a la caza del extranjero irregular. Eyer Mauricio Mancia Arana me envía un último mensaje el 15 de noviembre a las 12:55. Dice que tiene un plan. Que va a intentar cruzar la frontera a través del puente comercial. Que quiere esquivar a los agentes mexicanos y entregarse ante los primeros uniformados estadounidenses. Han pasado más de 24 horas y no ha vuelto a conectarse. Quién sabe si tuvo éxito, cosa bastante improbable. Si fue arrestado. Si se quedó sin batería. La incertidumbre es una de las sensaciones que marcan el éxodo centroamericano. Sabemos dónde estamos aquí y ahora. No sabemos qué depara el futuro a estos miles de seres humanos cansados, doloridos, enfermos, indestructibles. Lo importante en esta larga marcha no es el lugar al que se dirigen, cerrado a cal y canto, sino por qué huyen. De qué escapan. Qué lleva a más de 10.000 personas disgregadas en cuatro caravanas a dejarlo todo, absolutamente todo, y lanzarse a una incierta caminata. Cada migrante que arrastra sus pies por la carretera, se cuelga en camiones o se hacina en palanganas de pick-up lleva en sus mochilas alguna historia terrible. Y cada narración ofrece unos datos estremecedores. Centroamérica es una de las zonas del mundo en las que más se asesina. El índice de homicidios en Guatemala es de 26 por cada 100.000 habitantes. En Honduras, de 46 por cada 100.000. En El Salvador, de 62 por cada 100.000. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes es una pandemia de violencia. Con estas cifras en la mano, Centroamérica está enferma de violencia. La pobreza es la otra cara de la moneda. Casi 60% de los guatemaltecos vive en condiciones de pobreza, la misma cifra de hondureños y 34% de los salvadoreños. «¿Quieren saber quién ha organizado esta caravana? El hambre y la muerte», proclamó Irineo Mujica en Tapachula, Chiapas, cuando la caravana apenas había pisado territorio mexicano. Mujica es fundador de Pueblos Sin Frontera, una red de activistas centroamericanos, mexicanos y estadounidenses que acompañan a los migrantes en esta peligrosísima ruta. En el pasado organizaron otras caravanas. Pero ninguna como esta. Algo ocurrió para que la bola de nieve se hiciera tan grande. En San Pedro Sula eran 200. En Aguascalientes, la frontera con Guatemala, eran 3.000. En el puente Rodolfo Robles, donde fueron gaseados y golpeados bajo un cartel de «Bienvenidos a México» antes de lanzarse al río Suchiate y convertirse en irregulares, habían llegado a los 5.000. Centroamérica está enferma de violencia, de pobreza, de colonialismo, de gobiernos corruptos, de Estados que no protegen y que solo sirven a quienes llevan décadas mandando. Por eso hay cientos de Eyer Mauricios. Porque han llegado a la conclusión de que en sus países no hay futuro. Existe una revolución centroamericana que no mira hacia sus gobiernos corruptos, sino que hace las maletas y marcha hacia el origen. Desafía las leyes migratorias de México y Estados Unidos porque ha llegado a la conclusión de que sus países son imposibles de cambiar. Condenados a sobrevivir entre la pobreza y la violencia, cientos, miles de personas, han decidido huir. Este es un elemento que lo define: no encontramos únicamente a hombres jóvenes que abren camino, como ocurre en el caso de los migrantes subsaharianos en Melilla. Lo que encontramos son hombres jóvenes, mayores casi a punto de jubilarse, niños que no levantan un palmo del suelo, adolescentes con las hormonas a mil y madres cargando con varios hijos. Son familias enteras. Es importante repetirlo: familias enteras que dejaron todo, vendieron lo poco que tenían (conozco el caso de unos guatemaltecos que se vinieron con los 1.000 quetzales que le pagaron a la hija por revender el celular Huawei que había comprado dos semanas atrás) y se pusieron en marcha, sin saber siquiera si tenían una oportunidad. Esta migración se parece más al éxodo sirio de 2015 a través de Europa. Los centroamericanos escapan de una guerra sin trincheras en la que se mata mucho, muchísimo. El hambre también es violencia, aunque se quiera categorizar de otro modo. No sabemos qué va a ocurrir con esta larga marcha, pero todos los hombres, mujeres y niños que forman parte del éxodo ya han hecho historia. Han sacado de la clandestinidad algo que ha ocurrido durante décadas: la huida masiva de centroamericanos hacia Estados Unidos. Antes de esta caravana (y también durante, solo que no los vemos), cientos de miles de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños hicieron las maletas y probaron el sueño americano. A escondidas. Pagando a un coyote y expuestos a grupos criminales que los desaparecen, los esclavizan, trafican con ellos, los matan. El precio actual está entre los 4.000 y los 10.000 dólares. Sin embargo, este puñado de mujeres y hombres ha roto con esta tendencia y ha caminado hacia el norte a pecho descubierto, mostrándose ante el mundo, protegiéndose a través de esta visibilidad. Se trata de un enorme ejercicio de desobediencia civil masiva que, al menos hasta llegar a Tijuana, ha funcionado. Antes los detenían y los entregaban a Migraciones. Ahora, la Policía Federal les escolta el paso. No sabemos qué ocurrirá con la larga marcha de los centroamericanos. Llegar aquí ya es historia. Pero ellos no quieren hacer historia. Quieren entrar en Estados Unidos y trabajar. Fuente: http://nuso.org/articulo/tan-lejos-de-dios-y-de-estados-unidos/
Más de 32.000 millones destinados al
gasto militar y al control social, el 2,75% del PIB en España. Es la cifra que
el Grup
Antimilitarista Tortuga, histórico colectivo auditor de los
presupuestos dedicados al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad del Estado
integrado en la red Alternativa Antimilitarista-Moc, calcula que
el Gobierno estatal y las comunidades autónomas gastarán en 2018.
El cálculo
sale a la luz en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE), unos presupuestos a los que se han presentado
6.900 enmiendas y que se prevé que se aprueben a finales de junio.
En la
presentación de los Presupuestos 2018 el Ministerio de Defensa ya anunció un
incremento del 10,7% de la partida dedicada a este área. De los 7.638 millones
de euros de 2017 se pasa ahora a 8.455. Sin embargo, el grupo antimilitarista
aumenta la partida dedicada al gasto militar a 23.577 millones de euros. “lo
que supone 15.122 millones de euros de gasto militar que el Gobierno oculta
fuera del presupuesto que reconoce”, señalan desde el colectivo.
Según estas
cifras, de cada diez euros destinados a gastos militares 6,42 estarían ocultos
e integrados en otras partidas. Desde el Grupo Tortuga achacan la opacidad del
Gobierno a “lo inasumible socialmente que es el tremendo gasto militar y a la
estrategia permanente de desinformación y de militarización social”.
PARTIDAS OCULTAS
Para obtener
la cifra total de gasto militar que predice, el colectivo añade toda una serie
de partidas. La más cuantiosa corresponde al “gasto oculto en otros ministerios
y departamentos fuera de Defensa”, que calculan en 10.769 millones. Estos se
reparten principalmente en tres epígrafes: el de clases pasivas militares, con
3.491 millones a cargo del Ministerio de Hacienda y correspondientes a
pensiones y prestaciones a familiares de militares, no funcionarios y pensiones
de guerra; los Organismos Autónomos Militares, como el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS), que se llevan 1.828 millones, y las partidas correspondientes a
Interior, destinadas principalmente a la Guardia Civil, con 2.707 millones.
Además, otras
carteras como Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura, Sanidad o Empleo
también cuentan con gastos que desde el Grup Tortuga achacan al gasto militar.
Es el caso, por ejemplo, de los fondos de apoyo a la innovación tecnológica del
sector de Defensa (Economía), el Instituto Social de la Marina y el buque
medicalizado Esperanza del Mar (Empleo y Seguridad Social), los aviones de la
Agencia Tributaria operados por Defensa (Hacienda) o los barcos de apoyo en el
Océano Índico (Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
La
suma de gasto militar incluye además 2.875 millones destinados a lo que desde
el colectivo señalan como ‘sobregasto’, “el gasto que deliberadamente minimiza
el Ministerio de Defensa en sus presupuestos y en los de los organismos
autónomos y otros ministerios pero que luego, mediante autorizaciones de
ampliación de crédito, gasta de más de forma sistemática todos los años”.
Asimismo, los
intereses de la deuda obtenida de la financiación del gasto militar sumarían
otros 1.365 millones y, por último, las 14 operaciones en el exterior que
Defensa tiene vigentes irán a cargo del Fondo de Contingencia estatal, lo que
añade otros 1.100 millones.
CONTROL SOCIAL
El colectivo
antimilitarista suma además los gastos achacados al control social excluidos de
las cuentas del Ministerio de Defensa. En concreto, señala 6.011 millones que
se gastarán en este concepto por parte del Estado, a los que añade 2.554
millones para el mismo epígrafe a cargo de las comunidades autónomas y que se
integran principalmente en partidas relacionadas con políticas de Interior.
“Cada vez más,
las diversas políticas de interior han pasado a convertirse en mecanismos
militarizados de control social, en una estrategia amplia de expansión de la
seguridad como enfoque y obsesión que ha convertido la política de interior en
una verdadera obsesión”, denuncian desde el grupo. Tal como remarcan, “esto
incorpora el aparato punitivo y carcelario, así como las misiones y
equipamientos de la policía, las políticas de protección civil, coordinadas
desde lo militar y con sus propios modelos, e incluso la política de seguridad
vial, con amplias dependencias del enfoque de vigilancia y control militar”.
En el caso los
presupuestos de las comunidades autónomas, el colectivo cita tanto a las que
tienen policía propia (Catalunya, País Vasco y Navarra), como a las que poseen
competencias en materia de prisiones (Catalunya) o las que transfieren
cantidades de política de seguridad, en gran parte para incentivar
intervenciones policiales, como es el caso de las Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam).
Por último, el
grupo indica que, aunque el gasto del Ministerio de Defensa aumenta un 10,74%
respecto a 2017, el gasto militar total se incrementa este año en un porcentaje
menor: un 5,65% (6,59% si se contabilizan los gastos dedicados a control
social). “Esto es debido a la política que actualmente aplica el Gobierno de
aflorar gasto militar oculto”, señalan. “En este caso parte del gasto para
operaciones en el exterior que antes escondía casi en su totalidad en créditos
desde el Fondo de Contingencia y que no contaban como presupuesto de Defensa, y
el subidón de los Programas Especiales de Armamento (PEA) que se pagan desde un
programa de Defensa desde el año pasado y antes se pagaban mediante créditos
extraordinarios que se aprobaban en verano y prohibió el Tribunal
Constitucional, así como la I+D militar”.
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Recientemente, hemos asistido a una demostración del poder de los banqueros en nuestro país . En pocos días han conseguido que el Tribunal Supremo se rectifique a si mismo, declarando que el impuesto de las hipotecas deben pagarlo los hipotecados. Una decisión que ahorra a la banca miles de millones de euros, porque no tendrán que devolver retroactivamente este impuesto en millones de hipotecas.Pero esto no es nada comparado con otra gran estafa. De todas las cláusulas abusivas impuestas por los bancos en los contratos hipotecarios, el vencimiento anticipado es la más criminal y la más injusta. Es el derecho que se otorga el banco de reclamar la totalidad del préstamo cuando dejas de pagar la cuota hipotecaria. Es una cláusula presente en la práctica totalidad de los seis millones de hipotecas actualmente vigentes, y es la responsable de más de 600.000 desahucios en los últimos años. En aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo, los juzgados estaban declarando nula esta cláusula y archivando los procedimientos, hasta que el año pasado el Tribunal Supremo, con una nueva maniobra a favor de la banca, preguntó al tribunal europeo si las ejecuciones hipotecarias debían archivarse o no, a pesar de la nulidad del vencimiento anticipado. Más de 80.000 procedimientos de ejecución hipotecaria están suspendidos esperando una resolución del TJUE, y los bancos están reteniendo miles de hipotecas impagadas, y presionando para que la nueva Ley de Crédito Inmobiliario resuelva a su favor el agujero en el que se han metido. He aquí la explicación de la bajada espectacular de las ejecuciones hipotecarias, un 40% menos en un año. La Banca tiene comprometidos 500.000 millones de euros en prestamos hipotecarios y está moviendo todos los hilos para que el estropicio lo paguemos los de siempre. Según informa la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados , que esta debatiendo la ley, y según las propuestas de PP, Ciudadanos, PSOE, o PNV, esta norma se quiere tramitar con urgencia, que regule el vencimiento anticipado y otras cláusulas abusivas, y que apruebe la retroactividad de su aplicación. De hecho, el proyecto presentado por el PP va mas allá del cumplimiento de la Directiva europea 2014/17 y persigue claramente blanquear las cláusulas abusivas de los bancos. La nueva regulación del vencimiento anticipado establece nueve cuotas impagadas en la primera mitad del préstamo y doce cuotas en la segunda, y la disposicion transitoria primera establece la retroactividad del vencimiento anticipado para todas las hipotecas no judicializadas, y de toda la ley a las hipotecas que se renueven o subroguen. Incluso se plantea que afecten a las hipotecas judicializadas sin sentencia de nulidad del vencimiento anticipado. Esta regulación se opone a toda la jurisprudencia del TJUE y sus consecuencias son graves. La retroactividad permitiría a los bancos tramitar miles de demandas por vencimiento anticipado, por impago de nueve cuotas, cuando ahora no pueden hacerlo sin que les archiven el procedimiento, o que se aplique el nuevo interés de demora cuando ahora no pueden cobrar nada porque los tribunales están declarando de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas. La nueva regulación y la retroactividad facilitarían a los bancos blanquear sus clausulas abusivas acogiéndose a la nueva ley, e imponer sus intereses, una vez mas, en perjuicio de toda la sociedad. Sería además un nuevo fraude, porque el TJUE ha dejado claro que la declaración de abusividad de estas cláusulas significa que no se pueden aplicar. Tampoco pueden ser moderadas por una resolución judicial, ni sustituidas por una norma imperativa posterior. Es así, porque los efectos de la abusividad se imponen a los bancos como una sanción, para que dejen de incorporar a los contratos cláusulas abusivas. La retroactividad en la nueva Ley de Crédito Inmobiliario sería contraria a la Directiva 93/13 CEE, al Principio de Protección de la parte más débil del contrato, y al Principio de Efectividad de la Directiva. Además, sólo el juez puede y debe determinar en cada caso, valorando las circunstancias, si una cláusula es abusiva o no, y no puede el legislativo sustituir al juez mediante una norma general. Jose Arturo Val del Olmo y Marcelino García Carpio son miembros de Stop desahucios Euskadi
Publicada el 15/11/2018 a las 13:58Actualizada el 15/11/2018 a las 14:35
El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina
Europa Press
El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha sido detenido este jueves en Granada por supuesta ofensa a la corona a través de las redes sociales, mientras se encontraba promocionando la manifestación de carácter andaluz que tendrá lugar el 6 de diciembre en esta ciudad, según ha informado a Europa Press el sindicato.
Desde la Policía Nacional no han precisado los motivos de la detención, pero han confirmado que Reina ha sido arrestado por tener un par de reclamaciones judiciales pendientes, una de un Juzgado de Madrid y otra de Sevilla, por lo que ha sido detenido y trasladado a la Comisaría Provincial de Granada. La previsión es que pase a disposición judicial a lo largo de la tarde, según han informado desde el cuerpo.
Desde el SAT han señalado que Reina se encontraba en una terraza de la capital granadina cuando, sobre las 13,00 horas, varios agentes de Policía Nacional han procedido a identificar a las personas que lo acompañaban, con la consiguiente detención del secretario general del sindicato, sobre el que "pesaba una orden de busca y captura"por no presentarse ante el juez.
El secretario de organización del SAT, Pepe Caballero, ha indicado que Reina esinsumiso judicial, por lo que no puede presentarse voluntariamente ante ningún juzgado, y se acogerá a su derecho a no declarar.
Cabe recordar que el sindicato había iniciado una campaña de pega de carteles de un festival "contra la represión y a favor de la República y de la democracia real", que tienen previsto realizar en la localidad sevillana de Marinaleda el próximo 8 de diciembre.
