La nueva contra. Por Miguel Necoecheapor La pupila insomne |
rehenes secuestrados por el régimen"(los 13 transgresores de la ley) a cambio de que el gobierno de ese país levante las sanciones económicas contra Nicaragua.
Carrión, deliberadamente, omite la verdadera razón por la que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por mayoría y promulgó el 21 de diciembre de 2020, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como Ley 1055, cuya aplicación legal llevó y llevará a la cárcel a los que la violen, como sucede en cualquier país del mundo.
La 1055 es la respuesta a la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, (NICA, por sus siglas en inglés), promulgada en abril de 2017, que Ileana Ross-Lehtinen, representante por Florida en el Congreso de Estados Unidos, y promotora principal de esta agresiva e intervencionista ley, aseguró que será una herramienta poderosa que pondrá fin a las atrocidades que se producen en Nicaragua y revertirá su trayectoria actual.
Esta herramienta
la usa Washington para bloquear los préstamos que el gobierno de
Nicaragua solicite ante entidades financieras multilaterales. Esta ley
pergeñada por la adalid de la democracia al estilo estadunidense, se ha
traducido en sanciones económicas, sanciones por violación de los
derechos humanos de acuerdo a su visión imperialista (Guantánamo, entre
otras aberraciones, no cuenta) y de actos de corrupción, según los
cánones éticos de los políticos estadunidenses que son la
personificación de la podredumbre. Sólo dos años después de la entrada
en vigor de esa ley, y con millones de dólares entregados a la nueva contra
nicaragüense, principalmente por parte de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en
inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), se intentó el
18 de abril de 2018, defenestrar al presidente de la república electo
democráticamente en las urnas en 2016.
Hoy, los autovictimados precandidatos a la presidencia saltan a la palestra aún cuando faltan seis meses para las elecciones. Ya que los agentes de la embajada estadunidense en Managua no lograron investir un candidato de unidad de la nueva contra, los que quieren ser, se lanzaron desde ahora para sacar raja política. Pero estos politicastros sin partido se volvieron delincuentes al violar la Ley 1055, que es muy clara: “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado (…) que inciten a la injerencia extranjera (…) que pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones (…) serán ‘traidores a la patria’, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua”.
Si
todos estas y estos precandidatos, ex dirigentes sandinistas y regentas
de ONG, no están de acuerdo con dicha ley, ahí está la Asamblea
Nacional para dar la batalla política por su derogación. Pero como no
tienen fuerza política dentro (ni fuera) de la Asamblea, estos
delincuentes se proclaman damnificados del régimen dictatorial de Ortega
.
Los mayorcitos de estos nuevos contras
tienen muy corta memoria; no recuerdan las múltiples invasiones
yanquis, incluida de la década de los 80. Piden a gritos que los yanquis
regresen y saquen a Ortega
sabiendo que cuando los marines (hoy Navy Seals)
invaden, ya no se van (Irak, Afganistán) ahí se quedan a imponer un
gobierno, ejército y policía encargados de perpetrar el capitalismo
salvaje de esta era.
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