El Fiscal pide 13 años y medio de prisión y 36 de inhabilitación para Pedro Antonio Sánchez por el Caso Guardería
El escrito de acusación de imputa los delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento público, malversación y contra la ordenación del territorio
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/CT4XEJATCBOBDL6RSZK6VKF6SI.jpg)
Pedro Antonio Sánchez
Murcia
El fiscal pide penas de prisión que suman 13 años para el ex presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Guardería, que investiga la construcción de dos centros públicos en Puerto Lumbreras cuando era alcalde del municipio.
Más información
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Radio Murcia, la Fiscalía imputa al ex presidente regional cuatro delitos distintos: prevaricación, fraude, falsedad en documento público, malversación y contra la ordenación del territorio. Todas las penas que solicita suman 13 años de prisión y 36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El objetivo de la querella de la Fiscalía es investigar los presuntos delitos que pudieran haberse cometido en la construcción de un centro de la mujer y un centro de atención a la infancia. Ambos se ejecutaron en la pedanía de El Esparragal, en Puerto Lumbreras, siendo Sánchez alcalde de este municipio.
Además de Sánchez, la acusación se extiende a otras diez personas más, entre funcionarios y técnicos municipales del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, así como responsables de la empresa constructora de estas instalaciones.
Se les acusa de la construcción entre los años 2007 y 2010 de un sólo edificio con dos usos independientes concebido de modo fraudulento mediante 7 proyectos, algunos inicialmente incompletos, "que se entienden que fueron adaptándose sucesiva e independientemente a los requisitos de la subvenciones disponibles", dice el escrito.
El fiscal considera que lo lógico es que se tratara de un único proyecto pero que, en realidad, "se trató de conseguir ilícitamente dinero de distintas subvenciones con el único propósito de obtener un presupuesto suficiente para ejecutar un edificio de interés público".
Según el fiscal, "no se dudó en trocear proyectos inejecutables, simular licitaciones públicas, certificar mendazmente partidas de obra para poder justificar documentalmente el gasto ante el ente otorgante de la subvención y acepar pagar dinero público por obras inexistentes".
No es el único proceso judicial con el ex presidente murciano implicado: en marzo de este año, fue condenado a 3 años de cárcel y 3.600 euros de multa por el 'Caso Auditorio', sentencia que no es firme y está pendiente de recurso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario