Reforma de la Administración Local: golpe de Estado para profundizar en la dictadura
Grupo Tortuga
Una más de las felonías que los políticos al mando del Estado español cometen cada semana. Entre tantas y tantas decisiones que perjudican a la gente y benefician a las élites, esta anunciada el viernes, de gran trascendencia política: La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, una iniciativa que tiene el objetivo de despojar de decisión política a los pequeños municipios en beneficio de una institución opaca, lejana, de no elección directa de sus integrantes y proclive al chanchulleo mafioso con los poderes económicos. Nos referimos a las diputaciones provinciales.
En resumidas cuentas los cambios anunciados por la trinca Montoro, Guindos y Santamaría consisten en lo siguiente:
Las competencias de los pequeños municipios pasarán a las diputaciones provinciales
El gobierno podrá despojar de todas sus competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los “baremos de calidad” fijados por el propio gobierno. Será asimismo el gobierno quien interprete si el municipio cumple o no cumple dichos baremos. Las competencias recaerán en la diputación provincial.
En Tortuga somos partidarios de la democracia directa y asamblearia y de ninguna otra. Por ello no nos parece ni más ni menos democrático en el sentido teórico del término que la gestión de un municipio de, por ejemplo, 15.000 habitantes esté en manos de un pequeño grupito local de políticos profesionales o esté en las manos de otros políticos que gobiernan desde “la capital”. Sin embargo en términos prácticos pensamos que alejar el centro de decisión con respecto a las personas gobernadas siempre contribuye a convertir al poder –precisamente- en más lejano y poderoso y a que se pierdan cauces y oportunidades de presionar e intervenir sobre él.
Eso por un lado. Por el otro pensemos en qué situación quedan ahora algunos pequeños municipios en los que sí hay una participación popular realmente democrática. Pequeñas localidades gobernadas por la izquierda abertzale en Euskal Herria, o Marinaleda, por ejemplo, algunas ecoaldeas o los pocos municipios que han aguantado la presión y se siguen gestionando con las últimas migajas del tradicional Concejo Abierto. Todas estas inciativas de municipalismo democrático quedan ahora a expensas de que lleguen los políticos del sistema a “baremar” si se cumplen los criterios “de calidad” para poder suspender todos sus derechos competenciales en beneficio de la mafia política provincial
Se eliminarán mancomunidades y pedanías
Se eliminarán órganos intermedios «que no contribuyen a una eficaz gestión», como las mancomunidades, y las de orden menor, como las pedanías. Son demasiado opacas y no rinden cuentas», ha dicho Montoro, bajo la premisa que ha defendido Mariano Rajoy en varias ocasiones: «Una administración, una competencia».
Como ustedes sabrán, las pedanías son órganos políticos menores cuyos gestores –los alcaldes pedáneos- rara vez son remunerados y su función es poco más o menos que facilitar la comunicación entre la gente de las zonas periféricas de las ciudades grandes y los “atareados” políticos que gobiernan estas urbes. Los políticos del PP tienen claro que la gente no debe tener facilidades para “molestar” a sus gobernantes y han decidido cargarse este órgano.
Bastante más grave es lo de las mancomunidades. Pequeños municipios geográficamente vecinos se agrupan para dotarse de servicios que a cada uno por separado le costaría tener. Abastecimiento de aguas, gestión de residuos, temas forestales, culturales etc. Una organización bastante eficiente y no especialmente onerosa en su administración, que responde a las necesidades de los habitantes de esos lugares y a sus particularidades. Ahora de estas cosas no se encargarán los regidores de cada localidad, sino unos señores de la capital.
Y lo de los señores de la capital, es decir los diputados provinciales también es grave. El debate sobre las diputaciones provinciales se daba no hace casi nada en términos de eliminarlas por ser una administración cara y poco operativa. Podemos añadir que es una institución –esta sí y no tanto las otras- opaca donde las haya, cuyos miembros no han sido elegidos directamente para ese cargo sino que emanan de complejos cálculos de la ley electoral. Por si fuera poco las diputaciones son el espacio perfecto para el negocio mafioso. Por su opacidad como decimos y por la cantidad de dinero que gestionan que ahora será mayor. En Alacant por ejemplo tenemos a varios diputados provinciales, entre ellos su expresidente, imputados por corrupción a la hora de adjudicar servicios (en este caso relacionados con la basura) a empresarios mafiosos a cambio de presuntos sobornos. Es de creer que los servicios que gestionaban las mancomunidades cuando pasen a manos de sus señorías los diputados aumentarán en coste (hay que pagar las comisiones y los sobornos), bajarán en calidad y no responderán a la demanda de las personas usuarias.
Se reducirá un tercio de los concejales
Se reducirá en un 30 por ciento el número de concejales en las próximas elecciones —como avanzó el presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles— lo que permitirá «favorecer la toma de decisión política». Ello significa pasar de los 68.578 concejales actuales a 47.240. Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.
Poco que decir sobre esto, más que ese “favorecer la toma de decisión política” de la que hablan los portavoces del gobierno, se refiere a más bipartidismo por la vía de aumentar el número de votos necesario para alcanzar una poltrona de concejal. Lo cual, unido al resto de disposiciones restrictivas como la Ley d’Hont pondrá muy difícil el acceso a los ayuntamientos a partidos pequeños o independientes.
Otros cambios
Nos parece de menor trascendencia el anuncio de la medida de que se homologarán los sueldos de concejales y alcaldes según criterios que por ahora no nos han quedado claros.
Fuente: http://www.grupotortuga.com/Reforma-de-la-Administracion-Local
En resumidas cuentas los cambios anunciados por la trinca Montoro, Guindos y Santamaría consisten en lo siguiente:
Las competencias de los pequeños municipios pasarán a las diputaciones provinciales
El gobierno podrá despojar de todas sus competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los “baremos de calidad” fijados por el propio gobierno. Será asimismo el gobierno quien interprete si el municipio cumple o no cumple dichos baremos. Las competencias recaerán en la diputación provincial.En Tortuga somos partidarios de la democracia directa y asamblearia y de ninguna otra. Por ello no nos parece ni más ni menos democrático en el sentido teórico del término que la gestión de un municipio de, por ejemplo, 15.000 habitantes esté en manos de un pequeño grupito local de políticos profesionales o esté en las manos de otros políticos que gobiernan desde “la capital”. Sin embargo en términos prácticos pensamos que alejar el centro de decisión con respecto a las personas gobernadas siempre contribuye a convertir al poder –precisamente- en más lejano y poderoso y a que se pierdan cauces y oportunidades de presionar e intervenir sobre él.
Eso por un lado. Por el otro pensemos en qué situación quedan ahora algunos pequeños municipios en los que sí hay una participación popular realmente democrática. Pequeñas localidades gobernadas por la izquierda abertzale en Euskal Herria, o Marinaleda, por ejemplo, algunas ecoaldeas o los pocos municipios que han aguantado la presión y se siguen gestionando con las últimas migajas del tradicional Concejo Abierto. Todas estas inciativas de municipalismo democrático quedan ahora a expensas de que lleguen los políticos del sistema a “baremar” si se cumplen los criterios “de calidad” para poder suspender todos sus derechos competenciales en beneficio de la mafia política provincial
Se eliminarán mancomunidades y pedanías
Se eliminarán órganos intermedios «que no contribuyen a una eficaz gestión», como las mancomunidades, y las de orden menor, como las pedanías. Son demasiado opacas y no rinden cuentas», ha dicho Montoro, bajo la premisa que ha defendido Mariano Rajoy en varias ocasiones: «Una administración, una competencia».Como ustedes sabrán, las pedanías son órganos políticos menores cuyos gestores –los alcaldes pedáneos- rara vez son remunerados y su función es poco más o menos que facilitar la comunicación entre la gente de las zonas periféricas de las ciudades grandes y los “atareados” políticos que gobiernan estas urbes. Los políticos del PP tienen claro que la gente no debe tener facilidades para “molestar” a sus gobernantes y han decidido cargarse este órgano.
Bastante más grave es lo de las mancomunidades. Pequeños municipios geográficamente vecinos se agrupan para dotarse de servicios que a cada uno por separado le costaría tener. Abastecimiento de aguas, gestión de residuos, temas forestales, culturales etc. Una organización bastante eficiente y no especialmente onerosa en su administración, que responde a las necesidades de los habitantes de esos lugares y a sus particularidades. Ahora de estas cosas no se encargarán los regidores de cada localidad, sino unos señores de la capital.
Y lo de los señores de la capital, es decir los diputados provinciales también es grave. El debate sobre las diputaciones provinciales se daba no hace casi nada en términos de eliminarlas por ser una administración cara y poco operativa. Podemos añadir que es una institución –esta sí y no tanto las otras- opaca donde las haya, cuyos miembros no han sido elegidos directamente para ese cargo sino que emanan de complejos cálculos de la ley electoral. Por si fuera poco las diputaciones son el espacio perfecto para el negocio mafioso. Por su opacidad como decimos y por la cantidad de dinero que gestionan que ahora será mayor. En Alacant por ejemplo tenemos a varios diputados provinciales, entre ellos su expresidente, imputados por corrupción a la hora de adjudicar servicios (en este caso relacionados con la basura) a empresarios mafiosos a cambio de presuntos sobornos. Es de creer que los servicios que gestionaban las mancomunidades cuando pasen a manos de sus señorías los diputados aumentarán en coste (hay que pagar las comisiones y los sobornos), bajarán en calidad y no responderán a la demanda de las personas usuarias.
Se reducirá un tercio de los concejales
Se reducirá en un 30 por ciento el número de concejales en las próximas elecciones —como avanzó el presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles— lo que permitirá «favorecer la toma de decisión política». Ello significa pasar de los 68.578 concejales actuales a 47.240. Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.Poco que decir sobre esto, más que ese “favorecer la toma de decisión política” de la que hablan los portavoces del gobierno, se refiere a más bipartidismo por la vía de aumentar el número de votos necesario para alcanzar una poltrona de concejal. Lo cual, unido al resto de disposiciones restrictivas como la Ley d’Hont pondrá muy difícil el acceso a los ayuntamientos a partidos pequeños o independientes.
Otros cambios
Nos parece de menor trascendencia el anuncio de la medida de que se homologarán los sueldos de concejales y alcaldes según criterios que por ahora no nos han quedado claros.
Fuente: http://www.grupotortuga.com/Reforma-de-la-Administracion-Local
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