A 40 años del “Caracazo Dominicano”, una reflexión necesaria
Las protestas se fueron produciendo primero en los barrios populares de Santo Domingo y Caracas, desde donde luego se extendieron a los centros urbanos de ambos países.
El 27 de febrero del 2009, desde El Calvario, en Caracas, el comandante Hugo Chávez pronunció un histórico discurso en el que definió el Caracazo como una verdadera “rebelión popular”, exhortando al pueblo venezolano a reivindicarlo, reflexionarlo y estudiarlo “en sus causas, en sus detalles, en el acontecer”. Sus palabras, nos animan a desarrollar un breve análisis comparativo sobre las “insurrecciones sin armas” que se desarrollaron en República Dominicana en 1984 y en Venezuela en 1989.
A simple vista, ambos hechos tienen tantas semejanzas que, cuando se reflexionan o se explican, pareciera que se trata de la misma historia a la que solo habría que cambiarle los nombres, lugares, años y cifras. Desde el punto de vista político, los gobiernos que presidían los respectivos países formaban parte de la Internacional Socialista, los cuales tenían como socios a sus pares europeos Miterrand, Craxi, Felipe González, entre otros. En la República Dominicana, gobernaba el país el Dr. Salvador Jorge Blanco, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, mientras que en Venezuela, se encontraba en la Presidencia, Carlos Andrés Pérez, del partido Acción Democrática.
Ciertamente, ambas formaciones tenían una historia compartida ya que procedían de las luchas contra las dictaduras de Trujillo, en la isla caribeña, y de Pérez Jiménez, en el país sudamericano. La historia muestra como en los procesos nacionales post-dictadura, las formaciones políticas dominicana y venezolana, se fueron adaptando al sistema pro-norteamericano y/o al “nuevo orden mundial”, a los fines de cumplir con los términos de referencia que Washington había impuesto para el ejercicio de las “democracias” en la región. Desde esa lógica, se entienden las frustraciones que se fueron acumulando en los sectores y corrientes dentro de esos partidos, y que aspiraban a programas de la social democracia “original”.
En ambos casos, los mandatarios entregaron la dirección económica a tecnócratas conservadores que promovieron la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para frenar las espirales inflacionarias provocadas por las deudas que arrastraban a ambos gobiernos, heredadas de las administraciones anteriores y fruto también de sus propios desórdenes y corrupción, la evasión de impuestos del gran capital, entre otros factores. En ese sentido, siguiendo los mismos dictámenes, se tomaron una serie de medidas “liberalizadoras” a través del programa de ajustes macroeconómicos diseñado por el FMI. Esto tuvo como consecuencia la eliminación del subsidio a los precios de los productos de primera necesidad, lo que provocó un aumento significativo en los precios de los alimentos y de los combustibles.
Aunque ambos presidentes estaban conscientes de la crisis y el malestar que estas políticas generarían, lo cierto es que ninguno de ellos midió la repercusión que tendría en la población. Del lado dominicano, los disturbios se iniciaron el lunes 23 de abril de 1984, después de las vacaciones de Semana Santa, en horas de la mañana, específicamente en el populoso barrio capitalino de Capotillo, logrando extenderse hasta el día 25 en una gran parte del territorio dominicano. Del lado venezolano, la protesta comenzó en Guarenas el día 27 de febrero de 1989, y siguió el 28 en las ciudades más importantes de Venezuela. En ambos contextos, los pueblos manifestaron, saliendo a la calle, ocupando la vía pública, incendiando y destruyendo autobuses del transporte público. Lo que comenzó como una protesta focalizada y pacífica puntual, desembocó en pocas horas en verdaderos disturbios antigubernamentales en donde las masas tenían “una conciencia de lucha, de batalla” y un claro sentido político, tal como lo explicó Hugo Chávez.
Las protestas se fueron produciendo primero en los barrios populares de Santo Domingo y Caracas, desde donde luego se extendieron a los centros urbanos de ambos países. En República Dominicana, las manifestaciones se escenificaron en provincias como Santiago, La Vega, Valverde, Barahona, Peravia, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y La Romana. Por su parte, en Venezuela, el fenómeno se sintió en La Guaira, Maracay, San Cristóbal, Barquisimeto, Mérida, Valencia, entre otros.
Esta situación produjo el cierre de los comercios y del servicio del transporte público tal como se puede apreciar en las imágenes grabadas por los medios de comunicación. Las noticias reportaban las incidencias de los hechos dando cuenta de la intervención de comercios, especialmente los dedicados a la venta de alimentos, mientras los manifestantes expresaban su descontento con ataques hacia las instituciones estatales y sedes o locales de los partidos de gobierno, así como contra algunos símbolos del poder económico. La situación se fue deteriorando en ambos casos, hasta el punto que las policías de República Dominicana y Venezuela perdieron el control y los gobiernos llamaron a los militares a intervenir. Éstos reprimieron con severidad a la población, derivando en sendas masacres, sin precedentes en la historia moderna del continente.
De acuerdo con las cifras que oficialmente expresaran los mandos militares dominicanos, los sucesos dejaron un saldo de 47 muertos y 182 heridos. Sin embargo, esos números fueron cuestionados por la prensa de la época que demostró las incongruencias en la cantidad que reportaban así como las malas prácticas llevadas a cabo por los militares de esconder los muertos y enterrarlos en fosas comunes. Por tal motivo, los datos extraoficiales sugirieron que la cantidad de víctimas fue mucho mayor, superando los más de 100 muertos, 500 heridos y cerca de 4000 personas arrestadas.
En Venezuela, el gobierno señaló oficialmente 276 muertos con un alto índice de personas lesionadas o heridas. Periodistas y organismos de derechos humanos señalaron que la cantidad fue muy superior, demostrándose con el tiempo el hallazgo de fosas comunes donde aparecieron cuerpos sin identificar tal como sucedió en La Peste. En cada país surgió un organismo a los fines de investigar y documentar las muertes. En República Dominicana se integraron la Unión Dominicana para la defensa de los Derechos Humanos (UDHU) y el Comité Investigador de los Sucesos de Abril (CISA), aportando una cifra que doblaba a la suministrada por los militares, aunque estaban conscientes de que faltaban todavía más en sus registros. Mientras del lado venezolano se creó el Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), el cual documentó a 380 personas dando cuenta de que este era un número parcial. Las familias documentadas lograron condenar la actuación del Estado Venezolano por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho cumplido parcialmente en 2004. No obstante, la impunidad ha sido la tónica para los responsables de los excesos y crímenes cometidos.
A pesar de los esfuerzos desplegados tanto en la patria de Duarte como en la de Bolívar, “nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, tal como se lee en el portal de la COFAVIC. Son dos hechos de naturaleza y características casi idénticas en donde solo cambian algunos matices pero en esencia constituyen las primeras rebeliones populares contra el neoliberalismo y sus efectos sobre las poblaciones de origen humilde. En este punto vale bien preguntarse sobre los rumbos que tomó cada nación a partir de lo sucedido. Al respecto, sin entrar en mayor análisis, se debe mencionar a Hugo Chávez, quien marcó la diferencia en el escenario político latinoamericano, asumiendo “El Caracazo” como la expresión de una verdadera “jornada liberadora, y grito de liberación de un Pueblo”, mientras que del lado dominicano, ningún gobernante se ha atrevido a reivindicar a esos mártires por la justicia social y económica. En el contexto dominicano, se ha querido enterrar aquella historia, echándola en el morral del olvido, mientras que en Venezuela, la memoria histórica oficial la catapulta como patrimonio vivo de la nación bolivariana.
Juan Miguel, Amaurys y Amín Pérez Vargas: Sociólogos dominicanos. Profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad de Quebec en Montreal, respectivamente.
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