El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos desata la furia de la derecha. ¡Solo la movilización en las calles frenará los recortes, conquistará derechos y derrotará a los franquistas!

 

Todo parece indicar que el próximo 7 de enero Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno y el PSOE junto a Unidas Podemos conformarán el primer Ejecutivo de coalición desde los tiempos de la Segunda República. El desenlace, tras meses de incertidumbre y muchas horas de negociaciones secretas, será posible gracias a la abstención de los 13 diputados de ERC y a un pacto con la formación independentista que ya ha desatado la furia patriótica de la derecha españolista.

La respuesta del PP y la extrema derecha al acuerdo con ERC condensa el tufo franquista que va a impregnar su campaña política de los próximos meses y es un anticipo de lo que la será la próxima legislatura, sometida a una tensión brutal desde el minuto uno.

“Se ha consumado la traición a España. Este Gobierno va a trabajar contra el Estado constitucional y la oposición tiene que convertirse en la principal defensora del Estado para que no se pueda destruir la nación”, señaló la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que llamó a los españoles a la “resistencia”.Por su parte, pablo Casado escribió en Twiter que el acuerdo entre el PSOE y ERC “liquida la soberanía nacional, la igualdad entre españoles y la legalidad. No debe presidir España quien la ataca así”. Lo mismo dijo Santiago Abascal: “Los residentes en Cataluña (como los residentes en Teruel) no pueden votar algo que afecte a todos los españoles. Porque eso es, simplemente, un golpe de Estado. Y todos los culpables, antes o después, rendirán cuentas ante la Soberanía del pueblo español”.

Todo este estruendo, al que se suman los intentos de Inés Arrimadas por movilizar a los barones socialistas contra el acuerdo y el Gobierno de coalición, las declaraciones apocalípticas de la CEOE contra las “medidas populistas” del pacto firmado entre PSOE y Unidas Podemos, o las descalificaciones gruesas de los medios de comunicación de la derecha, dan cuenta del punto de polarización aguda que sacude la sociedad.

La idea de que esta legislatura puede ser tranquila y dar la estabilidad necesaria al régimen capitalista español es un sueño vano. Todas las contradicciones no resueltas que se han ido acumulando a lo largo de años, se pondrán al rojo vivo. La profunda desaceleración de la economía, la movilización del pueblo catalán por el derecho a decidir y la república, y el hartazgo con la política de recortes y austeridad auguran a este Gobierno graves dificultades en el camino.

Como la experiencia ha dejado claro en el caso de la Grecia de Tsipras y de muchos otros países, o se capitula ante la banca y los grandes poderes económicos aplicando sus recetas, o se emprende una política decidida de transformaciones sociales profundas rompiendo con el capitalismo. No puede haber términos medios.

Un Gobierno que combinará “experiencia” con “frescura”

Cuando el pasado 30 de diciembre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez comparecían en el Congreso de los Diputados para presentar su programa de Gobierno “progresista”, destacó la gran sintonía de ambos dirigentes. Iglesias, con una cara iluminada por una gran sonrisa, no escatimó elogios hacia Pedro Sánchez y el PSOE: “será un honor compartir Gobierno”, un Ejecutivo que, en opinión del nuevo vicepresidente, combinará la “experiencia” de los socialistas con la “frescura” de Unidas Podemos.

Sin duda, la “experiencia” del PSOE en el Gobierno es sobradamente conocida por el movimiento obrero y la juventud, por los activistas sociales o por el pueblo catalán y vasco después de la dura confrontación que hemos mantenido contra sus políticas de recortes, contrarreformas, ataques a los derechos democráticos y cesiones vergonzantes al nacionalismo españolista. Como pilar esencial del régimen del 78, el PSOE se ha esforzado en dotar de estabilidad al capitalismo español aplicando la agenda de austeridad de la UE. ¿Cambiará de rumbo la socialdemocracia con la ayuda de los ministros y las ministras de Unidas Podemos? La prueba de la práctica resolverá esta cuestión, aunque la experiencia pasada deja poco lugar a la duda.

Sin embargo, sería un error no entender que la formación de esta coalición gubernamental de la izquierda reformista, es a su vez el resultado de la gran movilización de masas que ha sacudido el Estado español desde 2011 y que ha quebrado el sistema bipartidista heredado de la Transición.

Este gran tsunami de luchas, desde la explosión del 15-M y las huelgas generales de 2012, las mareas en defensa de la educación y la sanidad públicas, pasando por las Marchas de la Dignidad, Gamonal, las huelgas estudiantiles contra la LOMCE y el cambio climático, las movilizaciones masivas de los pensionistas y las huelgas feministas del 8-M y, por derecho propio, el movimiento del pueblo de Catalunya por la autodeterminación y la república…, ha determinado el vuelco del tablero político y la formación de un Gobierno de esta naturaleza.

En este periodo también hemos contado con otras experiencias que deben ser valoradas a la hora de trazar las perspectivas. La retórica de Pablo Iglesias sobre la “frescura” de Unidas Podemos no puede ocultar que desde hace años han reemplazado la movilización social por la mera participación institucional como escuderos de la socialdemocracia, y cuando han ocupado posiciones políticas importantes han frustrado las expectativas generadas.

Unidas Podemos ha tenido la llave para cambiar muchas cosas al frente de ciudades claves como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña y decenas más. Pero el saldo de esta experiencia ha sido decepcionante, marcado por políticas continuistas con los recortes que han favorecido todo tipo de pelotazos inmobiliarios, por el completo rechazo a remunicipalizar los servicios sociales privatizados, a subrogar plantillas, a terminar con los desahucios de una vez por todas acometiendo políticas decididas para garantizar una vivienda pública asequible para cientos de miles de familias trabajadoras, y a dar un vuelco sustancial en la mejora y ampliación de las infraestructuras sociales de nuestros barrios.

Y respecto a la lucha de millones de jóvenes, trabajadores y sectores populares en Catalunya por la república y la libertad de los presos, la han llegado a calificar de maniobra reaccionaria dirigida por las élites, facilitando así la campaña de mentiras y represión de la burguesía española.

Sobran palabras y faltan hechos

El programa del Gobierno de coalición ha sido presentado como una ruptura con las políticas anteriores. Pero, como siempre, detrás de esta imagen hay más humo y palabras que hechos y medidas efectivas.

En el terreno educativo se propone la derogación de la LOMCE y su sustitución por la “ley Celaá”, pero asuntos claves como la financiación de la enseñanza pública, la recuperación de miles de profesores despedidos, la garantía del acceso gratuito a la escuela infantil, a la universidad y a la FP superior para las familias trabajadoras o el incremento drástico de las becas solo se mencionan como un “fin” englobado en la promesa de inversión del 5% del PIB para 2025. También se señala que la religión dejará de ser una asignatura evaluable, como ya ocurría antes de que Rajoy llegara al Gobierno, pero lo más significativo es que seguirá estando presente en la escuela pública y además se deja intacto el enorme poder de la educación privada concertada —en su mayoría bajo control de la Iglesia Católica— y las decenas de miles de millones de euros que recibe del presupuesto público.

El acuerdo también se compromete a eliminar los aspectos más “lesivos” de la reforma laboral de 2012, como los despidos por baja médica. Sin embargo, otros como el descuelgue del convenio por parte de las empresas que ha servido para atacar los salarios y modificar las condiciones de trabajo a peor, no se tocan, y se mantendrá la reforma aprobada por el Gobierno Zapatero que fue clave para aumentar la temporalidad y la pérdida de derechos en beneficio de la patronal.

En lo concerniente a la subida del IRPF de dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, no solo queda muy por debajo de lo que exigía Unidas Podemos, además no concreta ninguna medida sustanciosa contra el fraude fiscal de las grandes empresas. El acuerdo también alude al incremento del SMI a lo largo de la legislatura, a la “sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones” en el marco del Pacto de Toledo, pero sin derogar las contrarreformas anteriores, y a diversas medidas encaminadas a “frenar el alza de precios del alquiler”, aunque sin concretar la mayoría de ellas ni ninguna fórmula de financiación.

La Ley de extranjería se queda como está, se continuará con la política de reclusión de los inmigrantes en los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE), y se respetarán los pactos de “inmigración” con Marruecos, los alcanzados entre la UE con Turquía o Libia —que han supuesto un incremento exponencial de las muertes en el Mediterráneo y del tráfico esclavo en el norte de África— además de toda la legislación racista y xenófoba que la UE ha aprobado contra los refugiados.

Si bien se propone la “recuperación inmediata” para patrimonio público del Pazo de Meirás —actualmente en manos de la familia Franco— y una auditoría de “bienes expoliados por el franquismo para devolverlo a sus legítimos titulares”, nada se dice sobre el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo ni la reparación política y económica a sus víctimas, ni tampoco sobre la depuración del aparato del Estado de fascistas.

Una vez más se hacen propuestas genéricas contra la violencia machista y las agencias de “vientres de alquiler”, en defensa de los derechos trans y la comunidad LGTBI. También se propone una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la “ley Mordaza” y cuya letra pequeña está por ver.

En materia económica se dejan muy claras las cosas garantizando el “cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas” o lo que es lo mismo, se acepta la política impuesta por la Unión Europea de recortes y austeridad.

Por último, el texto señala que se abordará “el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”, sin mencionar el derecho de autodeterminación, el fin de la represión y la libertad de los presos políticos.

El documento programático está colmado de términos que se repiten constantemente: propiciaremos, impulsaremos, propondremos, favoreceremos, aseguraremos… Conocemos las buenas intenciones pero, como dice el refrán, el camino al infierno está empedrado de ellas.

Algunos entenderán estas consideraciones como un ejercicio sectario de descalificación. Nada más lejos de nuestra intención, pero en política hay que ser rigurosos. Si dices A, inevitablemente acabarás diciendo B, C, D y el resto del abecedario. Si se acepta la lógica del capitalismo, si a lo único que se aspira es a arañar tímidas reformas que en nada cambian lo sustancial, y todo se reduce a participar en las instituciones renunciando a la lucha de clases como el único medio de conquistar avances y restaurar los derechos perdidos, nuestros adversarios tendrán un margen tremendo para imponer sus políticas.

 El “nuevo lenguaje” del PSOE y la estrategia de ERC

La votación parlamentaria de Pedro Sánchez como presidente y la conformación del nuevo Gobierno no habrían sido posibles sin el apoyo de Esquerra Republicana que durante más de un mes y medio ha negociado en secreto los términos del mismo.

Objetivamente, el PSOE y Pedro Sánchez después de que su estrategia en las elecciones del pasado 10-N fracasara, y de que Ciudadanos fuese barrido de la escena, tuvieron que desdecirse y apostar por un Gobierno de coalición buscando el apoyo de ERC. Apostar por otra opción, como llegar a acuerdos con un PP cercado por la extrema derecha, los habría conducido al suicidio político dejando el camino abierto para un mayor avance de Vox.

Otros factores han influido. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) introdujo más presión al cuestionar la farsa judicial seguida por el Supremo contra el referéndum del 1-O y la sentencia que ha llevado a la cárcel y al exilio a Oriol Junqueras, los Jordis o Puigdemont entre otros. Además, Puigdemont y Toni Comín ya han conseguido su inmunidad como parlamentarios europeos y la justicia belga ha suspendido las euroórdenes contra ellos.

Esta reprimenda de la justicia europea a una decisión judicial que respondía a la estrategia represiva de la burguesía española, lejos de ser aprovechada por la dirección de ERC para dar un salto adelante en la movilización y hacer efectivo el mandato popular por la república del 1 de octubre, está siendo utilizada como coartada para presentar el pacto con Pedro Sánchez como un triunfo de sus tesis conciliadoras.

La decisión del Consell Nacional de ERC dando vía libre a la abstención en la investidura, intenta restablecer los puentes con el Estado y lograr, en una mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat, una salida a la crisis catalana mediante nuevas maniobras y la vuelta a la senda del autonomismo.

Escuchando a los portavoces del PSOE el cambio semántico puede aparecer llamativo, pero no hay que engañarse. El contenido del pacto, que sólo propone un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas” respetando “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”, busca un fin no declarado pero que es obvio: la desmovilización popular y ganar tiempo en el marasmo de un discusión institucional que dará la espalda a las aspiraciones del pueblo catalán.

Lo más sonado del acuerdo entre ERC y el PSOE es que incluye una “validación democrática”, en forma de consulta o referéndum, de los resultados de la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat que se formará en un plazo de quince días tras la constitución del nuevo Ejecutivo. Y este es el quid de la cuestión. ¿En qué línea van a ir dichos acuerdos? Es más que evidente que la actual dirección del PSOE jamás aceptará la república catalana ni el derecho de autodeterminación. No lo hará por los lazos que le atan al régimen del 78, al aparato del Estado y a la burguesía.

La estrategia de retirada de ERC va mucho más allá de un apoyo puntual a la investidura de Sánchez para no ser acusada de propiciar una tercera convocatoria electoral y un posible Gobierno de la derecha españolista. Se trata de un completo repliegue que choca frontalmente con los sectores más avanzados del movimiento de liberación nacional, y será puesto en cuestión cuando se vea que sus fines no sirven para hacer efectiva la república, sino todo lo contrario.

La dirección de ERC considera que este pacto, sumado a la salida de Oriol Junqueras de la cárcel para recibir el acta de eurodiputado —alentada de una u otra forma por el escrito de la Abogacía del Estado dirigido al Supremo— y el posible acceso a una situación de semilibertad del resto de los presos políticos a medio plazo, puede calmar los ánimos. Pero esos planes parecen no tener en cuenta suficientemente la reacción de la judicatura franquista —indignada por la sentencia europea y dispuesta incluso a inhabilitar al actual president Torra—, ni la furiosa campaña que la derecha y la ultraderecha ya están desatando acusando a Sánchez de “traidor” por capitular ante los independentistas. También infravalora el nivel que ha alcanzado la movilización popular en Catalunya y el avance en la conciencia de cientos de miles de jóvenes y trabajadores que no están dispuestos a conformarse con humo.

¡Solo la movilización en las calles frenará los recortes, conquistará derechos y derrotará a los franquistas!

Si no hay sorpresas de última hora, en poco tiempo Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón ocuparán la vicepresidencia y sendas carteras ministeriales, compartirán secretos de Estado y decisiones trascendentales con Pedro Sánchez. La idea de luchar por la república, la autodeterminación o el socialismo quedará aplazada sine die.

Los dirigentes de Unidas Podemos han asumido las reglas del juego. Ninguno de ellos cuestiona el papel de Nadia Calviño, que desde el Ministerio de Economía blindará la continuidad de las políticas que más beneficien al Ibex 35, a la banca y a la UE. En cambio, para defender su nueva posición gubernamental tendrán que intentar garantizar la paz social, y ya han empezado la tarea oponiéndose a la huelga general del 30 de enero en Euskal Herria y aprobando los presupuestos antisociales del PNV en el parlamento vasco.

En los próximos meses muchas contradicciones asaltarán al nuevo Gobierno cuando trate de cuadrar el círculo y entre en conflicto con su base social. La ingenuidad y la confianza ciega han dejado lugar a otra actitud más crítica y consciente, por lo menos entre capas importantes de la nueva generación de luchadores. Y aunque muchos intentarán justificar lo injustificable, agarrándose a la amenaza del “avance de la extrema derecha” —una amenaza muy real pero que solo se puede combatir con la movilización de masas y la defensa de un programa socialista—, la experiencia de estos últimos diez años no ha pasado en balde.

El mundo también ha cambiado mucho y 2019 ha sido un buen ejemplo de ello. Las rebeliones en Chile, Ecuador, Colombia, Argelia, Líbano, Iraq…, o la huelga general de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones que en numerosos sectores se mantiene, muestran que existe la fuerza y la determinación para enfrentar no solo a la extrema derecha y a las políticas neoliberales, también para transformar la sociedad.

Pablo Iglesias afirmó durante la presentación del programa de Gobierno que se abre una etapa histórica, y aseguró que “el reto fundamental es convertir el sí se puede en políticas activas de Gobierno”. Le tomamos la palabra.

Somos conscientes de que al igual que ocurrió en los años treinta tras la proclamación de la Segunda República, los trabajadores pasaremos por la escuela de un Gobierno de la izquierda reformista en el contexto de una lucha de clases salvaje. La derecha, la patronal, los grandes poderes capitalistas no van a dar tregua e intentarán no solo sabotear cualquier medida progresista, también exigirán que se cumplan al dictado todas sus exigencias confiando para ello en el papel que siempre ha jugado la socialdemocracia.

Las batallas que se avecinan serán duras y encarnizadas, pero crearán un terreno fértil para que sectores más amplios, y no solo una pequeña vanguardia, se sumen a la tarea de construir un partido de los trabajadores y la juventud con el programa del marxismo revolucionario. No hay tiempo que perder.

La JEC usurpa las funciones del Tribunal Supremo. La guerra sucia del Estado profundo Jesús Gellida. Rebelión

La JEC usurpa las funciones del Tribunal Supremo. La guerra sucia del Estado profundo

Jesús Gellida.  Rebelión

La Junta Electoral Central, un órgano administrativo, ha inhabilitado al presidente Quim Torra y al eurodiputado Oriol Junqueras en una decisión inédita –por incompetente y vergonzosa– contra las instituciones de la Generalitat, el autogobierno catalán y la soberanía popular.La JEC ha usurpado las funciones del Tribunal Supremo, se ha desentendido de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE y ha actuado como brazo jurídico de la derecha y la ultraderecha española infligiendo un golpe institucional por la puerta trasera, siempre con el inestimable apoyo de la incendiaria caverna mediática madrileña. Un intento de dinamitar la investidura de Pedro Sánchez y de hacer inviable el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podamos. En este sentido, el PSOE está recibiendo las consecuencias de lo que él mismo sembró en los años del Procés, con la amenaza constante del 155 y comprando los argumentos de la derecha más rancia. No obstante, después de los resultados de las elecciones del 10-N, Sánchez está obligado a ceder si quiere obtener su primera investidura exitosa, condicionado por la mayoría de las fuerzas soberanistas de todo el Estado.
La decisión de la JEC –que entona el ‘a por ellos’– es un ataque más del Estado profundo a la política catalana pero, también, a la española; que se suma a una negra lista de operaciones dirigidas desde las cloacas para mantener el control de un Estado que hace aguas. Un colofón a unas prácticas oscuras como las que se llevaron a cabo en la operación de desestabilización económica y social durante el otoño del 2017 promoviendo el cambio de sedes sociales de empresas; o como las continuas maniobras represivas contra el independentismo, con la deshinchada operación Judas contra los CDR acusados de terrorismo como paradigma del descrédito de la justicia española.
Una vez más la política catalana volverá a estar en manos del Tribunal Supremo. Torra y Junqueras pueden recorrer la decisión de la JEC presentando recurso al alto tribunal español para la protección de derechos fundamentales y pedir que suspenda su inhabilitación aplicando medidas cautelares. El TS resolverá, en breve, sobre si acepta o no las cautelares y el recurso. Una decisión que afectará directamente a una legislatura catalana que cuelga de un hilo. Al respecto, la respuesta del Parlament no se ha hecho esperar y la mayoría independentista de la cámara catalana ha rechazado la resolución de la JEC, ratificado a Torra y reconocido que el único marco jurídico aplicable en este caso es la ley de presidencia y el reglamento del Parlament. Una resolución política que veremos si cuando se tenga que afrontar la ejecución de la inhabilitación comporta una nueva desobediencia o un acatamiento que precipitaría los escenarios. El texto también apoyaba a Oriol Junqueras, Toni Comín y Carles Puigdemont para ejercer como eurodiputados, y reivindicaba la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía. Puntos que han hecho que los Comuns se abstuvieran (excepto con el apoyo al rechazo a la decisión de la JEC); mientras que el PSC ha hecho gestos –insuficientes– criticando la JEC y alejándose de las tesis de PP y Ciudadanos.
Un Estado profundo que se tambalea cuando oye hablar de plurinacionalidad, de nación de naciones, de autodeterminación y que, esta vez, no ha dudado en instrumentalizar ideológicamente la JEC cuando ha visto que es factible un gobierno de izquierdas que empiece a dialogar para abordar políticamente la cuestión catalana. En esta coyuntura un cambio de guion es indispensable, donde la intransigencia se convierta en diálogo y negociación para dejar atrás la vía judicial y represiva, y para poner hilo a la aguja en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
@jesusgellida

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Asesores de Evo Morales: en Bolivia hay un Estado de NO DERECHO

Tribunales 'Las Manadas', Franco, Villarejo y los Pujol: los nombres propios del año judicial 2019

Los tribunales han resuelto en 2019 causas de gran impacto mediático. Desde la corrupción de los ERE de Andalucía a las violaciones de ‘Manadas’, pasando por los crímenes de Diana Quer y el niño Gabriel.

24/10/2019.- Los familiares de Franco portan el féretro con los restos mortales del dictador tras su exhumación en la basílica del Valle de los Caídos antes de su trasladado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio para su reinhumación. EFE/Juan Carlos Hidalgo

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• La Audiencia de Madrid juzgará en junio al ex número dos de la Policía Eugenio Pino por el 'pendrive' de los Pujol
• Al banquillo los dos investigados por la venta de vivienda pública de Botella a fondos buitre
• Dos consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP impiden recurrir la absolución de Botella por el caso de los fondos buitre

MADRID

31/12/2019 17:01 Actualizado: 31/12/2019 17:41

ALEJANDRO L. DE MIGUEL / JULIA PÉREZ

Con permiso del laberinto judicial del procés, la esfera de los tribunales en 2019 se ha visto marcada por causas de gran impacto mediático, con el protagonismo del dictador Francisco Franco –su inhumación y su posterior exhumación-, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso ERE, y con las citaciones como imputadas de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en el marco de la trama corrupta Púnica.

Mientras, se ha renovado a la cúpula judicial a pesar de que el órgano encargado de este cometido se encuentra en funciones desde hace más de un año. Y, por primera vez en ocho años, una magistrada ha entrado en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Los ERE, la gran condena por corrupción

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. EFE/José Manuel Vidal

Si 2018 fue el año de Gürtel, 2019 se ha conocido la primera condena por el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Está relacionada con el mecanismo que aplicó el Gobierno de esta región -entonces en manos del PSOE- entre 2000 y 2009 para conceder ayudas a empresas sin fiscalización. A estas ayudas se destinaron 680 millones sin que se haya aclarado qué porcentaje de esta cantidad fue debidamente concedido, ya que no hubo ningún control sobre estos fondos.

La Audiencia de Sevilla notificó el 19 de noviembre la sentencia condenatoria contra 21 exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves -9 años de inhabilitación por prevaricación-, y José Antonio Griñán -seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación-.

En la esfera judicial, esta es la primera de las decenas de piezas abiertas que ya cuentan con sentencia. En la esfera política, está por ver si el fallo causará más daños colaterales entre las filas del PSOE.

¿Jordi Pujol se libra?

El fin de año trajo una buena noticia al expresidente catalán Jordi Pujol, quien siempre negó que el dinero que tenía depositado en Andorra fuese suyo, afirmando que en realidad era de su padre. El 23 de diciembre se conoció que la Agencia Tributaria ha concluido en un informe que el expresident ocultó 1,8 millones en Andorra sólo en el año 2000, y que defraudó 885.651 euros. Pero el delito fiscal ha prescrito.

Pujol no pisará, por lo tanto, la cárcel. A no ser que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, le incluya como investigado en un delito continuado junto con el resto de integrantes de su familia: los Pujol funcionaban con una unidad de caja, según las investigaciones.

De la Mata y Anticorrupción siguen adelante con la investigación abierta a la fortuna de la familia Pujol en el año 2012. Una fortuna supuestamente forjada al amparo de comisiones ilegales del 3% de los contratos públicos adjudicados a lo largo de décadas de gobiernos convergentes.

A 290 millones de euros asciende el dinero que la familia Pujol habría ocultado en paraísos fiscales y cuyo origen estaría en las mordidas recibidas, según la investigación.

El PP, absuelto por destruir los discos duros de Bárcenas

El extesorero del PP Luis Bárcenas. EFE/Zipi

La falta de pruebas ha permitido al PP salvar los muebles, evitando ser condenado por la destrucción de los discos duros del extesorero del partido, Luis Bárcenas. Según el también exsenador de la formación conservadora, estos dispositivos almacenaban importante información sobre la caja B del partido.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, contra la que las acusaciones de Izquierda Unida y el Observatori Desc ya han presentado recurso, absuelve al PP como persona jurídica, pero también a tres trabajadores, entre ellos la gerente y extesorera Carmen Navarro. Culmina -por el momento- un camino de seis años en el que el PP ha disparado con todo para evitar el banquillo, sin éxito. Se le acusó de un delito de daños informáticos, y sus empleados sumaron otra acusación por encubrimiento.

El fiasco de Bankia, visto para sentencia

El 2019 puso punto final al juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en 2011. El 1 de octubre, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunció el esperado visto para sentencia tras un macrojuicio largo, muy largo -74 sesiones- celebrado en su sede de San Fernando de Henares (Madrid). Aún no hay estimaciones sobre cuándo se conocerá el falló del tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo -e integran Teresa Palacios y Juan Francisco Martel-.

Rato toma la palabra para pedir su absolución

El juicio oral arrancó en noviembre de 2018, y se prolongó tres meses más de lo inicialmente previsto. Hay 34 acusados -entre ellos Rodrigo Rato o Ángel Acebes-, de los que tres son personas jurídicas (BFA, Bankia y Deloitte), y una quincena de acusaciones.

Una muestra de la complejidad de la causa es el tiempo empleado por la fiscal Carmen Launa para desgranar su escrito de conclusiones; consumió cuatro sesiones del juicio, extendiéndose durante cerca de 22 horas. Endureció su acusación, y concluyó que esta ruinosa salida a Bolsa se trató de “una de las mayores estafas en España”. Todo ello, además, aderezado con la presencia de testigos vips como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, y con las excusas de Christine Lagarde, hoy presidenta del BCE, para evitar comparecer. 

El caso Villarejo se le atraganta al BBVA

El enrevesado caso de espionaje y corrupción del comisario retirado José Manuel Villarejo afecta de tal forma al BBVA que hasta el Banco Central Europeo se ha dirigido a la Audiencia Nacional para conocer de primera mano el alcance de la responsabilidad de sus directivos y de la propia entidad financiera en los trabajos realizados por el comisario para esta entidad.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón aún no ha respondido a la solicitud del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el máximo responsable de la política monetaria de Europa.

El BBVA pagó a la empresa Cenyt de Villarejo más de 10 millones de euros por sus trabajos de inteligencia para evitar el desembarco de Sacyr (Luis del Rivero) en la entidad financiera en 2004. Esta OPA interesó sobremanera a la eléctrica Iberdrola y a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que fue contratado por la eléctrica en 2001 y que, gracias a su manejo de la información, alcanzó la presidencia en 2006.

Dos años después, este directivo se embarcó en una batalla corporativa por el control de la eléctrica frente a Florentino Pérez, de ACS. En este contexto fue cuando se produjeron las contrataciones de Villarejo.

La exhumación de Franco

El 24 de octubre de 2019 fue un día histórico, y supuso el final de una tensa batalla judicial entre el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y la familia de Francisco Franco.

Una vista del helicóptero que transportaba el ataúd del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caidos (San Lorenzo de El Escorial, España. REUTERS / J.J. Guillén

Cuarenta y cuatro años después de que el dictador fuese enterrado en el Valle de los Caídos, sus restos fueron exhumados del mausoleo de Cuelgamuros y reinhumados en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Todo ello, tras una prolongada batalla en los tribunales. Los Franco pasaron a la ofensiva poco después de que el Ejecutivo anunciase en julio de 2018 su intención de trasladar los restos del dictador.

La pelea judicial llegó hasta el mismísimo Tribunal Supremo, si bien algunos episodios, como el del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, en manos del juez José Yusty Bastarreche, merecen mención aparte.

'Las Manadas'

El Tribunal Supremo enderezó en 2019 la sentencia de La Manada: la violación de una joven por parte de cinco hombres durante los Sanfermines de 2016. Y esta denominación se ha extendido después a otros casos similares.

En concreto, la falta de formación en materia de violencia sobre la mujer de los jueces que juzgaron el caso en Navarra desembocó en una sentencia que fue revocada por el alto tribunal. En junio, el Supremo concluyó que el caso de La Manada no fue un abuso, sino una violación en grupo. Y elevó de 9 a 15 años las condenas al considerar que la víctima sufrió una intimidación ambiental porque fue rodeada por cinco hombres sin posibilidad de escapar. También destacó que debieron ser condenados por cooperar en la violación de los demás, lo cual no fue reclamado por las acusaciones.

En España hay medio centenar de sumarios abiertos por violaciones sexuales cometidas en grupo. Es un fenómeno creciente, como creciente es la atención mediática que tienen

Por otro lado, la jurisprudencia del Supremo sobre la cooperación necesaria y la intimidación ambiental -sentada hace diez años- cayó sobre tres exjugadores del Arandina C.F. por violar a una menor de 16 años. Fueron condenados a 38 años, precisamente porque cada uno recibió penas por la violación que cometió y como cooperador necesario de las violaciones de los demás.

Numerosos especialistas recomiendan revisar estos delitos contra la libertad sexual, porque el caso de la Arandina demuestra los efectos de la acumulación de penas por la cooperación necesaria. Además, la norma provocó que la Audiencia de Barcelona condenara por abuso y no por agresión a cinco de los acusados de la violación en grupo sufrida por una menor en Manresa en el 2016. El tribunal consideró que no era violación porque, al estar la víctima inconsciente, los acusados "pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación".

En España hay medio centenar de sumarios abiertos por violaciones sexuales cometidas en grupo. Es un fenómeno creciente, como creciente es la atención mediática que tienen.

En 2019 se han registrado 63 casos de manadas. Son agresiones sexuales en grupo que recoge el observatorio de feminicidio.net. Son ya 155 casos desde 2016, el año de la violación de los Sanfermines.

Aguirre y Cifuentes, imputadas en Púnica

La trama corrupta Púnica forzó finalmente la declaración ante la Audiencia Nacional como imputadas de las expresidentas de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. La declaración fue en el marco de la pieza sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid que ambas presidieron, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Manuel García Castellón considera que Aguirre era la “supervisora última” del entramado elaborado para nutrir las arcas del PP, mientras que Cifuentes está siendo investigada por favorecer en los contratos del comedor de la Asamblea de Madrid a una de las empresas del empresario Arturo Fernández, donante de la fundación Fundescam, de la que ella era patrona, y que supuestamente sirvió al PP para desviar dinero público para financiarse.

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre en un pacto del PP. Foto: EFE

Ambas defendieron su inocencia en esta pieza, que es sólo una de las once que están siendo investigadas en Púnica. Empresas tan destacadas como OHL, Acciona, Dragados o Ferrovial fueron beneficiarias además de los polémicos contratos con la cláusula del 1%, que obligaba a destinar ese porcentaje del importe total del contrato a publicidad de las obras públicas vinculadas.

Este sumario es de alto voltaje, y en sus aledaños se producen fuertes presiones. La Cadena Ser adelantó a mediados de diciembre que la Fiscalía pedirá el procesamiento de la expresidenta de Madrid en 2020.

La Fiscalía rechaza investigar a Ayuso

Dos meses le han bastado a la Fiscalía Anticorrupción para archivar la denuncia de Más Madrid contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso por el caso AvalMadrid; dos meses, y ni una sola diligencia. En un escrito cargado de fallos, y en el que obvia aspectos recogidos en la denuncia, el Ministerio Público resolvió en noviembre que no apreciaba indicios de la comisión de alzamiento de bienes, administración desleal o tráfico de influencias, en relación con la concesión de un crédito de 400.000 euros al padre de la presidenta de Madrid, Leonardo Díaz Álvarez, ya fallecido.

Nunca llegó a devolver este crédito, del que aún faltan por pagar más de 270.000 euros, pese a que fue concedido en 2011. Varios correos electrónicos prueban que Ayuso, entonces en nómina del PP de Madrid, medió para su concesión.

González, procesado en Lezo; Gallardón, desimputado

En el capítulo de causas de corrupción vinculadas a expresidentes de Madrid del Partido Popular, González fue procesado por el magistrado Castellón en el marco del caso Lezo, en la pieza relacionada con la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao, por parte del Canal de Isabel II, en manos de la Comunidad de Madrid. Está procesado por fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

En abril, el mismo juez archivó, a instancias de la Fiscalía, la investigación contra González y el también expresidente de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, de su partido, en el marco de la pieza por la compra -supuestamente también fraudulenta- de la empresa colombiana Inassa, siempre por parte del Canal Isabel II.

Los vaivenes de Almeida con Madrid Central: del odio al amor

En escasos meses, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pasado de ser la némesis de Madrid Central a rendirse a sus encantos e incluso a presumir de los mismos, pese a las trabas interpuestas por el PP, sea en la oposición o en el Gobierno de la ciudad, a la medida estrella de la Corporación de Manuela Carmena.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. - EFE

En la campaña para las elecciones del 26-M, en las que se hizo con el bastón de mando de la ciudad, Almeida llegó a imprimir su imagen bajo el mensaje “Con Almeida Madrid Central se acaba el 26 de mayo”.

Seis meses después, durante la celebración de la Cumbre Mundial por el Clima (COP25), el edil sacó pecho por la implantación de esta área de bajas emisiones: “Está funcionando, como garantiza este equipo de Gobierno”, aseveró.

Obvió deliberadamente que varios juzgados paralizaron casi de inmediato la moratoria de multas de Madrid Central impuesta por su Gobierno municipal; una jugada que se saldó con un varapalo que le convenció de no seguir atacando a Madrid Central por este flanco.

Su estrategia, pese a la reducción de la contaminación lograda con Madrid Central, pasa ahora por implantar Madrid 360, vendido como una mejora de Madrid Central, pero que ya está recortando la zona de bajas emisiones, abriendo calles ya cerradas al tránsito de los vehículos más contaminantes.

Por si fuera poco, mientras vende las bondades de la iniciativa del Ayuntamiento de Manuela Carmena, desde enero Almeida permitirá a los vehículos pesados de más de 3.500 sin etiqueta ambiental su entrada en este perímetro. La norma lo prohibía desde enero de 2020.

Almeida blinda a Botella y evita recurrir su absolución por la venta de vivienda pública a los fondos buitre

Almeida estrenó su mandato haciendo todo lo posible por blindar -en contra de la voluntad del Pleno- a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid condenada en primera instancia por el Tribunal de Cuentas por malvender 1.860 viviendas públicas del Ayuntamiento a fondos buitre. La condena fue revocada por otra sala del mismo tribunal, gracias a los votos de dos consejeros afines al PP; Almeida hizo todo lo posible por cerrar las puertas al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y hasta destinó 14.500 euros de dinero público a costear un informe jurídico que ayudara a argumentar su rechazo al recurso.

En diciembre, este diario informó de que el Tribunal de Cuentas, con los votos de los mismos vocales que ya habían blindado a Botella en el pasado, denegó la petición de la edil del PSOE Mercedes González, que había reclamado permiso para ejercer la acción sustitutoria, y por tanto para presentar el recurso ante el Supremo, visto que el Ayuntamiento decidió no hacerlo. Paralelamente, hay una causa abierta y pendiente de juicio oral en la vía penal, pero en ella ya no aparece la exalcaldesa.

Por otro lado, en diciembre el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA a la empresa Encasa Cibeles, participada por el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, en 2013. Entonces era presidente Ignacio González.

14 condenas de prisión permanente revisable

En 2019 se alcanzó la cifra de 14 condenados a prisión permanente revisable desde que se aplicó por primera vez en 2017. La prisión permanente revisable está recurrida ante el Tribunal Constitucional, si bien éste aún no se ha pronunciado al respecto.

Este año han sido condenados con esta pena la asesina del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, y José Enrique Abuín Gey, el Chicle, el asesino de Diana Quer.

El año terminó con la condena a prisión permanente revisable a la mujer que mató a su hija al intoxicarla con fármacos y asfixiarla en Bilbao. En su sentencia, la magistrada Nekane San Miguel afirma que no tiene otro remedio que condenar a la asesina a esta pena.

Aun teniendo en cuenta como circunstancia atenuante la confesión de la acusada, no es posible aplicar una rebaja sustancial de la pena ya que el Código Penal obliga a imponerla “automáticamente”.

Situación anómala en la Justicia

La parálisis política ha desembocado en una situación anómala en la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones nombró en 2019 a la cúpula judicial de los próximos cinco años, lo que hubiera correspondido a un próximo Consejo.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. EFE/Mariscal

Es obra del presidente interino, Carlos Lesmes, y de la mayoría conservadora con la que dirige el órgano constitucional, apoyado por un sector progresista.

La mayoría de los 46 altos cargos nombrados en 2020 son afines a Lesmes y al PP. De esta manera se condiciona la Justicia para los próximos 20 años, ya que entre estos nombramientos hay 18 magistrados del Supremo, que sólo pueden ser sustituidos por jubilación o renuncia.

Este procedimiento ha levantado múltiples críticas y hasta la denuncia de asociaciones judiciales, que han llevado el caso al Supremo controlado por Lesmes. La falta de transparencia en la designación de la cúpula judicial en España ha sido denunciada en varias ocasiones por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.

Sin mujeres en la cúpula judicial

Más de 140 catedráticos y profesores de universidad han protestado por la falta de mujeres en el Tribunal Supremo. En las votaciones el CGPJ excluye a candidatas con igual o mejor currículum que los elegidos.

A finales de noviembre, no obstante, la magistrada Susana Polo fue elegida para entrar en la Sala de Gobierno del Supremo. Ha sido la primera mujer en entrar en esta Sala en 8 años, un perfecto reflejo de la ausencia de igualdad real en estas esferas.

España vacía La España sin médicos, colegios y trenes: "Si te pasa algo y tienes suerte, vas al hospital a 60 km; si no, te mueres por el camino"

La realidad de los pueblos es la historia de una carencia. Las sucursales bancarias van desapareciendo, el transporte público es dificultoso, siempre faltan médicos, la conexión a internet depende del azar y los colegios se ven amenazados por la despoblación. O peor. Sufrir un problema médico grave puede suponer más de 100 kilómetros hasta ser atendido.

Vista de Aranda de Moncayo. WIKIPEDIA

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MADRID

28/12/2019 14:08 Actualizado: 28/12/2019 15:47

Javier Bragado

@Javier_Bragado

Hay una España vaciada de médicos, colegios, bancos y trenes. Existe una España en la que si alguien sufre un problema grave debe recorrer más de un centenar de kilómetros para recibir el tratamiento sanitario adecuado. No es difícil encontrar esa España en que los centros escolares cuentan con menos de diez niños. Hay una España en la que las gestiones bancarias son complicadas porque no hay sucursal y tratar de acceder a sus aplicaciones móviles es una quimera cuando apenas hay cobertura. Es la España amenazada con quedarse fuera de servicios.

En cada región de la península ibérica hay una situación especial, pero hay una sensación común. Por ejemplo, en Aranda de Moncayo, un pueblo de 70 habitantes en la provincia de Zaragoza, vive Ángel Escorihuela. Está convencido de que nunca se marchará porque tiene allí su vida y sus negocios. Pero eso no le tapa los ojos ante una amplia carencia de servicios. "El autobús, si no le llamas no viene. Los colegios están mal; hay con cinco o seis niños pero no es lo mismo que en un colegio con más actividad y más medios. Teníamos dos bancos y ahora tienes que ir a Illueca (a 20 kilómetros) o Calatayud (casi 50 km) y a la gente mayor tienes que llevarle al banco o llevarle el dinero tú o sus familiares. La tienda del pueblo todavía queda y es básica. Tiene arroz, pasta, un poco de carne, alguna fruta y verdura y para de contar; si quieres algo especial tienes que salir de aquí", señala un residente durante todo el año.

Escorihuela vivió antes en Teruel, donde dice que hay más "concepto de lo rural". Pero los tiempos de la autonomía como fortaleza han cambiado. "Son pueblos de montaña con los inconvenientes de que nieva bastante y no puedes salir del pueblo. Y están concebidos como pequeños pueblos-Estado. Eran ultrasostenibles y tenían todos los servicios, como el herrero, capintero... pero aislados", recuerda Alberto Alfonso Pordomingo, vecino de Oliete (Teruel) antes de mostrar las costuras.

"Oliete está a 25 minutos de Andorra, capital de la comarca; y a una hora de Zaragoza. La autovía está a 60 kilómetros. Está muy dejado de infraestructura pública. La estación de ferrocarril más cercana está a 45 kilómetros y cada vez hay menos trenes; está en La Puebla de Híjar y para ir a Barcelona o a Madrid tiene que ser con trenes que llamamos borriqueros y estás cinco horas. Ya te deprime", aclara desde esta localidad turolense que ha perdido el 90% de sus habitantes en los últimos diez años. Aun así, apunta que la situación todavía no es tan mala como en otros lugares hermanos: "Hay otros pueblos donde no hay colegio ni bar ni tienda. La gente directamente no quiere ir porque no quieren ir a un pueblo terminal porque queremos estar en comunidad. Nadie quiere enterrarse en vida, nadie quiere ir a un sitio sin servicios" .

Estos pueblos aragoneses no son un excepción. En España hay 8.124 municipios, de los que aproximadamente la mitad cuentan menos de 500 habitantes. Esos datos oficiales maquillan otra verdad. Por ejemplo, en Samos (Lugo), hay censados unos 1.500 habitantes mientras que la realidad diaria se reduce a unos 150 vecinos. La España vaciada de servicios también está presente. "Tengo que hacer la compra a 20 kilómetros y el hospital está a 29. Hay ambulatorio por la mañana pero después hay que tirar de familia o de taxi si pasa algo. No hay guarderías ni ninguna posibilidad para conciliación laboral. Hay un centro de mayores que no da servicios estupendos. Simplemente se les limpia, se les da de comer y andando. Todavía hay sucursal de banco, miniambulatorio y los servicios basiquísimos. Pero no hay ningún tipo de actividad. Simplemente algo de comida a domicilio", enumera Óscar Leirado Río, un residente habitual.

En esta zona gallega se congratulan porque el Camino de Santiago pasa cerca y eso ayuda a disfrutar de algunos servicios. Aunque algunos penden de un hilo o de la fortuna. "No tenemos telefonía fija en casa, no hay esa opción. Internet está subvencionado con cobertura de teléfono móvil y tarifa limitada, pero es de hace seis meses. Antes era muy complicado. Con el Camino de Santiago tenemos 4G pero si estás diez kilómetros más allá, olvídate", recuerda Leirado Río.

El problema de internet

En Aranda de Moncayo la televisión es por cable porque es imposible recibir un señal nítida en el televisor. En Oliete nadie se plantea contratar Netflix, HBO, Amazon o Disney porque hay zonas en las que simplemente no hay cobertura móvil. Si hay muchos visitantes se colapsa la red y la fibra óptica es algo que conocen por experiencia ajena. "Internet también es una mierda en los pueblos. Tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas que podría hacer por internet porque paso mucho tiempo en el campo, pero no puedo hacerlas porque no hay conexión. Nosotros tenemos una casa rural y es un cisco; no hay datáfono porque no hay cobertura suficiente", secunda sobre Aranda de Moncayo Ángel Escohiruela, secretario de la Asociación contra la Despoblación Rural.

La falta de una conexión estable y fuerte no es una cuestión baladí para estos municipios. Ni siquiera es un capricho local. "Lo que sobre todo falta en los pueblos más pequeños es internet porque saben que sin eso no van a tener población joven que vaya ni siquiera una semana. Es imprescindible ya en todo el mundo rural ipso facto porque no es que se vayan a quedar sin habitantes, es que se quedan sin visitantes y algunos pueblos viven de ello", alerta Rubén Contreras, concejal de Repoblación e Integración en Belorado (Burgos).

Falta de médicos

En Belorado han perdido 400 habitantes en la última década (actualmente quedan 1.800) a pesar de contar con más posibilidades que en algunas zonas de su entorno. "Gracias a Dios tenemos casi todos los servicios posibles y aun así las despoblación es fuerte. Tenemos centro de salud, instituto, colegio, farmacia, biblioteca, fibra óptica...", recuerda Contreras. Pero cuentan con un talón de Aquiles común en la España que se vacía: la asistencia médica. "El mundo sanitario rural es un problema, no hay suficientes médicos en España. Nos hemos encontrado que teniendo siete plazas de médico sólo estábamos cogiendo seis porque no había. Conocemos muchos pueblos en los que también les pasa. Es un tema del que no se habla, la falta de médicos es desastrosa", adelanta Contreras.

En Puebla de Sanabria (Zamora) el problema es similar. Son cabeza de comarca, incluso disponen de estación de tren con alguna parada de línea, pero las carencias de médicos asustan. Cuentan con siete plazas para cubrir varias demarcaciones de la provincia pero sólo tienen seis médicos. Cuando llega el verano se dispara el mismo problema que en la mayor parte de los pueblos: la población se multiplica por cinco en una localidad con 1.400 habitantes censados como residentes. No aumenta el número de médicos en vacaciones y, si los profesionales acuden a una urgencia, deben dejar vacía la consulta.

"Hace un año se hizo una norma por la cual se iba a intentar incentivar a los médicos en zonas de montaña, como la nuestra, y no se ha hecho nada. Si tú les incentivas e incluso los propios centros de salud, seguramente algunos se quedan aquí. Pero quieren un trabajo más estable, un contrato con más horas y conocer a sus pacientes", explica José Fernández Blanco, alcalde de Puebla.

¿Por qué no hay médicos rurales? "En Castilla-La Mancha ha habido muchos años en que no se han convocado oposiciones. Llegar a un pueblo desconocido, estar un mes en un sitio y otro en otro también lo complica todo. Yo soy interina, llevo dos años en un mismo pueblo y estoy contenta. Pero sí que hay compañeros que están media mañana en una o media mañana en otro", explica la doctora Teresa Méndez, médica de familia en Bujurón, un pueblo manchego con 1.300 habitantes censados. Ella es coordinadora del grupo de trabajo de Medicina Rural de la SmeFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) y comprende las renuncias aunque trata de voltear la situación. "La cuestión es muchas veces el desconocimiento. Hay compañeros que creen que al estar en un centro de salud más grande y urbano facilita las cosas. Se quedan en el centro de salud porque es el centro en el que se han formado, no van a ir a un pueblo solo y que les venga una urgencia grave y se vean un poco desprotegidos", explica la doctora.

Virginia Alonso, enfermera en Guadarrama (Madrid), confirma la situación incluso en una comunidad en la que, en teoría, las comunicaciones y servicios son mejores que en otras zonas rurales gracias a la proximidad con la capital de España. "Con nosotros, que estamos en la sierra, nadie quiere venir. Hay falta de médicos. Se va alguien de vacaciones y les cuesta conseguir a uno, que suena raro pero es verdad. Es rural y la gente no se va a desplazar todos los días 50 kilómetros desde Madrid, por ejemplo", señala. En Guadarrama se suman las listas de espera y una asistencia que excede a lo previsto en un pueblo con 15.620 residentes censados. "Yo tengo unos 30 pacientes al día pero los médicos tienen mucho más; ellos tienen unas listas interminables. Es una barbaridad, tienen más de 50 en siete horas, yo no sé cómo lo hacen", reconoce. Y eso que en este centro no les toca asumir otras responsabilidades. "Yo no tengo administrativa, soy mi enfermera y mi residente. Cojo el teléfono, si tengo una urgencia grave tengo que atenderlo solo", recuerda la doctora Méndez.

Más de 100 kilómetros para una emergencia

Si alguien de la zona de Sanabria tiene que ser tratado en un hospital le esperan más de 100 kilómetros hasta Zamora. "Son 80 kilómetros de safari, un paso por la reserva de la Sierra de Culebra. O sea, riesgos y accidentes, que hay muchísimos", describe el alcalde de Puebla. Las mujeres del Alto Sanabria que van a dar a luz también deberán adelantarse porque el hospital de Verín (Orense), el más cercano (a más de 50 kilómetros), ha cerrado. Si acuden a la capital zamorana serán más de 130 km por carretera entre contracciones. Eso, si tienen suerte. "Cuando te envían directamente para Zamora ya corre a cargo porque tienes que bajar con tu coche. La problemática es que hay mucha gente que no dispone de un vehículo o de movilidad propia porque son gente mayor y dependen de segundas personas. Muchas veces llamas al servicio sanitario para una ambulancia y no te pueden atender porque igual han salido para un accidente en carretera o para otra urgencia y lo mismo hay dos ambulancias", señala Juan José Castro, vecino de Palacios de Sanabria.

El problema de la falta de servicios no se reduce únicamente a casos severos. La vida diaria es mucho más complicada en comparación con la ciudad. "Condiciona mucho el transporte público. Parece una tontería pero si voy a mandar a un paciente mío a que se haga una radiografía a un pueblo de al lado y no hay transporte público, eso dificulta mucho. A los pacientes en el ámbito rural les condiciona que solo pase un autobús por el pueblo y que para ir a la rehabilitación o a una prueba a un hospital tengan que usar su propio coche", recuerda la doctora Méndez desde Castilla-La Mancha. Alonso Pordomingo, desde Oliete, explica una situación similar: "Sólo te puedes poner malo de 10.30 a 12. Y das gracias de que tenemos médico. Si te pasa algo y tienes suerte, te vas al hospital a Alcañiz, a 60 kilómetros; y si no tienes suerte, te mueres por el camino".

Oportunidades

Que exista una España fuera de servicios es también una oportunidad para los emprendedores locales para tratar de solucionar alguno de estos problemas con beneficios económicos. "En los pueblos, la pirámide poblacional está totalmente invertida. Hay mucha gente mayor y pocos jóvenes. En Osa de Montiel (Albacete), los servicios y atenciones que demandan las personas mayores solucionarían mucho el problema de empleo a la vez que el problema que tienen los mayores para salir de su territorio, de su comarca, de la zona que conocen. Al sacarles de su terreno se les inflige bastante daño, y tenerlos atendidos en el mismo pueblo solucionaría mucho el problema de empleo", apunta Francisca Muñoz Oliver.

La ganadora del Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales en 2014 lo sabe por experiencia laboral y personal. "Hemos tenido que ingresar en una residencia a un tío mío con alzhéimer precoz que le ha sobrevenido a los 55 años cuando no lo hemos podido tener en la casa. Está a 40 kilómetros de aquí, en Villarrobledo, el punto más cercano que hemos podido permitir. Si estuviera en el pueblo, lo estaríamos viviendo todos los días. Mi madre, que tiene 75 años, estaría viendo a su hermano todos los días. Y los servicios sociales no tienen que buscar la rentabilidad, sino el bien para la población", señala esta vecina de un pueblo que ha bajado de más de 3.000 habitantes a 2.400 en menos de una década.

Por otra parte, la doctora Méndez trata de convencer a sus compañeros de profesión. "La medicina familiar en el ámbito familiar es precioso y queremos que muchos compañeros den el paso. Si no van al ámbito rural es por desconocimiento muchas veces, porque te forman en el ámbito urbano y en el hospital y no conoces lo bonito que es ser médico de pueblo", señala. Pero, además, hace una petición a la administración porque considera que podrían ser más útiles gracias a su formación: "Podríamos resolver muchas cosas porque tenemos una especialidad de cuatro años. Tengo un compañero en un pueblo que se ha comprado el ecógrafo. No tiene ningún tipo de sentido que el sistema sanitario no te dé esos recursos". En Teruel, Alfonso Pordomingo es uno de quienes luchan contra la despoblación con la iniciativa sostenible Apadrina un olivo. No sólo se trata de aprovechar árboles centenarios, sino que ayudan a encontrar otros trabajos y fomentan actividades para repoblar porque de otra manera nadie querría ir allí.

Gracias a sus iniciativas de fomentar las ayudas a los trabajadores con familias han logrado una hazaña: el colegio se mantiene con cuatro alumnos. "En la España vaciada tenemos la problemática bien definida de que al cerrar una puerta de un servicio no se vuelve a abrir", alerta Pordomingo. Es una pequeña victoria en contra del vacío de España. Y es un triunfo de otro pueblo que lucha por no estar fuera de servicios.