El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos desata la furia de la derecha. ¡Solo la movilización en las calles frenará los recortes, conquistará derechos y derrotará a los franquistas!

 

Todo parece indicar que el próximo 7 de enero Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno y el PSOE junto a Unidas Podemos conformarán el primer Ejecutivo de coalición desde los tiempos de la Segunda República. El desenlace, tras meses de incertidumbre y muchas horas de negociaciones secretas, será posible gracias a la abstención de los 13 diputados de ERC y a un pacto con la formación independentista que ya ha desatado la furia patriótica de la derecha españolista.

La respuesta del PP y la extrema derecha al acuerdo con ERC condensa el tufo franquista que va a impregnar su campaña política de los próximos meses y es un anticipo de lo que la será la próxima legislatura, sometida a una tensión brutal desde el minuto uno.

“Se ha consumado la traición a España. Este Gobierno va a trabajar contra el Estado constitucional y la oposición tiene que convertirse en la principal defensora del Estado para que no se pueda destruir la nación”, señaló la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que llamó a los españoles a la “resistencia”.Por su parte, pablo Casado escribió en Twiter que el acuerdo entre el PSOE y ERC “liquida la soberanía nacional, la igualdad entre españoles y la legalidad. No debe presidir España quien la ataca así”. Lo mismo dijo Santiago Abascal: “Los residentes en Cataluña (como los residentes en Teruel) no pueden votar algo que afecte a todos los españoles. Porque eso es, simplemente, un golpe de Estado. Y todos los culpables, antes o después, rendirán cuentas ante la Soberanía del pueblo español”.

Todo este estruendo, al que se suman los intentos de Inés Arrimadas por movilizar a los barones socialistas contra el acuerdo y el Gobierno de coalición, las declaraciones apocalípticas de la CEOE contra las “medidas populistas” del pacto firmado entre PSOE y Unidas Podemos, o las descalificaciones gruesas de los medios de comunicación de la derecha, dan cuenta del punto de polarización aguda que sacude la sociedad.

La idea de que esta legislatura puede ser tranquila y dar la estabilidad necesaria al régimen capitalista español es un sueño vano. Todas las contradicciones no resueltas que se han ido acumulando a lo largo de años, se pondrán al rojo vivo. La profunda desaceleración de la economía, la movilización del pueblo catalán por el derecho a decidir y la república, y el hartazgo con la política de recortes y austeridad auguran a este Gobierno graves dificultades en el camino.

Como la experiencia ha dejado claro en el caso de la Grecia de Tsipras y de muchos otros países, o se capitula ante la banca y los grandes poderes económicos aplicando sus recetas, o se emprende una política decidida de transformaciones sociales profundas rompiendo con el capitalismo. No puede haber términos medios.

Un Gobierno que combinará “experiencia” con “frescura”

Cuando el pasado 30 de diciembre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez comparecían en el Congreso de los Diputados para presentar su programa de Gobierno “progresista”, destacó la gran sintonía de ambos dirigentes. Iglesias, con una cara iluminada por una gran sonrisa, no escatimó elogios hacia Pedro Sánchez y el PSOE: “será un honor compartir Gobierno”, un Ejecutivo que, en opinión del nuevo vicepresidente, combinará la “experiencia” de los socialistas con la “frescura” de Unidas Podemos.

Sin duda, la “experiencia” del PSOE en el Gobierno es sobradamente conocida por el movimiento obrero y la juventud, por los activistas sociales o por el pueblo catalán y vasco después de la dura confrontación que hemos mantenido contra sus políticas de recortes, contrarreformas, ataques a los derechos democráticos y cesiones vergonzantes al nacionalismo españolista. Como pilar esencial del régimen del 78, el PSOE se ha esforzado en dotar de estabilidad al capitalismo español aplicando la agenda de austeridad de la UE. ¿Cambiará de rumbo la socialdemocracia con la ayuda de los ministros y las ministras de Unidas Podemos? La prueba de la práctica resolverá esta cuestión, aunque la experiencia pasada deja poco lugar a la duda.

Sin embargo, sería un error no entender que la formación de esta coalición gubernamental de la izquierda reformista, es a su vez el resultado de la gran movilización de masas que ha sacudido el Estado español desde 2011 y que ha quebrado el sistema bipartidista heredado de la Transición.

Este gran tsunami de luchas, desde la explosión del 15-M y las huelgas generales de 2012, las mareas en defensa de la educación y la sanidad públicas, pasando por las Marchas de la Dignidad, Gamonal, las huelgas estudiantiles contra la LOMCE y el cambio climático, las movilizaciones masivas de los pensionistas y las huelgas feministas del 8-M y, por derecho propio, el movimiento del pueblo de Catalunya por la autodeterminación y la república…, ha determinado el vuelco del tablero político y la formación de un Gobierno de esta naturaleza.

En este periodo también hemos contado con otras experiencias que deben ser valoradas a la hora de trazar las perspectivas. La retórica de Pablo Iglesias sobre la “frescura” de Unidas Podemos no puede ocultar que desde hace años han reemplazado la movilización social por la mera participación institucional como escuderos de la socialdemocracia, y cuando han ocupado posiciones políticas importantes han frustrado las expectativas generadas.

Unidas Podemos ha tenido la llave para cambiar muchas cosas al frente de ciudades claves como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña y decenas más. Pero el saldo de esta experiencia ha sido decepcionante, marcado por políticas continuistas con los recortes que han favorecido todo tipo de pelotazos inmobiliarios, por el completo rechazo a remunicipalizar los servicios sociales privatizados, a subrogar plantillas, a terminar con los desahucios de una vez por todas acometiendo políticas decididas para garantizar una vivienda pública asequible para cientos de miles de familias trabajadoras, y a dar un vuelco sustancial en la mejora y ampliación de las infraestructuras sociales de nuestros barrios.

Y respecto a la lucha de millones de jóvenes, trabajadores y sectores populares en Catalunya por la república y la libertad de los presos, la han llegado a calificar de maniobra reaccionaria dirigida por las élites, facilitando así la campaña de mentiras y represión de la burguesía española.

Sobran palabras y faltan hechos

El programa del Gobierno de coalición ha sido presentado como una ruptura con las políticas anteriores. Pero, como siempre, detrás de esta imagen hay más humo y palabras que hechos y medidas efectivas.

En el terreno educativo se propone la derogación de la LOMCE y su sustitución por la “ley Celaá”, pero asuntos claves como la financiación de la enseñanza pública, la recuperación de miles de profesores despedidos, la garantía del acceso gratuito a la escuela infantil, a la universidad y a la FP superior para las familias trabajadoras o el incremento drástico de las becas solo se mencionan como un “fin” englobado en la promesa de inversión del 5% del PIB para 2025. También se señala que la religión dejará de ser una asignatura evaluable, como ya ocurría antes de que Rajoy llegara al Gobierno, pero lo más significativo es que seguirá estando presente en la escuela pública y además se deja intacto el enorme poder de la educación privada concertada —en su mayoría bajo control de la Iglesia Católica— y las decenas de miles de millones de euros que recibe del presupuesto público.

El acuerdo también se compromete a eliminar los aspectos más “lesivos” de la reforma laboral de 2012, como los despidos por baja médica. Sin embargo, otros como el descuelgue del convenio por parte de las empresas que ha servido para atacar los salarios y modificar las condiciones de trabajo a peor, no se tocan, y se mantendrá la reforma aprobada por el Gobierno Zapatero que fue clave para aumentar la temporalidad y la pérdida de derechos en beneficio de la patronal.

En lo concerniente a la subida del IRPF de dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, no solo queda muy por debajo de lo que exigía Unidas Podemos, además no concreta ninguna medida sustanciosa contra el fraude fiscal de las grandes empresas. El acuerdo también alude al incremento del SMI a lo largo de la legislatura, a la “sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones” en el marco del Pacto de Toledo, pero sin derogar las contrarreformas anteriores, y a diversas medidas encaminadas a “frenar el alza de precios del alquiler”, aunque sin concretar la mayoría de ellas ni ninguna fórmula de financiación.

La Ley de extranjería se queda como está, se continuará con la política de reclusión de los inmigrantes en los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE), y se respetarán los pactos de “inmigración” con Marruecos, los alcanzados entre la UE con Turquía o Libia —que han supuesto un incremento exponencial de las muertes en el Mediterráneo y del tráfico esclavo en el norte de África— además de toda la legislación racista y xenófoba que la UE ha aprobado contra los refugiados.

Si bien se propone la “recuperación inmediata” para patrimonio público del Pazo de Meirás —actualmente en manos de la familia Franco— y una auditoría de “bienes expoliados por el franquismo para devolverlo a sus legítimos titulares”, nada se dice sobre el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo ni la reparación política y económica a sus víctimas, ni tampoco sobre la depuración del aparato del Estado de fascistas.

Una vez más se hacen propuestas genéricas contra la violencia machista y las agencias de “vientres de alquiler”, en defensa de los derechos trans y la comunidad LGTBI. También se propone una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la “ley Mordaza” y cuya letra pequeña está por ver.

En materia económica se dejan muy claras las cosas garantizando el “cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas” o lo que es lo mismo, se acepta la política impuesta por la Unión Europea de recortes y austeridad.

Por último, el texto señala que se abordará “el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”, sin mencionar el derecho de autodeterminación, el fin de la represión y la libertad de los presos políticos.

El documento programático está colmado de términos que se repiten constantemente: propiciaremos, impulsaremos, propondremos, favoreceremos, aseguraremos… Conocemos las buenas intenciones pero, como dice el refrán, el camino al infierno está empedrado de ellas.

Algunos entenderán estas consideraciones como un ejercicio sectario de descalificación. Nada más lejos de nuestra intención, pero en política hay que ser rigurosos. Si dices A, inevitablemente acabarás diciendo B, C, D y el resto del abecedario. Si se acepta la lógica del capitalismo, si a lo único que se aspira es a arañar tímidas reformas que en nada cambian lo sustancial, y todo se reduce a participar en las instituciones renunciando a la lucha de clases como el único medio de conquistar avances y restaurar los derechos perdidos, nuestros adversarios tendrán un margen tremendo para imponer sus políticas.

 El “nuevo lenguaje” del PSOE y la estrategia de ERC

La votación parlamentaria de Pedro Sánchez como presidente y la conformación del nuevo Gobierno no habrían sido posibles sin el apoyo de Esquerra Republicana que durante más de un mes y medio ha negociado en secreto los términos del mismo.

Objetivamente, el PSOE y Pedro Sánchez después de que su estrategia en las elecciones del pasado 10-N fracasara, y de que Ciudadanos fuese barrido de la escena, tuvieron que desdecirse y apostar por un Gobierno de coalición buscando el apoyo de ERC. Apostar por otra opción, como llegar a acuerdos con un PP cercado por la extrema derecha, los habría conducido al suicidio político dejando el camino abierto para un mayor avance de Vox.

Otros factores han influido. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) introdujo más presión al cuestionar la farsa judicial seguida por el Supremo contra el referéndum del 1-O y la sentencia que ha llevado a la cárcel y al exilio a Oriol Junqueras, los Jordis o Puigdemont entre otros. Además, Puigdemont y Toni Comín ya han conseguido su inmunidad como parlamentarios europeos y la justicia belga ha suspendido las euroórdenes contra ellos.

Esta reprimenda de la justicia europea a una decisión judicial que respondía a la estrategia represiva de la burguesía española, lejos de ser aprovechada por la dirección de ERC para dar un salto adelante en la movilización y hacer efectivo el mandato popular por la república del 1 de octubre, está siendo utilizada como coartada para presentar el pacto con Pedro Sánchez como un triunfo de sus tesis conciliadoras.

La decisión del Consell Nacional de ERC dando vía libre a la abstención en la investidura, intenta restablecer los puentes con el Estado y lograr, en una mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat, una salida a la crisis catalana mediante nuevas maniobras y la vuelta a la senda del autonomismo.

Escuchando a los portavoces del PSOE el cambio semántico puede aparecer llamativo, pero no hay que engañarse. El contenido del pacto, que sólo propone un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas” respetando “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”, busca un fin no declarado pero que es obvio: la desmovilización popular y ganar tiempo en el marasmo de un discusión institucional que dará la espalda a las aspiraciones del pueblo catalán.

Lo más sonado del acuerdo entre ERC y el PSOE es que incluye una “validación democrática”, en forma de consulta o referéndum, de los resultados de la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat que se formará en un plazo de quince días tras la constitución del nuevo Ejecutivo. Y este es el quid de la cuestión. ¿En qué línea van a ir dichos acuerdos? Es más que evidente que la actual dirección del PSOE jamás aceptará la república catalana ni el derecho de autodeterminación. No lo hará por los lazos que le atan al régimen del 78, al aparato del Estado y a la burguesía.

La estrategia de retirada de ERC va mucho más allá de un apoyo puntual a la investidura de Sánchez para no ser acusada de propiciar una tercera convocatoria electoral y un posible Gobierno de la derecha españolista. Se trata de un completo repliegue que choca frontalmente con los sectores más avanzados del movimiento de liberación nacional, y será puesto en cuestión cuando se vea que sus fines no sirven para hacer efectiva la república, sino todo lo contrario.

La dirección de ERC considera que este pacto, sumado a la salida de Oriol Junqueras de la cárcel para recibir el acta de eurodiputado —alentada de una u otra forma por el escrito de la Abogacía del Estado dirigido al Supremo— y el posible acceso a una situación de semilibertad del resto de los presos políticos a medio plazo, puede calmar los ánimos. Pero esos planes parecen no tener en cuenta suficientemente la reacción de la judicatura franquista —indignada por la sentencia europea y dispuesta incluso a inhabilitar al actual president Torra—, ni la furiosa campaña que la derecha y la ultraderecha ya están desatando acusando a Sánchez de “traidor” por capitular ante los independentistas. También infravalora el nivel que ha alcanzado la movilización popular en Catalunya y el avance en la conciencia de cientos de miles de jóvenes y trabajadores que no están dispuestos a conformarse con humo.

¡Solo la movilización en las calles frenará los recortes, conquistará derechos y derrotará a los franquistas!

Si no hay sorpresas de última hora, en poco tiempo Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón ocuparán la vicepresidencia y sendas carteras ministeriales, compartirán secretos de Estado y decisiones trascendentales con Pedro Sánchez. La idea de luchar por la república, la autodeterminación o el socialismo quedará aplazada sine die.

Los dirigentes de Unidas Podemos han asumido las reglas del juego. Ninguno de ellos cuestiona el papel de Nadia Calviño, que desde el Ministerio de Economía blindará la continuidad de las políticas que más beneficien al Ibex 35, a la banca y a la UE. En cambio, para defender su nueva posición gubernamental tendrán que intentar garantizar la paz social, y ya han empezado la tarea oponiéndose a la huelga general del 30 de enero en Euskal Herria y aprobando los presupuestos antisociales del PNV en el parlamento vasco.

En los próximos meses muchas contradicciones asaltarán al nuevo Gobierno cuando trate de cuadrar el círculo y entre en conflicto con su base social. La ingenuidad y la confianza ciega han dejado lugar a otra actitud más crítica y consciente, por lo menos entre capas importantes de la nueva generación de luchadores. Y aunque muchos intentarán justificar lo injustificable, agarrándose a la amenaza del “avance de la extrema derecha” —una amenaza muy real pero que solo se puede combatir con la movilización de masas y la defensa de un programa socialista—, la experiencia de estos últimos diez años no ha pasado en balde.

El mundo también ha cambiado mucho y 2019 ha sido un buen ejemplo de ello. Las rebeliones en Chile, Ecuador, Colombia, Argelia, Líbano, Iraq…, o la huelga general de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones que en numerosos sectores se mantiene, muestran que existe la fuerza y la determinación para enfrentar no solo a la extrema derecha y a las políticas neoliberales, también para transformar la sociedad.

Pablo Iglesias afirmó durante la presentación del programa de Gobierno que se abre una etapa histórica, y aseguró que “el reto fundamental es convertir el sí se puede en políticas activas de Gobierno”. Le tomamos la palabra.

Somos conscientes de que al igual que ocurrió en los años treinta tras la proclamación de la Segunda República, los trabajadores pasaremos por la escuela de un Gobierno de la izquierda reformista en el contexto de una lucha de clases salvaje. La derecha, la patronal, los grandes poderes capitalistas no van a dar tregua e intentarán no solo sabotear cualquier medida progresista, también exigirán que se cumplan al dictado todas sus exigencias confiando para ello en el papel que siempre ha jugado la socialdemocracia.

Las batallas que se avecinan serán duras y encarnizadas, pero crearán un terreno fértil para que sectores más amplios, y no solo una pequeña vanguardia, se sumen a la tarea de construir un partido de los trabajadores y la juventud con el programa del marxismo revolucionario. No hay tiempo que perder.