Tribunales 'Las Manadas', Franco, Villarejo y los Pujol: los nombres propios del año judicial 2019
24/10/2019.-
Los familiares de Franco portan el féretro con los restos mortales del
dictador tras su exhumación en la basílica del Valle de los Caídos antes
de su trasladado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio para su
reinhumación. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Con permiso del laberinto judicial del procés,
la esfera de los tribunales en 2019 se ha visto marcada por causas de
gran impacto mediático, con el protagonismo del dictador Francisco Franco –su inhumación y su posterior exhumación-, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso ERE, y con las citaciones como imputadas de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en el marco de la trama corrupta Púnica.
Mientras, se ha renovado a la cúpula judicial a pesar de que el órgano encargado de este cometido se encuentra en funciones
desde hace más de un año. Y, por primera vez en ocho años, una
magistrada ha entrado en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Los ERE, la gran condena por corrupción
Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. EFE/José Manuel Vidal
Si 2018 fue el año de Gürtel, 2019 se ha conocido la
primera condena por el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Está
relacionada con el mecanismo que aplicó el Gobierno de esta región
-entonces en manos del PSOE- entre 2000 y 2009 para conceder ayudas a
empresas sin fiscalización. A estas ayudas se destinaron 680 millones sin que se haya aclarado qué porcentaje de esta cantidad fue debidamente concedido, ya que no hubo ningún control sobre estos fondos.
La Audiencia de Sevilla notificó el 19 de noviembre la sentencia condenatoria contra 21 exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves -9 años de inhabilitación por prevaricación-, y José Antonio Griñán -seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación-.
En la esfera judicial, esta es la primera de las
decenas de piezas abiertas que ya cuentan con sentencia. En la esfera
política, está por ver si el fallo causará más daños colaterales entre
las filas del PSOE.
¿Jordi Pujol se libra?
El fin de año trajo una buena noticia al expresidente
catalán Jordi Pujol, quien siempre negó que el dinero que tenía
depositado en Andorra fuese suyo, afirmando que en realidad era de su
padre. El 23 de diciembre se conoció que la Agencia Tributaria ha
concluido en un informe que el expresident ocultó 1,8 millones en Andorra sólo en el año 2000, y que defraudó 885.651 euros. Pero el delito fiscal ha prescrito.
Pujol no pisará, por lo tanto, la cárcel. A no ser
que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la
Mata, le incluya como investigado en un delito continuado junto con el
resto de integrantes de su familia: los Pujol funcionaban con una unidad
de caja, según las investigaciones.
De la Mata y Anticorrupción siguen adelante con la investigación abierta a la fortuna de la familia Pujol en el año 2012.
Una fortuna supuestamente forjada al amparo de comisiones ilegales del
3% de los contratos públicos adjudicados a lo largo de décadas de
gobiernos convergentes.
A 290 millones de euros asciende el dinero que la
familia Pujol habría ocultado en paraísos fiscales y cuyo origen estaría
en las mordidas recibidas, según la investigación.
El PP, absuelto por destruir los discos duros de Bárcenas
El extesorero del PP Luis Bárcenas. EFE/Zipi
La falta de pruebas ha permitido al PP salvar los muebles, evitando ser condenado por la destrucción de los discos duros del extesorero del partido, Luis Bárcenas.
Según el también exsenador de la formación conservadora, estos
dispositivos almacenaban importante información sobre la caja B del
partido.
La sentencia del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid,
contra la que las acusaciones de Izquierda Unida y el Observatori Desc
ya han presentado recurso, absuelve al PP como persona jurídica, pero
también a tres trabajadores, entre ellos la gerente y extesorera Carmen
Navarro. Culmina -por el momento- un camino de seis años en el que el PP ha disparado con todo para evitar el banquillo, sin éxito. Se le acusó de un delito de daños informáticos, y sus empleados sumaron otra acusación por encubrimiento.
El fiasco de Bankia, visto para sentencia
El 2019 puso punto final al juicio por la salida a
Bolsa de Bankia, en 2011. El 1 de octubre, la Sección Primera de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional anunció el esperado visto para
sentencia tras un macrojuicio largo, muy largo -74 sesiones- celebrado en su sede de San Fernando de Henares (Madrid). Aún no hay estimaciones sobre cuándo se conocerá el falló del tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo -e integran Teresa Palacios y Juan Francisco Martel-.
Rato toma la palabra para
pedir su absolución
El juicio oral arrancó en noviembre de 2018, y se
prolongó tres meses más de lo inicialmente previsto. Hay 34 acusados
-entre ellos Rodrigo Rato o Ángel Acebes-, de los que tres son personas jurídicas (BFA, Bankia y Deloitte), y una quincena de acusaciones.
Una muestra de la complejidad de la causa es el tiempo empleado por la fiscal Carmen Launa
para desgranar su escrito de conclusiones; consumió cuatro sesiones del
juicio, extendiéndose durante cerca de 22 horas. Endureció su
acusación, y concluyó que esta ruinosa salida a Bolsa se trató de “una
de las mayores estafas en España”. Todo ello, además, aderezado con la
presencia de testigos vips como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, y con las excusas de Christine Lagarde, hoy presidenta del BCE, para evitar comparecer.
El caso Villarejo se le atraganta al BBVA
El enrevesado caso de espionaje y corrupción del comisario retirado José Manuel Villarejo afecta
de tal forma al BBVA que hasta el Banco Central Europeo se ha dirigido a
la Audiencia Nacional para conocer de primera mano el alcance de la
responsabilidad de sus directivos y de la propia entidad financiera en
los trabajos realizados por el comisario para esta entidad.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
aún no ha respondido a la solicitud del Mecanismo Único de Supervisión
(MUS), el máximo responsable de la política monetaria de Europa.
El BBVA pagó a la empresa Cenyt de Villarejo más de 10 millones de euros por sus trabajos de inteligencia
para evitar el desembarco de Sacyr (Luis del Rivero) en la entidad
financiera en 2004. Esta OPA interesó sobremanera a la eléctrica
Iberdrola y a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que fue contratado
por la eléctrica en 2001 y que, gracias a su manejo de la información,
alcanzó la presidencia en 2006.
Dos años después, este directivo se embarcó en una
batalla corporativa por el control de la eléctrica frente a Florentino
Pérez, de ACS. En este contexto fue cuando se produjeron las
contrataciones de Villarejo.
La exhumación de Franco
El 24 de octubre de 2019 fue un día histórico, y supuso el final de una tensa batalla judicial entre el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y la familia de Francisco Franco.
Una
vista del helicóptero que transportaba el ataúd del dictador Francisco
Franco en el Valle de los Caidos (San Lorenzo de El Escorial, España.
REUTERS / J.J. Guillén
Cuarenta y cuatro años después de que el dictador
fuese enterrado en el Valle de los Caídos, sus restos fueron exhumados
del mausoleo de Cuelgamuros y reinhumados en el cementerio de El
Pardo-Mingorrubio, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
Todo ello, tras una prolongada batalla en los
tribunales. Los Franco pasaron a la ofensiva poco después de que el
Ejecutivo anunciase en julio de 2018 su intención de trasladar los
restos del dictador.
La pelea judicial llegó hasta el mismísimo Tribunal Supremo, si bien algunos episodios, como el del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, en manos del juez José Yusty Bastarreche, merecen mención aparte.
'Las Manadas'
El Tribunal Supremo enderezó en 2019 la sentencia de La Manada: la violación de una joven por parte de cinco hombres durante los Sanfermines de 2016. Y esta denominación se ha extendido después a otros casos similares.
En concreto, la falta de formación en materia de
violencia sobre la mujer de los jueces que juzgaron el caso en Navarra
desembocó en una sentencia que fue revocada por el alto tribunal. En junio, el Supremo concluyó que el caso de La Manada no fue un abuso, sino una violación en grupo.
Y elevó de 9 a 15 años las condenas al considerar que la víctima sufrió
una intimidación ambiental porque fue rodeada por cinco hombres sin
posibilidad de escapar. También destacó que debieron ser condenados por cooperar en la violación de los demás, lo cual no fue reclamado por las acusaciones.
En España hay medio centenar de sumarios abiertos por violaciones sexuales cometidas en grupo. Es un fenómeno creciente, como creciente es la atención mediática que tienen
Por
otro lado, la jurisprudencia del Supremo sobre la cooperación necesaria
y la intimidación ambiental -sentada hace diez años- cayó sobre tres exjugadores del Arandina C.F. por violar a una menor de 16 años. Fueron condenados a 38 años, precisamente
porque cada uno recibió penas por la violación que cometió y como
cooperador necesario de las violaciones de los demás.
Numerosos especialistas recomiendan revisar estos
delitos contra la libertad sexual, porque el caso de la Arandina
demuestra los efectos de la acumulación de penas por la cooperación
necesaria. Además, la norma provocó que la Audiencia de Barcelona condenara por abuso y no por agresión a cinco de los acusados
de la violación en grupo sufrida por una menor en Manresa en el 2016.
El tribunal consideró que no era violación porque, al estar la víctima
inconsciente, los acusados "pudieron realizar los actos sexuales sin
utilizar ningún tipo de violencia o intimidación".
En España hay medio centenar de sumarios abiertos
por violaciones sexuales cometidas en grupo. Es un fenómeno creciente,
como creciente es la atención mediática que tienen.
En 2019 se han registrado 63 casos de manadas. Son agresiones sexuales en grupo que recoge el observatorio de feminicidio.net. Son ya 155 casos desde 2016, el año de la violación de los Sanfermines.
Aguirre y Cifuentes, imputadas en Púnica
La trama corrupta Púnica forzó finalmente la
declaración ante la Audiencia Nacional como imputadas de las
expresidentas de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. La
declaración fue en el marco de la pieza sobre la supuesta financiación
ilegal del PP de Madrid que ambas presidieron, a petición de la Fiscalía
Anticorrupción.
El juez Manuel García Castellón considera que Aguirre era la “supervisora última” del
entramado elaborado para nutrir las arcas del PP, mientras que
Cifuentes está siendo investigada por favorecer en los contratos del
comedor de la Asamblea de Madrid a una de las empresas del empresario
Arturo Fernández, donante de la fundación Fundescam, de la que ella era
patrona, y que supuestamente sirvió al PP para desviar dinero público para financiarse.
Ambas defendieron su inocencia en esta pieza, que es sólo una de las once que están siendo investigadas en Púnica. Empresas
tan destacadas como OHL, Acciona, Dragados o Ferrovial fueron
beneficiarias además de los polémicos contratos con la cláusula del 1%, que obligaba a destinar ese porcentaje del importe total del contrato a publicidad de las obras públicas vinculadas.
Este sumario es de alto voltaje, y en sus aledaños
se producen fuertes presiones. La Cadena Ser adelantó a mediados de
diciembre que la Fiscalía pedirá el procesamiento de la expresidenta de Madrid en 2020.
La Fiscalía rechaza investigar a Ayuso
Dos meses le han bastado a la Fiscalía
Anticorrupción para archivar la denuncia de Más Madrid contra la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso por el caso
AvalMadrid; dos meses, y ni una sola diligencia. En un escrito cargado de fallos, y en el que obvia aspectos recogidos en la denuncia, el
Ministerio Público resolvió en noviembre que no apreciaba indicios de
la comisión de alzamiento de bienes, administración desleal o tráfico de
influencias, en relación con la concesión de un crédito de 400.000
euros al padre de la presidenta de Madrid, Leonardo Díaz Álvarez, ya
fallecido.
Nunca llegó a devolver este crédito, del que aún
faltan por pagar más de 270.000 euros, pese a que fue concedido en 2011.
Varios correos electrónicos prueban que Ayuso, entonces en nómina del
PP de Madrid, medió para su concesión.
González, procesado en Lezo; Gallardón, desimputado
En el capítulo de causas de corrupción vinculadas a expresidentes de Madrid del Partido Popular, González fue procesado por el magistrado Castellón en el marco del caso Lezo,
en la pieza relacionada con la compra supuestamente fraudulenta de la
empresa brasileña Emissao, por parte del Canal de Isabel II, en manos de
la Comunidad de Madrid. Está procesado por fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
En abril, el mismo juez archivó, a instancias de
la Fiscalía, la investigación contra González y el también expresidente
de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, de su
partido, en el marco de la pieza por la compra -supuestamente también
fraudulenta- de la empresa colombiana Inassa, siempre por parte del
Canal Isabel II.
Los vaivenes de Almeida con Madrid Central: del odio al amor
En escasos meses, el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, ha pasado de ser la némesis de Madrid Central a
rendirse a sus encantos e incluso a presumir de los mismos, pese a las
trabas interpuestas por el PP, sea en la oposición o en el Gobierno de
la ciudad, a la medida estrella de la Corporación de Manuela Carmena.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. - EFE
En la campaña para las elecciones del 26-M, en las
que se hizo con el bastón de mando de la ciudad, Almeida llegó a
imprimir su imagen bajo el mensaje “Con Almeida Madrid Central se acaba el 26 de mayo”.
Seis meses después, durante la celebración
de la Cumbre Mundial por el Clima (COP25), el edil sacó pecho por la
implantación de esta área de bajas emisiones: “Está funcionando, como garantiza este equipo de Gobierno”, aseveró.
Obvió deliberadamente que varios juzgados paralizaron casi de inmediato la moratoria de multas de Madrid Central impuesta por su Gobierno municipal; una jugada que se saldó con un varapalo que le convenció de no seguir atacando a Madrid Central por este flanco.
Su estrategia, pese a la reducción de la
contaminación lograda con Madrid Central, pasa ahora por implantar
Madrid 360, vendido como una mejora de Madrid Central, pero que ya está
recortando la zona de bajas emisiones, abriendo calles ya cerradas al
tránsito de los vehículos más contaminantes.
Por si fuera poco, mientras vende las bondades de la iniciativa del Ayuntamiento de Manuela Carmena, desde enero Almeida permitirá a los vehículos pesados de más de 3.500 sin etiqueta ambiental su entrada en este perímetro. La norma lo prohibía desde enero de 2020.
Almeida blinda a Botella y evita recurrir su absolución por la venta de vivienda pública a los fondos buitre
Almeida estrenó su mandato haciendo todo lo posible por blindar -en contra de la voluntad del Pleno- a Ana Botella, exalcaldesa
de Madrid condenada en primera instancia por el Tribunal de Cuentas por
malvender 1.860 viviendas públicas del Ayuntamiento a fondos buitre. La
condena fue revocada por otra sala del mismo tribunal, gracias a los votos de dos consejeros afines al PP; Almeida hizo todo lo posible por cerrar las puertas al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y hasta destinó 14.500 euros de dinero público a costear un informe jurídico que ayudara a argumentar su rechazo al recurso.
En diciembre, este diario informó de que el
Tribunal de Cuentas, con los votos de los mismos vocales que ya habían
blindado a Botella en el pasado, denegó la petición de la edil del PSOE Mercedes González, que
había reclamado permiso para ejercer la acción sustitutoria, y por
tanto para presentar el recurso ante el Supremo, visto que el
Ayuntamiento decidió no hacerlo. Paralelamente, hay una causa abierta y pendiente de juicio oral en la vía penal, pero en ella ya no aparece la exalcaldesa.
Por otro lado, en diciembre el Tribunal Supremo
confirmó la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del
antiguo IVIMA a la empresa Encasa Cibeles, participada por el fondo de
inversión Goldman Sachs-Azora, en 2013. Entonces era presidente Ignacio González.
14 condenas de prisión permanente revisable
En 2019 se alcanzó la cifra de 14 condenados a prisión permanente revisable desde que se aplicó por primera vez en 2017. La prisión permanente revisable está recurrida ante el Tribunal Constitucional, si bien éste aún no se ha pronunciado al respecto.
Este año han sido condenados con esta pena la asesina del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, y José Enrique Abuín Gey, el Chicle, el asesino de Diana Quer.
El
año terminó con la condena a prisión permanente revisable a la mujer
que mató a su hija al intoxicarla con fármacos y asfixiarla en Bilbao.
En su sentencia, la magistrada Nekane San Miguel afirma que no tiene
otro remedio que condenar a la asesina a esta pena.
Aun teniendo en cuenta como circunstancia
atenuante la confesión de la acusada, no es posible aplicar una rebaja
sustancial de la pena ya que el Código Penal obliga a imponerla
“automáticamente”.
Situación anómala en la Justicia
La parálisis política ha desembocado en una
situación anómala en la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) en funciones nombró en 2019 a la cúpula judicial de los próximos cinco años, lo que hubiera correspondido a un próximo Consejo.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. EFE/Mariscal
Es obra del presidente interino, Carlos Lesmes, y
de la mayoría conservadora con la que dirige el órgano constitucional,
apoyado por un sector progresista.
La mayoría de los 46 altos cargos nombrados en 2020 son afines a Lesmes y al PP. De esta manera se condiciona la Justicia para los próximos 20 años, ya que entre estos nombramientos hay 18 magistrados del Supremo, que sólo pueden ser sustituidos por jubilación o renuncia.
Este procedimiento ha levantado múltiples críticas
y hasta la denuncia de asociaciones judiciales, que han llevado el caso
al Supremo controlado por Lesmes. La falta de transparencia en la
designación de la cúpula judicial en España ha sido denunciada en varias
ocasiones por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de
Europa.
Sin mujeres en la cúpula judicial
Más de 140 catedráticos y profesores de
universidad han protestado por la falta de mujeres en el Tribunal
Supremo. En las votaciones el CGPJ excluye a candidatas con igual o
mejor currículum que los elegidos.
A finales de noviembre, no obstante, la magistrada
Susana Polo fue elegida para entrar en la Sala de Gobierno del Supremo.
Ha sido la primera mujer en entrar en esta Sala en 8 años, un perfecto reflejo de la ausencia de igualdad real en estas esferas.
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