Impunidad,
crimen social y robo en supermercados, Enrique
Santiago Romero, Rebelión
Tal
y como ha explicado detalladamente el ex Relator de NNUU sobre el Derecho a la
alimentación y catedrático de la
Universidad de Ginebra, Jean Ziegler, cada cinco segundos, un
niño menor de diez años muere de hambre o por sus secuelas inmediatas. Cada
cuatro minutos, alguien pierde la vista debido a la falta de vitamina A. Hay
casi 1.000 millones de seres humanos gravemente infra alimentados, mutilados
por el hambre permanente. Y esto ocurre en un planeta que rebosa de riquezas.
Los estudios de las Naciones Unidas (FAO) constata que en el estado actual de
desarrollo de las fuerzas agrícolas de producción, el planeta podría alimentar
sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, es decir, el doble de la
población mundial actual.
”Esta masacre
cotidiana por el hambre no obedece a ninguna fatalidad. Detrás de cada víctima
hay un asesino. El orden mundial actual no sólo es mortífero, además es
absurdo. La masacre está instalada en una normalidad inmóvil. La ecuación es
simple: quien tiene dinero come y vive. Quién no lo tiene sufre, se convierte
en un inválido o muere. No existe la fatalidad. Cualquier muerte por hambre es
un asesinato.” (J.Ziegler)
En España, hemos
pasado de considerarnos entre las ocho principales economías mundiales y pelear
asiento en el G-7, a
ser el país de la UE
con mayor numero de parados –casi seis millones- y de pobres: doce millones y
medio en 2011 (Caritas), de ellos al menos dos millones y medio son menores.
Y si a diario este
sistema capitalista de libre mercado en que vivimos viola impunemente el
mas sagrado de los derechos de las personas – el derecho a la vida y la
integridad personal- , que no ocurrirá con el resto de los derechos económicos
y sociales, cuyo incumplimiento también mata, pero más lentamente, mas
alevosamente: el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la
sanidad, la educación, a disfrutar de un medio ambiente saludable y
adecuado..etc. Todos ellos son derechos incumplidos, restringidos, suspendidos
o eliminados.
La impunidad se
define según NNUU como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de
responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda
investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso
de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso la
indemnización del daño causado a sus víctimas”.
La impunidad es
incompatible con el disfrute de los derechos humanos, la paz, la
democratización y la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y menos
aun de un Estado Social. Tradicionalmente la impunidad se ha manifestado
vinculada a graves violaciones de los derechos civiles y políticos, crímenes
contra la humanidad que difícilmente podían pasar desapercibidos. Pero la Impunidad alcanza igual
de gravemente al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, no
siendo perseguidas jamás las violaciones de estos derechos. La globalización de
los mercados –incluido el de la comunicación- nos muestra la cotidiana negación
de los derechos económicos y sociales y sus consecuencias -el hambre- como algo
consustancial al sistema, que afecta a determinadas minorías de “perdedores”
que no han sabido adaptarse a un mundo cada vez mas desregulado.
La
Constitución Española de
1978 no incluye ninguno de los derechos económicos y sociales básicos para el
disfrute efectivo de un desarrollo integral como persona y de una vida digna,
entre aquellos susceptibles de ser reclamados mediante recurso de amparo
constitucional. Así, la CE
se desarma permitiendo en la practica la impunidad, no solo en materia de
crímenes de lesa humanidad -crímenes del franquismo- sino también respecto al
inmenso crimen contra toda la sociedad que constituye el sistemático
incumplimiento de los derechos económicos y sociales sobre los que se asienta
el contrato social sustento de los estados democráticos
Ello no significa
que no exista una obligación legal que afecta a todas las personas, físicas,
jurídicas o administraciones publicas, de respetar, cumplir, garantizar y no
impedir el disfrute de los derechos económicos y sociales fundamentales. Aunque
nuestra Constitución y el desarrollo legislativo de ella derivado lo haya
ignorado con mayor o menor intensidad, los Tratados internacionales suscritos
por España se sitúan en el vértice superior del sistema normativo interno, por
expreso mandato constitucional precisamente.
Desde la Declaración Universal
de los Derechos Humanos hasta la reciente proclamación por la Asamblea General
de las Naciones Unidas del Derecho a la Alimentación, pasando por el Pacto Internacional
de Derechos económicos y Sociales, en el Derecho Internacional vigente no hay
duda de la obligación legal de los estados y agentes no estatales de garantizar
y de no impedir el pleno disfrute de todos los derechos económicos y sociales
básicos.
En España se
asentó hace ya lustros la “cultura de la impunidad”, y ello a pesar de
existir un Poder Judicial que ejerce como tal y un largo brazo persecutor en
manos de todos los gobiernos, la
Fiscalia.
Es una lección
histórica que en aquellos países que, habiendo sido victimas de crímenes contra
la humanidad estos han quedado impunes, a continuación el fenómeno de la
corrupción ha arraigado tan fuerte en la sociedad que, junto a su aliado
natural la economía especulativa, han podido perpetrar el saqueo de la
población y de las instituciones, provocando el hundimiento de la economía del
país y el consecuente serio deterioro institucional y de la democracia.
Y también es regla
cada vez mas general que sin acabar previamente con la impunidad de los graves
crímenes de exterminio del adversario político, no hay forma eficaz de acabar
con la impunidad de los posteriores crímenes contra la sociedad cometidos por
quienes pueden hacerlo, quienes poseen el poder económico y político. Hablamos
de defraudaciones masivas, estafas hipotecarias múltiples, usurpación del
patrimonio publico mediante privatizaciones , fraudes masivos y millonarios a
consumidores y usuarios, usurpación de recursos públicos, prácticas contratistas
mafiosas, deuda publica injustificable, mercantilización de derechos sociales
etc.
Así ocurrió en
Argentina a final del Siglo XX, donde la impunidad de los crímenes de la Dictadura que acabo en
1983 provoco el hundimiento económico, social y político del país, -que llegó a
investir Presidentes por semanas- a través de la corrupción, la entrega masiva
de los recursos públicos al sector privado y el fraude bancario, todo ello
ocurrido ya en democracia. Fueron las leyes contra la impunidad de mitad de la pasada
década, respecto a crímenes contra la humanidad, y también respecto a crímenes
contra la sociedad, las que permitieron a Argentina arrinconar al viejo régimen
y poner en marcha un nuevo proyecto de país.
España, siempre a
un ritmo mas lento, viene repitiendo de forma temeraria todos los errores que
no hace tanto se cometieron en Argentina y tantos otros lugares, y no porque
quienes nos gobiernas sean ignorantes, sino porque son los principales
beneficiados por la impunidad. La impunidad es la de aquellos que cometieron
crímenes contra la humanidad para exterminar a sus adversarios políticos, y
después asentaron el actual marco constitucional. Es la Impunidad de sus hijos,
que posteriormente, educados en la cultura de la impunidad en la que crecieron
y convencidos de que los poderosos son intocables, cambiaron el Ejercito y la Administración por
los MBA, los bancos y las empresas constructoras. Y así vienen perpetrando el
grave crimen social que llevamos padeciendo cinco años, sin perspectiva clara
de que vaya a dejar de cometerse.
En este contexto y
con esta perspectiva, es de agradecer que los jornaleros del Sindicato Andaluz
de Trabajadores (SAT), con su mediática incursión en un par de supermercados,
nos hayan recordado que en España y en Andalucía se esta pasando hambre, y que
las causas son conocidas. Y es de agradecer que lo hayan hecho a la vez que se
ha dado a conocer la ultima Memoria de la Administración Tributaria
donde se indica que el 80% de lo recaudado en impuesto sobre la renta en este
país procede de los ingresos de los trabajadores, que declaran de media
ingresos de 20.000.- € año, mientras que la medida de ingresos declarada por
profesionales y empresarios son 8.000.- € año.
Con el Código
Penal en la mano, la incursión del SAT puede llegar a constituir un delito, y
este si, no quedará en la impunidad. Esperemos que una buena defensa jurídica
pueda conseguir penas leves o absoluciones. Respecto a las inconmensurables
cifras del fraude fiscal es obvio, no hay duda, de que estamos ante un gravísimo
delito, uno mas, un robo multimillonario a toda la sociedad, respecto al cual –
como respecto a los demás crímenes sociales que se cometen a diario- ni el
Ministerio de Interior, ni el de Justicia, ni la Fiscalia, consideran
necesario abrir diligencias de investigación en Agosto. De momento, este crimen
esta impune. Para el Gobierno, la incursión del SAT en Marcadona si amerita la
apertura de diligencias urgentes.
La deslegitimación
del Gobierno y del Estado para dar lecciones de ética jurídica, sobre robos y
otros latrocinios mas sofisticados y masivos, es evidente. Y esto debería
preocupar a cualquier gobierno que se hiciera llamar democrático, esa
deslegitimación de unas instituciones rebosadas por la impunidad de los
poderosos.
Izquierda Unida no
ha aprobado ninguna campaña de expropiaciones de alimentos en supermercados,
por lo que no es jurídicamente responsable de los hechos sucedidos estos días
en Andalucía. Pero Izquierda Unida si es consciente responsable, políticamente
hablando, de esos hechos, porque son evidente consecuencia del discurso que esa
fuerza política viene manteniendo desde hace años, mas claramente si cabe desde
el agravamiento de la actual “crisis”. Izquierda Unida acordó en su ultimo
Consejo Político Federal adentrarse en la vía de la desobediencia civil, no
para generar el caos, sino todo lo contrario, precisamente para contribuir a
atajar el caos provocado por la desregulación sistemática de derechos. Para
frenar y confrontar eficazmente el actual desmantelamiento de los pilares del
estado social y de la democracia que se está llevando a cabo impunemente.
Ante unas
instituciones que se amparan en la supuesta falta de capacidad del estado para
acabar con los crímenes sociales masivos que estamos padeciendo, los ciudadanos
tienen derecho a anteponer y crear otra institucionalidad que salvaguarde el
estado social y de derecho. ¿O acaso alguien en su sano juicio esta dispuesto a
que le usurpen el patrimonio vital que ha conseguido para sí y para sus
descendientes, con la excusa de la imprescindible utilización de los derechos
sociales como combustible de la economía?. El Estado cada día tiene menos
legitimación para exigir el cumplimiento de los códigos de convivencia cuando
estos fueron hechos añicos hace tiempo por mercados, transnacionales y bancos.
Ellos rompieron las reglas del juego, no los jornaleros del SAT
Es evidente que
Izquierda Unida va a apoyar y defender políticamente al SAT y a cualquier otro
colectivo que ponga en evidencia la privación de derechos fundamentales de las
personas y trabaje para garantizar los derechos vulnerados, recordándonos así
que la Constitución
en vigor establece que la propiedad privada siempre estará sometida al interés
general. A finales del 2012, en España no es creíble presentar como un atentado
contra la convivencia y el orden constitucional llevarse unos carros con
alimentos básicos de unos supermercados, propiedad de empresas con millonarios
beneficios, para entregárselo a familias con graves necesidades sociales.
Si el Gobierno
quiere seguir por el camino de la criminalizaciòn ejemplarizante de
estas actuaciones de desobediencia civil, se equivocara, y probablemente
acabara teniendo que hacer frente a mayor, si cabe, conflictividad social. El
pueblo español ha sabido perdonar los crímenes padecidos en el pasado, si ello
era en aras de un futuro en paz, libertad y con bienestar. Pero ni este ni
ningún pueblo permite ni perdona los graves y masivos crímenes sobre sus hijos
que hoy se están cometiendo impunemente y, al menos, con la pasividad de los
gobernantes. La obligación de cualquier gobierno es combatir eficazmente la Impunidad, toda la
impunidad.
Enrique
Santiago Romero es abogado y miembro de la Comisión Ejecutiva
Federal de IU
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