Los
portavoces de la plataforma “València sense Mordassa” anunciaron ayer en una
rueda de prensa la convocatoria de una manifestación contra la Ley Orgánica de
Protección Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, el próximo 30 de junio en
Valencia, un día antes de que la nueva legislación entre en vigor. Convocada por
unas 80 organizaciones sociales, entidades cívicas, partidos políticos y
sindicatos, la manifestación de Valencia se suma a las anunciadas en el resto
del País Valenciano (el día 30 en Castellón, Denia, Alcoi, Gandía y Villena; y
el día 1 de julio en Alicante) así como a las 40 organizadas en el estado
español y otros países.
En Madrid la campaña #SinMordazas ha organizado el 30 de junio una “sentada”
frente al Congreso de los Diputados, en la que los concentrados se amordazarán y
permanecerán en silencio diez minutos. Los organizadores han pedido que no se
lleve encima el DNI ni documentación personal “como acto de desobediencia
consciente y responsable, frente a las miles de multas que nos vienen imponiendo
por ejercer nuestro derecho de reunión”. Considerado como “el principio de una
lucha basada en la desobediencia civil”, la convocatoria no será presentada
formalmente a la Delegación del Gobierno.
Organizada a partir de la consigna “No te dejes amordazar. No permitas que
debiliten las libertades democráticas. ¡Ponte al lado de los Derechos Humanos!”,
la manifestación de Valencia recorrerá desde las 20,00 horas el centro de la
ciudad y terminará en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Después
de una primera fase de campaña informativa, ha destacado el portavoz de
“València Sense Mordaza” y miembro de la Plataforma Antirrepresiva El Micalet,
Manolo Colomer, “es el momento de salir a la calle frente a una ley con la que
el PP quiere acallar a la ciudadanía en vísperas de las elecciones”. Además, “el
gobierno pretende vaciar de contenido derechos ciudadanos como la libertad de
expresión”. A esta acción pública de la plataforma, seguirán otras en los
próximos diez días, ha anunciado el portavoz.
Acompañada de la Ley de Seguridad Privada y la Reforma del Código Penal, la
“Ley Mordaza” “nos supedita a instituciones tan arcaicas como la Delegación del
Gobierno”, ha asegurado Jesús March, miembro de la Plataforma “El Micalet”. El
portavoz ha señalado que puede plantearse una contradicción entre “gobiernos de
progreso”, como en el País Valenciano, “que planteen una mayor permisividad y
las leyes que procedan del gobierno central”. Sobre los cambios que introducirá
la Ley de Protección Ciudadana, Colomer ha explicado que entrar en una sucursal
bancaria para negociar la paralización de un desahucio, tendrá la consideración
de ocupación y delito. “Pero vamos a continuar haciéndolo, porque no aceptamos
una legislación que tutele la democracia; tendrán que ver como nos amordazan
porque pondremos en marcha acciones con el apoyo de centenares de personas”, ha
añadido.
En la rueda de prensa organizada frente a la sede del TSJ, la diputada
autonómica de Podemos, Fabiola Meco, ha afirmado que con “Ley Mordaza” no puede
hablarse de democracia. “Se está legislando de espaldas a la ciudadanía de una
manera muy peligrosa”. Por otro lado, el portavoz de Compromís en las Cortes
Valencianas, Vicent Marzà, ha asegurado que los parlamentarios de la coalición
estarán en todas las movilizaciones a favor de la libertad de expresión y la
democracia. Antes, incluso, de la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” han sido
muy habituales las identificaciones y multas, en muchos casos por la asistencia
a concentraciones no comunicadas o porque los agentes policiales consideran que
se produce una “llamada a actos ilegales”. Después de una manifestación de
“Juntes Sense Por” en febrero de 2015 se remitieron multas a algunos de los
asistentes sin que hubiera identificación previa por parte de la policía.
También se ha dado el caso de personas a las que se les han notificado sanciones
sin haber estado presentes en las concentraciones.
Los días 18 y 19 de junio “València sense Mordassa” organizó un taller con la
presencia de abogados expertos en Derecho Penal para informar a personas de los
movimientos sociales sobre los efectos de la “Ley Mordaza”. El 27 de mayo la
plataforma convocó una concentración frente a la Delegación del Gobierno en
Valencia, donde se recordó que la nueva legislación “busca silenciar les
protestas ciudadanas y blindar a las elites políticas y financieras”. De hecho,
pese a que lo que afirma el título de la ley, “no se otorgará más seguridad a
ningún ciudadano corriente”. Otro argumento esgrimido frente a la Ley Orgánica
de Protección Ciudadana (publicada en el BOE el 31 de marzo de 2015) es que no
sólo endurece las sanciones económicas, sino que a la hora de imponerlas
“facilita la arbitrariedad de los cuerpos policiales del estado”. Así, aunque la
ley entre en vigor el 1 de julio, “València sense Mordassa” recuerda que están
aumentando las sanciones “porque esperan que una lluvia de multas haga callar
las protestas”.
Entre los argumentos de autoridad citados por la plataforma contra la Ley
Orgánica de Protección Ciudadana figuran los del Relator de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la libertad de Reunión Pacífica, el Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa o 74 catedráticos de Derecho Penal de diferentes
universidades españolas, quienes han criticado las medidas incluidas en la “Ley
Mordaza”. Jueces y profesionales del derecho también se han mostrado en contra
del nuevo texto legal. Además, todos los grupos parlamentarios en las Cortes,
con excepción del PP, han presentado un recurso contra la ley en el Tribunal
Constitucional (el Parlamento catalán también aprobó la interposición del
recurso el 19 de junio, con 114 votos a favor de todos los grupos y los 18 en
contra del PP).
Unas 80 asociaciones, plataformas, sindicatos y partidos políticos firmaron
el 27 de mayo un “Acuerdo de Defensa Mutua” frente a la aplicación de la Ley de
Seguridad Ciudadana y las modificaciones del Código Penal. Los cuatro puntos del
acuerdo comprometen a los colectivos firmantes a “continuar con todas las
acciones de denuncia y protesta”; al compromiso de defensa mutua y solidaridad,
por el cual cualquier organización podrá pedir “la actuación solidaria y
colectiva del resto de organizaciones”; el apoyo a todas las personas
represaliadas de manera que pueda lograrse la anulación total de las sanciones;
y a un “desafío sereno del autoritarismo, el ejercicio tranquilo y sin miedo del
derecho de manifestación y de protesta”. El acuerdo reivindica, por último, el
derecho a la resistencia y se reafirma en que por esa vía “no retrocederemos”.
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