Bolivia: el golpismo del siglo XXI y sus crímenes contra la humanidad. Por Anfruspor La pupila insomne |
La dictadura persigue a los “narcotraficantes”, “vándalos” y “terroristas”, es decir: los movimientos sociales, antiguos miembros del gobierno, campesinos e indígenas que se manifiestan y son asesinados por el ejército (35 muertos y más de 800 heridos). El gobierno de facto criminaliza a las misiones internacionales de observación de derechos humanos, a la defensoría del pueblo e incluso a los periodistas, tildándolos de “guerreros digitales” o “terroristas informáticos”.De ese modo pretende enterrar la verdad bajo una montaña de falsas acusaciones.
Ultimátum a la democracia, desfile del neofascismo
Desde las elecciones del 20 de octubre,
Bolivia atraviesa una crisis política que dista mucho de haber
terminado. En el marco de un proceso electoral que recibió especial
atención por parte de los medios de comunicación internacionales,
el vicepresidente del Tribunal Electoral renunció por oscuras razones,
lo que arrojó una sombra de sospecha sobre la victoria de Evo Morales
por un 47,08% de los votos emitidos. Una diferencia del 10% (648.180
votos) sobre el ex presidente derechista y candidato
Carlos Mesa fue suficiente para ganar las elecciones en la primera
vuelta.
De hecho, Mesa no esperó a los resultados
para denunciar lo que para él era un fraude anunciado: lo había estado
prediciendo durante meses. ¿Profecía auto cumplida o huida hacia
adelante? En agosto, las acusaciones de malversación
de fondos que datan de cuando era vicepresidente de Bolivia en 2002
habían sido perjudiciales para su imagen…Mientras tanto, el
multimillonario Fernando Camacho, cuyo nombre aparece en los «Papeles
panameños» y quien había perdido una lucrativa participación
en el mercado en sus contratos de distribución de gas cuando Evo
Morales llegó al gobierno en 2006 y decidió nacionalizar los
hidrocarburos para renegociar los contratos, anunció un plazo de 48
horas para que Evo renunciara.
Fue en aquel contexto cuando la violencia de la oposición se desató con una furia desconocida: ardieron los tribunales
electorales departamentales y sedes del
MAS, sus representantes como la alcaldesa de Vinto en Cochabamba
Patricia Arce, el ex viceministro de interculturalidades Feliciano
Vegamonte fueron
linchados y agredidos…pero también los directores de medios como Bolivia TV y de la Radio de la CSUTCB (Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos), José Aramayo, siendo este último amarrado a un árbol, dando lugar a una escena
más propia de la Inquisición medieval.
El presidente de la cámara de diputados Víctor Borda dimitió tras denunciar el
incendio de su casa y el secuestro y agresión en su domicilio de su
hermano, el abogado Marco Antonio Borda, por miembros del “Comité Cívico
de Potosí”. Días después su hermano hizo público un video dirigido
a los organismos internacionales, mientras se encontraba en recuperación en una cama de hospital. En él, denunciaba que “aparentemente
había órdenes de atentar contra mi vida para pedir la renuncia de mi
hermano (…) Si el Presidente no hubiera renunciado,
mi vida habría estado en peligro”. El ministro de minería César Navarro también renunció al
cargo tras el incendio de su domicilio en Potosí y el intento de
ahorcar a su sobrino. Un mismo guión meticulosamente aplicado por
delincuentes actuando bajo la cobertura de supuestos “comités cívicos”, financiados por
Fernando Camacho. Todo encaja: el mismo Camacho amenazó sin escrúpulos a
quienes resistiesen al golpe, diciendo que tenía preparada una lista
negra de
“traidores” a lo Pablo Escobar.
Interludio tocado con maestría por la OEA, partitura escrita por Washington
Con vistas a las elecciones del día 19 de
octubre, Bolivia había implementado todas las recomendaciones de la
Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la mejora del
proceso electoral. Se habían dado varias reuniones entre
el gobierno de Evo Morales y el secretario Almagro. Era necesario
asegurar la “transparencia” y la “credibilidad” tan deseadas, frente a
las sospechas habituales dirigidas hacia los gobiernos considerados
“populistas”. El sistema de conteo rápido llamado
TREP formaba parte de ese mecanismo tranquilizador… Pero ese supuesto
chaleco salvavidas resultó ser un arma arrojadiza. El engranaje de la
manipulación mediática se engrasó a la perfección, al pretender borrar
el recuento tradicional en un país donde el voto
rural e indígena ha sido históricamente favorable al MAS.
El ex vicepresidente del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) Antonio Costas, quien dimitió de su cargo, no lo hizo
por cuestionar el funcionamiento del conteo rápido TREP, al que
consideraba positivo ya que “genera mucha confianza y
desalienta el fraude”. Sin embargo creyó que “el proceso pudo
interrumpirse por un hackeo” de una empresa concurrente de la
auditoria”. Después de verificación por Costas y el TSE, los datos del
TREP después del paro detectado como un hackeo eran iguales.
Porque, cuando dieron el primer reporte “el avance estaba muy fuerte, con alrededor del 10%”. Según Costas, “la data no fue modificada”: “Los
ingenieros de la OEA estuvieron todo el rato con el TSE en el momento
de la transmisión del TREP, tomando
fotografías del avance muy seguidas y el TSE tenía un avance hasta las
22h de casi el 94 %, pero habíamos suspendido la información al 83 %.
Era del conocimiento de la OEA que el desarrollo del 83 al 94 % en un
periodo razonable con 380 operadores transmitiendo
la información”. Tampoco hubo violencia en el transcurso de la jornada electoral: “más de 200 observadores han certificado la tranquilidad de la jornada”.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, aclaró que la TREP “fue suspendida para evitar confusiones con el resultado del sistema de cómputo de las departamentales”. La
funcionaria aseguró
que decidieron suspender este sistema porque los tribunales
Departamentales arrancaron con el cómputo oficial y el TES no podía “tener funcionando dos resultados a la vez”. Según el Canciller Diego Pary, “no hubo interrupción en el TREP”, sino
que el conteo oficial lo reemplazó. Pero “a solicitud de las
misiones de observación se reinició el conteo TREP 24 horas después. Se
dio a conocer una nueva tendencia, incorporando votos de regiones más
alejadas del país”.
El golpe de estado en Bolivia ha sacado a la
luz el doble juego de la OEA. De inmediato anunció, incluso antes de
que fueran conocidos los resultados finales, que el proceso electoral no
era creíble. El departamento de Estado EEUU
se apresuró a afirmar que
“los Estados Unidos apoyan
fuertemente el informe de observación de la OEA del 23 de octubre, que
revelan un número de irregularidades que requieren ser enmendados”. Así dejaba claro al “mundo libre” cuál era la posición del gendarme mundial hacia el proceso electoral boliviano.
El gobierno de Evo Morales aceptó entonces
su propuesta de enviar una misión de auditoría. Pero el candidato Mesa
rechazó la misión de la OEA, reavivando las llamas. El coordinador de la
auditoría electoral de la OEA hasta tuvo
que dimitir para darle credibilidad al informe, ¡al ser el autor de
una serie de artículos contra el gobierno de Morales! Aun así Evo
aceptó a su sustituto y se comprometió a que el resultado fuera
vinculante. Finalmente, el comunicado
preliminar de la auditoria de la OEA sobre el proceso electoral
llegó una semana después, adelantándose dos días a la fecha prevista. No
era de extrañar que denunciase irregularidades. El Presidente Evo
aceptó pues nuevas elecciones. Pero Mesa y Camacho
los rechazaron. A pesar del anuncio del presidente Evo de respetar las
conclusiones del informe OEA y permitir nuevas elecciones, la oposición
siguió su estrategia golpista. Su objetivo era preciso: echar por la
fuerza a Evo, perseguir al masismo y de ese
modo acabar con un sujeto histórico colectivo.
Poco antes de su discurso de renuncia, Evo
Morales reconoció que la OEA había hecho “un informe político y no
técnico”. Por haber superado otro intento de golpe poco después de
llegar a ser presidente en 2006, el gobierno de Evo
pudo haberse preparado ante esa eventualidad. Los cables confidenciales
de wikileaks podrían haber ayudado incluso a anticipar el modus
operandi. El 21 Agosto 2009, Hillary Clinton preguntaba a su embajada en
La Paz: ¿qué tan preparada esta la oposición
para usar la violencia en caso necesario? ¿Tiene algún plan para
contrarrestar las fuerzas de seguridad con fines defensivos u
ofensivos? En otro cable el 10 Septiembre 2009 Hillary insistía: «¿los
lideres o grupos de la oposición planean protestar
o manifestarse si sospechan de un fraude en las elecciones? ¿Tienen un
plan para abstenerse de votar o intentar cometer fraude?”.
En contraste con la celeridad con que la OEA hizo público su primer comunicado incendiario, el informe
final llegó con gran demora casi un mes después, el 4 de diciembre. En respuesta, un centenar de expertos internacionales ha
exigido que “retire sus declaraciones engañosas sobre las
elecciones, las que han contribuido al conflicto político y han servido
como una de las ‘justificaciones’ más utilizadas para consumar el golpe
militar”. Tomando en cuenta semejante precedente,
así como los ejemplos recientes de la injerencia de la OEA en los casos de Nicaragua y
Venezuela, será necesario que los pueblos saquen sus propias
conclusiones. Después del golpe en Bolivia, ¿qué país tomará en serio a
la OEA, capacitándola para otorgar certificados de democracia?
La guerra mediática en su punto álgido
Con el telón de fondo de la sospecha de
fraude debidamente mediatizada, la violencia tomó cada vez mayor
dimensión, aunque fue tolerada. Tras ser señalados como partidarios del
gobierno, los periodistas y los trabajadores de los
medios de comunicación de servicio público fueron atacados, humillados e
impedidos de trabajar. La policía parecía no actuar después de que la
oposición fuese a su encuentro y la convenciera de unirse al golpe.
Probablemente fue preparado con antelación. El
amotinamiento de fuerzas policiales en Cochabamba y otros
departamentos fue debidamente escenificado y mediatizado mediante
pancartas donde se anunciaba “No queremos diálogo ¡Todos juntos por la democracia!” y
otras donde se visualizaba una grosera caricatura del presidente Evo
colgado boca arriba por sus partes íntimas. La guerra psicológica y
mediática alcanzó su punto
álgido al lograr que el miedo se apoderase del masismo, a medida que
los ataques criminales de la oposición contaban con la pasividad de las
fuerzas policiales y del ejército acuarteladas. Con su ayuda se pudo
llevar a cabo una auténtica estrategia de terror:
los miembros del gobierno fueron amenazados, secuestrados, sus
domicilios privados fueron incendiados en total impunidad, y terminaron
renunciando a sus cargos bajo la presión de represalias contra sus
familias.
A la izquierda, motín policial de
Cochabamba saludado por civiles equipados con cascos, porras y
lanzacohetes artesanales (foto: France 24). A la derecha, infantiles
ilustraciones difundidas en las redes sociales por la Unión
Juvenil Cruceña, destinadas a maquillar la violencia.
En aquellos momentos, con la traición de las
fuerzas de seguridad se jugó el destino de la Bolivia plurinacional.
Fue el acontecimiento que hizo inclinar la balanza a favor de una
estrategia golpista pensada como un conjunto de fuerzas
combinadas. Una oposición fabricada a
golpe de dólar cuyo único fin era sabotear la democracia. ¿Su
objetivo? Permitir de nuevo el saqueo de las riquezas nacionales e
impedir el desarrollo industrial de Bolivia a partir de sus importantes
reservas de litio.
El comando militar entró en escena:
«sugirió» al presidente Morales que renunciara a la presidencia por el
bien del país. El 10 de noviembre Evo Morales se vio obligado a dimitir
para poner fin a la violencia de la oposición y evitar
un baño de sangre. Significativamente, los grupos de choque o
motoqueros salieron
a festejar la llegada de lo que consideran democracia… ¡muchos de ellos todavía encapuchados!
Una vez consumado el golpe, esas mismas
fuerzas salieron a reprimir sin ningún reparo a quienes resistían,
mientras los medios privados les calificaban de “turbas”, “vándalos”
o “radicales”. Contrariamente a la idea que uno podría hacerse de una
“dictadura” instalada desde hace 14 años, la prensa privada combinada
con el uso de las redes sociales jugó un papel crucial al justificar el
golpe de estado mediante una campaña de propaganda
donde se invertía el papel de la víctima y el agresor y se demonizaba
al presidente Evo Morales. ¿En qué régimen tiránico los medios hubieran
podido ponerse tan abierta y libremente del lado de sectores
golpistas?
Es hora de llamar a los hechos por su
nombre. Los grupos neofascistas jugaron un papel decisivo en este
verdadero golpe de estado. Se les reservó un lugar privilegiado,
favoreciendo la organización de milicias armadas que actuaran
en cooperación con las fuerzas policiales. Grupos como la Unión Juvenil
Cruceñista, definida por la Federación Internacional de Derechos
Humanos como “grupo paramilitar fascista”. El 25 de noviembre sus
miembros ocuparon la sede de la Federación Sindical de
Trabajadores Campesinos de Santa Cruz para quemar sus equipos y
documentación. En Bolivia, los matones y los militares están ahora
haciendo sus propias reglas. Es imposible imaginar en el contexto actual
ningún tipo de “transición” sin que continúe el derramamiento
de sangre.
Imputar las Masacres a las propias víctimas
El viernes 15 de noviembre, una marcha de
campesinos de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba se encontraba
en el puente Huayllani, desde Sacaba hacia Cochabamba. Ese lugar
estratégico de conexión con la capital del departamento
fue el objeto de un importante despliegue para evitar que los cocaleros
del Chapare entrasen a la ciudad. El resultado fue una sangrienta
masacre cuyo resultado fueron 9 víctimas mortales y decenas de
heridos. A través de videos grabados por los propios campesinos se pudo
evidenciar el sobre exceso de armamento químico. Además, varios
testimonios evidenciaron el uso de armamento bélico utilizado
por soldados desde helicópteros que sobrevolaban el lugar. El mismo
día, Jeanine Añez había firmado el decreto 4078 que permitía a las
Fuerzas Armadas el uso de armamento bélico sin responsabilidades
ulteriores, con el objetivo de neutralizar a los movimientos
sociales a favor de Evo Morales. En dicho documento también
especificaba que todas las entidades públicas y privadas del Estado
debían prestar apoyo a las Fuerzas Militares. Los medios y redes
sociales inocularon en las mentes la descabellada idea de que los
miembros de la marcha se habían disparado entre ellos para llamar la
atención, y que la represión del gobierno estaba justificada para
“pacificar el país” tras el golpe.
En Senkata, El Alto, tuvo lugar una nueva
masacre que los medios privados justificaron como una suerte de “ataque
preventivo”, esgrimiendo la idea de que los manifestantes, presentados
como “terroristas”, habrían buscado provocar
una explosión de la planta de gas que hubiese hecho desaparecer la
ciudad de El Alto.
La presidenta de facto Añez no escatimó recursos en presentar al agresor como una víctima y viceversa: “nosotros en ningún momento pensamos atacar, a nosotros nos estaban atacando (…) del Ejército no salieron balas (…) Había
información de gente experta diciéndonos que si en Senkata le llega una llama puede volar El Alto”. Quienes concibieron ese tema alcanzaron
la cima en el arte de la propaganda. Sin embargo, contrariamente a la
mentira repetida mil veces de que el ejército no disparó “ni una sola
bala”, diferentes testimonios afirman
que las victimas mortales fueron tomadas por blanco desde helicópteros.
Durante su misión de observación, la CIDH
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos), nada sospechosa de
parcialidad a favor del gobierno de Evo, recogió numerosos testimonios
de las masacres de Sacaba y Senkata y denunció que
actualmente no existe “ninguna garantía de independencia del poder
judicial” en Bolivia. Como respuesta, el 6 de diciembre la presidenta
autoproclamada aprobó el “decreto supremo 4100” con el objetivo de
indemnizar a los familiares de los 35 fallecidos y centenares
de heridos por la represión que ella misma ordenó. ¿El precio para
comprar su silencio? 50.000 bolivianos, poco más de 7 mil dólares. Un
“chantaje” en toda regla para los portavoces de las víctimas, que ya han
anunciado su voluntad de llevar el caso a las
Naciones Unidas. De inmediato un grupo de portavoces respondió: “no
queremos su plata, es un chantaje”. El silencio de las víctimas no se
compra. La CIDH declaró su
preocupación ante el decreto, por incluir una cláusula que
imposibilitaría el recurso de las víctimas a instancias internacionales
para reclamar sus derechos. Ello representaría una violación a los
compromisos asumidos al ratificar el Estatuto
de Roma, en particular el principio de imprescriptibilidad en materia de crímenes contra la humanidad.
Frenética persecución político-judicial
La persecución, las detenciones arbitrarias y
las amenazas de muerte contra los responsables del gobierno destituido y
sus familias aumentan día a día. El mismo patrón utilizado para lograr
el golpe se mantiene activo hasta alcanzar
la meta de la dictadura: acabar con toda resistencia frente al golpe.
Es así como se sigue deteniendo preventivamente a todo aquel que pueda
servir de chivo expiatorio para blanquear sus crímenes.
Durante las últimas semanas la Defensoría
del Pueblo de Bolivia, que se limita a realizar una evaluación de los
derechos humanos y a contar las víctimas, ha sufrido hostigamiento y se
les impidió a
sus trabajadores ejercer su labor. Su representante en Cochabamba el Sr. Nelson Cox cuestionó “el
rol que desempeñan la Fiscalía y la Policía con respecto a los cercos y
protestas en las instalaciones de la defensoría, tildándolos de
permisivos ante actos
de agresión”. La mera existencia de esa organización es algo
inaceptable para los golpistas. Rabiosos ante esa pequeña muestra de
resistencia, los representantes del gobierno de facto incitan a sus
seguidores a agredir a los miembros de la Defensoría
incluso en sus domicilios
privados: “Han efectuado explosiones de petardos en mi
domicilio, me han sindicado por la comisión de ilícitos, de
narcotraficante, de asesino, de terrorista (…), han efectuado amenazas
en contra de mis hijas y mi familia” – declaró el Sr. Cox.
Lejos de estar satisfecho con haber tomado
el poder por la fuerza, el gobierno de facto es consciente de que su
legitimidad pende de un hilo. Razón por la cual la represión debe tomar
un cariz prominente hasta la organización de
las próximas elecciones. Sin tardar, unas unidades especiales
antiterroristas fueron presentadas con gran pompa, anunciando los próximos crímenes que quedarán impunes…
Sin miedo al ridículo, el 6 de diciembre la autoproclamada presidenta anunció la creación de un
“comité interinstitucional de defensa a las víctimas por motivos políticos e ideológicos de los últimos 14 años”. Poco antes, Añez había
felicitado al portavoz de las bandas paramilitares que
aterrorizaron a la población en los momentos decisivos del golpe,
actuando con la complicidad de la policía y el ejército (incendios de
casas, linchamientos, ataques racistas, etc). Y por si todavía
hacía falta demostrar a quienes Añez considera víctimas, el mismo día se
liberó a cuatro mineros condenados por la tortura y asesinato del viceministro del interior Rodolfo Illanes en
agosto de 2016.
El 11 de noviembre, la presidenta y el ex
vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Maria Eugenia
Choque y Antonio Costas, fueron detenidos
junto a 34 vocales.
El 27 de noviembre se detuvo preventivamente
al gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu, por “abandono de cargo”, después de que hubiera renunciado el 10 de noviembre.
El 3 de diciembre, la ex ministra del desarrollo productivo Susana Rivero Guzmán denunció “Amenazas de muerte a mi hijo, destrozos en nuestra pequeña casa en La Paz y un clima hostil de amedrentamiento a la familia”. Por
esa razón, anunció su voluntad de “acudir a instancias internacionales de protección de derechos humanos”.
El 4 de diciembre, el ex vocal del TSE (Tribunal Supremo Electoral) Idelfonso Mamani, fue detenido. Lean la acusación: “se presume que el TSE adjudicó la impresión del material electoral a una imprenta, sin embargo, el trabajo
lo hizo otra”.
El 6 de diciembre se anunció la salida del
país del ex ministro de economía Luis Arce Catacora, quien pudo
beneficiarse del asilo ofrecido por México. El mismo día la ex ministra
de Comunicación Amanda Dávila fue acusada de utilizar
fondos de la Editorial del Estado para imprimir material de campaña del
MAS. Dávila denunció haber sido víctima de un montaje mediante una foto
de la visita de la hija de Morales.
Esta lista no exhaustiva nos permite
comprender que lo que está en curso es una frenética persecución
político-judicial contra todos los miembros de anteriores gobiernos de
Morales, arrojando una sombra de sospecha con el tema de
la corrupción, con el fin de impugnar y borrar por completo la memoria
de los 13 años del proceso de cambio en Bolivia, cuyo balance económico y
social ha sido mundialmente reconocido, en particular mediante la reducción
de la pobreza extrema en un 23 %.
Confesión de crímenes contra la humanidad
Porque la mejor defensa es el ataque, el
“ministro de gobierno” Murillo, quien incitó a ir de “cacería” contra
miembros del gobierno destituido y trató de intimidar a quienes les
defendieran, ha hecho pública su intención de llevar
a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya “por
crímenes de lesa humanidad”, culpándole de las 35 víctimas mortales,
incluso después de su dimisión y exilio del país. Endosarle a un
presidente depuesto la responsabilidad de las víctimas de
un régimen que ha militarizado el país y reprimido la protesta, es
hacer gala de una osadía sin límites, o bien una manera de convencerse
de la impunidad con la que cree poder contar después de haber
reanudado plenas relaciones con Estados Unidos.
Sin duda Murillo trata de utilizar todo lo
que esté a su alcance para invertir la víctima y el agresor. Es así como
ha tratado de presentar al
vicepresidente Alvaro Garcia Linera como “terrorista confeso” y “narco
guerrillero”, reactivando el imaginario de las dictaduras durante la
Guerra Fría. También ha difundido ampliamente un
audio en el que supuestamente se escucha a Morales alentando a
bloquear las ciudades con el objetivo de que la población resista al
golpe. Ya se trate de un documento auténtico o falso, el preámbulo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, claramente inspirado en la declaración francesa de 1789, prevé
de manera implícita el derecho a la rebelión en situaciones marcadas por
la ausencia de garantías democráticas y constitucionales: “es
esencial que los derechos humanos sean protegidos
por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Ilegítimo, el gobierno de facto de
Añez-Murillo fue impuesto por un ejército cuya primera misión ha sido
aplastar la protesta y aleccionar al pueblo humilde de las zonas
rurales, despojándole de su derecho al voto y su participación
en la vida democrática tras siglos de exclusión. Su previsible función
es la de ocultar y justificar la actual ola de represión. Pero el digno
pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia lleva en las espaldas una
experiencia de siglos resistiendo con férrea
determinación a la tiranía del colonialismo y sus sucesores. Es hora de
comprender que las campañas de desinformación son un mecanismo global
cuyo objetivo es quebrantar la soberanía de los pueblos del mundo y
derrumbar los puentes de solidaridad. El apóstol
de la independencia cubana José Martí lo resumió de manera inmejorable:
“Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos” .
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