A LOS SEÑORES DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE
MURCIA
CON EL DEBIDO RESPETO, QUIEN SUSCRIBE, TIENE A BIEN, PRESENTAR PARA QUE SE DEBATA EN LA ASAMBLEA, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN NO
DE LEY SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PENSIONES Y SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS
DIGNOS DE LAS PERSONASA MAYORES DE NUESTRA REGIÓN:
Que de conformidad con el respeto y obligación al mandato
constitucional de los legisladores a la observación y cumplimiento efectivo de
los articulos 41 al 50 y 148.1, parrf. 20º de la Constitución española de 1978,
y demás normas de desarrollo, como son los artículos 9 y 10 del Estatuto de
Autonomía de Murcia, así como el propio artículo 30 de desarrollo de la Ley de Transparencia
y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Y con base a estas Leyes
fundamentales constitucionales, conformada con la soberanía popular, es por lo
que nos dirigimos a todos los diputados elegidos democráticamente, que por la
misma razón democrática señalada, están obligados a defender y desarrollar, los
derechos fundamentales de todas las personas, y en especial, a los trabajadores
que toda su vida han contribuido con su trabajo productivo al sostén del Estado,
y que una sociedad civilizada todo ser humano, que por la razón que fuere se
encuentra desamparada y sin recursos, tiene el legítimo derecho de vivir una
calidad de vida acorde a su dignidad humana, haya producido más o menos, con
criterios justos y equitativos, sus necesidades vitales básicas, siendo deberes
inexcusables de la ética jurídica del Estado y de los diputados en particular
en legislar en esa dirección.
Por tanto, nos dirigimos a la Mesa de la Asamblea
Regional de Murcia, para que este escrito sea tramitado a una Comisión parlamentaria
Especial constituida “ad hoc” para la realización de una investigación objetiva
y exhaustiva sobre las pensiones públicas y servicios sociales públicos de los
mayores con todas sus circunstancias, para lo cual, requerirá a las
Administraciones Públicas competentes, tanto Central como Autonómica, todos los
datos económicos, sobre situación real de las pensiones públicas, tanto
contributivas como no contributivas, así como las prestaciones sociales
públicas complementarias y de la dependencia en la Región de Murcia. Teniendo
en cuenta que las pensiones contributivas son muy bajas en el Estado Español en
torno a los 1.000 € y más bajas todavía en la Región de Murcia que es de 900 €, siendo totalmente
insuficientes, teniendo en cuenta la carestía de los servicios públicos,
alquileres, electricidad, combustibles, gasolina, gas, telefonía, agua,
transporte, medicinas etc. etc. todos esos servicios públicos superan con
creces mes a mes en su coste las cuantía dinerarias recibidas de nuestras
ridículas pensiones, por tanto, que queda para alimentos, ropa, y otros gastos,
y no digamos para ocio, es INACEPTABLE, la situación. Y las prestaciones sobre
la Dependencia son insuficientes, a veces insultantes para la dignidad humana. Siendo
las pensiones europeas muy superiores y la Carta Social europea recomienda en
torno 1.100 €.
Y una vez realizado, ese estudio de investigación, se
dé cuenta al plenario para el debate de elaboración de una Ley sobre las
pensiones públicas, que será elevada al Gobierno Central del Estado para la
redacción de una Ley Orgánica Integral Estatal sobre las pensiones públicas y
prestaciones sociales dignas para todos los ciudadanos garantizadas por el
Estado, y estando a cargo de los Presupuestos Generales, de la misma forma que
todos los Ministerios, sin ninguna otra diferencia ni particularidad. Esta Ley
tendrá, asimismo, que crear un Órgano Representativo de los pensionistas,
mediante el cual participen de forma democrática y directa, en todas las
medidas que afecten al derecho fundamental de las pensiones, estando
constituido dicho Órgano por la variedad geográfica democrática del territorio
plurinacional del Estado, y sus necesidades, debiendo estar presente éste
Órgano en la Comisión de las Cortes competente en la materia de la Seguridad
Social, desapareciendo el obsoleto, anacrónico e inútil “Pacto de Toledo”, que en
modo alguno, ni representa a los pensionistas, ni defiende nuestros derechos
fundamentales constitucionales, sino a intereses lucrativos obscuros y espurios
de negocios privados individuales, como es manejar el dinero del colectivo de
pensiones. Y esto es un derecho fundamental constitucional, no se pueden lucrar
con derechos fundamentales, de ninguna de las maneras, ni tan siquiera, en su
gestión. Esta ley Orgánica tiene que ser vinculante y de invocación directa por
cualquier pensionista ante la jurisdicción ordinaria, ante cualquier conflicto
de derechos. Así como su revalorización dineraria será anual de conformidad al
IPC real legal.
Asi también, esta futura Ley, deberá modificar el
Capítulo III de la Constitución, “De los principios rectores de la política
social y económica”, artículos 39 al 52, dando nueva redacción a dicho capítulo
y artículos quedando como derechos sociales humanos fundamentales y
universales, de invocación por todos los ciudadanos y de aplicación y vinculación
directa de todos los poderes públicos del Estado. Y estando garantizadas dichas
pensiones y prestaciones por el Estado con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. Así como derogando el punto tres del artículo 53 de la
Constitución, para no hacer de secante de los artículos Capítulo Tercero.
Esta Ley desarrollará la normativa de la Seguridad
Social que afecten a las personas mayores, y/o personas discapacitadas físicas
o mentales por cualquier causa, como son:
1) Desarrollar la Ley de la Dependencia.
2) Incluir la asistencia geriátrica en los Centros de
Salud, Hospitales y residencia de Mayores para elevar la calidad de vida.
3) Vigilar la soledad de los mayores por humanidad y
justicia.
4) Todos los mayores deben poder elegir ser atendidos
médicamente por especialistas en su domicilio o en un Centro de Salud adecuado
a sus necesidades y circunstancia.
5) Crear Residencias de Mayores de calidad, sufragadas
públicamente, accesibles a todos los mayores, con alojamiento y manutención, y
asimismo tengan atenciones médicas, psicológicas, sanitarias, sociales,
lúdicas.
6) Que cada persona mayor elija libremente en última
instancia, si quiere la atención en su casa o en una Residencia.
7) Eliminación a los mayores del copago farmacéutico de
forma absoluta.
8) Todos los servicios públicos a los mayores deben
ser de calidad, y gestionados pública y democráticamente con cargo al erario
del Estado.
9) Reducciones en los transportes, luz, agua,
teléfonos, cines, viajes turísticos y lugares de ocio y cultura.
10) Parque de viviendas dignas para rentas bajas de
mayores adecuadas sin barreras arquitectónicas, dotadas de calefacción y de climatización
incorporada.
Asimismo, por último, desmontamos los mitos falsarios,
manipulados y tergiversados machaconamente por los mas media de la
desinformación que las “pensiones son insostenibles”.
La primera falsedad es que las pensiones tienen que
tener un equilibrio presupuestario, ¿porqué razón?. Un presupuesto puede tener
déficit, superávit y equilibrado sin ningún problema, y la pensión también, por
eso es la primera falacia.
La segunda falacia, es la demografía, consideran que
la proporción de ancianos en la población crece, y son demasiados para
mantenerlos, eso no sólo es falso, sino que es delictivo, semejante afirmación.
Pues del año 1950 al 2000, el aumento de mayores fue de un 0’358%, y del año
2000 al 2056, según estudios prospectivos el aumento de mayores, será de unos
0’358%, como se observa apenas significativo. Así que el motivo no es la
demografía, sino otro mucho más espurio, es que los mayores no producen
beneficios.
La tercera falacia, que fomentan los medios y nos
aterrorizan con el miedo, es que la relación entre trabajadores en activo y
pensionistas se reduce, haciendo insuficientes las cotizaciones. Otra vil
falsedad. Volvemos al mismo argumento de antes, para financiar las pensiones lo
que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos
trabajadores la producen. Se olvidan del cambio tecnológico. Luego es cuestión,
de criterios distributivos justos.
La cuarta falacia, es el cuento que no hay dinero.
También otra media verdad falsaria. Omiten que la producción de riqueza aumenta
cada año, pues ya desde los años ochenta los datos oficiales, a pesar de la
crisis, el PIB, ha aumentado de media alrededor del 2%. El PIB per cápita,
traducido en euros, en 1980 era de 4.277€, en 1995, cuando se firmó el Pacto de
Toledo, era de 11.800€, y en 2017, 40 años después es de 25.000€. ¿Cómo se
puede decir que no hay dinero? ¿No será más bien un problema de cómo se
distribuye el dinero de todos (la renta del país) y en qué manos se encuentra?
Y la quinta y última falacia, es que las pensiones
públicas en el Estado español son demasiado elevadas. Otra falsedad manifiesta.
Las pensiones en el Estado español, más bien son de miseria. No se puede vivir
dignamente con pensiones de 650€ y 1.000€ mensuales. La pensión media de hombre
no llega a los 1.000€, y la de mujer no llega a los 800€, es decir, pensiones
de mendicidad.
Por último, el dinero en pensiones en el Estado
español es de unos 9% del PIB y la media de Europa es de un 14%, y muy lejos de
Francia que emplea el 15% de su PIB.
Este documento es aprobado por unanimidad democrática
de las organizaciones de pensionistas para la toma en consideración de todos
los grupos parlamentarios de las propuestas formuladas para desarrollo de los
derechos fundamentales constitucionales e internacionales de los tratados
internacionales en materia de derechos humanitarios y sociales
Pedro Martínez Díaz, enlace, del Círculo Mayores Región
de Murcia
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