Muertes en las Residencias de Mayores: DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

 DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y  ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

       

Pedro Martínez Díaz, adscrito a la Comisión Legal de COESPE., D.N.I, con domicilio a efectos de notificaciones de en C/ ….. Nº…. C.P …, ante la Fiscalía General del Estado y  Defensora/sor del Pueblo, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante el presente escrito, pongo en conocimiento y solicito a las altas Autoridades mencionadas ut supra los siguientes hechos y súplicas:

 

PRIMERO.- Que desde el estallido de la pandemia de “COVID-19”, todavía consternados por la masivas muertes de personas, en las “Residencias de mayores” (sobre todo Comunidad de Madrid y Catalunya), que dieron toda su vida en tiempos muy difíciles (dictadura y represión), por los demás, por sus hijos, para que ahora mueran tan cruelmente en las Residencias de mayores, es una inmoralidad inadmisible, existiendo testimonios indiciarios acreditados, que muchos de ellos murieron abandonados encerrados en sus habitaciones, quebrando el sistema sanitario de su humanidad por deficiencias, dejación, omisión o inacción, lo cual, vulnera “in fraganti” los más fundamentales derechos de las personas y por consiguiente, la quiebra, la inexistencia de un Estado social y democrático de Derecho, que mínimamente se precie, donde el primer deber es atender sin excusas al derecho fundamental indeclinable a la vida y a la salud de las personas, artículos. 10, 14, 15 y 43 de la Constitución vigente y demás Leyes nacionales e internacionales en derechos humanos aplicables. Al día de hoy no se ha investigado ni depurado las responsabilidades ante esos gravísimos hechos objetivos indubitables, si bien se han publicado algunas cifras oficiales estatales y autonómicas de las muertes de personas mayores en esos centros, en total se estima más de 41.000 fallecidos, teniendo como causa el coronavirus. Madrid, ha sido la región, donde más usuarios han fallecido en dichas residencias por coronavirus, 6.187, de los que 4.709 de ellos fallecieron entre el 14 de marzo y el 22 de junio de 2020 con síntomas compatibles con la enfermedad (no confirmado) mientras que 1.478 fenecieron con PCR confirmado. Así se desprende de un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) elaborado con los datos agregados remitidos por las comunidades autónomas sobre la situación en esos centros de mayores.

 

SEGUNDO.- Las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias en la materia, han silenciado, y/o omitido, datos de las circunstancias de las enfermedades y tratamientos causales de las muertes de los residentes, no han informado ni atendido a las demandas y reclamaciones de los familiares de los fallecidos, no han presentado datos rigurosos objetivos y fehacientes oficiales de afectados y víctimas con sus preceptivos informes médicos y medicalizaciones, si eran enfermos del coronavirus, o de otras enfermedades. Y dando cuenta del personal especializado de médicos y subalternos responsables siendo patente, manifiesta la deficiencia y contradictoria la poca “información” (sic) suministrada a los familiares y difundida a la ciudadanía.

       

TERCERO.- A esos efectos, insto encarecidamente, se haga una investigación exhaustiva para el esclarecimiento de dichos fallecimientos en las Residencias de Mayores. Hace falta saber, si en dichas Residencias, se cumplían con los requisitos preceptivos legales de atención, de conformidad al número de residentes que tenían cada una de las Residencias, el números de profesionales; médicos, enfermeros, camareros, limpiadores, celadores, cuidadores etc. Así mismo, saber, el número de personas fallecidas y/o afectadas por coronavirus, u otras enfermedades, así como la medicalización preceptiva prestadas a los enfermos. Aportando los Informes individuales de las Historias Clínicas de los residente. Al objeto de poder depurar la participación de sus autores en posibles responsabilidades dolosas y/o culposas profesionales, civiles, administrativas y/o criminales en las Residencias de Mayores, y en su caso, pudiendo ser subsumibles sus conductas en los tipos penales de homicidios y lesiones por imprudencias graves profesionales 142.1,4; homicidios y lesiones por omisión de socorro art. 195; y homicidios y lesiones por abandono de medicalización 196 por dolo eventual, entre otros posibles delitos, todos del Código Penal vigente.

 

CUARTO.- Todo ello son exigencias mínimas de un Estado Social y Democrático de Derecho, no pudiendo quedar impunes esas conductas reprochables como es las muertes masiva fuera de toda lógica en Residencias de mayores concretas, pues la racionalidad humana deduce por elemental sentido de la Justicia que las presuntas conductas infractoras jurídicas-penales graves, deben ser esclarecidas y sancionados por el orden jurisdiccional competente, que tienen que ser garantes de la vida y la salud de sus ciudadanos, sin queden impunes esas conductas, ética y socialmente reprochables.

 

Por todo lo razonado y expuesto,

SOLICITO, a la Fiscalía General del Estado y Defensor del Pueblo, que teniendo conocimiento de los fallecimientos de personas mayores de forma masiva, en las Residencias de Mayores, exigimos la apertura de investigaciones para el esclarecimiento de esas muertes, donde se concrete en el número de Residencias de Mayores, el número de profesionales con sus categorías y funciones que atendían a los residentes, los Informes de las historias clínicas de todos y cada uno de los fallecidos, con los tratamientos y medicalización dispensada a los enfermos, causas mediata e inmediatas de sus muertes, y por último constando, sus certificados literales de las causas de defunción preceptivos. Siendo todos esos datos publicados oficialmente para conocimiento de todos los ciudadanos. Es Justicia que pido, que se resuelva de conformidad a Derecho.

Murcia a 16 de enero de 2023

Pedro Martínez Díaz adscrito a la Comisión Legal COESPE