 La
publicación en la prensa, a finales de enero, de las anotaciones
manuscritas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en las que se reflejan
las donaciones privadas procedentes de grandes constructoras y empresas
de la alimentación, entre otras, y el reparto de este dinero entre los
miembros de la cúpula del partido es una confirmación rotunda de la
relación directa entre la derecha y los intereses de los grandes
capitalistas, y de que el gobierno del PP está totalmente al servicio de
los dictados de una minoría social privilegiada que domina los destinos
de millones de personas sin haber sido elegidos por nadie.
Por supuesto, el vínculo entre el PP y los capitalistas no se limita, en
absoluto, a las “cuentas B” llevadas por Bárcenas, pero éstas lo pone
muy a las claras.
Según las informaciones publicadas por
la prensa, el PP recibió de Sacyr Vallermoso, OHL, FCC, Mercadona y
otras grandes empresas 7,5 millones de euros durante quince años. En el
reparto de sobres aparecen como beneficiados Rajoy, Cospedal, Acebes,
Trillo, posiblemente Aznar, Oreja y otros cargos o ex cargos de peso de
la derecha. También se lucró del reparto Libertad Digital de Jiménez
Losantos.
El escándalo ha puesto de manifiesto toda la podredumbre
del sistema capitalista, de la derecha, de la hipocresía y el cinismo
sin límite de las llamadas “instituciones” del Estado. Son los señores
untados con sobresueldos los que pretenden justificar los brutales
recortes en sanidad y educación alegando que los trabajadores están
“viviendo por encima de sus posibilidades”. Son los receptores de estos
sobres los que en nombre de la “legalidad” han protagonizado los
episodios de represión policial más brutales de los últimos 40 años.
A
pesar de la contundencia de las pruebas la cúpula del PP sigue
emperrada en negar la realidad. No dimite nadie, aunque el propio
presidente del Senado, Pío Escudero, así como otros destacados
dirigentes del PP reconocieron haber recibido pagos anotados en las
cuentas de Bárcenas, lo que confirma la existencia de los sobres; no
dimite nadie, ni siquiera al probarse que Bárcenas, a pesar de estar
imputado, siguió a sueldo del PP hasta diciembre de 2012, disponiendo de
despacho propio y secretaria en Génova. Tampoco dimite Ana Mato,
ministra de Sanidad, que estaba casada y en régimen de bienes
gananciales con el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, cuando a
través de la implicación de éste en la trama Gürtel la familia disfrutó
de viajes, fiestas y otros regalos por más de 50.000 euros, según
informes policiales igualmente revelados por la prensa.
Así, además
de seguir dilapidando miles de millones de euros de dinero público para
salvar a los banqueros y recortando brutalmente los gastos sociales,
ahora el gobierno ha asumido otra prioridad: encubrir a sus miembros y a
la cúpula del PP de una de las mayores tramas de corrupción de los
últimos 40 años. ¡Este gobierno tiene que dimitir ya, en bloque! Está
claro que no lo van a hacer por iniciativa propia pero las condiciones
para tumbar al gobierno del PP, y asestar así un rotundo golpe a la
política de recortes sin fin emprendida por los capitalistas, son
mejores que nunca.
Crisis de la derecha
Es difícil encontrar un precedente de un
desgaste político tan acelerado como el que está sufriendo el PP. Según
una encuesta de Metroscopia, dada a conocer en enero, antes de que
saltara el caso Bárcenas, sólo un 45% de los votantes del PP, que
consiguió un 44,6% de voto en las últimas elecciones, estaría dispuesto a
volver a votar a esta formación política. Las movilizaciones de la
clase obrera y de la juventud en el último año, que han sido muy
intensas, la pérdida de apoyo electoral y ahora el estallido del
escándalo Bárcenas han anclado al PP en una crisis de gran calado, en la
peor situación de los últimos 20 años, creando el caldo de cultivo para
que se reaviven las tensiones internas a un nivel como no se veía desde
antes del congreso de Valencia de 2009, cuando Rajoy logró imponerse a
Esperanza Aguirre.
Esas divisiones por arriba de los representantes
políticos de la clase dominante, muchas veces distorsionadas por las
características y las ambiciones personales de sus protagonistas, son un
reflejo muy importante de la situación política general y del estado de
ánimo de la clase dominante. Indican que han llegado a un punto crítico
en el que no saben bien qué hacer para contener una clara tendencia
ascendente de la movilización de la clase obrera y de la juventud. Si
siguen por la vía de los ataques alimentan las condiciones que pueden
desembocar en una auténtica rebelión social que podría terminar con la
caída de este gobierno. Si hacen concesiones importantes dan una muestra
de debilidad que igualmente empuja en movimiento hacia delante. Si se
paralizan, los “mercados” les enseñan el látigo en forma de prima de
riesgo, agudizando la crisis económica y financiera y repercutiendo,
igualmente, en una intensificación de la lucha de clases.
 Las
divisiones por arriba se ven azuzadas, además, por la tendencia de
determinados sectores del aparato estatal a actuar de forma
independiente, atendiendo a sus propios intereses, sin medir con
exactitud las consecuencias de sus acciones, pudiendo provocar efectos
colaterales negativos para los intereses generales de la propia clase
dominante. Es un síntoma más de la descomposición general del régimen de
dominación burgués. El caso Bárcenas es un ejemplo muy claro. El
desencadenante de este escándalo de consecuencias políticas tremendas ha
sido la decisión de un sector del poder judicial de continuar tirando
de la trama Gürtel, cuya investigación había sido paralizada con la
escandalosa inhabilitación de Garzón por parte de los sectores del
aparato judicial ligados al PP. Las tensiones dentro del aparato
judicial tienen su propia dinámica, aunque en último término obedecen
también a la tremenda polarización política general. Bárcenas, al
sentirse acosado por los jueces y abandonado por la cúpula del PP, a la
que había servido muchos años como tesorero, amagó con destapar la
cuestión de los sobres para presionar, utilizando a El Mundo y con la
simpatía de Esperanza Aguirre, que utilizó el caso para sus propios
fines políticos. El País quiso luego tomar la delantera en el asunto
publicando las anotaciones de Bárcenas, dejando al desnudo la relación
entre el PP y las grandes empresas constructoras y otras y que el
sistema de sobresueldos era generalizado en la dirección del partido.
Ninguno de los actores que han participado en todo este proceso deseaba
que las cosas llegaran tan lejos. La resultante ha sido el estallido de
un escándalo de enorme trascendencia social y política, que dificulta
extremadamente los objetivos políticos del PP para la legislatura, ya
que se produce en un contexto de profundo cuestionamiento general del
gobierno y de todas las instituciones burguesas. De hecho, el caso
Bárcenas estalla paralelamente al engrandecimiento (con la imputación
del asesor y secretario de las Infantas) del escándalo de la trama Nóos,
que desnuda los chanchullos de la monarquía con todo el mundo
empresarial y deteriora todavía más la imagen de un rey al servicio de
“todos los españoles”
La nefasta política del PSOE y de los dirigentes sindicales da balones de oxígeno al PP
En estas circunstancias, el factor
verdaderamente determinante que permite al PP mantenerse en el gobierno
es la política de pactos y consensos de la dirección del PSOE y de los
sindicatos. Fue absolutamente bochornosa la actitud mantenida por
Rubalcaba en los primeros días de conocerse los papeles de Bárcenas,
negándose a pedir la dimisión del gobierno y la convocatoria de
elecciones anticipadas, lo que sería indudablemente una gran oportunidad
para frenar en seco toda la política de ataques impulsados por los
capitalistas que, de palabra, la cúpula del PSOE dice estar en contra.
Luego rectificó de postura, pero a peor, pues pidió que Rajoy fuese
sustituido por… ¡otro dirigente del PP!
 Aún
más lamentable es que, en los días anteriores a que saliera a la luz
las cuentas de Bárcenas, la cúpula del PSOE estuviese suministrando
continuos balones de oxígeno a un gobierno del PP ya profundamente
desgastado por la movilización social, ofreciéndole un “gran pacto
social por el empleo” o firmando con la derecha un pésimo y demagógico
acuerdo sobre el escándalo de las preferentes.
Cayo Lara, el portavoz
de Izquierda Unida, sí ha exigido la dimisión del gobierno y la
convocatoria de elecciones anticipadas, lo cual es muy positivo, pero ha
señalado que el objetivo de las mismas sería una ambigua “regeneración
de la democracia”. Ni Toxo, secretario general del CCOO, ni Méndez,
secretario general de UGT, han pedido la dimisión del gobierno del PP ni
han anunciado movilizaciones. Al contrario, han acentuado un silencio
cómplice que parecía difícil de superar. Días antes de que estallara el
caso Bárcenas, seguían enfrascados en retomar el diálogo social con los
empresarios, con los mismos empresarios que sostienen la salvaje
política de recortes del PP y con la misma patronal que, hace unos días,
volvió a la carga con los minijobs para los jóvenes y exigió más
despidos en el sector público. Los dirigentes de CCOO y UGT no sólo no
dan ninguna continuidad a la huelga general del 14 de noviembre sino que
su intervención en conflictos de sectores o empresas tan importantes
como Seat, Nissan, Aceralia, el Naval, la banca, la recogida de basura
de Sevilla y Granada, y muchos otros que se podrían convertir en una
palanca importante para impulsar la lucha general contra los ataques del
PP, ha sido completamente nefasta, avalando pactos totalmente
regresivos para los trabajadores y en muchos casos descarrilando huelgas
que habían arrancado con una gran fuerza y apoyo por abajo.
No es
casualidad que las movilizaciones que están teniendo una orientación más
consecuente y una repercusión social más amplia son precisamente
aquellas en las que la influencia de la cúpula sindical es más tenue o
nula. La impresionante lucha en defensa de la sanidad pública en Madrid y
la masiva huelga estudiantil de tres días en todo el Estado, convocada
los días 5, 6 y 7 de febrero por el Sindicato de Estudiantes contra la
ley Wert, son el camino a seguir. Próximamente, la marcha estatal en
Madrid, el 17 de febrero, en defensa de la sanidad pública, y las
manifestaciones contra los recortes sociales que se están convocando en
todo el estado para el 23 de febrero por las diferentes “mareas” y
plataformas, volverán a expresar el enorme ambiente de lucha que existe
entre la clase obrera y la juventud.
Hay que convocar una huelga general para forzar elecciones anticipadas
Si realmente los dirigentes de las
organizaciones de la izquierda quieren poner fin a la pesadilla de los
recortes y de la pérdida de derechos impulsada por la derecha lo que
tienen que hacer es responder a la indignación de la mayoría de la
población y pasar a la ofensiva. CCOO, UGT y toda la izquierda,
especialmente la dirección de IU, tienen la obligación de convocar ya
una huelga general para lograr la caída de este gobierno corrupto, al
servicio del capital financiero y los grandes empresarios, y forzar la
convocatoria de elecciones anticipadas. Este es el camino para que la
formación de un gobierno de izquierdas esté realmente al servicio de la
mayoría y se oponga frontalmente a los planes de los banqueros y grandes
empresarios.
Un gobierno de izquierdas que debería tomar las siguientes medidas inmediatas:
· Derogación de la reforma laboral.
·
Derogación de los Presupuestos Generales del Estado para revertir todos
los recortes de los gastos sociales, los planes de privatización, y
suspender el pago de intereses a la banca privada.
· Renacionalización de todas las empresas públicas privatizadas.
· Derogación de la reforma judicial y la reforma del código penal.
· Paralización de la reforma franquista de la educación del ministro Wert.
·
Depurar toda la trama de corrupción que liga al PP con el poder
económico, incluyendo el encarcelamiento de todos los corruptos.
·
Depurar el aparato represivo de todos los elementos fascistas y
reaccionarios, empezando por investigar todos los numerosos casos de
represión policial contra la movilización social bajo el gobierno del
PP.
· Abolición de la monarquía, e investigar todos los nexos de la misma con el poder económico.
· Diputado obrero, sueldo obrero.
·
Nacionalización de todos los bancos, ya que en la práctica se están
sosteniendo con fondos públicos, y orientar todos sus recursos a la
creación de millones de puestos de trabajo.
· Nacionalización de
todas las grandes empresas, empezando por las que controlan servicios
fundamentales para la mayoría de la sociedad, como la luz, el agua, la
electricidad, los transportes, la telefonía... ¡No tiene ningún sentido
social y económico que estas empresas estén dirigidas por unos cuantos
clanes oligárquicos!
La defensa de un programa de estas
características generaría un enorme entusiasmo social, barrería a la
derecha en las elecciones y frenaría en seco los recortes y la tremenda
degradación social a la que nos está llevando la crisis del capitalismo.
Para hacer frente a la contraofensiva de los capitalistas contra un
gobierno de izquierdas al servicio de la mayoría, la movilización y la
organización de los trabajadores y de la juventud, en todas las esferas
de la vida económica y social, tendría que redoblarse.
¡Sí se puede!
Sin un fuerte movimiento en la calle que
lo obligue a dimitir, el PP seguirá en el gobierno, pese a toda su
corrupción, su desprestigio, su pérdida de apoyo electoral, su debilidad
y sus divisiones. Los capitalistas actúan con determinación y no tienen
tiempo que perder: el gobierno tiene en su agenda una profunda reforma
de las pensiones, de las prestaciones por desempleo, la contrarreforma
educativa…, por no hablar de nuevos recortes. En la escandalosa reunión a
puerta cerrada de Draghi con un grupo de parlamentarios, se vuelve a
confirmar la existencia de una verdadera dictadura financiera, el
presidente del Banco Central Europeo dejó claro dos mensajes: su
respaldo al gobierno del PP en un momento tan delicado y, sobre todo,
que “ningún país europeo ha terminado su trabajo”.
Es significativo
que, el mismo día de la visita de Draghi el PP se viera obligado a
aceptar tramitar en el congreso la Iniciativa Legislativa Popular
promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y respaldada
por un millón y medio de firmas y en la que se pide la moratoria
universal de los desalojos y la dación en pago con carácter retroactivo.
Se trata sin duda de una victoria parcial pero muy importante que
demuestra que la lucha sirve y, sobre todo, prueba que se podrían
conseguir muchas más cosas si los dirigentes de las organizaciones de la
izquierda adoptasen una línea contundente de movilización y
confrontación con el PP.
Los trabajadores tenemos fuerza para tumbar
al gobierno del PP, pero es en los dirigentes del PSOE, de IU, de CCOO y
de UGT donde recae la principal responsabilidad de poner fin a la
pesadilla de los recortes y de la regresión social. Para ello es
necesario que den un giro profundo en su política, y si no lo hacen hay
que luchar para que al frente de la organizaciones de nuestra clase
estén otras personas entregadas a los intereses de los trabajadores, que
tengan las mismas condiciones de vida que la mayoría de los
trabajadores, que sientan las mismas presiones y dificultades que la
mayoría de la gente, que realmente tengan voluntad de luchar y
enfrentarse a la derecha y a los capitalistas.
Sería un flaco favor
al servicio de los trabajadores encauzar la lucha contra el gobierno del
PP hacia una abstracta “lucha contra la corrupción de los políticos”:
el capitalismo es consustancial a la corrupción; luchar contra la
corrupción es luchar contra el sistema capitalista, corrupto por
naturaleza, y luchar por una profunda transformación social poniendo al
servicio de la mayoría todas las palancas de creación de riqueza, ahora
en manos de una minoría fuera de control y que amenaza con llevar a toda
la sociedad a la catástrofe. La lucha contra la corrupción, la lucha
por la regeneración democrática, es por tanto la lucha por la
transformación socialista de la sociedad
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