Si Syriza siguiera al pie de la letra las exigencias de la UE en materia de auditoría de la deuda. Éric Toussaint. CADTM
Desde el anuncio de
elecciones en Grecia el 25 de enero de 2015, la posibilidad de que
Syriza salga victoriosa en las urnas y forme gobierno se ha presentado
como una amenaza para la opinión pública internacional, y
particularmente para la de la eurozona. Sin embargo, aquellos que hacen
saltar la alarma saben perfectamente que Syriza anunció que no
suspenderá el pago de la deuda ni saldrá del euro una vez llegue al
gobierno. Syriza propone una renegociación de la deuda a escala europea y
desea que Grecia permanezca en la eurozona. En cambio, Syriza se
compromete a poner fin a las medidas de austeridad, injustas y
antisociales implementadas por los anteriores gobiernos y la troika.
Esta
campaña sobre las supuestas amenazas que representa Syriza pretende
intimidar al electorado griego con el fin de que renuncien a su derecho
al cambio. De igual modo pretende poner a una parte de la opinión
pública europea en contra de la coalición de izquierda radical griega
para intentar evitar que, acto seguido, Podemos en España pueda ganar
las elecciones en otoño de 2015.
La deuda reclamada a Grecia
representa el 175% de la riqueza producida en el país en un año y supone
un lastre insostenible para el pueblo heleno.
¿Qué pasará si
Syriza, una vez en el gobierno, decidiera tomar literalmente el artículo
7 de un reglamento adoptado en mayo de 2013 por la Unión Europea para
los países sometidos a un plan de ajuste estructural? Entre estos, sobre
todo Grecia, Portugal y Chipre.
El punto 9 del artículo 7
prescribe a los países bajo ajuste estructural la realización de una
auditoría integral a fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó
de manera exagerada y desvelar irregularidades. He aquí el texto
completo del punto 9 del citado artículo 7: "Un Estado miembro sometido a
un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva
de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las
razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de
endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad."
El
gobierno de Antonis Samaras se abstuvo de aplicar esta disposición del
reglamento para así ocultar a la población griega los verdaderos motivos
del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto.
En noviembre de 2012, el Parlamento dominado por la derecha había
rechazado la moción presentada por Syriza para la creación de una
comisión de investigación sobre la deuda, con 167 votos en contra, 119 a
favor y cero abstenciones.
Está claro que tras una victoria
electoral de Syriza, el gobierno que se formase bajo su liderazgo podría
perfectamente tomarle la palabra a la Unión Europea al constituir una
comisión de auditoría de la deuda (con participación ciudadana) con el
propósito de analizar el proceso de endeudamiento excesivo de Grecia
para desvelar las posibles irregularidades e identificar las partes que
sean ilegales, ilegítimas, odiosas… de esa deuda.
La participación
ciudadana resulta fundamental de cara a un proceso de auditoría que se
quiere sea riguroso e independiente. Pero hay que destacar que en el
reglamento antes citado, en su artículo 8, se recomienda la
participación "de los interlocutores sociales y de la sociedad civil" en
la elaboración de un "programa de ajuste macroeconómico". Razón de más
pues para que se involucren activamente en la auditoría.
Algunos elementos clave que la realización de la auditoría podría sacar a la luz:
La
deuda griega, que representaba el 113% del PIB en 2009 antes del
estallido de la crisis en el país y la intervención de la troika, que
posee 4/5 partes de esa deuda, pasó al 175% del PIB en 2014. Por tanto, a
la intervención de la troika le ha seguido un aumento muy fuerte de la
deuda griega.
A partir de 2010 y hasta 2012 los créditos
concedidos por la troika a Grecia sirvieron en gran parte para rembolsar
a los acreedores durante ese período, a saber, los bancos comerciales
de las principales economías de la UE, comenzando por las entidades
alemanas y francesas. Cerca del 80% de la deuda griega en 2009 estaba en
manos de bancos comerciales de países de la UE. Entre estos, solo los
bancos alemanes y franceses mantenían en torno al 50% del total de
títulos públicos griegos.
Una auditoría de la deuda griega mostrará
que los bancos comerciales europeos aumentaron con intensidad sus
créditos a Grecia entre finales de 2005 y 2009 (los créditos se
incrementaron en más de 60.000 millones de euros, pasando de 80.000
millones a 140.000 millones) sin considerar la capacidad de Grecia para
devolverlos. Los bancos actuaron de manera temeraria, convencidos de que
las autoridades europeas vendrían en su auxilio en caso de problema.
Como
ya se ha indicado más arriba, la auditoría mostrará que el presunto
plan de rescate a Grecia, puesto en marcha por las autoridades europeas
con la ayuda del FMI, ha permitido en realidad que los bancos de algunos
países europeos con un peso decisivo en las instancias europeas
continúen recibiendo los reembolsos de Grecia transfiriendo el riesgo a
los Estados a través de la troika. No es Grecia quien ha sido rescatada,
sino un puñado de grandes bancos comerciales europeos implantados
principalmente en los países más fuertes de la UE.
Los bancos
comerciales han sido así pues reemplazados por la troika, que ha pasado a
ser el principal acreedor de Grecia desde finales de 2010.
La
auditoría analizará la legitimidad del plan de rescate. ¿Resulta este
conforme a los tratados de la UE (principalmente el artículo 125, que
prohíbe a un Estado miembro hacerse cargo de los compromisos financieros
de otros Estados miembros)? Los prestamistas públicos en 2010 (es
decir, los 14 Estados miembros que concedieron préstamos a Grecia por un
total de 53.000 millones de euros, el FMI, el BCE, la Comisión Europea,
etc.), ¿han respetado el principio de autonomía de la voluntad del
prestatario, a saber Grecia? ¿O se han beneficiado de su angustia ante
los ataques especulativos de los mercados financieros para imponerles
contratos que van en contra de su propio interés? Estos prestamistas,
¿han impuesto condiciones leoninas, sobre todo al exigir para su
devolución tipos de interés exagerados?
Se trata asimismo de
auditar la acción del FMI. Sabemos que en el seno de la dirección del
Fondo varios directores ejecutivos (el brasileño, el suizo, el
argentino, el indio, el iraní, el chino, el egipcio) mostraron sus
grandes reservas con respecto al préstamo acordado por el FMI, afirmando
sobre todo que Grecia no sería capaz de devolverlo dadas las políticas
que le eran impuestas. El gobierno griego, ¿solicitó a la administración
encargada de las estadísticas, en connivencia con el anterior director
gerente del Fondo, falsear los datos exactos a fin de presentar un
boletín sobre la salud financiera del país tan malo que permitiera al
FMI poner en marcha un plan de rescate? Varios altos funcionarios
griegos así lo afirman.
¿Ha sobrepasado el BCE de manera grave
sus prerrogativas al exigir al Parlamento griego que legislara sobre el
derecho de huelga, la Sanidad, el derecho de asociación, la educación y
la legislación sobre la fijación de salarios?
En marzo de 2012, la
troika organizó una reestructuración de la deuda griega que fue
presentada en su momento como un éxito. Recordemos que el entonces
primer ministro, Yorgos Papandréu, anunció a principios de noviembre de
2011, en la víspera de una reunión del G-20, su intención de convocar un
referéndum para febrero de 2012 sobre esa reestructuración de la deuda
preparada por la troika. Ante la presión de esta, aquel referéndum jamás
tuvo lugar y se le retiró el derecho al pueblo griego a pronunciarse
sobre las nuevas deudas. Los grandes medios de comunicación dieron eco
al discurso de que la reestructuración permitía reducir la deuda griega
en un 50%. En realidad, esta deuda es mayor en 2015 que en 2011, el año
previo a la gran anulación del supuesto 50%. La auditoría mostrará que
esta operación de reestructuración, que constituye una vasta
superchería, estaba vinculada a la profundización de las políticas
contrarias al interés de Grecia y de su población.
La auditoría
deberá evaluar si las estrictas condiciones impuestas por la troika a
Grecia en contraprestación a los créditos constituyen una violación de
una serie de tratados y convenciones que han de ser respetados tanto por
los acreedores como por el prestatario, Grecia. El profesor de Derecho,
Andreas-Fischer-Lescano, comisionado por la Cámara de Trabajo de Viena
demostró de manera irrefutable que los programas de la troika son
ilegales en virtud del derecho europeo y del derecho internacional. Las
medidas definidas en los programas de ajuste a los que Grecia fue
sometida y las políticas concretas que son la consecuencia directa de
ello violan una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho a
la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la Seguridad Social, a un
salario justo, pero también a la libertad de asociación y a la
negociación colectiva. Todos estos derechos están protegidos por
numerosos textos jurídicos a escala internacional y europea, como la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, los dos pactos de la ONU
sobre Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Convención sobre
los Derechos del Niño de la ONU, la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también los convenios de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tienen el estatus
de Principios Generales del Derecho (PGD). La lista de artículos
conculcados por los memorándums impuestos a Grecia, que muestra
meticulosamente el profesor Fischer-Lescano es impresionante y
compromete a la responsabilidad jurídica de las entidades que conforman
la troika o aquellas puestas en marcha por esta (como el Mecanismo
Europeo de Estabilidad, por ejemplo).
La auditoría determinará si,
como exige el Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 21 de mayo de 2013, antes citado, el "programa de ajuste
macroeconómico respeta plenamente el artículo 152 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 28 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea". La auditoría debe verificar
igualmente si ha sido respetado el siguiente pasaje del Reglamento:
"Los esfuerzos de consolidación presupuestaria establecidos en el
programa de ajuste macroeconómico tendrán en cuenta la necesidad de
garantizar recursos suficientes para las políticas fundamentales, como
la educación y la salud." Se trata asimismo de verificar si se ha
aplicado este principio fundamental del Reglamento: "En el artículo 9
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se dispone que,
en la definición y ejecución de sus políticas y actividades, la Unión
tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un
nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado
de educación, formación y protección de la salud humana." Se trata de
contraponer esto con el informe de evaluación de la puesta en marcha del
segundo programa de ajuste estructural, publicado en abril de 2014, por
los servicios competentes de la UE y en el que los autores se felicitan
de la reducción de un 20% de los empleos públicos griegos. En el
recuadro titulado "relatos de logros del programa de ajuste económico"
(Success stories of the Economic Adjustment Programme) se puede leer que
las reformas del mercado laboral han permitido reducir el salario
mínimo legal y que se han suprimido 150.000 empleos en la Administración
Pública (decrease in general government employement by 150,000, p. 10).
La auditoría deberá demostrar que las medidas dictadas por los
acreedores constituyen regresiones manifiestas en el ejercicio de los
derechos humanos fundamentales y la violación flagrante de una serie de
tratados. Se pueden identificar importantes irregularidades. En
consecuencia, la comisión encargada de la auditoría podrá emitir una
opinión argumentada acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la
nulidad de la deuda contratada por Grecia con la troika. 
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Traducción: Antonio Sanabria.
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