Catalunya: presos y exiliados
Miguel Salas
03/03/2018
Esto va para largo. Quien pensara que la crisis catalana se resolvía con el 155 y unas elecciones estaba bien equivocado. Además, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, considera que la causa general contra el independentismo es muy compleja y ha decidido alargar durante más de un año el periodo de investigación. Los presos políticos, Junqueras, Forn y los dos Jordis seguirán siendo rehenes durante meses y meses. Los exiliados tendrán que seguir siéndolo si no quieren ser detenidos, y la situación política no tendrá nada de normal mientras la espada de Damocles del 155 siga vigente o amenazante y el gobierno del PP y los jueces quieran seguir determinando la política en Catalunya. Ahora que Puigdemont ha decidido no ser el candidato, el gobierno y los jueces estudian como impedir que pueda serlo Jordi Sánchez, encarcelado en Soto del Real. El catedrático Javier Pérez Royo ya ha denunciado que eso solo puede llamarse prevaricación contra la democracia.
Después de todo lo sucedido ya casi nada sorprende. La aplicación del 155 es antidemocrática y abusiva y su prolongación completamente arbitraria. Los presos siguen en prisión con argumentaciones judiciales que no aguantan ninguna referencia democrática. Dice el juez Llarena que Joaquim Forn debe seguir en prisión porque “Como ha ocurrido con el resto de investigados, el solicitante mantiene su ideario soberanista”. Está claro, ¿no? Es por lo que piensa. Respecto a Jordi Sánchez, porque “mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente (¡sic!) válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria”. O sea, supuestamente su ideario es constitucional, pero, por su ideario tiene tendencia a la reiteración delictiva. ¡De locos! Si no fuera un tema tan serio. Y respecto a todos los prisioneros, “el peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. No solo deberían pedir perdón, sino que su arrepentimiento tiene que ser controlado y decidido por el juez. Es el más puro estilo inquisitorial, ¿no? Es imposible predecir cuando volverá una situación de “normalidad” en Catalunya, y en España, pero es evidente que no la habrá mientras haya presos políticos. Y, como hemos podido comprobar en la feria Arco de Madrid con la retirada de la obra titulada “Presos políticos”, hay también otros presos por razones de opinión, el concejal de Jaén, Andrés Bódalo, los jóvenes de Alsasua, el rapero mallorquín Valtonyc (condenado a tres años y medio), o centenares de sindicalistas acusados de ejercer el derecho de huelga.
Ante los jueces
Desde la más completa solidaridad con los presos y exiliados, hay que poner en discusión las sucesivas declaraciones que en sede judicial han ido realizando. Con la única excepción de la ex diputada de la CUP, Mireia Boya, el resto de dirigentes políticos citados a declarar han tendido a poner en cuestión las decisiones políticas, a minusvalorar el 1 de octubre, a presentar la proclamación de la república catalana como un acto sin valor jurídico, a rechazar la vía unilateral, algunos incluso a aceptar el marco constitucional u otros a renunciar a la actividad política, etc.
El perseguido tiene derecho a defenderse y a engañar al perseguidor y aquí no pretendemos debatir la línea jurídica de defensa ni polemizar sobre quien es más o menos valiente. Nos indigna escuchar a esos que se hacen los valientes escondidos detrás de la policía o la guardia civil, protegidos por el Estado y los jueces y se congratulan de que los perseguidos estén en prisión. No se trata de valentía sino del problema político de cómo se continúa la lucha en el terreno judicial, o de cómo la defensa en el ámbito judicial se convierte en un portavoz de las ideas y las propuestas políticas, en un contraataque y en una denuncia de las políticas represivas y antidemocráticas de la Monarquía.
A pesar de las dificultades para formar gobierno, la rebelión catalana sigue bien viva y todo indica que tiene buena salud. Pero, es evidente que existe desorientación política sobre cómo debería continuar y cuáles deberían ser los pasos a dar. El 1 y el 3 de octubre se demostró la capacidad de movilización y la posibilidad de un avance de contenido republicano, pero cuando el 27 de octubre se proclamó la república catalana la dirección política de ese proceso desapareció. La represión del gobierno del PP y los ataques a las instituciones catalanas han permitido mantener la cohesión de la movilización social a favor de la república catalana, pero, no se puede negar que existen dificultades reales para definir el camino a seguir. Y uno de ellos es que una parte importante de las direcciones del movimiento independentista están exiliadas, en la cárcel o amenazadas de muchos años de prisión. Por eso es importante el debate sobre la política ante la represión.
Algunas experiencias históricas
Cuando los procesos políticos, rebeliones o revoluciones sufren un golpe represivo siempre aparecen momentos de duda sobre cómo responder, sobre cuál es el camino a elegir. En la mayoría de los partidos y organizaciones se abre ese debate: ¿hay que dejarse detener y responder ante la justicia del enemigo o es mejor pasar a la clandestinidad o exiliarse como mejor medio para seguir luchando? No puede haber una respuesta fija.
Por ejemplo, ahora que se han cumplidos 100 años de la revolución de 1917, y sin intención de comparar con la situación en Catalunya, se puede recordar el debate entre los revolucionarios rusos posterior a las jornadas de julio de 1917. En ese mes se produjo un levantamiento semi espontáneo de los soldados y obreros de Petrogrado (hoy San Petersburgo) La acción fue abortada por las tropas gubernamentales y se inició la persecución de los revolucionarios, entre ellos Lenin y los demás dirigentes bolcheviques. La justicia decretó una orden de detención sobre Lenin y se discutió si debía presentarse o no ante los jueces. Una parte de los dirigentes eran partidarios, pero no Lenin que argumentó: “Los tribunales son un órgano de poder. Lo olvidan a veces los liberales, pero para un marxista olvidar esto es un pecado […] Lo que las autoridades necesitan no es un juicio, sino una campaña de persecución contra los internacionalistas” (Obras, Pag. 97).
Se lanzó contra él una impresionante campaña de calumnias, acusándolo de ser un agente pagado por Alemania. Se escondió y estuvo en la clandestinidad hasta que reapareció en el momento de la toma del poder en el mes de octubre. Sin embargo, Trotsky, que en ese momento era uno de los dirigentes más reconocidos de las masas agrupadas en los soviets, aceptó ser detenido y afrontar el proceso judicial. El torbellino revolucionario lo liberó de la cárcel en el mes de septiembre. Incluso entre los revolucionarios rusos hubo dos maneras de afrontar el problema. En ese debate, la cuestión importante es qué decisión puede ayudar al desarrollo del movimiento.
En el actual momento político hay un elemento difícilmente entendible: que la mayoría de los dirigentes políticos del PDCat y de ERC hayan evitado hacerse responsables políticos de la rebelión catalana. Hacerse responsables políticos no quiere decir aceptar la acusación ni reconocer la justicia de la Monarquía, quiere decir sentirse y presentarse como responsables políticos de la acción que movilizó a millones de personas en Catalunya. Como señalábamos anteriormente, utilizar la defensa como un medio para seguir denunciando la política represiva de la Monarquía y como altavoz para decir a esos millones de personas que la lucha sigue, que se está dispuesto, por medios pacíficos y democráticos, a responder a las exigencias republicanas expresadas por una mayoría de la población catalana, en el referéndum del 1 de octubre, en los paros y manifestaciones del 3 de octubre, y en las elecciones del 21 de diciembre.
Evitar esa responsabilidad política parece indicar una falta de convicción en el futuro, que tampoco ha servido para enternecer a jueces y fiscales y, sin embargo, es un elemento de confusión y debilita el movimiento republicano y quizás dificulta la búsqueda de apoyo de apoyos y complicidades en el conjunto del Estado. La historia nos ha proporcionado ejemplos aleccionadores de la actitud tomada por los dirigentes políticos ante situaciones comparables. Por ejemplo, cuando en el mes de octubre de 1934 el president Companys proclamó la “República catalana dentro de la República Federal española”. Cuando posteriormente fue detenido, junto a su gobierno, se hizo responsable político de lo sucedido. El conseller de Economía, Joan Comorera, que luego fue fundador del PSUC, declaró que “Los consellers insistimos para que el presidente abandonara la Generalitat y el resto nos quedásemos para responder, pero el señor Companys se negó rotundamente”. Fueron condenados a 30 años de cárcel y amnistiados tras la victoria del Frente Popular en 1936.
El Proceso de Burgos a finales de 1970 podría ser otro ejemplo. En plena barbarie represiva franquista se juzgó a militantes de ETA a los que se pedía la pena de muerte. Utilizaron el juicio para denunciar a la dictadura y esa actitud valiente, junto a las movilizaciones en la calle y a nivel internacional, les salvó la vida y significó un importante empuje para las movilizaciones obreras y democráticas.
“El poder histórico en nombre del cual habla aquí el fiscal no es más que la violencia organizada de una minoría contra la mayoría”. – declaró Trotsky ante el tribunal que le juzgó el 4 de octubre de 1906, tras el fracaso de la revolución rusa de 1905- [Mi discurso ante el tribunal. Pag. 277]
A través de todo el proceso el acusado se convirtió en defensor de la revolución y acusador del zarismo. “Si, señores jueces, -les dice- hemos llevado a la práctica la libertad de palabra, de reunión, la inviolabilidad de la persona, todo lo que había sido prometido al pueblo…”. Defiende incluso el derecho democrático a levantarse contra un gobierno ilegítimo, “nunca hemos preparado la insurrección, como dice el fiscal, nos hemos preparado para la insurrección. Prepararnos para ella significa esclarecer la conciencia popular, explicar al pueblo que el conflicto era inevitable, que todo los que se nos concedía nos sería arrebatado enseguida, que teníamos necesidad de una poderosa organización de las fuerzas revolucionarias […] que no había otro camino. Esto es lo que nosotros considerábamos, esencialmente, como una preparación para el levantamiento”. Algunas de estas ideas siguen siendo actuales.
Acabemos citando otro ejemplo histórico bien conocido. En octubre de 1953 finalizó el juicio contra Fidel Castro y los revolucionarios cubanos que habían iniciado una guerra de guerrillas contra el dictador Batista. El alegato final en su defensa se convirtió en una denuncia de la dictadura y en una explicación del programa de cambio revolucionario, explicando, incluso, las cinco leyes que implantaría: El restablecimiento de la Constitución cubana de 1940. La reforma agraria. El derecho de los trabajadores industriales a recibir el 30% de los beneficios de su empresa. El derecho de los trabajadores de la industria azucarera a recibir el 55% de los beneficios generados por su empresa. La confiscación de los bienes de aquellas personas culpables de fraude a los anteriores poderes públicos. Acabó con una frase que se haría famosa. Dijo: “En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie […] Condenadme, no importa, La historia me absolverá”. Fue condenado a 15 años, pero al cabo de poco más de uno fue amnistiado.
No se trata de hacer comparaciones simplistas ni de que en todas las épocas históricas o situaciones políticas hay que hacer lo mismo o parecido. Se trata de ser conscientes que la lucha en los tribunales es una parte de la lucha general, que se puede hacer a la ofensiva, defendiendo el proceso de movilización por la autodeterminación y la independencia, denunciando que el Estado español es incapaz de aceptar un referéndum y cualquier decisión democrática que permita al pueblo catalán decidir su futuro y su relación con el resto de pueblos y que los presos políticos no son más que rehenes de un régimen en crisis. Hay tiempo para rectificar. Mientras sigue la movilización para liberar a los presos políticos, el juicio podrá ser la ocasión para convertirlo en un altavoz republicano contra la deriva autoritaria de la Monarquía.
Es cierto que en los ejemplos mencionados anteriormente se trataba de revolucionarios y que en los sectores dirigentes de la rebelión catalana no abundan, y quizás sea una de las debilidades del movimiento republicano catalán, pero son los que están y a los que el pueblo ha puesto delante. Otros, que incluso se llaman de izquierdas, están en la retaguardia cuando, como mínimo, deberían ser demócratas consecuentes y defensores de las libertades, de la libertad de los presos y del derecho democrático a la autodeterminación.
www.sinpermiso.info, 2 de marzo 2018
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