viernes, 11 de mayo de 2018

¿Sería el secretario de CCOO un preso político?

¿Sería el secretario de CCOO un preso político?


Litus Alonso 

04/05/2018

El 20 de septiembre pasado, en el marco de las operaciones del Reino de España para intentar impedir la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya el 1 de octubre, la Guardia Civil (GC) entró a realizar registros en diversas conselleries de la Generalitat, a la vez que realizó detenciones en esos lugares y en domicilios personales.
Ante lo que constituía un auténtico golpe del Estado contra las instituciones propias, multitud de organizaciones de la sociedad catalana convocaron a la ciudadanía a concentrarse ante las conselleries, para expresar su rechazo a la intervención policial y su solidaridad con las personas detenidas.
Entre esas organizaciones, la ANC y Òmnium, principales entidades cívicas de Catalunya y parte del movimiento por la autodeterminación. Pero también otras muchas.
Por ejemplo, CCOO de Catalunya, que de forma inmediata se concentró ante su local en Barcelona, sito al lado de uno de los edificios sometidos a los registros. Evidentemente, se interrumpió el tránsito en Via Laietana, la calle en cuestión. Igualmente, mucha gente de CCOO se desplazó después a la concentración ante la sede de la conselleria de Economía, convertida en el epicentro de la movilización.
Así pues, CCOO de Catalunya hizo exactamente las mismas acciones que ANC y Òmnium. Los presidentes de ambas asociaciones están en la cárcel acusados, entre otros delitos, de rebelión. El secretario general de CCOO, de momento, no.
Una imagen ha sido repetida hasta la saciedad: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart encaramados a una furgoneta de la GC la noche del día 20 y llamando a la gente a finalizar la concentración. Bien, en España, sometida al corralito informativo del “periodismo de Estado”, esto último no es tan conocido, pues las imágenes se pasan habitualmente sin sonido o sin subtítulos en castellano.
Lo de las furgonetas de la GC merece cierta explicación. A pesar de disponer de parking en la conselleria, prefirieron dejarlas fuera, abiertas, sin vigilancia y con armas en su interior. No es el método habitual de este cuerpo paramilitar. Pues bien, a pesar de que, a lo largo del día, pasaron más de 50.000 personas por la concentración, no se tocaron las armas “olvidadas” en el interior de los vehículos.
Como la provocación no resultó, había que inventar algo, así que dejar unos vehículos policiales llenos de pegatinas y con las ruedas pinchadas (esto último, algo completamente ajeno a la conducta enormemente mayoritaria de las movilizaciones soberanistas) se convirtió en el súmmum de la violencia rebelde. Y los dos Jordis llevan desde el 16 de octubre en prisión preventiva (once días ANTES de la declaración de independencia del 27 de octubre). Inicialmente por sedición, y ahora por rebelión.
Lo que hicieron los Jordis fue lo mismo que hizo nuestro compañero Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Catalunya. La diferencia no está en los hechos, si no en los proyectos políticos. ANC y Òmnium son partidarias de la independencia de Catalunya. CCOO defiende la autodeterminación, por resoluciones casi unánimes de sus dos últimos Congresos, pero no se posiciona sobre la independencia.
Pero la inquisición judicial de la monarquía española tampoco le queda muy lejos al sindicato. El presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Ignasi Elena, ya ha sido citado más de una vez a los juzgados. De ese Pacto, que intentaba conseguir un referéndum acordado con el Estado español, también formaba parte CCOO.
¿Qué pasaría si Javier Pachecho fuera acusado de sedición y metido en prisión preventiva? ¿Sería un preso político?
Para Unai Sordo, secretario general de CCOO de España, no. En unas declaraciones al diario El País del 21 abril, negaba que en España hubiera presos políticos o exiliados. En esa misma entrevista, decía que “el sindicato no cuestiona las actuaciones judiciales”.
Cinco días después, el 26 de abril, el tribunal superior de Navarra perpetraba la sentencia de “La Manada”. En este caso, afortunadamente, el sindicato sí “ha cuestionado las actuaciones judiciales”.
Las cuestionó también en las decenas de procesos penales contra sindicalistas por las huelgas generales de 2010 y 2012, en los que la fiscalía solicitaba penas de prisión, convocando incluso movilizaciones ante los juzgados (¿sedición?). Vaya, que según Unai Sordo, CCOO no cuestiona las actuaciones judiciales... cuando se refieren a Catalunya. Como mucho, se habla de “excesos en la tipificación de los delitos” o de “abuso en la utilización de la prisión preventiva”.
Por si hubiera alguna duda, una excelente explicación de lo que se considera, en términos europeos, un preso político, figura en una carta dirigida a Unai Sordo por el colectivo de Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana con motivo de las citadas declaraciones. Dentro de ese colectivo, como es habitual cuando hay gente veterana de CCOO, hay personas que padecieron las cárceles franquistas. Sin ser considerados presos políticos por el régimen y sus adláteres, claro. La lectura de esa carta, más que recomendable, es obligatoria para cualquier sindicalista.
Ya es moneda común que gente en España, supuestamente de izquierdas, se olvide de los principios democráticos al valorar la situación en Catalunya.
Por un lado, hay quien está dispuesto a negar la realidad con uñas y dientes: por ejemplo, atribuyendo a “la burguesía catalana” el interés por la independencia, ignorando que todas las grandes empresas catalanas, el Fomento del Trabajo Nacional (la patronal de Catalunya), el Círculo de Economía, el Círculo Ecuestre... se han manifestado en contra de la independencia, a veces con notoria agresividad. Quizás consideren que “la burguesía” es el gremio de pasteleros de Girona, al que pertenece la familia de Puigdemont.
Por otro, la oposición a la independencia y la constatación de los errores cometidos por la dirección política del independentismo (el principal, no valorar adecuadamente la correlación de fuerzas en octubre y actuar en consecuencia) les lleva a una actitud  de “neutralidad” en el conflicto con la monarquía y el régimen del 78. Algo así como “pues claro que les han metido en la cárcel, ¿qué se esperaban?”, con lo cual no es necesario tener en cuenta la involución autoritaria de la muy recortada democracia española y denunciarla. Aunque quien les meta en la cárcel sea el corrupto gobierno del PP, con el apoyo de su felpudo (el PSOE) y de un partido neofalangista (Ciudadanos). Y con la colaboración, a veces incluso tomando la iniciativa, de un aparato judicial en el que no sólo se proyecta la sombra del franquismo, si no que es capaz de salir en tromba a defender a un apologista de la violación (que eso es Ricardo González, el autor del voto particular que solicitaba la absolución de “La Manada”).
No falta quien pretende ser muy republicano y transformador, pero es completamente hostil al único movimiento de masas en el Reino de España, con una capacidad de movilización sostenida sin parangón en Europa, que lucha por una República. Tan hostil como para no mover un dedo contra la prisión de algunos de sus representantes. Tan hostil como para no percibir el potencial transformador de una revuelta democrática que impugna el conjunto del statu quo (y que la burguesía catalana, con mucho mejor instinto de clase, sí ha percibido plenamente: por eso se opone).
Se olvidan los principios democráticos cuando no existe solidaridad con las víctimas de la represión, aunque no se compartan sus proyectos políticos. Que algunos de los encarcelados pertenezcan a la antigua Convergència y hayan aplicado con fervor (el mismo que PP y PSOE) las políticas de austeridad parece que tranquiliza conciencias “de izquierda” cuando dejan hacer a la represión.
El caso de Jordi Cuixart es especialmente doloroso para CCOO de Catalunya. Porque es el líder pacifista de una entidad pacífica (que tiene más de 110.000 socios/as), porque Òmnium ya estuvo prohibido varios años durante el franquismo, porque se ha esforzado personalmente en conectar diversos movimientos sociales, prestando particular atención al sindicalismo... por muchas razones. Javier Pacheco le envió una carta a la prisión, trasladándole su apoyo y el del sindicato. Pero para Unai Sordo, no es un preso político. ¿Que delito ha cometido exactamente? Bueno, “no hay que cuestionar las actuaciones judiciales”.
En cambio, el compañero Unai Sordo sí ha sido sensible a según que presiones. Por ejemplo, las de Sociedad Civil Catalana (SCC) para reunirse con el sindicato. SCC, presentada como una entidad cívica unionista, tiene su origen en la confluencia de diversos grupúsculos fascistas. A su presentación asistieron representantes no sólo del PP y Cs, si no también de Vox, de la Fundación Francisco Franco, de Plataforma por Catalunya (un partido xenófobo y racista). Con posterioridad, el bloque monárquico y su trama mediática lo han pretendido convertir en un “movimiento cívico” contra la independencia. Portadas, paseos con premio incluido por el Parlamento europeo, bochornosa exageración de la asistencia a sus actos (que han acabado, todos, con agresiones fascistas)... Pues bien, el 24 de abril, finalmente, Unai Sordo y Javier Pacheco se reunieron con SCC en Cornellà. El acto no ha tenido mucha repercusión (es de suponer que Javier Pacheco acudió a regañadientes, conocedor de la indignación que provoca en la gran mayoría de la gente afiliada reunirse con una organización de esa calaña). El propósito de tender puentes no justifica un encuentro con SCC, no ayuda a superar conflictos y lo que hace es generar nuevos problemas.
Que CCOO de España no defienda el derecho de autodeterminación es un grave problema político. Que no reconozca la existencia de presos políticos es un problema político y una bancarrota ética.
Alguna cosa se ha perdido en la cultura democrática y de clase en CCOO. Durante 8 años, 2 mandatos, José María Fidalgo ocupó la secretaria general. Estando en el cargo, colaboraba con la FAES, la fundación de Aznar. Tras ser derrotado para un tercer mandato en diciembre de 2008 (por un ajustado 51,6 a 48,4 %), ha sido miembro de una comisión de Unespa (la patronal de seguros, que elabora informes “aconsejando” la extensión de fondos de pensiones privados), ha copresentado una hagiografía sobre Aznar junto con su exministro Josep Piqué, y su última hazaña fue intervenir, el 7 de abril, en la convención del PP en Sevilla, asegurando que “la única forma de garantizar el sistema de pensiones es que siga gobernando el PP”. Esto, durante las grandes manifestaciones en defensa de las pensiones y contra la reforma del PP.
La degeneración de este personaje podría ser una anécdota. Que estuviera 8 años en la máxima responsabilidad de CCOO, y costara tanto librarse de él, no lo es. Un sindicato curtido en la lucha contra el franquismo, víctima de su represión, con visión global de los intereses y valores de la clase trabajadora, como es CCOO, no tendría que haber permitido que personajillos de la derecha más rancia (y claro, va en el mismo paquete, furibundos nacionalistas españoles) mancharan así su historia.
No se puede asegurar que haya una relación causa-efecto, pero quizás Fidalgo haya dejado poso en el sindicato. En todo caso, además de ese poso, hay algo más que hace que la dirección de CCOO de España llegue hasta el extremo de negar la existencia de presos políticos en el régimen de la monarquía española.
Esa negación no sólo genera discrepancia. Genera algo más: asco y vergüenza. Hoy hace 200 días días que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son presos políticos.


es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso. Fue, a lo largo de las últimas decadas, un militante de la izquierda sindical en el interior de CCOO y miembro de diversos órganos de dirección (entre ellos, la Comisión Ejecutiva de CCOO de Cataluña y la Federación estatal de Servicios Financieros y Administrativos).
Fuente:
www.sinpermiso.info, 6-5-18

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