Alberto Garzón (Logroño, 1985), coordinador federal de IU se reincorpora a la actividad política tras su baja por paternidad en un momento especialmente convulso. Unidos Podemos ha cerrado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez que va más allá de los Presupuestos Generales del Estado. Un acuerdo que incluye medidas sociales tras años de recortes, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. Que este acuerdo salga adelante depende, en primer lugar, de que en Bruselas le den el visto bueno a las líneas generales presentadas por el Ejecutivo, algo sobre lo que Sánchez era ayer optimista.
En segundo lugar, de obtener más apoyos en la Cámara. Son necesarios los del PNV y los de Compromís, además de los de los independentistas catalanes, ERC y PDeCat. Estos últimos ponen caros sus apoyos: que el Gobierno interceda en la puesta en libertad de los presos políticos catalanes. Hoy se reúne Pablo Iglesias con Oriol Junqueras, y probablemente otros presos, en la cárcel de Lledoners donde tratarán el apoyo de ERC a los presupuestos. De todo esto, y de la regresión democrática que se vive en el Estado español y Europa, de la monarquía y de memoria histórica, entre otros temas, hablamos con Alberto Garzón, el dirigente de IU, que recibe a cuartopoder.es en el Congreso de los Diputados.
— Ciudadanos y PP están poniendo en duda la legalidad del acuerdo presupuestario de Unidos Podemos con el Gobierno, pues dicen que no cumple la regla del 1,3%, llaman interino al presidente Pedro Sánchez… Estos partidos representan a 11 millones de personas. Ha dicho en varias ocasiones que estas actitudes ponen en riesgo la propia democracia. ¿Hasta qué punto las fuerzas que apuestan por la radicalidad democrática van a remolque de esta involución democrática?
— Lo que están haciendo PP y Ciudadanos es peligroso, están creando un clima profundamente regresivo. Están tratando de deslegitimar no sólo al Gobierno del PSOE en este caso, sino también las propias instituciones democráticas en sus mecanismos fundamentales, los cuales han sido reconocidos siempre por todos los actores. Están tratando de torcer las propias instituciones para forzar su interpretación reaccionaria del momento político, por ejemplo cuando vemos a Ciudadanos y PP pedir un 155 preventivo, sin causa ni tipo de adscripción de la realidad a ese articulado.
Lo que tenemos es una carrera del PP y Ciudadanos hacia la extrema derecha, se van derechizando a ritmos cada vez más acelerados. Esto tiene como consecuencia la normalización de esos discursos de la extrema derecha. No sólo tiene que ver con la deslegitimación política del propio Gobierno, sino con la polarización del discurso político en determinados temas, como con la inmigración o el centralismo, nacionalismo español o anti-independentismo, que se acaba convirtiendo en el discurso de la anti-España. Este ya no señala sólo a los independentistas, también a los comunistas, socialistas, republicanos, ateos, etc. Es una especia de revival de los peores momentos de la historia. Eso lo vemos en Pablo Casado hablando de la hispanidad o en Albert Rivera hablando de la deriva en Catalunya.
— ¿Estos discursos llevan la delantera a los discursos demócratas? ¿Hasta qué punto sus posiciones van a remolque de la derecha?
— No podemos olvidar que la extrema derecha en nuestro país siempre ha existido, aunque con otros ropajes a los de otros países europeos. En otros países europeos, en los que irrumpió el fascismo de forma institucional después de la posguerra, la extrema derecha se reconvirtió en los 80 y 90 y abandonó toda la simbología fascista que les vinculara al periodo de entreguerras, como la fascista italiana o la nazi alemana. Eso condicionó la forma de la extrema derecha europea que hoy llega a tener porcentajes de voto elevados.
España ha tenido elementos que han hecho que esto sea distinto, hemos tenido un partido como el PP, antes Alianza Popular, que incorporaba ese perfil sociológico propio de la extrema derecha, pero con las singularidades de nuestro país. Estas singularidades tienen que ver con que el eje de su discurso no ha sido el de la inmigración, de toda la vida ha sido el del concepto reaccionario de la idea de España. Esto lo estamos viendo resurgir ahora con enorme fuerza. Este es el vector que está haciendo resurgir, ya no sólo la derechización de las fórmulas tradicionales de la derecha de nuestro país, la más conservadora o más moderada, como puede ser el PP o Ciudadanos, sino la radicalización. Lo estamos viendo en el caso de José María Aznar o de Casado, también de Albert Rivera. De esta manera, abren hueco a algo que estaba allí, ese espacio sociológico que quiere ocupar Vox y que utiliza el vector ultranacionalista español que se basa en la idea de una supuesta España real y una anti-España.
Esto está reconfigurando la propia democracia en este país, creo que vamos a ver un escenario nuevo después de las europeas y otros hitos electorales. Veremos una recomposición del espacio político en el que la derecha se fragmenta pero, curiosamente, volviendo a las consignas del pasado, producto de que no se ha roto con la dictadura, de que ese franquismo sociológico ha seguido existiendo.
— Uno de los casos más flagrantes de esta involución democrática es el de los presos políticos catalanes. ERC y PDeCat piden alguna acción para solucionar esto por parte del Gobierno para apoyar los presupuestos. ¿Qué podría hacer el Gobierno en este sentido con respecto a la Fiscalía o la Abogacía del Estado?
— El Gobierno, lo primero que tiene que entender, es que la situación catalana no se va a solucionar por la vía judicial no policial, sino por canales políticos. Estos canales políticos son el diálogo, la negociación, el establecimiento de la normalización de relaciones entre partidos políticos que piensan cosas distintas y que, incluso, algunas de esas cosas que piensan están fuera de la Constitución. Es parte de la política y la adaptación de las leyes a la realidad de un determinado país. Como no se ha entendido esto, ahora tenemos anomalías muy graves, como tener a bastantes personas en la cárcel, en prisión provisional, y que han sido elegidos mediante las urnas y, por tanto, son representantes del pueblo. Esos supuestos delitos se basan en una interpretación profundamente reaccionaria de los jueces que están instruyendo la causa, por ello, se requiere una intervención política que tiene distintos ámbitos de actuación posibles.
Uno es que el Gobierno dé instrucciones a la Abogacía del Estado para retirar la acusación por el delito de rebelión, porque no tiene base política y, además, esto aliviaría el proceso político que se está viviendo en Catalunya. Además, es algo que comparte gran parte de los juristas que intentan acercarse a este fenómeno con neutralidad, es el caso de cuando se hace desde fuera de nuestro país, como desde Bélgica o Alemania, o de organizaciones como Amnistía Internacional.
El delito de rebelión implica violencia, nadie en su sano juicio puede decir que hubo violencia en lo que ocurrió esos días. Llamar a la Abogacía del Estado a que retire la acusación por ese delito ayuda, condiciona el proceso, condiciona lo que suceda en la Fiscalía, deja solos a los jueces reaccionarios… También podría mover ficha, de una forma más sutil, a través de la propia Fiscalía. Creo que esto hay que hacerlo, pero con independencia de lo que pase los presupuestos. Esto es necesario ahora, y también lo era hace un año y seguirá siendo necesario, si no se soluciona antes, después del debate de los presupuestos.
— Por las relaciones que tiene como coordinador federal de IU con los socialistas. ¿Qué presiones internas y externas al PSOE detecta para que no se atrevan a dar este paso en relación a los presos políticos catalanes?
— El PSOE es un partido que ha vivido muchas convulsiones recientes, algunas de ellas se ven hoy en día en el Parlamento. Tienen un grupo parlamentario que es la cristalización de un momento político que ya no existe, el del año 2016. Desde entonces, han pasado muchos hitos políticos, como la renuncia de su secretario general y la vuelta del mismo a través de unas primarias. Todo esto conforma un ecosistema que ha mutado y que condiciona las acciones del PSOE en las que participa, como los presupuestos o la situación de Catalunya.
Por otro lado, creo que el PSOE no termina de comprender la profundidad de lo que está en juego. El PSOE llega al Gobierno apoyado por lo que algunos hemos llamado una alianza republicana, que no tiene que ver con un acuerdo explícito, sino con una manifestación clara y práctica de que todos los partidos que apoyamos la moción de censura entendemos que el modelo de Estado tiene que cambiar: Unidos Podemos y confluencias, ERC, PDeCat, PNV… Somos una parte del Parlamento, mayoritaria, que considera que el modelo de Estado tiene que cambiar. Dentro del modelo de Estado caben muchas posibilidades, pero ese es el hilo común que articula una construcción alternativa al polo que venía dominando, el de la derecha reaccionaria, que tiene una visión del Estado uniforme, homogénea, unitaria del Estado, del país y de la nación.
El PSOE, en vez de entender esto y que no estaría en el Gobierno sin esta alianza, intenta mantenerse entre dos aguas, contentar a unos y a otros, seguir siendo Gobierno sin asumir que la mayoría del Parlamento opta por cambios. Se mantiene en una ambigüedad o ambivalencia que puede durar en el corto plazo, pero no en el largo, porque necesariamente acabaremos agotándonos porque la propia realidad social nos invita a cambios. Esos cambios no pueden ser estéticos, cosméticos, no puede ser un cambio menor en la Constitución para dar la posibilidad de llegar a la Jefatura del Estado a una mujer en vez de a un hombre, tienen que ser cambios que entiendan la profundidad de lo que está en juego.
Lo que está en juego es que hay dos millones de personas en Catalunya que anhelan legítimamente la independencia, y esto no se va a acabar por celebrar el 40 aniversario de la Constitución, esto hay que abordarlo valientemente. El primer mensaje que lanzó Sánchez, en este sentido, fue poner en el Ministerio de Exteriores a Borrell, y Borrell está lanzando mensajes en los últimos días que contribuyen más a que no salgan los presupuestos que a construir esta alternativa que estoy describiendo.
— Y, en este contexto, Sánchez se apresura a llevar ante el Tribunal Constitucional una decisión del Parlament de reprobar la monarquía…
— Eso es absolutamente inconcebible e incoherente. Lo que acabo de decir es perfectamente aplicable. Los partidos que apoyamos a Sánchez para quitar a Rajoy tenemos una clara vinculación con un modelo alternativo de país y es republicano. Es perfectamente posible reprobar en un parlamento a Felipe de Borbón y entra en lo normal en la democracia, un parlamento puede votar o reprobar, decir políticamente que no le gusta su jefe del Estado. Que haya un Gobierno que se dice de izquierdas que no entiende esto me parece preocupante, me parece un mal asesoramiento a Sánchez que sólo puede venir de quienes no le quieren mucho.
— ¿Vemos una evolución del PSOE hacia una tendencia a la portuguesa, rompiendo con esa socialdemocracia de las últimas décadas, alemana, que no ha dudado en formar grandes coaliciones o apoyarse con la derecha, como también ha hecho Susana Díaz en Andalucía con Ciudadanos?
— La constatación es que el espacio socialdemócrata, con generosidad llamado así en nuestro país, está sufriendo profundas contradicciones. Contradicciones entre lo que se ha construido con su favor, un modelo en la Unión Europea neoliberal, profundamente regresivo en lo social y lo económico, y el deseo de lo que se manifiesta en gran parte de sus bases, que son progresistas, que defienden los servicios públicos y que en nuestro país, republicanas. Eso lleva contradicciones que, en algunos casos, han acabado con estos partidos, como es el caso de Grecia o de Francia.
En España, como en Portugal, han optado por protegerse apoyándose en alianzas alternativas de diferente configuración, que se sustentan en acuerdos con la izquierda. Pero esto les genera más contradicciones, porque, evidentemente, el PSOE ha cambiado en su totalidad y ahora está de acuerdo en pactar con nosotros. Sólo hay que observar que Susana Díaz, que se presentó contra Pedro Sánchez, gobierna en Andalucía, hasta ahora, con el apoyo de Ciudadanos, con la derecha reaccionaria de este país.
Hay que ver esto como una especie de contingencia, un momento puntual que ocurre en la política por una persona que fue valiente y audaz en un momento concreto, que fue Sánchez presentándose a las primarias, pero dentro de una estructura que fue la misma que le expulsó. Creo que ha comprendido, por eso, que la salvaguarda no está por ese lado, está por el de la izquierda, pero tampoco puede seguir manteniéndose en aquella antigua vieja guardia porque tarde o temprano llegarán los cuchillos.
— Díaz, que antes de gobernar apoyándose en Ciudadanos lo hizo apoyándose en IU. IU en Andalucía aprendió que el PSOE es capaz de apropiarse de las políticas desarrolladas por la izquierda y hacerlas parecer como propias. ¿Está este riesgo ahora a nivel estatal al apoyar a un gobierno socialista?
— El PSOE es un instrumento político de enorme poder e influencia, sin duda menguante, no es el mismo PSOE ahora que el de Felipe González en todos los sentidos. Sin duda, en el caso andaluz, cuando gobernábamos con ellos, se daba la circunstancia de que la capacidad del PSOE de perdurar en el poder había facilitado sus resortes para comunicar la política de manera interesada hacia ellos mismos, así lo demostraron los resultados electorales.
Sin embargo, las alianzas políticas siempre se dan en contextos determinados, y no siempre son los mismos. Yo siempre he sido de la cultura política de programa, programa, programa. Siempre acuerdo con los diferentes actores políticos en base al programa, no por los actores políticos en sí. Puedo llegar a acuerdos con el PSOE en algunos casos o no, como en este caso con los presupuestos o, al contrario, como cuando presentó el acuerdo con Ciudadanos hace un par de años.
De lo que se trata es de ver el programa o el contexto. En este caso, el programa es adecuado, un primer paso para revertir los recortes que se iniciaron en 2010. Es un primer paso, queda mucha tarea en muchos elementos que son todavía muy insuficientes. Pero, en segundo lugar, es un contexto distinto, el PSOE tiene 84 diputados, está en unas condiciones muy distintas a las que estaba en Andalucía en el 2012. Hay que evaluar siempre de forma singular, sin caer en dogmatismo, siendo fiel a las ideas y a las prácticas.
— En el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos, no se menciona nada sobre los presos políticos catalanes. ¿Intentaron llevar algo a la negociación sobre este aspecto?
— No. Para nosotros, es un elemento que hay que resolver, pero que no puede condicionar otros elementos necesarios como son los que hemos hablado que tienen que ver con los presupuestos.
— ¿No hay que tratar con el Gobierno que hay presos políticos actualmente en el Estado español?
— Hay que tratarlo y hay que explicarle pedagógicamente que lo que está sucediendo es injusto, pero eso no tiene por qué estar estrechamente ligado y condicionado a un acuerdo sobre los presupuestos. Pueden ser dos carriles simultáneos y paralelos, pueden ser abordados a la vez, pero sería un error condicionar la subida del salario mínimo a los procesos judiciales de Catalunya. Sería un error, con esto no quiero decir que alguna de las dos cosas sea prioritaria sobre la otra, simplemente que no podemos condicionar todo porque iríamos a propuestas maximalistas que al final nos llevarían a la parálisis.
— Pero, este acuerdo, más allá de un acuerdo de presupuestos, se puede intuir un acuerdo de legislatura. Por ejemplo, se habla de modificar las leyes mordaza y eso no tiene por qué estar contemplado en los presupuestos…
— No creo que se trate de un acuerdo de legislatura. Se trata de entender que el PSOE está en el Gobierno gracias a una alianza republicana que le apoyamos. No pusimos precio, queríamos echar a Rajoy y construir una alternativa que abriera oportunidades de transformación en nuestro país y que pudiera dar cambios. En este momento, llega un hito que da una oportunidad, que es el de los presupuestos, y decimos que vamos a apoyar los presupuestos a cambio de programa político, a cambio de determinadas medidas yo no te tiro los presupuestos, no impido que sigas en el Gobierno.
Esto no significa que yo al día siguiente te apoye necesariamente. Te puedo apoyar si veo que las medidas políticas acordadas siguen adelante y no hacerlo si creo que tus políticas desde el Gobierno no son convenientes. Esto quiere decir que el día después de los presupuestos, si el PSOE sigue haciendo leyes inconvenientes, las criticaremos, no hay acuerdo de legislatura. Hay un hito que ha sido superado porque se han puesto sobre la mesa determinadas condiciones que han sido satisfechas. Al día siguiente, habrá que garantizar, entre otras cosas, que se cumplan esos acuerdos.
— Hablaba de que no se ha generado una ruptura sociológica con el franquismo en algunos sectores sociales. Esto se puede plasmar en la judicatura. Billy el Niño o Juan Cotino en actos oficiales de la Policía Nacional, el golpista Tejero, en uno de la Guardia Civil… Usted compartió un tweet del humorista Facu Díaz en el que aludía a una noticia de que en Alemania, tras una inspección en las fuerzas armadas, se detectaron 200 individuos vinculados con la extrema derecha. ¿Se imagina una inspección así en España en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el Ejército?
— No me lo imagino, pero si la hubiera, probablemente el número que encontrarían sería mayor. Una razón muy sencilla, vivimos una transición política que permitió un sistema político que permitía que nos presentáramos a las elecciones, se legalizó el PCE y terminó con algunas instituciones del franquismo, pero no hubo otra serie de transiciones que suelen acompañar a las transiciones políticas hacia la democracia. No hubo una transición en la estructura de poder, las oligarquías franquistas siguieron siendo las mismas en la democracia. Las viejas familias que se habían enriquecido en el franquismo siguieron siendo millonarias en la democracia. Las altas instituciones del Estado apenas se renovaron, el poder judicial, la estructura militar, incluso en los medios de comunicación, agentes de la propaganda franquista siguieron siendo periodistas en los grandes medios en la democracia.
Lo que hemos tenido ha sido una perpetuación de determinadas culturas políticas, incluida la de la corrupción, la forma de corrupción del tardofranquismo es la que vemos actualmente: un empresario llega a un sitio y a cambio de un favor te da un sobre o un maletín. Algunos de los protagonistas, incluso, son las mismas personas, como Villar Mir.
Se trata de entender que eso está latente, no ha habido una ruptura con eso y eso tiene manifestaciones después. Depende de la correlación de fuerzas y el contexto. Ahora tenemos un contexto de un clima reaccionario que permite que esos jueces que habían estado callados, quizás porque era inconveniente decir políticamente lo que pensaban, empiecen a utilizar elementos que no se habían utilizado hasta ahora para reprimir a tuiteros, cantantes, cómicos o a políticos independentistas.
Esos instrumentos estaban ya, el delito de injurias a la Corona o el de ofensas a los sentimientos religiosos también estaban, pero apenas se usaban, sin embargo, ahora se usan más. ¿Cómo es posible? Es por el clima, el clima actual ha hecho que muchos elementos que estaban vigentes hayan tenido la capacidad de reproducirse como una casta, hayan intervenido de una forma profundamente regresiva. La misma ley, que antes no se utilizaba porque parecía anacrónica, porque lo es, ahora de repente es habitual, casos como el de Willy Toledo, un juez que admite a trámite una supuesta injuria a los sentimientos religiosos. Ese clima es importante entenderlo, no sólo hay que romper con el franquismo en términos simbólicos, sino que hay que ir a la raíz del problema, la ausencia de una ruptura real con el franquismo como cultura y política.
— Y Franco a la Almudena. ¿Es una broma macabra? ¿Cómo valora la acción del Gobierno en lo relativo a la exhumación del dictador?
— Es la mejor expresión de lo que estaba planteando. Cuando uno no es capaz de romper de forma nítida y explícita con el franquismo y sólo acude a resortes menores, siempre hace aguas. Cuando lo que hace falta es una ley de memoria histórica que mejore la de 2007, que tenía enormes lagunas, cuando hace falta eso y te quedas en meros gestos simbólicos como sacar a Franco del Valle de los Caídos, al final haces aguas por todas partes y te encuentras con situaciones inesperadas como que la Iglesia vaya a ser cómplice de lo que va a ser la apología más notable al dictador desde el final de la dictadura.
En este caso, hay que ser contundente. Si la Iglesia tiene la capacidad de vetar que ese dictador esté en el centro de Madrid, debería vetarlo. Si no lo hace, el Gobierno debería acabar con todos los convenios con la Santa Sede.
— Sobre esto de romper relaciones con la Santa Sede, ¿ha tenido alguna conversación con el Gobierno?
— Hemos tenido varias reuniones con el PSOE para abordar una reforma de la ley de memoria histórica profunda y sincera. Creo que hay ganas por algunos militantes y diputados, y que no hay voluntad política desde arriba para afrontar un tema de tanta magnitud. Creo, incluso, que hay desconcierto en el Gobierno porque lo que intentaron responder con un gesto se han dado cuenta que, o dan marcha atrás y quedan peor, o dan una marcha hacia adelante y lo resuelven de fondo, cosa que no se atreven a hacer.
— Piden una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos de Borbón una vez terminado su reinado, para que no influya su inviolabilidad. ¿Qué cree que hará el PSOE?
— El PSOE siempre ha hecho lo mismo, defender a la Casa Real. Lo ha hecho, incluso, en los casos más obvios en los que la Casa Real estaba afectada por casos de corrupción, como es el caso de Urdangarin o los relacionados con los procesos de intermediación comercial, con el caso de la amante del ciudadano Juan Carlos de Borbón… El PSOE se equivoca cuando cree que salvar a la monarquía es salvar España. Yo creo que no es así, cuando la monarquía es perniciosa o es corrupta, lo que hay que hacer es limpiarla. La mejor manera de limpiarla es investigarla y abrir un proceso que pueda culminar con la abolición de la monarquía. Hay que estar dispuesto a sacrificar la monarquía para salvar la democracia.
— ¿Cómo ve a la monarquía? Ha pasado un año complicado: Urdangarin, las grabaciones de Corinna…
— La Casa Real leyó bien, en el año 2014, la situación política, se anticipó a los acontecimientos con la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Desde luego, a partir de ahí, volvió a cometer los mismos errores. El problema es que cuando tienes una institución dentro de tu ordenamiento jurídico que es inviolable, que puede hacer lo que le dé la gana, sin ningún tipo de consecuencia legal o social, estás abriendo la puerta a que determinadas cosas sucedan.
Por lo tanto, los casos de Urdangarin o Corinna son lógicos dentro de esta arquitectura. Que las instituciones del Estado defiendan a esta Casa Real me parecen una barbaridad, el CNI, el propio Estado, defendiendo a la Casa Real porque creen que así se defiende a España. La gente lo percibe, por debajo va teniendo un sentimiento de desafección claro hacia la monarquía, que ya es total en algunos puntos, como Catalunya o incluso Euskadi, donde han notado que, además, tiene un planteamiento derechista en asuntos como el de Catalunya.
— Le hemos escuchado posicionarse en distintas ocasiones sobre el acuerdo presupuestario, seguro que lo seguiremos escuchando en los próximos días. Le pido que sea pedagógico, que explique, como economista, a gente que no lo es, lo siguiente. ¿Si la senda de déficit se mantiene en el 1,3%, es posible este acuerdo?
— Hay que verlo con los papeles delante. Lógicamente una senda de 1,3 es peor que una de 1,8, siendo las dos malas noticias. Ninguna de las dos responde a la línea que corresponde con las necesidades de nuestro país. Ahora mismo, no tenemos encima de la mesa los diferentes escenarios.
— ¿Se van a subir las cuotas de los autónomos?
— El acuerdo trata de mejorar la vida de los autónomos y ninguna de las acusaciones que se han hecho de que este acuerdo, que se cristalizará en presupuestos, mermará la capacidad de los autónomos son ciertas. Al contrario, creo que las condiciones de los autónomos mejorarán su capacidad en los diferentes cambios, incluyendo que no se sumará la base imponible por la subida del SMI.
— ¿Puede la subida del SMI suponer un aumento del desempleo? Quizás haya pymes que no puedan abordar una subida del salario de sus escasos trabajadores…
— Hay un fundamentalismo de mercado entre quienes aseguran eso. No hay datos empíricos ni hechos constatados en los últimos 30 o 40 años en las economías occidentales que demuestren que la subida del SMI haya generado un incremento de la tasa de paro. La literatura es diversa al respecto y depende de muchas otras variables, por lo tanto, no es tan sencillo como dice la derecha.
Hasta la CEOE pactó con CCOO y UGT una subida del SMI a 1.000 euros, por lo tanto, si la CEOE es capaz de pactar eso, hablamos de unos contextos que requieren un mayor pensamiento. Luego, el SMI puede generar un aumento de la demanda que beneficie a esas pymes. Desde el punto de vista de la teoría económica, tenemos que tener presente que este análisis simplón de los defensores a ultranza del libre mercado autorregulado se olvida de los beneficios. Cuando suben los salarios, puede repercutir en el precio, siempre que los beneficios se mantengan iguales. A lo que hemos asistido durante los últimos años, constatado en los datos, es que los beneficios han crecido mucho a costa de lo salarios, si invertimos esa relación, los precios se pueden mantener igual y, por lo tanto, las empresas no estarían en peligro, estarían en peligro los beneficios desorbitados de muchas empresas.
— Para terminar, vemos cómo el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos ha tenido siempre en cuenta a Bruselas. Sin embargo, el gobierno italiano no lo hace. ¿Cuida más a las instituciones europeas la izquierda que la extrema derecha?
— La Unión Europea hace aguas por todas partes. Tiene un problema muy grave con el Brexit, que es un síntoma de los problemas económicos y sociales creados por la propia Unión Europea. Pero luego, tiene otro problema que es Italia, la manifestación de un gobierno con claros tintes fascistas, por parte de la Liga Norte, que no sólo se enfrenta la unión económica, sino también con un discurso ultraderechista de ataque hacia la inmigración. Por lo tanto, la Unión Europea está haciendo aguas como proyecto político, el proyecto económico sigue vigente. Dentro de la magnitud de esos problemas, si se sigue con la obstinación en profundizar su línea neoliberal a través del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, se estará agilizando su propio entierro.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/espana/2018/10/19/entrevista-alberto-garzon-sacrificar-monarquia-salvar-democracia/
En segundo lugar, de obtener más apoyos en la Cámara. Son necesarios los del PNV y los de Compromís, además de los de los independentistas catalanes, ERC y PDeCat. Estos últimos ponen caros sus apoyos: que el Gobierno interceda en la puesta en libertad de los presos políticos catalanes. Hoy se reúne Pablo Iglesias con Oriol Junqueras, y probablemente otros presos, en la cárcel de Lledoners donde tratarán el apoyo de ERC a los presupuestos. De todo esto, y de la regresión democrática que se vive en el Estado español y Europa, de la monarquía y de memoria histórica, entre otros temas, hablamos con Alberto Garzón, el dirigente de IU, que recibe a cuartopoder.es en el Congreso de los Diputados.
— Ciudadanos y PP están poniendo en duda la legalidad del acuerdo presupuestario de Unidos Podemos con el Gobierno, pues dicen que no cumple la regla del 1,3%, llaman interino al presidente Pedro Sánchez… Estos partidos representan a 11 millones de personas. Ha dicho en varias ocasiones que estas actitudes ponen en riesgo la propia democracia. ¿Hasta qué punto las fuerzas que apuestan por la radicalidad democrática van a remolque de esta involución democrática?
— Lo que están haciendo PP y Ciudadanos es peligroso, están creando un clima profundamente regresivo. Están tratando de deslegitimar no sólo al Gobierno del PSOE en este caso, sino también las propias instituciones democráticas en sus mecanismos fundamentales, los cuales han sido reconocidos siempre por todos los actores. Están tratando de torcer las propias instituciones para forzar su interpretación reaccionaria del momento político, por ejemplo cuando vemos a Ciudadanos y PP pedir un 155 preventivo, sin causa ni tipo de adscripción de la realidad a ese articulado.
Lo que tenemos es una carrera del PP y Ciudadanos hacia la extrema derecha, se van derechizando a ritmos cada vez más acelerados. Esto tiene como consecuencia la normalización de esos discursos de la extrema derecha. No sólo tiene que ver con la deslegitimación política del propio Gobierno, sino con la polarización del discurso político en determinados temas, como con la inmigración o el centralismo, nacionalismo español o anti-independentismo, que se acaba convirtiendo en el discurso de la anti-España. Este ya no señala sólo a los independentistas, también a los comunistas, socialistas, republicanos, ateos, etc. Es una especia de revival de los peores momentos de la historia. Eso lo vemos en Pablo Casado hablando de la hispanidad o en Albert Rivera hablando de la deriva en Catalunya.
— ¿Estos discursos llevan la delantera a los discursos demócratas? ¿Hasta qué punto sus posiciones van a remolque de la derecha?
— No podemos olvidar que la extrema derecha en nuestro país siempre ha existido, aunque con otros ropajes a los de otros países europeos. En otros países europeos, en los que irrumpió el fascismo de forma institucional después de la posguerra, la extrema derecha se reconvirtió en los 80 y 90 y abandonó toda la simbología fascista que les vinculara al periodo de entreguerras, como la fascista italiana o la nazi alemana. Eso condicionó la forma de la extrema derecha europea que hoy llega a tener porcentajes de voto elevados.
España ha tenido elementos que han hecho que esto sea distinto, hemos tenido un partido como el PP, antes Alianza Popular, que incorporaba ese perfil sociológico propio de la extrema derecha, pero con las singularidades de nuestro país. Estas singularidades tienen que ver con que el eje de su discurso no ha sido el de la inmigración, de toda la vida ha sido el del concepto reaccionario de la idea de España. Esto lo estamos viendo resurgir ahora con enorme fuerza. Este es el vector que está haciendo resurgir, ya no sólo la derechización de las fórmulas tradicionales de la derecha de nuestro país, la más conservadora o más moderada, como puede ser el PP o Ciudadanos, sino la radicalización. Lo estamos viendo en el caso de José María Aznar o de Casado, también de Albert Rivera. De esta manera, abren hueco a algo que estaba allí, ese espacio sociológico que quiere ocupar Vox y que utiliza el vector ultranacionalista español que se basa en la idea de una supuesta España real y una anti-España.
Esto está reconfigurando la propia democracia en este país, creo que vamos a ver un escenario nuevo después de las europeas y otros hitos electorales. Veremos una recomposición del espacio político en el que la derecha se fragmenta pero, curiosamente, volviendo a las consignas del pasado, producto de que no se ha roto con la dictadura, de que ese franquismo sociológico ha seguido existiendo.
— Uno de los casos más flagrantes de esta involución democrática es el de los presos políticos catalanes. ERC y PDeCat piden alguna acción para solucionar esto por parte del Gobierno para apoyar los presupuestos. ¿Qué podría hacer el Gobierno en este sentido con respecto a la Fiscalía o la Abogacía del Estado?
— El Gobierno, lo primero que tiene que entender, es que la situación catalana no se va a solucionar por la vía judicial no policial, sino por canales políticos. Estos canales políticos son el diálogo, la negociación, el establecimiento de la normalización de relaciones entre partidos políticos que piensan cosas distintas y que, incluso, algunas de esas cosas que piensan están fuera de la Constitución. Es parte de la política y la adaptación de las leyes a la realidad de un determinado país. Como no se ha entendido esto, ahora tenemos anomalías muy graves, como tener a bastantes personas en la cárcel, en prisión provisional, y que han sido elegidos mediante las urnas y, por tanto, son representantes del pueblo. Esos supuestos delitos se basan en una interpretación profundamente reaccionaria de los jueces que están instruyendo la causa, por ello, se requiere una intervención política que tiene distintos ámbitos de actuación posibles.
Uno es que el Gobierno dé instrucciones a la Abogacía del Estado para retirar la acusación por el delito de rebelión, porque no tiene base política y, además, esto aliviaría el proceso político que se está viviendo en Catalunya. Además, es algo que comparte gran parte de los juristas que intentan acercarse a este fenómeno con neutralidad, es el caso de cuando se hace desde fuera de nuestro país, como desde Bélgica o Alemania, o de organizaciones como Amnistía Internacional.
El delito de rebelión implica violencia, nadie en su sano juicio puede decir que hubo violencia en lo que ocurrió esos días. Llamar a la Abogacía del Estado a que retire la acusación por ese delito ayuda, condiciona el proceso, condiciona lo que suceda en la Fiscalía, deja solos a los jueces reaccionarios… También podría mover ficha, de una forma más sutil, a través de la propia Fiscalía. Creo que esto hay que hacerlo, pero con independencia de lo que pase los presupuestos. Esto es necesario ahora, y también lo era hace un año y seguirá siendo necesario, si no se soluciona antes, después del debate de los presupuestos.
— Por las relaciones que tiene como coordinador federal de IU con los socialistas. ¿Qué presiones internas y externas al PSOE detecta para que no se atrevan a dar este paso en relación a los presos políticos catalanes?
— El PSOE es un partido que ha vivido muchas convulsiones recientes, algunas de ellas se ven hoy en día en el Parlamento. Tienen un grupo parlamentario que es la cristalización de un momento político que ya no existe, el del año 2016. Desde entonces, han pasado muchos hitos políticos, como la renuncia de su secretario general y la vuelta del mismo a través de unas primarias. Todo esto conforma un ecosistema que ha mutado y que condiciona las acciones del PSOE en las que participa, como los presupuestos o la situación de Catalunya.
Por otro lado, creo que el PSOE no termina de comprender la profundidad de lo que está en juego. El PSOE llega al Gobierno apoyado por lo que algunos hemos llamado una alianza republicana, que no tiene que ver con un acuerdo explícito, sino con una manifestación clara y práctica de que todos los partidos que apoyamos la moción de censura entendemos que el modelo de Estado tiene que cambiar: Unidos Podemos y confluencias, ERC, PDeCat, PNV… Somos una parte del Parlamento, mayoritaria, que considera que el modelo de Estado tiene que cambiar. Dentro del modelo de Estado caben muchas posibilidades, pero ese es el hilo común que articula una construcción alternativa al polo que venía dominando, el de la derecha reaccionaria, que tiene una visión del Estado uniforme, homogénea, unitaria del Estado, del país y de la nación.
El PSOE, en vez de entender esto y que no estaría en el Gobierno sin esta alianza, intenta mantenerse entre dos aguas, contentar a unos y a otros, seguir siendo Gobierno sin asumir que la mayoría del Parlamento opta por cambios. Se mantiene en una ambigüedad o ambivalencia que puede durar en el corto plazo, pero no en el largo, porque necesariamente acabaremos agotándonos porque la propia realidad social nos invita a cambios. Esos cambios no pueden ser estéticos, cosméticos, no puede ser un cambio menor en la Constitución para dar la posibilidad de llegar a la Jefatura del Estado a una mujer en vez de a un hombre, tienen que ser cambios que entiendan la profundidad de lo que está en juego.
Lo que está en juego es que hay dos millones de personas en Catalunya que anhelan legítimamente la independencia, y esto no se va a acabar por celebrar el 40 aniversario de la Constitución, esto hay que abordarlo valientemente. El primer mensaje que lanzó Sánchez, en este sentido, fue poner en el Ministerio de Exteriores a Borrell, y Borrell está lanzando mensajes en los últimos días que contribuyen más a que no salgan los presupuestos que a construir esta alternativa que estoy describiendo.
— Y, en este contexto, Sánchez se apresura a llevar ante el Tribunal Constitucional una decisión del Parlament de reprobar la monarquía…
— Eso es absolutamente inconcebible e incoherente. Lo que acabo de decir es perfectamente aplicable. Los partidos que apoyamos a Sánchez para quitar a Rajoy tenemos una clara vinculación con un modelo alternativo de país y es republicano. Es perfectamente posible reprobar en un parlamento a Felipe de Borbón y entra en lo normal en la democracia, un parlamento puede votar o reprobar, decir políticamente que no le gusta su jefe del Estado. Que haya un Gobierno que se dice de izquierdas que no entiende esto me parece preocupante, me parece un mal asesoramiento a Sánchez que sólo puede venir de quienes no le quieren mucho.
— ¿Vemos una evolución del PSOE hacia una tendencia a la portuguesa, rompiendo con esa socialdemocracia de las últimas décadas, alemana, que no ha dudado en formar grandes coaliciones o apoyarse con la derecha, como también ha hecho Susana Díaz en Andalucía con Ciudadanos?
— La constatación es que el espacio socialdemócrata, con generosidad llamado así en nuestro país, está sufriendo profundas contradicciones. Contradicciones entre lo que se ha construido con su favor, un modelo en la Unión Europea neoliberal, profundamente regresivo en lo social y lo económico, y el deseo de lo que se manifiesta en gran parte de sus bases, que son progresistas, que defienden los servicios públicos y que en nuestro país, republicanas. Eso lleva contradicciones que, en algunos casos, han acabado con estos partidos, como es el caso de Grecia o de Francia.
En España, como en Portugal, han optado por protegerse apoyándose en alianzas alternativas de diferente configuración, que se sustentan en acuerdos con la izquierda. Pero esto les genera más contradicciones, porque, evidentemente, el PSOE ha cambiado en su totalidad y ahora está de acuerdo en pactar con nosotros. Sólo hay que observar que Susana Díaz, que se presentó contra Pedro Sánchez, gobierna en Andalucía, hasta ahora, con el apoyo de Ciudadanos, con la derecha reaccionaria de este país.
Hay que ver esto como una especie de contingencia, un momento puntual que ocurre en la política por una persona que fue valiente y audaz en un momento concreto, que fue Sánchez presentándose a las primarias, pero dentro de una estructura que fue la misma que le expulsó. Creo que ha comprendido, por eso, que la salvaguarda no está por ese lado, está por el de la izquierda, pero tampoco puede seguir manteniéndose en aquella antigua vieja guardia porque tarde o temprano llegarán los cuchillos.
— Díaz, que antes de gobernar apoyándose en Ciudadanos lo hizo apoyándose en IU. IU en Andalucía aprendió que el PSOE es capaz de apropiarse de las políticas desarrolladas por la izquierda y hacerlas parecer como propias. ¿Está este riesgo ahora a nivel estatal al apoyar a un gobierno socialista?
— El PSOE es un instrumento político de enorme poder e influencia, sin duda menguante, no es el mismo PSOE ahora que el de Felipe González en todos los sentidos. Sin duda, en el caso andaluz, cuando gobernábamos con ellos, se daba la circunstancia de que la capacidad del PSOE de perdurar en el poder había facilitado sus resortes para comunicar la política de manera interesada hacia ellos mismos, así lo demostraron los resultados electorales.
Sin embargo, las alianzas políticas siempre se dan en contextos determinados, y no siempre son los mismos. Yo siempre he sido de la cultura política de programa, programa, programa. Siempre acuerdo con los diferentes actores políticos en base al programa, no por los actores políticos en sí. Puedo llegar a acuerdos con el PSOE en algunos casos o no, como en este caso con los presupuestos o, al contrario, como cuando presentó el acuerdo con Ciudadanos hace un par de años.
De lo que se trata es de ver el programa o el contexto. En este caso, el programa es adecuado, un primer paso para revertir los recortes que se iniciaron en 2010. Es un primer paso, queda mucha tarea en muchos elementos que son todavía muy insuficientes. Pero, en segundo lugar, es un contexto distinto, el PSOE tiene 84 diputados, está en unas condiciones muy distintas a las que estaba en Andalucía en el 2012. Hay que evaluar siempre de forma singular, sin caer en dogmatismo, siendo fiel a las ideas y a las prácticas.
— En el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos, no se menciona nada sobre los presos políticos catalanes. ¿Intentaron llevar algo a la negociación sobre este aspecto?
— No. Para nosotros, es un elemento que hay que resolver, pero que no puede condicionar otros elementos necesarios como son los que hemos hablado que tienen que ver con los presupuestos.
— ¿No hay que tratar con el Gobierno que hay presos políticos actualmente en el Estado español?
— Hay que tratarlo y hay que explicarle pedagógicamente que lo que está sucediendo es injusto, pero eso no tiene por qué estar estrechamente ligado y condicionado a un acuerdo sobre los presupuestos. Pueden ser dos carriles simultáneos y paralelos, pueden ser abordados a la vez, pero sería un error condicionar la subida del salario mínimo a los procesos judiciales de Catalunya. Sería un error, con esto no quiero decir que alguna de las dos cosas sea prioritaria sobre la otra, simplemente que no podemos condicionar todo porque iríamos a propuestas maximalistas que al final nos llevarían a la parálisis.
— Pero, este acuerdo, más allá de un acuerdo de presupuestos, se puede intuir un acuerdo de legislatura. Por ejemplo, se habla de modificar las leyes mordaza y eso no tiene por qué estar contemplado en los presupuestos…
— No creo que se trate de un acuerdo de legislatura. Se trata de entender que el PSOE está en el Gobierno gracias a una alianza republicana que le apoyamos. No pusimos precio, queríamos echar a Rajoy y construir una alternativa que abriera oportunidades de transformación en nuestro país y que pudiera dar cambios. En este momento, llega un hito que da una oportunidad, que es el de los presupuestos, y decimos que vamos a apoyar los presupuestos a cambio de programa político, a cambio de determinadas medidas yo no te tiro los presupuestos, no impido que sigas en el Gobierno.
Esto no significa que yo al día siguiente te apoye necesariamente. Te puedo apoyar si veo que las medidas políticas acordadas siguen adelante y no hacerlo si creo que tus políticas desde el Gobierno no son convenientes. Esto quiere decir que el día después de los presupuestos, si el PSOE sigue haciendo leyes inconvenientes, las criticaremos, no hay acuerdo de legislatura. Hay un hito que ha sido superado porque se han puesto sobre la mesa determinadas condiciones que han sido satisfechas. Al día siguiente, habrá que garantizar, entre otras cosas, que se cumplan esos acuerdos.
— Hablaba de que no se ha generado una ruptura sociológica con el franquismo en algunos sectores sociales. Esto se puede plasmar en la judicatura. Billy el Niño o Juan Cotino en actos oficiales de la Policía Nacional, el golpista Tejero, en uno de la Guardia Civil… Usted compartió un tweet del humorista Facu Díaz en el que aludía a una noticia de que en Alemania, tras una inspección en las fuerzas armadas, se detectaron 200 individuos vinculados con la extrema derecha. ¿Se imagina una inspección así en España en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el Ejército?
— No me lo imagino, pero si la hubiera, probablemente el número que encontrarían sería mayor. Una razón muy sencilla, vivimos una transición política que permitió un sistema político que permitía que nos presentáramos a las elecciones, se legalizó el PCE y terminó con algunas instituciones del franquismo, pero no hubo otra serie de transiciones que suelen acompañar a las transiciones políticas hacia la democracia. No hubo una transición en la estructura de poder, las oligarquías franquistas siguieron siendo las mismas en la democracia. Las viejas familias que se habían enriquecido en el franquismo siguieron siendo millonarias en la democracia. Las altas instituciones del Estado apenas se renovaron, el poder judicial, la estructura militar, incluso en los medios de comunicación, agentes de la propaganda franquista siguieron siendo periodistas en los grandes medios en la democracia.
Lo que hemos tenido ha sido una perpetuación de determinadas culturas políticas, incluida la de la corrupción, la forma de corrupción del tardofranquismo es la que vemos actualmente: un empresario llega a un sitio y a cambio de un favor te da un sobre o un maletín. Algunos de los protagonistas, incluso, son las mismas personas, como Villar Mir.
Se trata de entender que eso está latente, no ha habido una ruptura con eso y eso tiene manifestaciones después. Depende de la correlación de fuerzas y el contexto. Ahora tenemos un contexto de un clima reaccionario que permite que esos jueces que habían estado callados, quizás porque era inconveniente decir políticamente lo que pensaban, empiecen a utilizar elementos que no se habían utilizado hasta ahora para reprimir a tuiteros, cantantes, cómicos o a políticos independentistas.
Esos instrumentos estaban ya, el delito de injurias a la Corona o el de ofensas a los sentimientos religiosos también estaban, pero apenas se usaban, sin embargo, ahora se usan más. ¿Cómo es posible? Es por el clima, el clima actual ha hecho que muchos elementos que estaban vigentes hayan tenido la capacidad de reproducirse como una casta, hayan intervenido de una forma profundamente regresiva. La misma ley, que antes no se utilizaba porque parecía anacrónica, porque lo es, ahora de repente es habitual, casos como el de Willy Toledo, un juez que admite a trámite una supuesta injuria a los sentimientos religiosos. Ese clima es importante entenderlo, no sólo hay que romper con el franquismo en términos simbólicos, sino que hay que ir a la raíz del problema, la ausencia de una ruptura real con el franquismo como cultura y política.
— Y Franco a la Almudena. ¿Es una broma macabra? ¿Cómo valora la acción del Gobierno en lo relativo a la exhumación del dictador?
— Es la mejor expresión de lo que estaba planteando. Cuando uno no es capaz de romper de forma nítida y explícita con el franquismo y sólo acude a resortes menores, siempre hace aguas. Cuando lo que hace falta es una ley de memoria histórica que mejore la de 2007, que tenía enormes lagunas, cuando hace falta eso y te quedas en meros gestos simbólicos como sacar a Franco del Valle de los Caídos, al final haces aguas por todas partes y te encuentras con situaciones inesperadas como que la Iglesia vaya a ser cómplice de lo que va a ser la apología más notable al dictador desde el final de la dictadura.
En este caso, hay que ser contundente. Si la Iglesia tiene la capacidad de vetar que ese dictador esté en el centro de Madrid, debería vetarlo. Si no lo hace, el Gobierno debería acabar con todos los convenios con la Santa Sede.
— Sobre esto de romper relaciones con la Santa Sede, ¿ha tenido alguna conversación con el Gobierno?
— Hemos tenido varias reuniones con el PSOE para abordar una reforma de la ley de memoria histórica profunda y sincera. Creo que hay ganas por algunos militantes y diputados, y que no hay voluntad política desde arriba para afrontar un tema de tanta magnitud. Creo, incluso, que hay desconcierto en el Gobierno porque lo que intentaron responder con un gesto se han dado cuenta que, o dan marcha atrás y quedan peor, o dan una marcha hacia adelante y lo resuelven de fondo, cosa que no se atreven a hacer.
— Piden una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos de Borbón una vez terminado su reinado, para que no influya su inviolabilidad. ¿Qué cree que hará el PSOE?
— El PSOE siempre ha hecho lo mismo, defender a la Casa Real. Lo ha hecho, incluso, en los casos más obvios en los que la Casa Real estaba afectada por casos de corrupción, como es el caso de Urdangarin o los relacionados con los procesos de intermediación comercial, con el caso de la amante del ciudadano Juan Carlos de Borbón… El PSOE se equivoca cuando cree que salvar a la monarquía es salvar España. Yo creo que no es así, cuando la monarquía es perniciosa o es corrupta, lo que hay que hacer es limpiarla. La mejor manera de limpiarla es investigarla y abrir un proceso que pueda culminar con la abolición de la monarquía. Hay que estar dispuesto a sacrificar la monarquía para salvar la democracia.
— ¿Cómo ve a la monarquía? Ha pasado un año complicado: Urdangarin, las grabaciones de Corinna…
— La Casa Real leyó bien, en el año 2014, la situación política, se anticipó a los acontecimientos con la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Desde luego, a partir de ahí, volvió a cometer los mismos errores. El problema es que cuando tienes una institución dentro de tu ordenamiento jurídico que es inviolable, que puede hacer lo que le dé la gana, sin ningún tipo de consecuencia legal o social, estás abriendo la puerta a que determinadas cosas sucedan.
Por lo tanto, los casos de Urdangarin o Corinna son lógicos dentro de esta arquitectura. Que las instituciones del Estado defiendan a esta Casa Real me parecen una barbaridad, el CNI, el propio Estado, defendiendo a la Casa Real porque creen que así se defiende a España. La gente lo percibe, por debajo va teniendo un sentimiento de desafección claro hacia la monarquía, que ya es total en algunos puntos, como Catalunya o incluso Euskadi, donde han notado que, además, tiene un planteamiento derechista en asuntos como el de Catalunya.
— Le hemos escuchado posicionarse en distintas ocasiones sobre el acuerdo presupuestario, seguro que lo seguiremos escuchando en los próximos días. Le pido que sea pedagógico, que explique, como economista, a gente que no lo es, lo siguiente. ¿Si la senda de déficit se mantiene en el 1,3%, es posible este acuerdo?
— Hay que verlo con los papeles delante. Lógicamente una senda de 1,3 es peor que una de 1,8, siendo las dos malas noticias. Ninguna de las dos responde a la línea que corresponde con las necesidades de nuestro país. Ahora mismo, no tenemos encima de la mesa los diferentes escenarios.
— ¿Se van a subir las cuotas de los autónomos?
— El acuerdo trata de mejorar la vida de los autónomos y ninguna de las acusaciones que se han hecho de que este acuerdo, que se cristalizará en presupuestos, mermará la capacidad de los autónomos son ciertas. Al contrario, creo que las condiciones de los autónomos mejorarán su capacidad en los diferentes cambios, incluyendo que no se sumará la base imponible por la subida del SMI.
— ¿Puede la subida del SMI suponer un aumento del desempleo? Quizás haya pymes que no puedan abordar una subida del salario de sus escasos trabajadores…
— Hay un fundamentalismo de mercado entre quienes aseguran eso. No hay datos empíricos ni hechos constatados en los últimos 30 o 40 años en las economías occidentales que demuestren que la subida del SMI haya generado un incremento de la tasa de paro. La literatura es diversa al respecto y depende de muchas otras variables, por lo tanto, no es tan sencillo como dice la derecha.
Hasta la CEOE pactó con CCOO y UGT una subida del SMI a 1.000 euros, por lo tanto, si la CEOE es capaz de pactar eso, hablamos de unos contextos que requieren un mayor pensamiento. Luego, el SMI puede generar un aumento de la demanda que beneficie a esas pymes. Desde el punto de vista de la teoría económica, tenemos que tener presente que este análisis simplón de los defensores a ultranza del libre mercado autorregulado se olvida de los beneficios. Cuando suben los salarios, puede repercutir en el precio, siempre que los beneficios se mantengan iguales. A lo que hemos asistido durante los últimos años, constatado en los datos, es que los beneficios han crecido mucho a costa de lo salarios, si invertimos esa relación, los precios se pueden mantener igual y, por lo tanto, las empresas no estarían en peligro, estarían en peligro los beneficios desorbitados de muchas empresas.
— Para terminar, vemos cómo el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos ha tenido siempre en cuenta a Bruselas. Sin embargo, el gobierno italiano no lo hace. ¿Cuida más a las instituciones europeas la izquierda que la extrema derecha?
— La Unión Europea hace aguas por todas partes. Tiene un problema muy grave con el Brexit, que es un síntoma de los problemas económicos y sociales creados por la propia Unión Europea. Pero luego, tiene otro problema que es Italia, la manifestación de un gobierno con claros tintes fascistas, por parte de la Liga Norte, que no sólo se enfrenta la unión económica, sino también con un discurso ultraderechista de ataque hacia la inmigración. Por lo tanto, la Unión Europea está haciendo aguas como proyecto político, el proyecto económico sigue vigente. Dentro de la magnitud de esos problemas, si se sigue con la obstinación en profundizar su línea neoliberal a través del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, se estará agilizando su propio entierro.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/espana/2018/10/19/entrevista-alberto-garzon-sacrificar-monarquia-salvar-democracia/
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