¡20 días! Esto es lo que ha durado la
Sentencia del Tribunal Supremo dictada el 16 de octubre en la que se establecía
que son los bancos, y no sus clientes, los que tienen que pagar el impuesto
sobre las hipotecas.
Con esta sentencia el Tribunal Supremo
reconocía que eran los bancos los que debían hacerse cargo del impuesto de
inscripción de las hipotecas. Se calcula que por este medio, la banca española
ha estado estafando a las familias y particulares 5.000 millones de euros en
los últimos cuatro años, y decenas de miles en las dos últimas décadas.
Pero poco duró la alegría de los
millones de hipotecados beneficiarios de la sentencia. Al día siguiente de su
publicación, el propio Tribunal Supremo decidió dejarla sin efecto y someterla
a revisión. En las horas previas a esta primera rectificación, la Patronal
Bancaria realizó una intensa campaña de presiones al Poder Judicial que, a la
vista de la nueva sentencia del 6 de noviembre, consiguió plenamente sus
objetivos.
Con esta sentencia el Tribunal Supremo deja
meridianamente claro al servicio de quién está y que intereses defiende. Toda
la palabrería sobre la “separación de poderes” o la “independencia” de la
Justicia recibe un nuevo y clamoroso golpe. Por si los diez años de crisis no
hubieran sido suficientes, los jueces nos vuelven a impartir una lección
práctica sobre la naturaleza y función del Estado capitalista, confirmando las
palabras de Marx y Engels: “El Poder público viene a ser, pura y simplemente,
el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la
burguesía.”
En el Estado español, al igual que
ocurre en el resto de países capitalistas, la voluntad democrática de los
ciudadanos es una ficción. Por encima de cualquier soberanía popular están los
intereses de la oligarquía económica y financiera. Tanto el ejecutivo, como el
parlamento o la judicatura muestran todos los días su independencia, sí, pero
respecto a los intereses de la mayoría del pueblo y la clase trabajadora
mientras ejecutan servilmente las órdenes de los grandes poderes capitalistas,
que nadie ha elegido ni votado.
¿Alguien recuerda cuándo los ciudadanos
votamos las políticas de austeridad? ¿O cuando aprobamos el rescate bancario?
Nadie podrá recordarlo porque esas políticas jamás se sometieron a la consulta
democrática de los ciudadanos. Pero, a pesar de ello, esas políticas
salvajemente antisociales, que han propagado la pobreza y el sufrimiento por
todo el mundo, se han impuesto con todas las bendiciones de los poderes del
Estado.
Los beneficios de la banca se alimentan
de los recortes y la austeridad
Los sacrificios que soportamos la
inmensa mayoría de la población contrastan con el crecimiento obsceno de los
beneficios bancarios.
Los salarios son de miseria; el precio
de la vivienda la hace completamente inaccesible para millones de familias, y
los alquileres siguen subiendo alarmantemente; la luz y el gas no dejan de
encarecerse; los servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención
a mayores y dependientes siguen deteriorándose día a día; industrias tan
importantes como Vestas o Alcoa cierran sus puertas y despiden a sus
plantillas, y otras tan relevantes como la Ford empiezan a recortar su
producción, provocando despidos de trabajadores subcontratados. Nada de esto
afecta a los beneficios bancarios. Al contrario: en el primer semestre de 2018
la banca española los ha incrementado en un 11%. ¿Cómo es posible?
La respuesta es fácil: cada euro ganado
por la banca es un euro detraído de un salario recortado o de una partida
presupuestaria destinada a financiar cualquier servicio público básico. La
banca siguió funcionando y generando pingües beneficios a pesar del colapso
inmobiliario de 2007-2008 porque el Estado le inyectó cientos de miles de
millones de euros, un dinero que salió de nuestros bolsillos y que no
devolverán jamás.
En junio de 2017 el Banco de España
reconoció oficialmente que alrededor de 60.600 millones de euros del rescate
bancario no se recuperarán. La cifra se queda corta porque deliberadamente
omite sumar el coste de los avales del Estado a entidades financieras, las
pérdidas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros y las pérdidas de la
Sareb (el “banco malo”). Sea cuál sea la cantidad final, lo más escandaloso es
que la banca dedicó ese dinero regalado por el Estado a… comprar deuda pública,
consiguiendo entre 2008 y 2017 unos beneficios de 50.000 millones de euros
gracias a este negocio. Dicho con otras palabras: ¡Los banqueros se enriquecen
prestándonos el dinero que previamente nos han robado!
La sentencia del impuesto de las hipotecas
es la gota que colma nuestra paciencia. El saqueo al que nos someten los
banqueros, las grandes constructoras o las grandes compañías eléctricas tiene
que acabarse, y la única manera de lograrlo es con la nacionalización de todas
estas palancas fundamentales de la economía. Con estos grandes recursos
económicos bajo control democrático de la mayoría de la población trabajadora,
liberándolos de estar supeditados al lucro de una minoría de parásitos,
podríamos acometer coherentemente y con éxito la lucha contra el desempleo, la
precariedad, los salarios de miseria, la falta de vivienda pública o servicios
sociales de calidad.
Esta nueva burla del tribunal Supremo
demuestra una cosa: no existe ni puede existir el capitalismo de rostro humano.
Cualquier avance, cualquier mejora en nuestras condiciones de vida será el
resultado de la lucha en las calles, contundente y masiva. Sólo así
doblegaremos la voluntad de los capitalistas. Confiar en un gobierno de
coalición con el PSOE, y aceptar las reglas del juego del sistema en aras de
reconocimiento institucional y parlamentario, ya sabemos adónde conduce.
El ejemplo de Tsipras en Grecia es muy claro. Lo que hace falta es basarse en
la fuerza de la clase trabajadora, de la juventud, del movimiento de los pensionistas
y de las mujeres y unificar las luchas con un programa socialista que rompa con
el capitalismo.
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