Más de 32.000 millones destinados al
gasto militar y al control social, el 2,75% del PIB en España. Es la cifra que
el Grup
Antimilitarista Tortuga, histórico colectivo auditor de los
presupuestos dedicados al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad del Estado
integrado en la red Alternativa Antimilitarista-Moc, calcula que
el Gobierno estatal y las comunidades autónomas gastarán en 2018.
El cálculo
sale a la luz en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE), unos presupuestos a los que se han presentado
6.900 enmiendas y que se prevé que se aprueben a finales de junio.
En la
presentación de los Presupuestos 2018 el Ministerio de Defensa ya anunció un
incremento del 10,7% de la partida dedicada a este área. De los 7.638 millones
de euros de 2017 se pasa ahora a 8.455. Sin embargo, el grupo antimilitarista
aumenta la partida dedicada al gasto militar a 23.577 millones de euros. “lo
que supone 15.122 millones de euros de gasto militar que el Gobierno oculta
fuera del presupuesto que reconoce”, señalan desde el colectivo.
Según estas
cifras, de cada diez euros destinados a gastos militares 6,42 estarían ocultos
e integrados en otras partidas. Desde el Grupo Tortuga achacan la opacidad del
Gobierno a “lo inasumible socialmente que es el tremendo gasto militar y a la
estrategia permanente de desinformación y de militarización social”.
PARTIDAS OCULTAS
Para obtener
la cifra total de gasto militar que predice, el colectivo añade toda una serie
de partidas. La más cuantiosa corresponde al “gasto oculto en otros ministerios
y departamentos fuera de Defensa”, que calculan en 10.769 millones. Estos se
reparten principalmente en tres epígrafes: el de clases pasivas militares, con
3.491 millones a cargo del Ministerio de Hacienda y correspondientes a
pensiones y prestaciones a familiares de militares, no funcionarios y pensiones
de guerra; los Organismos Autónomos Militares, como el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS), que se llevan 1.828 millones, y las partidas correspondientes a
Interior, destinadas principalmente a la Guardia Civil, con 2.707 millones.
Además, otras
carteras como Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura, Sanidad o Empleo
también cuentan con gastos que desde el Grup Tortuga achacan al gasto militar.
Es el caso, por ejemplo, de los fondos de apoyo a la innovación tecnológica del
sector de Defensa (Economía), el Instituto Social de la Marina y el buque
medicalizado Esperanza del Mar (Empleo y Seguridad Social), los aviones de la
Agencia Tributaria operados por Defensa (Hacienda) o los barcos de apoyo en el
Océano Índico (Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
Asimismo, los
intereses de la deuda obtenida de la financiación del gasto militar sumarían
otros 1.365 millones y, por último, las 14 operaciones en el exterior que
Defensa tiene vigentes irán a cargo del Fondo de Contingencia estatal, lo que
añade otros 1.100 millones.
CONTROL SOCIAL
El colectivo
antimilitarista suma además los gastos achacados al control social excluidos de
las cuentas del Ministerio de Defensa. En concreto, señala 6.011 millones que
se gastarán en este concepto por parte del Estado, a los que añade 2.554
millones para el mismo epígrafe a cargo de las comunidades autónomas y que se
integran principalmente en partidas relacionadas con políticas de Interior.
“Cada vez más,
las diversas políticas de interior han pasado a convertirse en mecanismos
militarizados de control social, en una estrategia amplia de expansión de la
seguridad como enfoque y obsesión que ha convertido la política de interior en
una verdadera obsesión”, denuncian desde el grupo. Tal como remarcan, “esto
incorpora el aparato punitivo y carcelario, así como las misiones y
equipamientos de la policía, las políticas de protección civil, coordinadas
desde lo militar y con sus propios modelos, e incluso la política de seguridad
vial, con amplias dependencias del enfoque de vigilancia y control militar”.
Cuatro
mil millones en fragatas y otras cifras mareantes de las compras de armas de
Cospedal
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En el caso los
presupuestos de las comunidades autónomas, el colectivo cita tanto a las que
tienen policía propia (Catalunya, País Vasco y Navarra), como a las que poseen
competencias en materia de prisiones (Catalunya) o las que transfieren
cantidades de política de seguridad, en gran parte para incentivar
intervenciones policiales, como es el caso de las Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam).
Por último, el
grupo indica que, aunque el gasto del Ministerio de Defensa aumenta un 10,74%
respecto a 2017, el gasto militar total se incrementa este año en un porcentaje
menor: un 5,65% (6,59% si se contabilizan los gastos dedicados a control
social). “Esto es debido a la política que actualmente aplica el Gobierno de
aflorar gasto militar oculto”, señalan. “En este caso parte del gasto para
operaciones en el exterior que antes escondía casi en su totalidad en créditos
desde el Fondo de Contingencia y que no contaban como presupuesto de Defensa, y
el subidón de los Programas Especiales de Armamento (PEA) que se pagan desde un
programa de Defensa desde el año pasado y antes se pagaban mediante créditos
extraordinarios que se aprobaban en verano y prohibió el Tribunal
Constitucional, así como la I+D militar”.
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