martes, 29 de octubre de 2019

Bolivia: ni oligarcas, terratenientes, banqueros, y ricuchos del capitalismo, no les gusta nada la democracia del pueblo: son lisa y llanamente unos CRIMINALES

Cuatro claves para entender la Bolivia de Evo 2019-2025.  Katu Arkonada

¿Cómo es posible que en el país con mayor crecimiento de la región se ponga en duda la continuidad del presidente responsable de su estabilidad política y económica?
Para responder a esta pregunta vamos a intentar ensayar no una, sino varias respuestas.
Proceso electoral. Aunque se ha explicado varias veces desde el domingo de las elecciones, no ha habido ninguna manipulación de los resultados. De hecho, ningún líder o partido opositor en Bolivia ha presentado ni una sola prueba de fraude, y las actas escaneadas de cada mesa electoral, donde había fiscalización de cada partido político, se pueden consultar en línea en la web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Lo que sí hubo es una muy mala gestión de los resultados. En primer lugar, por parte del OEP, que paró la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)en el 83% una vez que empezó a cargar las actas del cómputo oficial de resultados.
Pero también hubo una pésima gestión comunicativa del gobierno boliviano cuando la oposición interna y externa comenzaron a hacer su trabajo cuestionando los resultados y no supo dar una explicación clara y certera de lo que estaba sucediendo, allanando el camino para que la OEA y las trasnacionales de la información (con Jorge Ramos a la cabeza), que no han cuestionado al gobierno de Piñera por imponer una dictadura violenta y sangrienta en Chile, pudieran sembrar la duda en la opinión pública internacional. De hecho, la mala gestión comunicativa es solo la culminación de un 2019, y especialmente de una campaña electoral, donde no se logró comunicar nunca para qué se quería la reelección de Evo.
Mesa y Chi. Estos dos factores también son importantes para entender los resultados. En principio parece difícil de entender como el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y presidente más timorato de la historia, un candidato sin estructura política, haya podido alcanzar en 2019 un 36% de los votos y casi forzar una segunda vuelta que con toda seguridad le hubiese convertido en presidente. También parece difícil de entender como Chi Hyun Chung, un pastor evangélico desconocido y con un discurso homófobo y misógino, haya podido quedar tercero alcanzando más de medio millón de votos (8’78%).
La respuesta es más sencilla de lo que parece, y es que una parte importante de la ciudadanía no ha votado por Mesa, sino contra Evo, aun si el candidato opositor no les convencía. A su vez Chi ha acumulado el voto duro más reaccionario, doblando el porcentaje obtenido por Oscar Ortiz, representante de la derecha cruceña, que quedó en cuarto lugar.
Eso sí, es importante mencionar que la suma de Mesa, centro-derecha, Ortiz, derecha, y Chi, ultraderecha, suma el 49’53% de los votos. Si le sumamos el resto de opciones electorales de derecha que sacaron porcentajes pequeños, la suma supera ampliamente la mayoría de votos.
Podemos concluir por tanto que Evo Morales ha ganado las elecciones en primera vuelta más por deméritos de la oposición, que no fue capaz de unirse ni de construir ni un candidato ni una alternativa electoral sólida, que por méritos del oficialismo. De hecho, es necesario reflexionar la pérdida progresiva del voto que va más allá del núcleo duro del MAS-IPSP, voto que en 2005 fue del 51%, en 2009 del 64% y en 2014 del 61%, bajando al 49% en el referéndum de 2016 y al 46% en 2019.
Factor Evo. Es claro que Evo Morales sigue siendo un líder que interpela a una amplia mayoría social en Bolivia, pero que ha ido perdiendo la confianza de las clases medias urbanas, en un país que paradójicamente se ha ido desplazando de rural a urbano en la medida en que se sacaba de la pobreza a casi 3 millones de personas (la extrema pobreza pasó del 38’4% en 2005 a menos del 15% actual). Pero se construyeron millones de consumidores sin politizar (o más bien, politizados por los medios de comunicación) que han estado a punto de ser los verdugos del proceso de cambio boliviano, de manera similar a lo sucedido en Argentina en 2015.
2019-2025. En 2025Bolivia festeja su 200 aniversario de la independencia republicana que encabezó, dando su nombre al país, el Libertador Simón Bolívar. Esta segunda y definitiva independencia, y probablemente el cierre de un ciclo constituyente que comenzó antes de la victoria de Evo en 2005 (más bien allá por los 90s con las marchas indígenas en defensa de la tierra, el territorio, y la soberanía sobre los recursos naturales), se presenta como el momento más complicado para un gobierno que reinicia en enero 2020 con el nivel de deslegitimación más alto de sus 14 años de historia.
Y si ya en febrero de 2016 la ciudadanía no entendió (no se le explicó en realidad) la necesidad de un referéndum, toca ahora hacer pedagogía de la necesidad de terminar lo que se empezó. De la necesidad de profundizar el proceso de cambio y apretar el acelerador de la revolución en salud y justicia, los grandes pendientes del proceso. Asimismo, solo una verdadera revolución cultural, que impulse la formación política y la memoria historia, serán garantía de defensa de lo conquistado. Pero para ello, y como la gente no come ideología, es necesario cuidar más que nunca la estabilidad económica y la redistribución de la riqueza.
Y todo ello, ante los cantos de sirena de quienes quieren bajar banderas y construir un proceso light para las clases medias clásicas, apostando por hacer palanca en tu núcleo duro, aquel que, cuando las cosas se ponen complicadas, nunca te abandona.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

No votar a corruptos y ladrones


Chile y Ecuador, ejmplos de pueblos. Han derrotado a las oligarquías finacieras de banqueros sátrapas y ladrones


Pablo Iglesias en Oviedo


¿Se puede ser chicha y limonada a la vez? Por Carlos Fonseca Terán por La pupila insomne

¿Se puede ser chicha y limonada a la vez? Por Carlos Fonseca Terán

por La pupila insomne
Es notable el empeño mediático encaminado a equiparar los levantamientos populares en Ecuador, Chile, Honduras y Haití en contra de las políticas neoliberales de sus gobiernos y de un modelo socioeconómico y político que responde a los intereses del imperialismo norteamericano, con los episodios de desestabilización política vividos en Nicaragua, Venezuela y Bolivia, cuya finalidad ha sido derrocar a los gobiernos de esos países, y que han sido promovidos por fuerzas orientadas y patrocinadas por las agencias intervencionistas al servicio de esos mismos intereses a los que responde el modelo neoliberal defendido por los gobiernos de los cuatro primeros países mencionados.
Es decir, el empeño consiste en ignorar dos hechos irrebatibles: Primero, que las políticas y el modelo contra el que protestan los manifestantes en unos países son precisamente las políticas y el modelo promovidos por las fuerzas desestabilizadoras en los países donde ahora el poder está en manos de los que antes protestaban y luchaban contra esas políticas y ese modelo. Y segundo, que en el caso de los países con gobiernos de derecha las protestas son por reivindicaciones sociales, mientras en el caso de los países con gobiernos de izquierda lo que ha habido son actos desestabilizadores cuyo objetivo, de carácter eminentemente político, ha sido exclusivamente el derrocamiento de esos gobiernos.
En resumen, las políticas y el modelo contra los que protestan los manifestantes en Ecuador, Chile, Honduras y Haití son los mismos que quieren imponer las fuerzas desestabilizadoras en Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
Son muchos los hechos en los que se evidencia la diferencia entre una situación y otra, pero baste mencionar sólo tres:
  • Primero, cuando hay levantamientos populares, todos los muertos son opositores, o sea, son producto de la represión, mientras que cuando hay campañas desestabilizadoras o lo que es igual, intentos de golpes de Estado, hay una similar cantidad de muertos en ambos bandos (opositores y partidarios de los gobiernos bajo ataque), o sea, no son producto de represión alguna, y significativamente en el caso de Nicaragua, todas las muertes de opositores fueron producto de enfrentamientos armados, mientras que una buena parte de las muertes de militantes sandinistas fueron producto de asesinatos selectivos cometidos en los tristemente célebres tranques de la muerte, en los que se secuestraba, se torturaba y se asesinaba, como quedó evidenciado en decenas de videos tomados por los mismos torturadores y viralizados en las redes sociales.
  • Segundo, un hecho altamente significativo y simbólico: en los levantamientos populares se incendian los McDonald’s, como en Chile, mientras en las campañas desestabilizadoras se incendian las sedes de movimientos estudiantiles y de cooperativas, y se destruyen las universidades públicas, como en Nicaragua.
  • Y tercero, los levantamientos populares no tienen patrocinio externo, mientras los actos desestabilizadores son abiertamente patrocinados y promovidos por agencias tales como la USAID y la NED de Estados Unidos, que promueven lo que se conoce como golpes de Estado “suaves” contra gobiernos no afines a los intereses del imperialismo norteamericano.
Por increíble que parezca, el empeño en equiparar esas dos situaciones que por el contrario, son opuestas entre sí, ya ha comenzado a surtir efecto en quienes repiten como loras las consignas promovidas por los que piensan en lugar de ellos, de modo que ha aparecido en el convulso panorama político actual un extraño espécimen que se caracteriza por no distinguir entre la causa e intereses de los oprimidos en lucha por su emancipación contra el poder de los opresores en ciertos países, y los intereses de los opresores, de los poderosos del mundo, opuestos a los oprimidos que han tomado el poder en otros países. Este espécimen se pronuncia alegremente a favor de los oprimidos en Ecuador, Chile, Honduras y Haití, que están contra el poder de los opresores, pero también se pronuncia a favor de los antiguos opresores en Nicaragua, Venezuela y Bolivia, que están contra el poder de los oprimidos que se emanciparon.
Se trata en este caso de un verdadero estado de indigencia mental y espiritual que padecen personas débiles de carácter, que se dejan seducir por ciertas modas elitistas, y los hipnotizados por un mundo virtual, falso y sin vida. Son los que nunca se han interesado por el mundo real, el de las injusticias y la opresión, pero también el de las luchas por la liberación y el de los triunfos de los pueblos que luchan. Son los que sólo saben lo que ven en los memes y las imágenes del entretenimiento frívolo, grotesco y embrutecedor. Ellos nunca se habían metido en política, y cuando lo hicieron sólo fue para obedecer a otros que sí se han metido siempre. Son los que de un momento a otro salen en carrera, guiados por las pantallas de sus teléfonos celulares, movidos por noticias falsas, como los insectos que van hacia la luz para terminar incinerados en las llamas de su desorientación. Son los muertos en vida que se activan como zombis al llamado de los verdaderos causantes de su infelicidad y amargura. No hay mayor desgraciado que quien no sabe la causa de su desgracia. Pero también hay otros, los informados, los inteligentes, los “estudiados”, cuya lucidez desaparece por arte de magia al calor de sus acomplejadas aspiraciones a la gloria del poder y el dinero, o en otros casos a la débil luz de mezquindades adquiridas en el poder y que acabaron con sus almas. Y hay otros más, los que sí saben en lo que andan, y que son los únicos beneficiarios de lo que ellos mismos hacen y de lo que hacen que otros hagan como si fuera decisión propia. Las cadenas más difíciles de quitar son las que no se sienten.
El pueblo ecuatoriano, el pueblo chileno, el pueblo hondureño, el pueblo haitiano, no andan como los puchos de Nicaragua, detrás de empresarios, curas y politiqueros en defensa de los intereses de estos grupos privilegiados o incluso, en muchos casos sin saber siquiera qué defienden, sino que luchan concretamente en contra de unas políticas de gobierno y un modelo socioeconómico y político que en otros países como el nuestro, donde los pueblos en lucha están gobernando, quieren ser impuestos por quienes perdieron el poder y se quieren presentar como luchadores por la libertad mientras defienden esas políticas y ese modelo que responden a los intereses de los poderosos del mundo, y contra los cuales luchan los pueblos oprimidos, que se oponen al poder de los opresores en unos países, mientras en otros países los pueblos emancipados desde el poder promueven unas políticas de gobierno y un modelo opuestos a las políticas y el modelo de los antiguos opresores, resistiendo los ataques de éstos, que quieren recuperar su poder perdido.
Los pueblos en lucha por sus derechos sólo logran sus objetivos cuando toman ellos el poder en sus propias manos, como sucedió en su momento en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Pero cuando esto sucede, los opresores desplazados del poder continúan defendiendo sus intereses, apoyados por quienes aún tienen el poder mundial en sus manos, y se presentan como si fueran ellos los que están contra el poder opresor, porque en sus países el poder está en manos de los verdaderos luchadores contra la opresión, que están suprimiéndola gracias al poder que han logrado conquistar, como se logrará algún día a nivel mundial mediante la lucha revolucionaria, que no termina con la toma del poder en cada país, sino que continúa con la lucha por el poder en el mundo entero, y en esa lucha hay sólo dos bandos: los opresores que tienen el poder mundial y los oprimidos que han logrado emanciparse, tomando el poder en algunos países.
No se puede estar con los oprimidos que luchan contra el poder opresor en unos países, como Ecuador, Chile, Honduras y Haití, y al mismo tiempo a favor de los antiguos opresores que lanzan ataques en contra de los oprimidos que se han emancipado tomando el poder en otros países, como Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Es así de simple; no es cuestión de no ser chicha ni limonada (o sea, ni de izquierda, ni de derecha) o peor aún, ser al mismo tiempo chicha y limonada, creyendo que lo correcto es estar a favor de todo el que se oponga al gobierno que sea. Eso es propio de quienes no saben ni a favor de qué ni en contra de qué están.
Pero los que tienen el poder mundial no se enredan, a diferencia de los zombis hipnotizados por ellos, que como buenos insectos siguen obedientes la luz engañosa de su propio final. Los poderosos, a diferencia de sus tontos útiles, saben que son chicha o son limonada. No se andan pronunciando como algunos de sus zombis, sin saber por qué ni para qué, a favor de todos los que se opongan a cualquier gobierno, sino sólo a favor de los que se oponen a gobiernos que están en manos de los pueblos que han triunfado en su lucha contra el poder opresor. Por eso la OEA no hace sesión urgente por la represión en Ecuador o Chile, pero sí por las crisis políticas inducidas, cada una en su momento, en Nicaragua y Venezuela. Por eso la tal Bachelet, cuyo padre fue víctima de los mismos militares que hoy se lanzan otra vez contra el pueblo, no dice esta boca es mía frente a lo que está pasando en su propio país, Chile, donde hay decenas de manifestantes muertos, centenares de heridos y mujeres abusadas sexualmente por los infames carabineros, pero se pronuncia de inmediato contra el “uso desmedido de la fuerza” en Bolivia, donde no ha habido un solo muerto y donde las protestas no son por reivindicaciones sociales (como no lo han sido ni en Nicaragua ni en Venezuela, donde el objetivo ha sido derrocar gobiernos electos por el pueblo), sino en rechazo a los resultados electorales en su país, decididos por los indios, cuyo voto no vale nada para la oligarquía racista.
Cuando se cuestionan políticas de gobierno y se defienden derechos e ideas, esos derechos se tienen que reivindicar y esas ideas se tienen que poner en práctica, y no hay otro modo de hacerlo que a través de políticas de gobierno, o sea desde el poder. Por eso en Nicaragua, Venezuela y Bolivia los opresores, que perdieron el poder, lo quieren recuperar para volver a oprimir a nuestros pueblos, mientras en Ecuador, Chile, Honduras y Haití los oprimidos se rebelan frente al poder de los opresores, pero el máximo triunfo de esa rebelión sería que los oprimidos llegaran al poder para desde ahí reivindicar sus derechos y poner en práctica las ideas emancipadoras, como ha sucedido en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

lunes, 28 de octubre de 2019

"¿Qué pasa en Chile?" (Galo Ghigliotto) "La verdadera tragedia que ocurre en Chile es la indolencia de una clase política y empresarial habituada tanto a sus privilegios como al uso de la fuerza para defenderlos "


El viernes 4 de octubre el Ministerio de Transportes chileno anunció una nueva alza en los pasajes de Metro, de 30 pesos chilenos, dejando el valor total del pasaje, en horario punta, en 830 pesos (poco más de un euro). Dos días después, las y los estudiantes (secundarios y universitarios) se organizaron para evadir el pago del Metro en masa. Hordas de estudiantes se dejaron caer metro abajo y saltaron los torniquetes hacia los andenes, sobrepasando en mucho la capacidad de los guardias. Fue entonces cuando el Gobierno chileno cometió su primer error en el manejo de esta crisis: comenzó a cerrar accesos en todas las estaciones del Metro y dispuso policías fuertemente equipados a custodiar el flujo de personas, además de amenazar con sanciones a los evasores.

Para entender el resto, es necesario volver al pasado: a la dictadura de Pinochet y sus efectos. A diferencia de otros países, Chile no ha tenido un proceso reparador satisfactorio. La mayoría de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante esa etapa están todavía impunes, y los pocos uniformados encarcelados por estos crímenes han cumplido o cumplen sus condenas en cárceles que son verdaderos resort. Ninguno de los gobiernos del regreso a la democracia ha querido tocar demasiado a fondo ese tema: es una especie de tabú. Es así como muchos familiares de detenidos desaparecidos no saben todavía el paradero de sus seres queridos. Un ejemplo: apenas en 2016 aparecieron los primeros restos del periodista Carlos Berger, desaparecido en 1973: un trozo de mandíbula y un fragmento cervical. Hace unas semanas, en septiembre de este año, encontraron otros fragmentos de su esqueleto. Así como los restos de Berger, el horror de la dictadura vuelve a aparecer cada cierto tiempo, en pequeñas dosis, sin que se logre justicia por los miles de casos como este. A eso hay que sumar el que Pinochet murió como senador vitalicio, a los 91 años, siendo velado como excomandante en jefe en la Escuela Militar de Chile.

Otra expresión de la dictadura que perdura hasta nuestros días es la instalación del modelo neoliberal y la Constitución de 1980, que se instituyó para proteger este modelo. En su pasado mandato, la expresidenta Michelle Bachelet apoyó y empujó diversas iniciativas para establecer una nueva Constitución, pero no tuvo éxito antes de terminar su periodo. Con la llegada de la derecha al poder todo el esfuerzo se congeló. Por su parte, el modelo neoliberal, que consistió en la privatización de los servicios básicos, la educación, la salud (ISAPRE’s), los fondos de pensiones (AFP’s), las empresas mineras, el agua y todo lo que pudiese ser privatizado, además de la eliminación de una serie de derechos sociales, ha sometido a las chilenas y chilenos a vivir en estado de precariedad constante. A esto se suma la brecha salarial: el 10% más rico tiene 39 veces más ingresos que el 10% más pobre. Por otra parte, el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población y, a su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico.  Los costos de la vida son lo suficientemente altos como para sufrir alzas arbitrarias adicionales. El precio promedio de alquiler de un departamento de dos habitaciones, en Santiago, es de 400.000 pesos (495 euros), pero el sueldo mínimo mensual en Chile es sólo de 301.000 pesos (373 euros). Mientras tanto, la prensa informa de que las Isapres (Instituciones de Salud Previsional), todas empresas privadas, han tenido una baja en sus utilidades en 2018, registrando apenas 57.200 millones de pesos (71 millones de euros). 

Ambas huellas de la dictadura, la inequidad y la violencia, se cruzan con otro aspecto de la vida cotidiana: el trato de los gobernantes. El año pasado el comunero mapuche Camilo Catrillanca fue asesinado por carabineros en un operativo que, desde el comienzo, estuvo rodeado de hechos sospechosos: escuchas ilegales, cámaras GoPro perdidas que luego aparecieron, y el acto mismo, en que se disparó sin mediar provocación a un civil desarmado que, para mayor agravante, iba acompañado de un menor. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien debería haber renunciado por los hechos ocurridos, se libró culpando a carabineros y removiendo al recién nombrado General de la institución policial. Por otra parte, los ministros de Piñera han realizado declaraciones que dan cuenta de su desprecio y distancia para con el pueblo chileno. 

En julio del año pasado, el exministro de Educación, Gerardo Varela, comentó en una charla que cuando se le acercaban directores de escuelas de provincia para pedirle ayuda en reparar una techumbre, él se molestaba y les decía “¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?”. En agosto del mismo año el ministro de Cultura, Mauricio Rojas, debió abandonar su cargo tras salir a la luz declaraciones suyas en un libro donde se refiere al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como un montaje. A fines de 2018, el ministro de Vivienda aseguró que “un altísimo porcentaje de los chilenos tiene una casa, a un departamento, una casa en la playa”, desconociendo completamente la realidad nacional. Este año, a principios de este mes, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comentando el nulo aumento del índice de precios al consumidor (IPC), señaló que había una buena noticia para “los románticos”, porque “las flores han tenido un descenso en su precio […] han caído un 3,6%”. Por último, sobre la reciente alza de precios en el Metro, el ministro de Economía señaló que “el que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja”. 

Este ha sido el año de las alzas en Chile. No sólo en el transporte, también en la electricidad, el agua, el gas, entre otras. El caso de la electricidad es particular, porque este año la compañía de electricidad que abastece a Santiago (ENEL) pretendió traspasar una compra de medidores a la población, lo que generó gran molestia, sobre todo considerando que el presidente del directorio –y además vicepresidente de la empresa de servicios sanitarios Aguas Andinas–, Herman Chadwick Piñera, es hermano del ministro del interior Chadwick y ambos primos del presidente de la república Sebastián Piñera. 

Otro dato importante: según datos del SERVEL: el 49% de los ciudadanos inscritos en las listas electorales en Chile sufragaron en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2017, que ganó Sebastián Piñera con un 54,57% de los votos. En otras palabras, no se podría afirmar que Piñera cuente con el apoyo de la mayoría del país, y la crisis actual podría estar evidenciando justamente eso. En su campaña, con el slogan “Tiempos mejores”, Piñera se basó en la debilidad política de su contendor, el periodista y senador Alejandro Guillier, y de la Nueva Mayoría, coalición de centroizquierda que este representaba. La izquierda dividida dejó un camino despejado para el candidato de derecha, por lo que algunos autores aseguran que, más que un triunfo de Piñera, se trató de una derrota de la izquierda. Por otro lado, una de las estrategias que la derecha usó para captar el voto de la población menos politizada, fue la amenaza que se instaló, a través de diversas vías, que, de salir otra vez la izquierda, el país se convertiría en “Chilezuela”.

El miedo a esa Chilezuela, emparentada de alguna manera con el imaginario que se promovió, en tiempos de la dictadura, del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, movilizó a una población poco convencida para asistir a las urnas y votar a favor de un político ambicioso y cuestionado como Sebastián Piñera. Es tal el conocimiento público de los problemas legales que tuvo Piñera por la adquisición de un banco en los 80, que incluso un senador de su mismo color político, Manuel José Ossandón –quien fuera candidato en primera vuelta–, le enrostró en un debate que “no había sido declarado reo por lindo” –es decir, sin justificación–. 

Por último, otro antecedente importante: el círculo que rodea a Piñera, especialmente su primo, el ministro del interior Andrés Chadwick, fue un colaborador de Augusto Pinochet. Por estos días ha circulado una foto que muestra a un joven Chadwick detrás de Pinochet en un acto durante la dictadura. Así como él, varios ministros han sido cercanos al gobierno de Pinochet.

Poner policías a custodiar la evasión estudiantil del metro no hizo más que encender una mecha que estaba instalada hace mucho tiempo. Los desmanes comenzaron el día viernes 18 de octubre, con la quema de varias estaciones de metro y, entre ellas, la quema de algunos inmuebles privados, como el edificio de la compañía ENEL, que ardió –inexplicablemente– desde el décimoprimer piso y causó la conmoción total de los santiaguinos. Mientras estos hechos ocurrían, el presidente Piñera figuraba comiendo una pizza en un restaurante del barrio alto capitalino.

Esta es la crisis más profunda que ha vivido Chile desde el golpe de Estado de 1973. Las autoridades están completamente anonadadas, dando vergonzosas declaraciones ante la prensa. Recientemente el presidente Piñera ha dicho que “estamos en guerra”, sembrando el desconcierto en la población o, quizás, emulando inconscientemente a Pinochet quien, luego del atentado que le hicieron en 1986, declaró a la prensa “estamos en una guerra”. En una declaración posterior, la ministra de Educación fue emplazada por un periodista a indicar cómo le explicaría ella a un niño de nueve años estas declaraciones del presidente; la ministra simplemente retrocedió y entregó la palabra a la ministra siguiente. El general de marina a cargo de la defensa de la ciudad de Antofagasta llamó a tranquilizar a la población citando involuntariamente al Chapulín colorado –personaje infantil mexicano– y su conocida frase “que no panda el cúnico” (en vez de “que no cunda el pánico”).

Ante el desacierto del Gobierno de poner custodia policial a las estaciones del metro, y en respuesta a la movilización social, el presidente Piñera decidió “apagar el fuego con bencina” declarando estado de emergencia el 19 de octubre. Con esto, una movilización que había estado restringida a la capital del país se dispersó hacia otras ciudades dando inicio a una serie de manifestaciones en todo Chile. De esa forma se dio pie a una serie de actos vandálicos que incluyen saqueos a supermercados, bancos, cajeros automáticos, entre otros. La fuerza policial, que se concentra en los manifestantes y en proteger los barrios altos, ha dejado desprotegidos los sectores más vulnerables de las ciudades permitiendo que la violencia tenga una escalada sin precedentes, alterando completamente el orden social.

En medio del caos, Piñera decidió decretar estado de excepción y poner al frente al general de división Javier Iturriaga como jefe de la defensa nacional. La presencia de militares en las calles constituyó una imagen amenazante, toda vez que el trauma de la dictadura no ha sido superado para muchos. Este hecho enardeció aún más los ánimos. Ante las preguntas de si se declararía toque de queda –otra reminiscencia de la dictadura, cuya determinación le corresponde al presidente de la república–, Piñera indicó que eso era una decisión que tomaría Iturriaga. En la rueda de prensa siguiente el general decretó, por primera vez desde la dictadura, el toque de queda en la provincia de Santiago y otras

En un intento de frenar las manifestaciones, Piñera despachó una ley al Congreso para congelar el alza de los pasajes del transporte público, que en la Cámara de Diputados se aprobó con sólo un voto en contra y en la de senadores con todos los votos a favor. Sin embargo, esto no logró ningún efecto en apaciguar el ánimo de la población.

Los medios masivos (tv, radios, periódicos), que en su mayoría pertenecen a empresarios que son afines a los intereses de la derecha, se han enfocado en criminalizar las manifestaciones sociales poniendo su foco en los actos vandálicos que han tenido lugar en estos días. Muy pocos se han dedicado a mostrar una panorámica global del problema. Al emitir declaraciones, los personeros de gobierno repiten una y otra vez las palabras “violencia”, “destrucción”, “saqueo”, “vandalismo”, y se habla de “reconstrucción”, como si lo que estuviera ocurriendo fuera una catástrofe natural. A pesar de eso la opinión pública ha considerado que el manejo del Gobierno de esta situación ha sido deficiente, lo que ha provocado que incluso en los sectores acomodados de la capital, donde la mayoría de votos tiende a la derecha, se han organizado manifestaciones por las demandas ciudadanas y contra la crisis y su manejo por parte del presidente Piñera.

Sólo cuando los manifestantes decidieron dirigirse a protestar a las afueras de los canales de televisión, estos modificaron su línea editorial y comenzaron a exhibir en pantalla no sólo los saqueos, sino también los múltiples abusos de los que son objeto los ciudadanos.

Los chilenos que dormían han entendido que el abuso era la moneda de cambio por su existencia. Las redes sociales e internet abrieron una puerta al mundo, lo que ha permitido entender que los privilegios que las clases acomodadas reservaban para sí, también son posibles en países que tienen la misma capacidad de desarrollo que el nuestro. 

La clase política ha sido incapaz de tomar debida cuenta de este despertar social. Como medidas inmediatas, el Frente Amplio (partido de izquierda), ha exigido celeridad a la legislación sobre la rebaja de la dieta parlamentaria. Pero eso no ha sido suficiente. Otra ley trató de legislarse justamente el día de hoy, la de 40 horas semanales de jornada, contra las 44 legales que tiene Chile actualmente. Pero al momento de sesionar, la bancada completa del partido RN –el partido del presidente– abandonó la sala para que no hubiera quorum

El Gobierno, alejado de la realidad, como ha quedado demostrado, no ha sido capaz de comprender que la única forma de apaciguar el movimiento social es cediendo más allá de lo que están dispuestos. El discurso incendiario de Piñera, hablando de “guerra” y de “un enemigo organizado” no ha hecho más que encender los ánimos; apenas en los últimos días ha decidido ablandar su discurso. Pero en cuanto a los cambios que demanda el movimiento social, todavía no presenta más que soluciones provisorias y que, según ha dicho, “requerirá(n) un enorme esfuerzo de mayores recursos del Estado, lo que exigirá mucha eficacia y reasignaciones de los recursos existentes”. De este modo, Piñera sigue sin tocar a los empresarios, cuya concentración de recursos es uno de los factores que mayor molestia genera en el chileno medio. Es más: sus propuestas representan un mayor gasto fiscal que irá a parar directamente a la empresa privada.

Piñera ha logrado el doble mérito de traer de vuelta la sensación de caos, violencia e inestabilidad con la que nos alimentaron nuestros padres y abuelos de ambas veredas, al hablarnos de las épocas de Allende y Pinochet. Quizás por eso hoy se ha dado una cierta unidad entre partidarios de derecha y de izquierda, lo que da como resultado el común acuerdo de que este gobierno no da para más y su continuación se hace insostenible y ha motivado que ya se hable de acusaciones constitucionales en su contra. 

La cifra de muertos, a los que el gobierno se ha negado a nombrar y a explicar las circunstancias de sus muertes, aumenta cada día. Hasta el día 22 de octubre el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) contabilizaba 1.894 detenidos, entre los que se cuentan 214 niños, niñas y adolescentes (de ellos, 140 niños y 39 niñas), además de 388 mujeres adultas. Se han reportado centenas de heridos de diversas maneras y mujeres que han dado cuenta de abusos sexuales sufridos durante su detención, así como la amenaza que recibió una detenida de ser penetrada con un fusil. Hay 269 personas heridas, “muchas de ellas con heridas oculares a causa de impacto de balines” y 137 heridas por armas de fuego. Hace apenas un día conocimos el caso de Víctor Marileo, quien estaba observando la represión militar desde el antejardín de su casa en el sector de Bajos de Mena, uno de los más humildes de la ciudad de Santiago, cuando recibió un impacto de bala proveniente de un fusil. En declaraciones televisivas, su esposa contó que al pedir ayuda nadie la socorrió; es más, los militares la amenazaron con dispararle si salía de su casa. Debió llamar a su hijo, residente de la ciudad de Linares, a 300 km de la capital, quien viajó desde allí y llegó antes que una ambulancia solicitada en Santiago. Ante ese incidente el general Iturriaga se refirió diciendo que se trató de un “hecho lamentable, pero menor”. Hoy Marileo se encuentra en coma inducido y los médicos auguran una improbable recuperación.

A todas estas víctimas se suman los 15 fallecidos que el gobierno ha reconocido hasta ahora. Cinco de ellos muertos por el Estado. Uno de ellos es José Miguel Uribe, un joven de 25 años, de la ciudad de Curicó, quien recibió una bala de ráfaga disparada desde un camión militar.

Lo que no tiene recuperación sin lugar a dudas es la gobernabilidad y la carrera política del presidente Sebastián Piñera. Mientras todo ocurría, el presidente chileno se preocupaba de asegurar que su par norteamericano Donald Trump no faltase a la APEC, foro que tiene fecha de realización en noviembre en Santiago. Más adelante, en diciembre, se realizará la COP25. Otros eventos sociales le esperan al presidente: la premiación de los estudiantes más aventajados en la prueba de selección universitaria (PSU), entrega de premios literarios, visitas de mandatarios de otros países, etcétera. ¿Cómo pretenderá recibir el presidente chileno a sus invitados internacionales con al menos 15 muertos a cuestas en sólo las últimas semanas de su gobierno? ¿Qué piensa decirle al puntaje nacional de la PSU si este lo encara por su proceder? O simplemente: ¿qué le dirá a la población del país cuando se conozca la cifra oficial de muertos y heridos en los momentos de crisis?

La verdadera tragedia que ocurre en Chile no es el conjunto de saqueos que los noticiarios se han esforzado en mostrar constantemente, es la indolencia de una clase política y empresarial habituada tanto a sus privilegios como al uso de la fuerza para defenderlos. La enorme distancia que existe entre las realidades de los gobernantes actuales y la del pueblo chileno, hace que el gobierno se sienta incapaz siquiera de comprender la profundidad de lo que está ocurriendo y, por lo tanto, de resolver la crisis actual. Como corolario perfecto de estas afirmaciones circula un audio filtrado de la primera dama de Chile, Cecilia Morel, donde explicita que “están sobrepasados”, que la situación es como “una invasión alienígena” y que “van a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.

Por lo pronto, sólo parece haber dos soluciones posibles: o el presidente Piñera se abre a crear un pacto social con la sociedad civil, que incluya de todas maneras una nueva Constitución, o abandona su cargo para llevar adelante a unas nuevas elecciones que permitan lo anterior. Cualquier otra medida será provisoria, y será cosa de tiempo que ocurra un nuevo estallido social, acaso más violento.
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Galo Ghigliotto es escritor y editor chileno. Es autor de las novelas Matar al Mandinga (Santiago: Lom ediciones, 2016) y El museo de la bruma (Santiago: Laurel editores, 2019), además de libros de cuento y poesía. Actualmente se desempeña como director de la editorial de la Universidad de Santiago de Chile.

publicado en CTXT

domingo, 27 de octubre de 2019

Desmantelado el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará la caja B del PP De Prada fue apartado por la Sala de lo Penal, y su sustituto, Andreu, será recusado por el PP. La presidenta, Duplá, se va a otro destino. Sólo quedará la ponente, que además no es titular de la plaza.

Los jueces José Ricardo de Prada, Julio de Diego, Concepción Espejel y Fernando Andreu. EFE

El tribunal de la Audiencia Nacional que debe juzgar la caja B del PP, a su extesorero Luis Bárcenas y la reforma en negro de la sede central de este partido ha saltado por los aires. De los tres jueces que lo componen desde este mismo viernes, uno va a ser recusado, otra se irá, y sólo quedará libre la ponente de la sentencia, que no es titular de la plaza.
El desmantelamiento del tribunal ha culminado con la reciente decisión de la Sala de lo Penal de apartar del caso al juez José Ricardo de Prada al aceptar el incidente de recusación planteado por el Partido Popular y Bárcenas.
El sustituto es el juez Fernando Andreu, según ha acordado este viernes la propia Sección Segunda, que enjuicia este caso.
Fernando Andreu será también recusado por el PP, según fuentes jurídicas. Y todo apunta a que la Sala de lo Penal también lo apartará, indican las mismas fuentes.
El PP alegará que la apariencia de imparcialidad de Andreu está contaminada porque fue instructor de la pieza de la Caja B en al menos dos ocasiones -como juez sustituto- y por formar parte del tribunal de la pieza de los amaños de la trama Gürtel en AENA, cuya vista oral arrancará el 10 de diciembre.

Precipitó la caída de Rajoy

Julio de Diego es el sustituto de Andreu, si se consultan las normas de reparto. Pero este juez también se tendrá que apartar o será recusado por los mismos motivos por los cuales la Sala de lo Penal sacó a De Prada del tribunal de la Caja B.
Ambos jueces firmaron el voto mayoritario de la sentencia de la pieza de Gürtel (primera época) donde consideraban acreditada la existencia de una Caja B en el PP, con contabilidad opaca al fisco. Estos párrafos precipitaron la caída de Mariano Rajoy por medio de una moción de censura que prosperó en el Congreso.
La Sala de lo Penal concluyó el pasado 4 de octubre que estas apreciaciones no eran necesarias para juzgar la primera época de los negocios de la trama de corrupción y que contaminaron la apariencia de imparcialidad de De Prada.

La presidenta también se va

Aún hay más. La presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, también abandonará el tribunal de la Caja B: ha conseguido la plaza de presidenta de la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Está previsto que se integre en febrero como máximo y su plaza tendrá que salir a concurso.
Sólo quedará en el tribunal la ponente, María Fernanda García Pérez. Llegó a la Sección Segunda en comisión de servicio. Fue nombrada a propuesta de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El presidente de la Permanente del CGPJ que designó a esta juez es Carlos Lesmes, quien fue elevado a su cargo por el PP. Y los integrantes de la Permanente son elegidos a propuesta del propio Lesmes entre los 20 vocales que componen el Pleno de este órgano constitucional.

Recurrir a jueces de otras secciones

Espejel tendrá que acordar si recurre a magistrados de otras secciones para formar el tribunal cuando lleguen las dos bajas del tribunal: las de Duplá y las de Andreu y De Diego.
Se da la circunstancia de que Espejel está recusada para juzgar el caso Gürtel, al igual que Enrique López, actual consejero de Justicia de Madrid porque su relacion con el PP afectaba a su apariencia de imparcialidad. Por similares motivos fue recusado Juan Pablo González, a quien reemplazó Duplá. Gonzaléz fue nombrado el año pasado presidente de la Audiencia de Madrid..
Si Espejel no se aparta y recurre a las normas de reparto -que se publican al comienzo de cada año- para completar el tribunal, elegirá entre los magistrados que se encargan de las ponencias terminadas en 6, ya que el rollo de la Caja B lleva el número 6/2015 (pieza separada UDEF-BLA22.510-13).
En este caso, los jueces a los que les toca las ponencias de los rollos terminados en 6 son: Ramón Sáenz, Alfonso Guevara, y Carmen Paloma González Pastor, de las secciones Primera, Tercera y Cuarta, respecticamente.
Otra alternativa sería que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional solicitara a la Permanente del CGPJ el nombramiento de dos magistrados en comisión de servicios para ocupar ambas vacantes.
Si así ocurriera, los tres jueces del tribunal que juzgarían la Caja B con dinero opaco habrán sido elegidos por los vocales del CGPJ. Y los vocales son designados por los partidos políticos presentes en las Cortes Generales. 

jueves, 24 de octubre de 2019

Cinco horas para no ver a Franco: fascistas 'de los buenos', el chino-facha, un cura rumano y Tejero como estrella Crónica de la concentración que ha aglutinado a 300 personas que, en su mayoría, tenían poco de nostálgicos y mucho de fascistas, en los alrededores del cementerio de Mingorrubio para protestar contra la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

Los deberes que la ONU puso a España más allá de Franco y que están sin cumplir Sacar a Franco del Valle de los Caídos fue una de las muchas recomendaciones que la ONU dio a España para conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Repasamos el resto de medidas y si se han cumplido o no.


Concentración a las puertas del Congreso de los Diputados convocada por el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo para denunciar la impunidad del franquismo. - FERNANDO ALVARADO (EFE)
El dictador Francisco Franco ya está fuera del Valle de los Caídos. Es un paso histórico e importante, aunque también discutido por las formas en las que se ha producido. De cualquier modo, la salida de Franco del Valle supone el inicio del largo camino que España tiene que recorrer para cumplir con su obligación de dar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura y, en general, a la sociedad democrática. Así, al menos, lo cree la ONU. Hasta la fecha, España no ha dado cumplimiento a muchas de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos dio a España en julio de 2014 tras la visita del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repeticiónPablo de Greiff.
La exhumación del dictador del Valle de los Caídos es, de hecho, sólo un paso dentro del objetivo marcado de convertir el espacio en un lugar apto y útil para la democracia española. La salida del dictador supone un avance en esa dirección, pero España aún está lejos del objetivo marcado por la ONU para Cuelgamuros. El Relator, por ejemplo, criticó que el espacio, en su estado actual, no proporciona ninguna información al visitante que explique la "simbología fascista y la exaltación a los vencedores de la Guerra Civil".
También lamentó que no hubiera ninguna información sobre "los miles de presos políticos" que "bajo condiciones inhumanas" trabajaron en su construcción ni sobre "los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento y/o sin conocimiento de sus familiares". En este contexto, la ONU también pidió a España atender las peticiones de los familiares de las personas allí enterradas que exigen recuperar los restos de los suyos, inhumados sin su consentimiento.
El Relator criticó que el Valle de los Caídos  no proporciona ninguna información el papel del trabajo esclavo en su construcción
A día de hoy, ninguna de estas peticiones se ha hecho realidad. Solo el paso inicial: sacar a Franco. El Estado español, en estos años, no ha devuelto ni un solo cuerpo a los familiares de los represaliados. Ni siquiera cuando ha habido una sentencia judicial firme que así lo exigía, como fue el caso de los hermanos Lapeña. Otros familiares, como Mercedes Abril, de 86 años, lo único que han recibido ha sido un papel que reconoce su derecho a sacar de allí a su padre. Nada más. 
La remoción de los símbolos franquistas del espacio público y la resignificación del Valle de los Caídos son solo dos de las tareas que la ONU encomendó a España. A continuación, recopilamos las recomendaciones más importantes que el Relator Pablo de Greiff realizó a España y que fueron analizadas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio de 2014. 

Sin acceso a la Justicia y falta de investigaciones

El Relator señaló que es en el ámbito de la justicia donde "se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". Así, instó a España a "privar de efecto" la Ley de Amnistía de 1977 "que impiden el acceso a la justicia" a las víctimas de la dictadura y su investigación. 
Instó a España a "privar de efecto" la Ley de Amnistía de 1977
En este sentido, también recordó a España que los delitos de lesa humanidad son "imprescriptibles" y que el derecho internacional establece que los plazos de prescripción en los casos de desaparición forzada "deben contar a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida o se encuentran sus restos". 
Por último, señaló que existe en España un excesivo formalismo "en la interpretación del derecho que cohíbe toda reflexión sobre posibles alternativas para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia". Por último, el Relator también denunció que la invocación a la Ley de Amnistía por parte de los tribunales españoles supone una violación del derecho de acceso a la justicia, pero también vulnera el derecho a la verdad. 
A día de hoy, la situación no ha cambiado en nada. Las víctimas del franquismo siguen sin obtener justicia, las querellas son archivadas sistemáticamente y el Constitucional rechaza estudiar los recursos de amparo. Como se ha comentado anteriormente, hay víctimas que han decidido acudir directamente al Comité de Derechos Humanos para denunciar que España les niega su derecho de acceso a la Justicia. 

Colaborar con la Justicia de Argentina en la causa contra el franquismo

De Greiff también informó al Gobierno español de que tenía la obligación de colaborar con la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Las opciones son claras: juzgar o extraditar. Pero España no hace ni una cosa ni la otra. Además. el Estado sigue poniendo obstáculos a la labor de Argentina, como así ha reconocido la propia jueza de Argentina que instruye el caso, María Servini de Cubría.
La Justicia española rechazó las extradiciones de expolicías como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y sigue rechazando investigar las denuncias de torturas interpuestas por decenas de personas. De hecho, la semana pasada tres víctimas de torturas en el tardofranquismo acudieron a la ONU a denunciar que España viola su derecho de acceso a la justicia. 
Además, la Fiscalía General del Estado distribuyó una instrucción de obligado cumplimiento en 2016 en la que se rechazaba cooperar con Argentina al considerar que los crímenes del franquismo competen a la justicia española y no a la argentina y que, además, estos estarían ya "claramente prescritos".

Necesidad de formar a policías, guardias civiles en derechos 

El Relator de la ONU también lamentó que los programas de formación de la Policía y la Guardia Civil no incluyeran el estudio de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Tampoco las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en este período y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la comisión de las mismas. 

Crítico con la "privatización" de las exhumaciones 

El informe también criticó que España no tenga una "política estatal" para hacerse cargo de las exhumaciones sino que "delega" la responsabilidad en los familiares y en las organizaciones. "Los familiares de las víctimas y las asociaciones han suplido funciones que corresponden al Estado, sin recibir siempre el apoyo suficiente". En este sentido, De Greiff criticó la "privatización" de las exhumaciones y el hecho de que en numerosas ocasiones las autoridades judiciales no se personen en la fosa y, por tanto, no existan registros oficiales de las exhumaciones. 
El Gobierno ha anunciado que abrirá 13 fosas del franquismo y exhumará a sus víctimas antes de final de año
Durante la reunión que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantuvo con colectivos de Memoria Histórica el pasado verano hubo un compromiso por parte del Ejecutivo de incluir la Memoria Histórica en los colegios y las universidades a través de dos posibles vías: una asignatura propia o enmarcar el contenido en alguna de las ya existentes.
Esta última semana El País ha anunciado que el Gobierno abrirá 13 fosas del franquismo y exhumará a sus víctimas antes de final de año. Lo hará, por primera vez, financiando directamente las exhumaciones y no a través de subvenciones a organizaciones memorialistas. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha tachado la medida de “electoralista” por llegar en plena precampaña cuando Sánchez lleva 15 meses en el Gobierno. 

Responsabilidades del Poder Judicial 

El texto de Pablo de Greiff señala que la formación de los jueces y fiscales representa una herramienta clave para garantizar la no repetición de las violaciones y los cambios de actitudes en la institución, pero que, sin embargo, "los programas de formación de jueces en materia de derechos humanos no sólo no hacen mención a las responsabilidades del Poder Judicial durante la Guerra Civil y la dictadura, sino que tampoco incluyen temas específicos de Derechos Humanos". 
"Sorprende que no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra", añade. 

Mejorar en Educación 

El texto del Relator señala que una mayoría de españoles, los nacidos en dictadura, han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue "un conflicto entre dos Españas" y promovían un discurso que justificaba el golpe de Estado de 1936. También reconocía que las reformas educativas de 1990 y 2006 incluían mejoras en el enfoque sobre la Historia española, pero que algunos manuales incidían en la idea de mantener "una responsabilidad simétrica".
Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y autor del estudio La memoria histórica en los libros de texto escolares, dice que los manuales escolares ahora abordan el franquismo con "mayor rigor", pero que buena parte de la represión de la dictadura franquista sigue "oculta cuando no tergiversada". 

Sin censos ni datos oficiales

El Relator de la ONU también criticó que no existan censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. También que no se haya investigado lo suficiente temas como "los trabajos forzosos de presosmuertes en bombardeosniños robados; las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo la violencia contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de los derechos humanos". 
Criticó que no existan censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura
En este sentido, el Relator instó a las autoridades a iniciar discusiones serias para el establecimiento de un mecanismo o institución de carácter independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo. De Greiff señaló que este mecanismo podría adoptar el forma de una comisión de la verdad, pero también cualquier otro que sirva al propósito señalado. 

Memoria con enfoque de género

Pablo de Greiff también pidió a España que ampliara "los estudios existentes sobre las violaciones a los derechos de las mujeres", así como instó a las autoridades a "desarrollar medidas de reparación y reconocimiento especial del daño que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y el franquismo, incluyendo la violencia sexual, agresiones, humillaciones y discriminación en represalia por su afiliación real o supuesta o la de sus familias o parejas". 

Restricciones y dificultades en el acceso a archivos

El Relator de Verdad, Justicia y Reparación de la ONU señaló que "en la práctica", en España, persisten dificultades y restricciones en el acceso de archivos. Criticó disparidad en las prácticas y posibilidades de acceso en función de los archivos o funcionarios al cargo y lamentó que no existan mecanismos para atender las reclamaciones en caso de negación de acceso. 
Por otro lado, el Relator expresó su preocupación por que, invocando a riesgos a la seguridad nacional y la Ley de Secretos Oficiales, documentos históricos y grandes fondos militares y policiales permanezcan clasificados y sin criterios claros que permitan su desclasificación. 

Nulidad de las sentencias franquistas 

Pablo De Greiff también instó a España a buscar mecanismos para "hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas" por los tribunales franquistas que supusieron una "violación de los principios de los principios fundamentales del derecho". Esta petición, a pesar de haber sido aprobada una Proposición No de Ley, no ha sido adoptada por el Congreso. 

Restitución de propiedades

El informe del Relator de la ONU también pidió a España que tomara "medidas para atender los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos incautados a particulares" durante la Guerra Civil y la dictadura, así como que realizara mayores esfuerzos para establecer medidas de reparación no materiales y simbólicas. 

Eliminar las calles que honran a franquistas

Esta era una de las medidas estrella de la Ley de Memoria Histórica y, ciertamente, la norma ha servido para un avance significativo en este asunto. Sin embargo, según publicaba El Periódico este jueves, en los callejeros de nuestras ciudades  aún quedan más de mil direcciones con nomenclatura fascista. Justicia pidió a los consistorios su retirada en febrero, pero con el fin de la legislatura no ha habido mayor seguimiento.
Españoles, ‘Franco ha sido exhumado’. ¡Celébralo junto a nosotros!
Sin duda es un gran paso en favor de la justicia con las víctimas de franquismo. Pero queda mucho recorrido, y aún nos faltas tú: