Los jueces José Ricardo de Prada, Julio de Diego, Concepción Espejel y Fernando Andreu. EFE
El tribunal de la Audiencia
Nacional que debe juzgar la caja B del PP, a su extesorero Luis
Bárcenas y la reforma en negro de la sede central de este partido ha
saltado por los aires. De los tres jueces que lo componen desde este
mismo viernes, uno va a ser recusado, otra se irá, y sólo quedará libre
la ponente de la sentencia, que no es titular de la plaza.
El desmantelamiento del tribunal ha culminado con la reciente decisión de la Sala de lo Penal de apartar del caso al juez José Ricardo de Prada al aceptar el incidente de recusación planteado por el Partido Popular y Bárcenas.
El sustituto es el juez Fernando Andreu, según ha acordado este viernes la propia Sección Segunda, que enjuicia este caso.
Fernando Andreu será también recusado por el PP, según fuentes jurídicas. Y todo apunta a que la Sala de lo Penal también lo apartará, indican las mismas fuentes.
El PP alegará que la apariencia de imparcialidad de
Andreu está contaminada porque fue instructor de la pieza de la Caja B
en al menos dos ocasiones -como juez sustituto- y por formar parte del
tribunal de la pieza de los amaños de la trama Gürtel en AENA, cuya vista oral arrancará el 10 de diciembre.
Precipitó la caída de Rajoy
Julio de Diego es el sustituto de Andreu, si se consultan las normas de reparto.
Pero este juez también se tendrá que apartar o será recusado por los
mismos motivos por los cuales la Sala de lo Penal sacó a De Prada del
tribunal de la Caja B.
Ambos jueces firmaron el voto mayoritario de la
sentencia de la pieza de Gürtel (primera época) donde consideraban
acreditada la existencia de una Caja B en el PP, con contabilidad opaca
al fisco. Estos párrafos precipitaron la caída de Mariano Rajoy por medio de una moción de censura que prosperó en el Congreso.
La Sala de lo Penal concluyó el pasado 4 de octubre que estas apreciaciones no eran necesarias
para juzgar la primera época de los negocios de la trama de corrupción y
que contaminaron la apariencia de imparcialidad de De Prada.
La presidenta también se va
Aún hay más. La presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, también abandonará el tribunal de la Caja B: ha conseguido la plaza de presidenta de la Sala de Apelaciones
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Está previsto que se
integre en febrero como máximo y su plaza tendrá que salir a concurso.
Sólo quedará en el tribunal la ponente, María Fernanda García Pérez. Llegó a la Sección Segunda en comisión de servicio. Fue nombrada a propuesta de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El presidente de la Permanente del CGPJ que designó a esta juez es Carlos Lesmes,
quien fue elevado a su cargo por el PP. Y los integrantes de la
Permanente son elegidos a propuesta del propio Lesmes entre los 20
vocales que componen el Pleno de este órgano constitucional.
Recurrir a jueces de otras secciones
Espejel tendrá que acordar si recurre a magistrados de otras secciones para formar el tribunal cuando lleguen las dos bajas del tribunal: las de Duplá y las de Andreu y De Diego.
Se da la circunstancia de que Espejel está recusada para juzgar el caso Gürtel, al igual que Enrique López,
actual consejero de Justicia de Madrid porque su relacion con el PP
afectaba a su apariencia de imparcialidad. Por similares motivos fue
recusado Juan Pablo González, a quien reemplazó Duplá. Gonzaléz fue nombrado el año pasado presidente de la Audiencia de Madrid..
Si Espejel no se aparta y recurre a las normas de
reparto -que se publican al comienzo de cada año- para completar el
tribunal, elegirá entre los magistrados que se encargan de las ponencias terminadas en 6, ya que el rollo de la Caja B lleva el número 6/2015 (pieza separada UDEF-BLA22.510-13).
En este caso, los jueces a los que les toca las ponencias de los rollos terminados en 6 son: Ramón Sáenz, Alfonso Guevara, y Carmen Paloma González Pastor, de las secciones Primera, Tercera y Cuarta, respecticamente.
Otra alternativa sería que la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional solicitara a la Permanente del CGPJ el nombramiento
de dos magistrados en comisión de servicios para ocupar ambas vacantes.
Si así ocurriera, los tres jueces del tribunal que
juzgarían la Caja B con dinero opaco habrán sido elegidos por los
vocales del CGPJ. Y los vocales son designados por los partidos
políticos presentes en las Cortes Generales.
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