Los únicos dos partidos que se opusieron en 1997 a la ley, IU y BNG, siguen demandando su derogación, al igual que CAS y las mareas blancas. Sostienen que es esencial defender lo público excluyendo a lo privado, y consideran que la situación actual es propicia para ello.
madrid
Si aplaudes cada día, firma para exigir sanidad pública
Actualizado:
Apenas
nadie hace referencia a la génesis de la privatización continua del
sistema sanitario en España. Un 10 de abril de 1997 el Congreso de los
Diputados aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas
se beneficiaran de la sanidad pública. Gobernando Aznar en minoría, el
texto salió adelante con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y
el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después
sucedería: "La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario
se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en este
caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada
porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada,
además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a
los sanitarios, algo que no ocurre en la pública", recuerda Ángeles
Maestro, diputada por aquel entonces de IU.
El parte
meteorológico para Madrid de aquel día hablaba de unas temperaturas
mínimas de 10 grados que podrían ascender hasta los 18. Esta máxima se
debió palpar en el Hemiciclo cuando tomó la palabra Maestro, única voz
discordante en la aprobación de la ley 15/97:
"Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de
izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un
mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de
no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y
la eficiencia en la gestión", fueron las palabras exactas de la diputada
según se recoge en el libro de sesiones de aquella jornada.
La ley que marcó un
antes y un después respecto a la calidad de la sanidad en España fue
aprobada por el PP, el PSOE, CiU, PNV y CC, con un resultado de 290
votos a favor, 19 en contra y una abstención. Los nacionalistas
gallegos, además de IU, también se opusieron. Tal y como explica
Guillerme Vázquez, diputado del BNG en aquellos momentos, "aprobaron esa
ley con esas características, un subterfugio, porque la sanidad no se podía privatizar igual que se hacía con las eléctricas".
De hecho, este político licenciado en Medicina no se olvida de mencionar la reforma constitucional del artículo 135,
en el que se supedita la financiación de los servicios públicos al pago
de la deuda externa: "Pasa desapercibida esta reforma, pero es clave.
Parece que estamos siempre en una batalla entre el PP, que quiere
privatizarlo todo, y el PSOE, que defiende lo público, cuando la
realidad ha demostrado que están de acuerdo a la hora de recortar en gastos sociales", en sus propios términos.
El mencionado texto
de un único artículo reza en su tercer apartado que "la prestación y
gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a
cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o
contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los
términos previstos en la Ley General de Sanidad". Una redacción a la que
Maestro también alude: "Ojo con eso de «sociosanitarios», porque ya
estamos viendo lo que pasa en las residencias, donde los mayores únicamente son productos con los que ganar dinero".
El Informe Abril, la precuela de la ley
Para realizar un
análisis real de la situación, Antonio Liébana, profesional sanitario de
Madrid y portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad
(CAS), se retrotrae al Gobierno socialista de Felipe González: "Abril
Martorell llegó a presentar en el Congreso un informe en 1991 en el que se empezaba a hablar de copagos y comparativas con otros países europeos, en los que se proponía la posibilidad de dejar entrar entidades privadas en el sistema sanitario público", declara el activista.
Precisamente, las
conclusiones de ese informe fueron filtradas a Maestro, que en una rueda
de prensa alertó de las consecuencias que podía conllevar legislar en
base al mismo. "Junto a Julio Anguita, recientemente fallecido, hicimos
una declaración pública en la que advertimos que se planteaba el copago
de los medicamentos para los pensionistas y otras cuestiones que ya
llegaron a ser realidad. Tuvo tanta repercusión que incluso CCOO y UGT amenazaron con una huelga general", relata la antigua diputada, por lo que el informe se guardó en un cajón.
Así que la calle estaba caldeada. Llegó 1999 y se abrió el primer hospital con unas características público-privadas. En Alzira,
Valencia, una empresa privada construyó un hospital para su posterior
explotación y al que la Conselleria de Sanidad de la región le
traspasaría los usuarios del área sanitaria determinada, un lugar en el
que "todos los profesionales los pone la empresa privada y lo único
público que hay es el dinero y los pacientes", recalca Liébana.
Esta dinámica, que se desarrolló hasta en cuatro enclaves valencianos más, encontró eco en la Comunidad de Madrid. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre, los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Móstoles y Collado-Villalba también responden a una explotación privada con recursos públicos.
Así explica el negocio el portavoz de CAS: "Se les cede terreno
gratuito, los construyen, lo explotan con aparcamientos, tiendas de
flores, de prensa, servicios de cafetería, y el personal sanitario
también les pertenece. Por su construcción la Administración pública les
paga un canon que recuperan a los pocos años, más una cuantía anual por
cada usuario de su zona sanitaria".
La calle se moviliza en contra de la 15/97
Cuatro años
después de que se efectuara la transferencia de las competencias en
sanidad a todas las comunidades autónomas en el último consejo de
ministros de 2001, surgió CAS. La Coordinadora consiguió, tras cientos
de charlas por los pueblos y barrios de Madrid, crear un poso social
que se vio reflejado en 2007 al juntar a 40.000 personas en la calle
reclamando la derogación de la ley 15/97. "A partir de ahí empezamos a recoger firmas para
que la gente viera que la privatización de Aguirre respondía a un
acuerdo entre PP y PSOE. Cuando llegamos a las 400.000, las entregamos
al Congreso y una persona del PSOE se entrevistó con nosotros. Lo único
que nos dijo es que nos olvidáramos de esa ley porque se trataba de un
asunto de Estado y nunca se iba a derogar", relata Liébana.
La solución no se
centra en financiar con más y más dinero la sanidad pública, sino en
protegerla de la intromisión de entidades privadas que quieren lucrarse
con ella, parafraseando a Maestro
"Si ahora el PSOE habla de blindar la sanidad pública aumentando el
gasto sanitario, se está volviendo a confundir, porque mientras la
privada siga dentro como un parásito, nada surtirá efecto", en los
propios términos de la exdiputada de IU y médica de formación,
especialista en salud pública y medicina preventiva.
Llega la Marea Blanca
La lucha constante que venían realizando desde CAS años atrás tuvo un reflejo en las mareas blancas
que inundaron España en contra de la privatización de la sanidad.
Carmen Esbrí, portavoz de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas,
explica la dinámica que se llevó a cabo: "Quitaron camas, redujeron personal
y provocaron listas de espera. Después, utilizaban este argumento para
decir que lo público es lo malo porque no funciona, y lo privado lo
bueno, así que terminamos financiando con dinero público a unos
empresarios que ven aumentada su riqueza y que encima, muchos de ellos,
son fondos buitre, por lo que sus ingresos no se quedan en España".
De hecho, un año
después de empezar a constituirse las mareas blancas en 2012, los
Presupuestos Generales del Estado marcaron la menor cifra destinada a
sanidad, dejándola en 61.702 millones de euros, cuando se venía de
69.400 en 2010. Los datos más actualizados responden al ejercicio de
2018, en los que se invirtieron desde el Estado 71.145 millones de
euros, de los cuales un 11,1% se destinaron a "los gastos en compras al
sector privado a través de conciertos", según explicita el informe del Ministerio de Sanidad .
"Es una estafa en
toda índole, un robo manifiesto, vieron la sanidad como una oportunidad
de negocio y no les importa nada lo público, porque centran todo en el
mercado y lo único que han hecho es poner en venta nuestra salud",
incide la propia Esbrí. De esta forma, las mareas blancas también se
posicionan contra la ley 15/97 y la reforma constitucional del artículo
135: "Demandamos un proceso de desprivatización. No tiene que ser tan
difícil, tan solo es un problema de gestión y de enfoque, pero para este
cambio debe haber políticos que realmente sean éticos y respondan a las
directrices que marca la ciudadanía, en teoría la soberana del país",
reflexiona la activista.
A su vez, Maestro
realiza un ejercicio colectivo al pensar más allá del personal sanitario
y reflejar la realidad que sufren todos los trabajadores que conforman
los servicios del hospital, recalcando que "la privatización a trozos,
de servicio en servicio, ha hecho que, por ejemplo, se recorte en
personal de limpieza, cuando es algo esencial". "Antes, los
profesionales de la limpieza eran funcionarios públicos y gente formada
al respecto, algo que no sucede en estos momentos por la laxitud del
control por parte de las Consejerías con las empresas privadas. Es ahora
cuando vemos que estas decisiones de recortar en plantilla y hacer unos
contratos precarios redundan en la salud de las personas, porque la
limpieza de un hospital es clave. Por eso, desde que esto sucede las
infecciones dentro de los centros se dispararon y hoy son la principal
causa de muerte hospitalaria", incide la antigua parlamentaria.
El futuro de la sanidad pública
Vázquez,
cuestionado por su lectura de la situación actual, considera como
"sorprendente" que en una situación de colapso de la sanidad pública el
Gobierno no interviniera la privada y se les obligara a participar en la
solución de la crisis sanitaria. "No sirve de nada que el Gobierno diga
que defiende y hay que blindar la sanidad pública si después no se
expulsa a las empresas privadas que se lucran con ella, aunque no sé si
lo llegaremos a ver, porque esto significaría pelearse con Europa",
argumenta el gallego.
Desde el punto de
vista de la antigua parlamentaria de IU, "ahora es buena ocasión para
derogar la ley, pero hay que movilizarse". Ella, que actualmente milita
en Red Roja, defiende que este "sueño cumplido de las empresas privadas
que se benefician del dinero público" debe terminar. En sus propios
términos: "Nunca como ahora la gente ha sido tan consciente del valor de
la sanidad pública, y de que no puede estar sometida a criterios del
mercado o beneficios empresariales".
El empujón de conciencia que
la sociedad ha podido adquirir con la crisis del coronavirus y el papel
que la privada ha jugado en ella da esperanzas a Esbrí: "Somos
apartidistas, no apolíticos, así que la sociedad tiene que implicarse de
forma política, decidirse por el bien común, y espero que eso suceda
después de esta prueba de estrés tan tremenda en la que muchas personas
han visto cómo la han estado engañando durante tanto tiempo".
La experiencia que
posee Liébana en este terreno le lleva a afirmar que todo dependerá de
la movilización en la calle. "Estamos ante la única posibilidad de
derogar la ley que permite mercadear con la salud a costa del erario
público, no podemos esperar otros veinte años, hay que presionar a todas
las fuerzas políticas que se consideran progresistas porque si vuelve a
gobernar la derecha sí que va a ser imposible", concluye el portavoz de
CAS. En fin, de aquellos barros estos lodos.
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