La Comisión Europea quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condene a España por no adoptar medidas adicionales o acciones reforzadas para frenar "la tendencia al alza" de la contaminación de las zonas vulnerables a los nitratos en regiones como Murcia. Bruselas interpuso un recurso contra el Estado español ante el alto tribunal europeo el pasado agosto por haber incumplido sus obligaciones en el control y buen uso de los fertilizantes agrícolas en varias comunidades, según informa hoy el Diario Oficial de la Unión Europea.

En concreto, la Región de Murcia está entre las autonomías que no han aplicado medidas excepcionales al haber fracasado las actuaciones previas "para reducir la contaminación" e intervenir de forma preventiva "contra nuevas contaminaciones por nitratos de origen agrario", señala el recurso de la Comisión.

El máximo órgano de Gobierno reprocha además que no se hayan llevado a cabo otras medidas "para remediar la eutrofización en la totalidad del país", a pesar de que los "datos disponibles ponen de manifiesto" que las medidas previstas en los programas de acción "no están siendo suficientes para reducir y prevenir la contaminación".

Europa lleva advirtiendo desde hace años que en comunidades como la murciana no se han tomado "medidas suficientes" para cumplir con la directiva comunitaria, lo que ha conlleva una falta de control en el uso de los fertilizantes nitrogenados que causan contaminación en las masas de agua superficiales y subterráneas como el Mar Menor o el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena. 

El procedimiento de infracción contra España comenzó en 2018, cuando el alto organismo europeo mandó una carta de emplazamiento al Gobierno central por la contaminación por nitratos derivada de la actividad agrícola. Europa, entonces, determinó que las medidas que se habían adoptado hasta entonces no cortaban con los problemas de eutrofización en espacios protegidos y faltaban por designar zonas vulnerables a los nitratos como en la laguna salada.

No fue hasta diciembre de 2020 cuando la Comisión ya remitió un dictamen motivado que daba a España un plazo de tres meses para adoptar medidas más serias para dejar de incumplir la directiva europea de nitratos. A finales del pasado año el Consejo de Comisarios de la UE concluyó que los argumentos de España no estaban justificados, por lo que llevó el caso hasta el tribunal europeo.

Las nuevas normativas no frenan el recurso

El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó a principios de año un nuevo Real Decreto sobre la protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos de fuentes agrarias, una norma que venía a restrigir más el uso y cantidad de fertilizantes inorgánicos en España. Los planes de cuenca, que entran en su tercer ciclo, también reflejan el problema de la degradación de ecosistemas por estos compuestos y contienen medidas para frenar esa contaminación. Sin embargo, el Estado ha recordado durante este proceso judicial abierto por Europa que las competencias para ejecutar esta normativa son autonómicas.

El Gobierno regional aprobó en 2019 nuevas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, entre ellas el Mar Menor u otros territorios como Caravaca, las ramblas del Judío y del Moro, el Bajo Quípar, Bullas, Quibas, Bajo Guadalentín, Mula, Águilas, Mazarrón, Baños de Fortuna, el acuífero cuaternario de Fortuna o la Sierra de Cartagena. Pese a esto, Bruselas determina que no se han realizados acciones adicionales que reviertan el mal estado de estos espacios.

Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor es otro ejemplo que pone la Comunidad en el control de los fertilizantes agrarios.

El recurso contra España llega justo en un momento donde grupos de presión como la Fundación Ingenio han propagado información rebatida por la comunidad científica, ayuntamientos, Ejecutivo regional y Gobierno central, en la que acusan a los vertidos urbanos de la degradación de la laguna.