El siglo XX tuvo
épocas oscuras para varios países de América Latina, donde se
instauraron dictaduras militares que apagaron las vidas de miles de
personas sin piedad, sin culpa ni conciencia. Una de esas naciones fue
Chile, cuando en 1973 la vuelta de la democracia se frustró para dar
paso a la era del terror.
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El Gobierno democrático de Salvador Allende, electo en 1970 por
mayoría de votos, fue arrancado de cuajo en tan solo 24 horas y en su
lugar se instauró una de las dictaduras militares más mortíferas de la
historia, el 11 de septiembre de 1973, encabezado por el general Augusto
Pinochet.
Para ese entonces
Pinochet ya gozaba de cierto prestigio en el ámbito militar chileno, y
había capitalizado, -desde la llegada al poder de Allende- el malestar
que generaron en los sectores conservadores de ejército y la sociedad el
avance de la izquierda y las nacionalizaciones generalizadas.
Con la instauración de la junta militar, se había fracturado el
sistema simbólico-cultural que en la democracia daba sentido a la
sociedad chilena, pero peor aún, comenzaba una de las operaciones más
lascivas contra los derechos humanos que se haya documentado en la
historia reciente del continente americano: La Caravana de la Muerte.
¿Qué fue la Caravana de la Muerte?
El golpe de Estado se dio el 11 de septiembre de 1973, y el 30 de ese
mismo mes, Pinochet inició lo que la historia registra como la Caravana
de la Muerte, una comitiva que recorrió Chile de norte a sur, haciendo
una especie de "limpieza" que dejó una estela de asesinatos, torturas y
desapariciones, muchas de ellas envueltas aún hoy en una nebulosa.
La medida no sorprendió del todo, pues tan solo una semana
después de perpetrar el golpe militar, Pinochet advirtió a sus
opositores que "no habrá piedad con los extremistas", aunque en ese
momentos fueran insospechables las dimensiones que tomaría la crueldad
de la dictadura.
No fue el
propio dictador quien se hiciera cargo del operativo, el trabajo sucio
cayó en las manos del general Sergio Arellano Stark. Su misión era la de
"uniformar criterios de administración de justicia y acelerar procesos"
de los prisioneros políticos.
Para eso, Pinochet lo designó Oficial Delegado del Comandante en
Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno, dotándolo de la
autoridad suficiente para actuar en su nombre.
El corrido,
que comenzó a bordo de un helicóptero militar, en un inicio recorrió
ciudades ubicadas al sur de Santiago, entre Rancagua y Puerto Montt, y
continuó el 16 de octubre por el norte del país, entre Arica y La
Serena, para acabar el día 22 con un saldo de al menos 72 víctimas.
Los
prisioneros, muchos de los cuales ya habían sido condenados a cárcel por
los consejos de guerra, eran ejecutados a su paso por Cauquenes, La
Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. La comitiva los retiraba de las
prisiones locales y los trasladaba a regimientos o a los alrededores de
esas ciudades para asesinarlos.
Se hablaba de que muchas ejecuciones fueron justificadas como presuntos "intentos de fuga."
Los
testimonios de víctimas y ejecutores pueden resultar perturbadores. Uno
de ellos es el del general retirado Joaquín Lagos, jefe militar de
ciudades donde actuó la misión castrense, quien revelara hace algunos
años cómo eran despedazadas las víctimas del pelotón de fusileros: "las
fusilaban 'por partes' (. . . ). Primero las piernas, después los
órganos sexuales, después el corazón (. . . ). Ni siquiera había tiro de
gracia".
Las cifras son
alarmantes: unas tres mil 200 personas muertas a manos de la dictadura,
de ellas mil 192 aún están reportadas como detenidas o desaparecidas;
más de 28 mil opositores fueron torturados; y cerca de 300 mil debieron
exiliarse por motivos políticos.
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