No a la nueva ley del aborto (una cuestión de clase).
Ana Villverde. Periódico En lucha
Las
modificaciones en la Ley del Aborto anunciadas por el Gobierno suponen
un grave ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
que han sido conseguidos a través de años de lucha. Los
sectores más conservadores de la derecha están ganando terreno en una
de sus batallas más mediáticas: acabar con los derechos sexuales y
reproductivos. La reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley del Aborto) anunciada por
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, supone un grave
retroceso para los derechos de las mujeres. La ley anterior, aprobada en
2010, aunque contaba con importantes limitaciones, supuso algunos
avances, como el aborto libre para el plazo de 14 semanas o la
posibilidad de que las menores pudiesen abortar sin consentimiento
paterno. Ambas opciones van a ser suprimidas en la nueva ley, que además
incluirá retrocesos tan graves como la ilegalización de la interrupción
del embarazo en caso de malformación del feto. El Gobierno está
estudiando además la forma de limitar el acceso a la anticoncepción de
urgencia (píldora del día después), que sólo podrá obtenerse mediante
prescripción médica.
En alusión a la nueva ley, Gallardón afirmaba que se trata de “defender el derecho y la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales: el derecho a la maternidad” y que existen una serie de “presiones que ejercen una violencia estructural sobre la mujer embarazada”. Este tipo de declaraciones, además de retomar el principio retrógrado de reducir la feminidad a la maternidad, pretenden maquillar de buenas intenciones los verdaderos objetivos de esta reforma: restar autonomía a las mujeres y devolvernos al papel de cuidadoras en el hogar.
La maternidad: ¿derecho u obligación? Si tanto les preocupa el derecho de las mujeres a ser madres, ¿por qué no legislan en aquellos ámbitos que faciliten ese derecho en lugar de restringir la libertad de las mujeres? Como es costumbre en la derecha, en lugar de atacar a la causa, se utiliza la consecuencia para justificar determinadas políticas. Por desgracia, es cierto que existen discriminaciones laborales para las mujeres y que el embarazo es un motivo habitual de despido, pero ello nada tiene que ver con que se nos niegue el derecho a decidir a todas las mujeres. Las discriminaciones en el ámbito laboral deben impedirse en ese terreno, cuestión en la que precisamente el Gobierno está legislando en la dirección opuesta, como puede verse con la última reforma laboral. El derecho de las mujeres a ser madres pasa por que el Estado garantice determinadas condiciones que lo hagan posible sin que implique que éstas tengan que sacrificar sus vidas profesionales y personales. Equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad, ampliar las plazas de guarderías, garantizar la seguridad laboral y una educación pública de calidad o facilitar el acceso a la vivienda sería mucho más efectivo a favor del derecho a la maternidad (y la paternidad) que penalizar el aborto.
Un reciente estudio firmado por la Organización Mundial de la Salud y publicado en la revista The Lancet, compara la situación de diferentes países con leyes más o menos restrictivas en relación al aborto y demuestra que su prohibición no implica que se produzcan menos, sino que únicamente provoca que éstos se realicen en peores condiciones. La inseguridad sanitaria y jurídica sobre el aborto es una de las causas más importantes de mortalidad materno-infantil en los estados que tienen regulaciones restrictivas. Las limitaciones en los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, nada tienen que ver con proteger a las mujeres, sino todo lo contrario.
Aborto y subordinación Enmascarado con bonitas palabras, lo que se esconde detrás de esta ley es el debate sobre la posición que las mujeres debemos ocupar en la familia y en la sociedad. En plena crisis económica, este ataque al derecho a decidir sobre la reproducción no es casual. Es necesario entenderlo en su contexto, marcado por la ofensiva que hemos estado sufriendo las mujeres trabajadoras en los últimos años, la cual se traduce en la precariedad laboral y el desmantelamiento de los servicios públicos. Con los recortes, el trabajo de cuidado y reproducción que antes cubrían en parte los servicios públicos está siendo dejando de lado por el estado. Como consecuencia, este trabajo está volviendo a producirse exclusivamente en los hogares, donde lo desempeñan fundamentalmente las mujeres. Este papel en el hogar entra en contradicción con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, situándonos en una tensión permanente entre dos mundos que se nos presentan como incompatibles. En este contexto, retomar el debate público en torno al aborto, resulta de gran utilidad para el Gobierno. Al cuestionar el buen criterio de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y criminalizar a todas aquellas que no deseen ser madres, las posiciones antiabortistas refuerzan nuestro papel como madres y esposas en el ámbito doméstico, que en estos tiempos de recortes se hace todavía más indispensable para el sostenimiento de la sociedad.
Por otro lado, quienes más fervientemente se oponen al aborto, los sectores más conservadores de la derecha y la iglesia, también se oponen a la inclusión de la educación sexual en el sistema educativo, así como a mejorar la prevención por medio de anticonceptivos, lo que incrementa el número de abortos. En los Países Bajos, que cuenta con la ley más despenalizadora del mundo (permite abortar hasta la semana 24 de gestación), el índice de aborto es el más bajo de toda la UE. El motivo fundamental es que en los años 70 se inició un plan de educación sexual. Las leyes restrictivas del aborto, al no ir acompañadas de una buena educación sexual, acaban funcionando como sancionadoras de la sexualidad femenina. Mientras la relación sexual es entre dos, la responsabilidad por el embarazo y en su caso, el aborto, recae exclusivamente en nosotras, que somos culpabilizadas y estigmatizadas por estar haciendo algo sujeto a consideraciones legales y morales de terceros.
Un movimiento amplio y unitario En el Estado español, el movimiento feminista lleva décadas reivindicando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción y han sido muchos los logros conseguidos. Hoy en día, la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen sin riesgos graves para su salud, el número de muertes por abortos clandestinos ha descendido considerablemente y se ha facilitado el acceso a medios anticonceptivos y a la píldora del día después. Si bien queda mucho por hacer, la experiencia demuestra que la lucha no ha sido en balde. El Gobierno tendrá que enfrentarse a un movimiento con una amplia trayectoria.
Desde que el Gobierno anunciase los cambios previstos para la nueva ley, han ido surgiendo distintas iniciativas para hacerle frente. Estamos en un momento en el que la ofensiva conservadora es tal que es muy probable que entre la oposición a esta ley haya sectores más reformistas, que no defiendan abiertamente el aborto libre, sino algún tipo de ley más progresista que la contrareforma del PP, que combine plazos y supuestos. Desde un punto de vista estratégico, negarse a manifestarse junto a estos sectores sería un error. Si realmente queremos echar atrás esta nueva ley, necesitamos un movimiento amplio, que nos permita juntar en las calles al máximo número de personas.
Por otro lado, ello no significa que quienes consideramos que el derecho al aborto pasa por que éste sea totalmente libre y gratuito, caigamos en el oportunismo y no hagamos oír nuestras voces. El derecho de las mujeres a decidir libremente, la despenalización total del aborto y que éste sea una prestación garantizada en la sanidad pública, son reivindicaciones que deben estar presentes en toda movilización. Pero si en lugar de limitarnos a reunirnos con quienes ya comparten esta visión, nos relacionamos en espacios más amplios, es más probable que tengamos éxito en el objetivo de impedir este retroceso. Además, ello nos permitiría debatir con más gente, que puede acabar sumándose al movimiento por un aborto libre y gratuito. El 28 de septiembre, día internacional de lucha por la despenalización del aborto, ya ha sido anunciado por varias plataformas como una fecha clave de movilización. Sería una buena oportunidad para iniciar esta lucha unitaria tan necesaria.
EL ACCESO AL ABORTO: UNA CUESTIÓN DE CLASE Por mucho que se empeñen los y las antiabortistas en defender que se trata de una cuestión moral, lo cierto es que la legislación en torno al aborto es una cuestión política, que tiene que ver con los derechos colectivos de las mujeres y la posición que ocupamos en la sociedad. Las políticas que penalizan o restringen el aborto han de analizarse en relación con las desigualdades de género, pero también con las diferencias de clase que conforman el sistema capitalista.
El aborto no es una práctica que se circunscriba a una clase social. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se da tanto en las mujeres de clase alta como en las de clase baja. Sin embargo, la penalización del aborto y las restricciones que dificultan que pueda llevarse a cabo de forma segura y gratuita, hacen que existan importantes diferencias en cómo se realiza y en los riesgos que corren unas y otras.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 98,16% de los abortos que se realizaron en 2010 en el Estado español se hicieron en centros privados, porcentaje que apenas varía en años anteriores. El hecho de que el aborto, fuera de determinados supuestos, continúe estando tipificado como un delito penal, deja a las personas que son profesionales sanitarios y a las mujeres que abortan en una situación de inseguridad jurídica. En esta situación, muchos facultativos prefieren ahorrarse problemas y acogerse a la objeción de conciencia para no tener que practicar IVEs, aunque personalmente no tengan inconveniente. Esto hace que sean muy pocos los centros públicos que prestan este servicio. A esto hay que añadir la reciente medida aprobada por el Gobierno que impide a las mujeres inmigrantes abortar en la seguridad social, medida que a juicio de los recortes que se están aplicando en la sanidad, es muy posible que acabe extendiéndose a todas las mujeres.
Con la contrarreforma anunciada por el Gobierno, las mujeres sin recursos económicos que quieran abortar, o se vean obligadas a hacerlo dadas sus circunstancias, tendrán que enfrentarse a una serie de obstáculos que no tendrán las mismas consecuencias para las mujeres de clase alta. Las primeras tendrán que acogerse necesariamente a uno de los supuestos y dentro de los plazos establecidos, con el riesgo de ser juzgadas, mientras que aquellas mujeres que tengan dinero siempre podrán viajar a otro país que cuente con una ley menos restrictiva. La Ley de Supuestos, combinada con las dificultades para abortar en centros públicos, deja a muchas mujeres sin opciones y aumenta las probabilidades de que se sometan a intervenciones ilegales, en las que los riesgos de padecer hemorragias e infecciones se multiplican, poniendo en peligro su vida.
Por otro lado, la eliminación del supuesto que permitía abortar en caso de malformación del feto, es especialmente grave para las mujeres de clase trabajadora. Hacerse cargo de un hijo o hija con autonomía restringida no es igual para todas, y menos después de haberse suprimido las ayudas que proporcionaba la Ley de Dependencia. De nuevo, aquellas familias que puedan acceder a tratamientos de alto coste o pagar a una tercera persona para que cuide a sus hijos e hijas, no tendrán que afrontar tantos problemas y sufrimiento como aquellas que no puedan permitírselo.
El derecho al aborto no puede entenderse fuera de las desigualdades de clase y en este sentido, la reivindicación del mismo no debería limitarse a luchar por el derecho individual de cada mujer a decidir. Por supuesto, esta es una condición imprescindible, pero para que realmente todas las mujeres puedan tomar las decisiones sobre su reproducción de forma libre, el aborto ha de convertirse también en un derecho social. Esto pasa porque el Estado garantice la posibilidad de abortar de forma segura y asequible para todas las mujeres, independientemente de sus ingresos, así como las condiciones para que las personas puedan ser madres y padres si así lo desean. Si no existe el aborto seguro y gratuito, el aborto nunca será libre para todas.
Ana Villaverde es militante de En lucha / En lluita
Artículo publicado en el Periódico En lucha / Diari En lluita
http://enlucha.org/site/?q=
En alusión a la nueva ley, Gallardón afirmaba que se trata de “defender el derecho y la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales: el derecho a la maternidad” y que existen una serie de “presiones que ejercen una violencia estructural sobre la mujer embarazada”. Este tipo de declaraciones, además de retomar el principio retrógrado de reducir la feminidad a la maternidad, pretenden maquillar de buenas intenciones los verdaderos objetivos de esta reforma: restar autonomía a las mujeres y devolvernos al papel de cuidadoras en el hogar.
La maternidad: ¿derecho u obligación? Si tanto les preocupa el derecho de las mujeres a ser madres, ¿por qué no legislan en aquellos ámbitos que faciliten ese derecho en lugar de restringir la libertad de las mujeres? Como es costumbre en la derecha, en lugar de atacar a la causa, se utiliza la consecuencia para justificar determinadas políticas. Por desgracia, es cierto que existen discriminaciones laborales para las mujeres y que el embarazo es un motivo habitual de despido, pero ello nada tiene que ver con que se nos niegue el derecho a decidir a todas las mujeres. Las discriminaciones en el ámbito laboral deben impedirse en ese terreno, cuestión en la que precisamente el Gobierno está legislando en la dirección opuesta, como puede verse con la última reforma laboral. El derecho de las mujeres a ser madres pasa por que el Estado garantice determinadas condiciones que lo hagan posible sin que implique que éstas tengan que sacrificar sus vidas profesionales y personales. Equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad, ampliar las plazas de guarderías, garantizar la seguridad laboral y una educación pública de calidad o facilitar el acceso a la vivienda sería mucho más efectivo a favor del derecho a la maternidad (y la paternidad) que penalizar el aborto.
Un reciente estudio firmado por la Organización Mundial de la Salud y publicado en la revista The Lancet, compara la situación de diferentes países con leyes más o menos restrictivas en relación al aborto y demuestra que su prohibición no implica que se produzcan menos, sino que únicamente provoca que éstos se realicen en peores condiciones. La inseguridad sanitaria y jurídica sobre el aborto es una de las causas más importantes de mortalidad materno-infantil en los estados que tienen regulaciones restrictivas. Las limitaciones en los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, nada tienen que ver con proteger a las mujeres, sino todo lo contrario.
Aborto y subordinación Enmascarado con bonitas palabras, lo que se esconde detrás de esta ley es el debate sobre la posición que las mujeres debemos ocupar en la familia y en la sociedad. En plena crisis económica, este ataque al derecho a decidir sobre la reproducción no es casual. Es necesario entenderlo en su contexto, marcado por la ofensiva que hemos estado sufriendo las mujeres trabajadoras en los últimos años, la cual se traduce en la precariedad laboral y el desmantelamiento de los servicios públicos. Con los recortes, el trabajo de cuidado y reproducción que antes cubrían en parte los servicios públicos está siendo dejando de lado por el estado. Como consecuencia, este trabajo está volviendo a producirse exclusivamente en los hogares, donde lo desempeñan fundamentalmente las mujeres. Este papel en el hogar entra en contradicción con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, situándonos en una tensión permanente entre dos mundos que se nos presentan como incompatibles. En este contexto, retomar el debate público en torno al aborto, resulta de gran utilidad para el Gobierno. Al cuestionar el buen criterio de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y criminalizar a todas aquellas que no deseen ser madres, las posiciones antiabortistas refuerzan nuestro papel como madres y esposas en el ámbito doméstico, que en estos tiempos de recortes se hace todavía más indispensable para el sostenimiento de la sociedad.
Por otro lado, quienes más fervientemente se oponen al aborto, los sectores más conservadores de la derecha y la iglesia, también se oponen a la inclusión de la educación sexual en el sistema educativo, así como a mejorar la prevención por medio de anticonceptivos, lo que incrementa el número de abortos. En los Países Bajos, que cuenta con la ley más despenalizadora del mundo (permite abortar hasta la semana 24 de gestación), el índice de aborto es el más bajo de toda la UE. El motivo fundamental es que en los años 70 se inició un plan de educación sexual. Las leyes restrictivas del aborto, al no ir acompañadas de una buena educación sexual, acaban funcionando como sancionadoras de la sexualidad femenina. Mientras la relación sexual es entre dos, la responsabilidad por el embarazo y en su caso, el aborto, recae exclusivamente en nosotras, que somos culpabilizadas y estigmatizadas por estar haciendo algo sujeto a consideraciones legales y morales de terceros.
Un movimiento amplio y unitario En el Estado español, el movimiento feminista lleva décadas reivindicando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción y han sido muchos los logros conseguidos. Hoy en día, la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen sin riesgos graves para su salud, el número de muertes por abortos clandestinos ha descendido considerablemente y se ha facilitado el acceso a medios anticonceptivos y a la píldora del día después. Si bien queda mucho por hacer, la experiencia demuestra que la lucha no ha sido en balde. El Gobierno tendrá que enfrentarse a un movimiento con una amplia trayectoria.
Desde que el Gobierno anunciase los cambios previstos para la nueva ley, han ido surgiendo distintas iniciativas para hacerle frente. Estamos en un momento en el que la ofensiva conservadora es tal que es muy probable que entre la oposición a esta ley haya sectores más reformistas, que no defiendan abiertamente el aborto libre, sino algún tipo de ley más progresista que la contrareforma del PP, que combine plazos y supuestos. Desde un punto de vista estratégico, negarse a manifestarse junto a estos sectores sería un error. Si realmente queremos echar atrás esta nueva ley, necesitamos un movimiento amplio, que nos permita juntar en las calles al máximo número de personas.
Por otro lado, ello no significa que quienes consideramos que el derecho al aborto pasa por que éste sea totalmente libre y gratuito, caigamos en el oportunismo y no hagamos oír nuestras voces. El derecho de las mujeres a decidir libremente, la despenalización total del aborto y que éste sea una prestación garantizada en la sanidad pública, son reivindicaciones que deben estar presentes en toda movilización. Pero si en lugar de limitarnos a reunirnos con quienes ya comparten esta visión, nos relacionamos en espacios más amplios, es más probable que tengamos éxito en el objetivo de impedir este retroceso. Además, ello nos permitiría debatir con más gente, que puede acabar sumándose al movimiento por un aborto libre y gratuito. El 28 de septiembre, día internacional de lucha por la despenalización del aborto, ya ha sido anunciado por varias plataformas como una fecha clave de movilización. Sería una buena oportunidad para iniciar esta lucha unitaria tan necesaria.
EL ACCESO AL ABORTO: UNA CUESTIÓN DE CLASE Por mucho que se empeñen los y las antiabortistas en defender que se trata de una cuestión moral, lo cierto es que la legislación en torno al aborto es una cuestión política, que tiene que ver con los derechos colectivos de las mujeres y la posición que ocupamos en la sociedad. Las políticas que penalizan o restringen el aborto han de analizarse en relación con las desigualdades de género, pero también con las diferencias de clase que conforman el sistema capitalista.
El aborto no es una práctica que se circunscriba a una clase social. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se da tanto en las mujeres de clase alta como en las de clase baja. Sin embargo, la penalización del aborto y las restricciones que dificultan que pueda llevarse a cabo de forma segura y gratuita, hacen que existan importantes diferencias en cómo se realiza y en los riesgos que corren unas y otras.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 98,16% de los abortos que se realizaron en 2010 en el Estado español se hicieron en centros privados, porcentaje que apenas varía en años anteriores. El hecho de que el aborto, fuera de determinados supuestos, continúe estando tipificado como un delito penal, deja a las personas que son profesionales sanitarios y a las mujeres que abortan en una situación de inseguridad jurídica. En esta situación, muchos facultativos prefieren ahorrarse problemas y acogerse a la objeción de conciencia para no tener que practicar IVEs, aunque personalmente no tengan inconveniente. Esto hace que sean muy pocos los centros públicos que prestan este servicio. A esto hay que añadir la reciente medida aprobada por el Gobierno que impide a las mujeres inmigrantes abortar en la seguridad social, medida que a juicio de los recortes que se están aplicando en la sanidad, es muy posible que acabe extendiéndose a todas las mujeres.
Con la contrarreforma anunciada por el Gobierno, las mujeres sin recursos económicos que quieran abortar, o se vean obligadas a hacerlo dadas sus circunstancias, tendrán que enfrentarse a una serie de obstáculos que no tendrán las mismas consecuencias para las mujeres de clase alta. Las primeras tendrán que acogerse necesariamente a uno de los supuestos y dentro de los plazos establecidos, con el riesgo de ser juzgadas, mientras que aquellas mujeres que tengan dinero siempre podrán viajar a otro país que cuente con una ley menos restrictiva. La Ley de Supuestos, combinada con las dificultades para abortar en centros públicos, deja a muchas mujeres sin opciones y aumenta las probabilidades de que se sometan a intervenciones ilegales, en las que los riesgos de padecer hemorragias e infecciones se multiplican, poniendo en peligro su vida.
Por otro lado, la eliminación del supuesto que permitía abortar en caso de malformación del feto, es especialmente grave para las mujeres de clase trabajadora. Hacerse cargo de un hijo o hija con autonomía restringida no es igual para todas, y menos después de haberse suprimido las ayudas que proporcionaba la Ley de Dependencia. De nuevo, aquellas familias que puedan acceder a tratamientos de alto coste o pagar a una tercera persona para que cuide a sus hijos e hijas, no tendrán que afrontar tantos problemas y sufrimiento como aquellas que no puedan permitírselo.
El derecho al aborto no puede entenderse fuera de las desigualdades de clase y en este sentido, la reivindicación del mismo no debería limitarse a luchar por el derecho individual de cada mujer a decidir. Por supuesto, esta es una condición imprescindible, pero para que realmente todas las mujeres puedan tomar las decisiones sobre su reproducción de forma libre, el aborto ha de convertirse también en un derecho social. Esto pasa porque el Estado garantice la posibilidad de abortar de forma segura y asequible para todas las mujeres, independientemente de sus ingresos, así como las condiciones para que las personas puedan ser madres y padres si así lo desean. Si no existe el aborto seguro y gratuito, el aborto nunca será libre para todas.
Ana Villaverde es militante de En lucha / En lluita
Artículo publicado en el Periódico En lucha / Diari En lluita
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