Un Franco moribundo y su consejo de ministros hacían fusilar a 5 militantes antifranquistas. Aquel 1975: 37 años ya
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La historia oficial nos
dice, si algo dice, que, desde que el Seat 600 se extendió por España
hasta la muerte de Franco, no pasó prácticamente nada. Todo era un
tran-tran gris y cateto, vale; los Pirineos seguían muy altos, vale;
pero ya la fiera casi no mordía. Nadie luchaba, y toda la oposición y
sectores nucleares del propio Régimen coincidían en una misma y única
estrategia de acción política: esperar a que Franco se muriera. De modo
que el franquismo ya no era franquismo, sino una protodemocracia con
mucha paciencia. El resultado es que el periodo que va de mediados
de los sesenta a mediados de los setenta es uno de los más desconocidos
de la reciente historia de España. Aquellos años de durísima lucha por
la libertad se han borrado de la pizarra, hasta el extremo de que las
voces “antifranquismo” y “antifranquista” ni siquiera están recogidas en
el Diccionario de la Real Academia. La ignorancia, no sólo entre los
más jóvenes, es aterradora. Todo para insuflar aliento al gran engaño y
al gran olvido que vinieron después y aún continúan.
Paralelismo sangriento
El principio y el fin de ese periodo tienen muchos paralelismos.
Se abre con sangre: el 20 de abril de 1963 Julián Grimau es fusilado (1). El 17 de agosto de ese mismo año, Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez son ejecutados a garrote vil. Todo ello tras sendos Consejos de Guerra sumarísimos. El gobierno franquista ratificó las penas de muerte por unanimidad, lo que incluía, naturalmente, a Manuel Fraga Iribarne.
El periodo se cierra con un auto de fe sangriento. Tras sus correspondientes Consejos de Guerra sumarísimos, el 27 de septiembre de 1975, un Franco moribundo, y su consejo de ministros, también por unanimidad (2), hacían fusilar a 5 militantes antifranquistas. Tres de ellos eran del FRAP: José Humberto Baena Alonso, de 25 años, José Luis Sánchez Bravo, de 21, y Ramón García Sanz, de 27. Otros dos, de ETA: Juan Paredes Manot, de 21 años, y Ángel Otaegui, de 33.
José Antonio Sáenz de Santamaría –padre de la actual vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–, entonces general jefe del Estado Mayor de la guardia civil, dirigió parte de los preparativos de esas ejecuciones.
Otro paralelismo: en ambos casos, la presión internacional aísla al Régimen. Por todo el mundo hay manifestaciones de condena, son retirados embajadores, hay peticiones oficiales –hasta papales– de indulto... Nada sirve.
Y el paralelismo básico: al principio y al fin de ese periodo confluían dos tendencias: la progresiva acumulación de luchas obreras y populares, y el agotamiento de un determinado modelo económico. En resumen, en ambos casos, se daba la necesidad de un cambio de ciclo que el franquismo, no ya Franco, quería controlar y dirigir a su conveniencia (aperturismo/Transición). Y lo hacía, también en ambos casos, incorporando nuevos gestores al sistema y golpeando, a muerte y con idénticos métodos, a la izquierda que le cuestionaba o podía llegar a cuestionarle. A fines del mismo año 1963 en que fueron asesinados Granados, Delgado y Grimau era aprobado el I Plan de Desarrollo (1964-1967). Entre estos asesinatos y la Ley de Prensa de Fraga (1966) transcurre el mismo tiempo –tres años– que entre los fusilamientos de 1975 y la aprobación de la Constitución monárquica (1978).
Cuatro días después de los fusilamientos, el 1 de Octubre de 1975, Franco y el entonces príncipe Juan Carlos presiden, desde el balcón del Palacio de Oriente, una concentración de reafirmación fascista. La Transición que se inicia tras la muerte del dictador consiste, entre otras cosas, en hacer olvidar que Juan Carlos estaba allí. Y que había sido designado por su acompañante en aquel balcón, y que había jurado los principios del Movimiento Nacional. Y hacer olvidar también que se había torturado y asesinado, y los nombres de los que habían torturado y asesinado, y de los que habían orquestado y presidido simulacros de juicio para avalar condenas preestablecidas... Y la ilegitimidad radical de esas condenas. Y la ilegitimidad radical del Régimen de Franco y de su sucesor en la Jefatura del Estado.
Notas:
(1) Grimau fue brutalmente torturado en la DGS y arrojado por la ventana desde una segunda planta, con las manos esposadas. El entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, declaró que el detenido había recibido un trato exquisito por parte de la Policía, y que se había arrojado desde la ventana por voluntad propia.
(2) Buena parte de ellos continuaron su actividad política, sobre todo en Alianza Popular y en el Partido Popular. Un caso curioso es el de Fernando Suárez González, ministro de Trabajo y Vicepresidente de Gobierno en 1975. En relación a aquellas sentencias dice: “Era muy difícil no aplicarlas porque era un momento en el que a Carlos Arias lo acusaban de debilidad. Y hubo cinco ejecuciones, las últimas en España (...) Yo no estaba de acuerdo, eso lo sabe todo el mundo; no soy partidario de la pena de muerte. Entonces el problema era si dimites o no dimites». Y no dimitió. Con esos precedentes, fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2007.
Fuente: http://www.loquesomos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5182%3Aaquel-1975-37-anos-ya&catid=24%3Ala-diana&lang=es.
Los últimos fusilamientos de la dictadura franquista acontecieron el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos. Fueron ejecutadas por fusilamiento cinco personas: los militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y los militantes de ETA Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegi. Estas fueron las últimas ejecuciones del régimen franquista, poco antes de la muerte del dictador. Estas ejecuciones levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del estado, tanto a nivel oficial como popular.
A finales del verano del año 1975, había pendientes diversos consejos de guerra y varias condenas a muerte en ciernes. Garmendia y Otaegi por un lado, además del sumario militar por el atentado de la calle Correo de Madrid, que involucraba a los procesados Eva Forest, Durán y María Luz Fernández. Otros procesos seguían su marcha como el del atentado contra Carrero Blanco, y otros casos contra miembros del FRAP por la manifestación del 1 de mayo del 73 en la que murió un policía.
Por la Jefatura del Estado se dictó el Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo (BOE número 205 de 27/8/1975), que contenía diversos preceptos procesales y penales en relación con el terrorismo. Sin embargo, la pena de muerte por diversos delitos de terrorismo ya estaba en la legislación penal, por ejemplo en el art. 294 bis del Código de Justicia Militar. También el Código Penal establecía la pena de muerte en varios de sus artículos, por ejemplo, los artículos 260, 405, 406, 501 y otros.
Las disposiciones de dicho Decreto-Ley 10/1975 eran de aplicación en los delitos de terrorismo de los art. 260 a 264 del Código Penal y 294 bis del Código de Justicia Militar. El enjuiciamiento de algunos delitos se atribuía a la jurisdicción militar que se sustanciarían por el procedimiento sumarísimo. También establecía una prórroga en el plazo legalmente establecido para poner a un detenido a disposición de la autoridad judicial.
Un Consejo de Guerra ordinario se celebró en el Regimiento de Artillería de Campaña 63 de Burgos el 28 de agosto. En él fueron juzgados José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegi Etxebarria, ambos de ETA, que fueron condenados a muerte por el delito de terrorismo con resultado de muerte del cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia, el 3 de abril de 1974. Se les aplicó el artículo 294 bis b) 1º del Código de Justicia Militar. Garmendia fue condenado por ser autor material de dicho atentado y Otaegi fue condenado por cooperación necesaria, por la preparación minuciosa y detallada de dicho atentado. A Garmendia se le conmutaría la pena de muerte por la de reclusión y Otaegi sería ejecutado por fusilamiento en Burgos.
Un Consejo de Guerra sumarísimo se celebró el 19 de septiembre en el Gobierno Militar de Barcelona. En él fue juzgado Juan Paredes Manot, Txiki, de ETA, por un atraco en la sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona el 6 de junio, atraco en el que, a causa de un tiroteo, murió el cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López. Se le aplicó el art. 294 bis c) 1º del Código de Justicia Militar. Fue condenado a muerte y sería ejecutado por fusilamiento en Barcelona.
En las dependencias militares de El Goloso, cerca de Madrid, se celebró los días 11 y 12 de septiembre un Consejo de Guerra sumarísimo contra militantes del FRAP para juzgar el atentado con resultado de muerte contra el policía armado Lucio Rodríguez, en la madrileña calle de Alenza, el 14 de julio de 1975. Por dicho atentado se condenó como autores de un delito de insulto a fuerza armada con resultado de muerte del artículo 308, número 1º del Código de Justicia Militar a cinco procesados. De éstos, tres fueron condenados a muerte. A dos de ellos (Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar) se les conmutaría la pena de muerte por reclusión y uno (José Humberto Baena Alonso) sería ejecutado por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid). Otro procesado, Pablo Mayoral Rueda, fue condenado a treinta años de reclusión mayor. Otro procesado, Fernando Sierra Marco, fue condenado a veinticinco años de reclusión mayor. Además, Mayoral, Baena y Sierra fueron condenados a cinco meses de arresto mayor por uso ilegítimo de vehículo ajeno de motor.
Igualmente, en dichas dependencias militares de El Goloso, se celebró el día 18 de septiembre otro Consejo de Guerra sumarísimo contra otros militantes del FRAP por el atentado con resultado de muerte contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en Carabanchel, el 16 de agosto. Se aplicó el artículo 294 bis b) 1º del Código de Justicia Militar y fue condenado José Fonfrías Díaz a veinte años de reclusión y otros cinco procesados fueron condenados a muerte, a tres de ellos (Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Pénelas y Manuel Cañaveras de Gracia) se les conmutaría la pena de muerte por reclusión y dos (Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Sollas) serían ejecutados por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid).
Fueron, por tanto, en total, once condenados a muerte. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indulta a seis de los condenados a muerte, conmutando sus penas por la de reclusión y da el "enterado" para los otros cinco condenados a muerte. El "enterado" es la denegación del indulto y, por tanto, supone la ejecución de la pena de muerte. Dichas penas de muerte se ejecutaron por fusilamiento al día siguiente, el sábado 27 de septiembre, hace hoy 37 años.
Se hicieron varios intentos para evitar las ejecuciones. Hay varias protestas de abogados en el Colegio de Abogados de Barcelona y se realizan gestiones con el Vaticano. Se les aplicó con carácter retroactivo el Decreto Ley Antiterrorista aprobado el 26 de agosto, durante un Consejo de ministros presidido por Francisco Franco. La norma fue promulgada para aplicársela a ellos. Uno de sus artículos prorrogaba el plazo de detención de 3 a 5 días, y hasta a 19 días con autorización judicial, lo que ofrecía más facilidades para la policía en los interrogatorios. También se abría la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos, en 24 horas, contra civiles.
Joaquín Ruiz-Giménez, que fue embajador en el Vaticano, envió un mensaje a Pablo VI. El hermano de Franco (Nicolás Franco), le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. La madre de Otaegi, visitó al cardenal Jubany, al obispo Iniesta y al cardenal Vicente Enrique y Tarancón.
Las ejecuciones de las penas de muerte no indultadas se realizaron por fusilamiento el sábado 27 de septiembre. En Barcelona, fue ejecutado Juan Paredes Manot, Txiki, de 21 años, y en Burgos, Ángel Otaegi, de 33, ambos militantes de ETA. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
En Hoyo de Manzanares los fusilamientos lo hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz. A los 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo y poco después a Humberto Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley. El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relato después la ejecución: "Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó."
Los cadáveres de los tres miembros del FRAP fueron enterrados la misma mañana de su ejecución en Hoyo de Manzanares. Los restos de Sánchez Bravo serían trasladados, posteriormente, a Murcia, y los de Ramón García Sanz, al cementerio civil de Madrid.
Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices de Francisco Franco aprueba el fusilamiento de cinco los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez. Los titulares de la prensa española proclamaban la generosidad del régimen por haber indultado a seis de los once condenados. Bajo el título Hubo clemencia la prensa se plegaba a las consignas del régimen sin que se oyera una palabra disonante.
En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el clamor contra las ejecuciones no cesaba.
Las irregularidades de los procesos realizados ya habían sido denunciadas por el abogado suizo Chistian Grobet que había asistido como observador judicial al consejo de guerra de Txiki en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre en cuyo informe del 12 de septiembre dice: "Jamás el abajo firmante, desde que sigue los procesos políticos en España, ha tenido una impresión tan clara de asistir a un tal simulacro de proceso, en definitiva a una siniestra farsa, si pensamos un momento en el provenir que les aguarda a los acusados."
El presidente mexicano Luis Echeverría pide la expulsión de España de las Naciones Unidas, 12 países occidentales retiran sus embajadores de Madrid. Las embajadas españolas de diversas ciudades son atacadas por los manifestantes quemándose la de Lisboa.
La respuesta del régimen es la convocatoria de una manifestación de adhesión en la madrileña plaza de Oriente, manifestación preparada por el teniente coronel José Ignacio San Martín, en la que Francisco Franco, físicamente muy debilitado, acompañado del entonces príncipe de Asturias Juan Carlos de Borbón, proclama: "Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece."
Esta fue la última aparición pública del dictador.
El sábado día 27 de septiembre, comienza una huelga general de tres días de duración, hasta el 30, que fue mayoritariamente seguida. Se estima que pararon más de 200.000 trabajadores. Era la tercera huelga general que se convocaba ese septiembre y ya había habido otras protestas en agosto. Aún estando declarado el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, los talleres y fábricas se paran, se cierran los comercios y bares y hasta los barcos de pesca se quedan en puerto. Se realizan manifestaciones en todas las poblaciones importantes que son reprimidas con violencia por la Policía Armada y la Guardia Civil llegándose a utilizar fuego real. Se realizan funerales en casi todas la poblaciones vascas. En San Sebastián se convoca un funeral para el día 30 a las 19:00 en la catedral del Buen Pastor cooficiado por el obispo monseñor Setién y otros 30 sacerdotes, no se puede celebrar por estar tomado por la policía la plaza y el templo. Aún así se concentra una gran cantidad de personas y los disturbios duran hasta bien entrada la noche. Durante los disturbios se producen disparos de bala y un niño es herido. Los disparos de fuego real son comunes en la represión de las manifestaciones.
Los tres días de huelga general se convierten en tres días de protestas generalizadas en las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco. La respuesta del gobierno fue el tomar las poblaciones con Policía Armada y Guardia Civil, pero aún así los disturbios son generalizados en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra.
En otras zonas del estado español, las protestas son mucho menores. En Barcelona se hicieron diferentes manifestaciones que fueron reprimidas por la policía. Hay protestas en algunas ciudades, pero se logra mantener el orden.
La reacción internacional es fuerte, tanto a nivel gubernamental como popular. Los países de la Comunidad Económica Europea piden el indulto de los condenados (expresado en Londres por el embajador italiano), lo mismo que el Vaticano y las Naciones Unidas. Hay protestas populares casi todas las ciudades importantes y capitales. Se llega a asaltar o intentar asaltar las embajadas y consulados españoles y se boicotean los intereses de España en algunos lugares como en Francia.
Algunos gobiernos, como el de Noruega, Reino Unido u Holanda, llaman a su embajador en Madrid, en Copenhague la Alianza Atlántica aprueba una moción de protesta contra las condenas y exhorta a los países miembros que no hagan nada que pueda favorecer el ingreso de España en ese organismo.
El presidente de México pide que España sea expulsada de la ONU, expulsa al embajador español y suspende contacto con España, las protestas se extienden por todos los países tanto «occidentales» como «orientales». Las manifestaciones y actos de protesta, donde hay fuertes disturbios, son numerosos.
Fuentes: Wikipedia/ inSurGente
Paralelismo sangriento
El principio y el fin de ese periodo tienen muchos paralelismos.
Se abre con sangre: el 20 de abril de 1963 Julián Grimau es fusilado (1). El 17 de agosto de ese mismo año, Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez son ejecutados a garrote vil. Todo ello tras sendos Consejos de Guerra sumarísimos. El gobierno franquista ratificó las penas de muerte por unanimidad, lo que incluía, naturalmente, a Manuel Fraga Iribarne.
El periodo se cierra con un auto de fe sangriento. Tras sus correspondientes Consejos de Guerra sumarísimos, el 27 de septiembre de 1975, un Franco moribundo, y su consejo de ministros, también por unanimidad (2), hacían fusilar a 5 militantes antifranquistas. Tres de ellos eran del FRAP: José Humberto Baena Alonso, de 25 años, José Luis Sánchez Bravo, de 21, y Ramón García Sanz, de 27. Otros dos, de ETA: Juan Paredes Manot, de 21 años, y Ángel Otaegui, de 33.
José Antonio Sáenz de Santamaría –padre de la actual vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–, entonces general jefe del Estado Mayor de la guardia civil, dirigió parte de los preparativos de esas ejecuciones.
Otro paralelismo: en ambos casos, la presión internacional aísla al Régimen. Por todo el mundo hay manifestaciones de condena, son retirados embajadores, hay peticiones oficiales –hasta papales– de indulto... Nada sirve.
Y el paralelismo básico: al principio y al fin de ese periodo confluían dos tendencias: la progresiva acumulación de luchas obreras y populares, y el agotamiento de un determinado modelo económico. En resumen, en ambos casos, se daba la necesidad de un cambio de ciclo que el franquismo, no ya Franco, quería controlar y dirigir a su conveniencia (aperturismo/Transición). Y lo hacía, también en ambos casos, incorporando nuevos gestores al sistema y golpeando, a muerte y con idénticos métodos, a la izquierda que le cuestionaba o podía llegar a cuestionarle. A fines del mismo año 1963 en que fueron asesinados Granados, Delgado y Grimau era aprobado el I Plan de Desarrollo (1964-1967). Entre estos asesinatos y la Ley de Prensa de Fraga (1966) transcurre el mismo tiempo –tres años– que entre los fusilamientos de 1975 y la aprobación de la Constitución monárquica (1978).
Cuatro días después de los fusilamientos, el 1 de Octubre de 1975, Franco y el entonces príncipe Juan Carlos presiden, desde el balcón del Palacio de Oriente, una concentración de reafirmación fascista. La Transición que se inicia tras la muerte del dictador consiste, entre otras cosas, en hacer olvidar que Juan Carlos estaba allí. Y que había sido designado por su acompañante en aquel balcón, y que había jurado los principios del Movimiento Nacional. Y hacer olvidar también que se había torturado y asesinado, y los nombres de los que habían torturado y asesinado, y de los que habían orquestado y presidido simulacros de juicio para avalar condenas preestablecidas... Y la ilegitimidad radical de esas condenas. Y la ilegitimidad radical del Régimen de Franco y de su sucesor en la Jefatura del Estado.
Notas:
(1) Grimau fue brutalmente torturado en la DGS y arrojado por la ventana desde una segunda planta, con las manos esposadas. El entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, declaró que el detenido había recibido un trato exquisito por parte de la Policía, y que se había arrojado desde la ventana por voluntad propia.
(2) Buena parte de ellos continuaron su actividad política, sobre todo en Alianza Popular y en el Partido Popular. Un caso curioso es el de Fernando Suárez González, ministro de Trabajo y Vicepresidente de Gobierno en 1975. En relación a aquellas sentencias dice: “Era muy difícil no aplicarlas porque era un momento en el que a Carlos Arias lo acusaban de debilidad. Y hubo cinco ejecuciones, las últimas en España (...) Yo no estaba de acuerdo, eso lo sabe todo el mundo; no soy partidario de la pena de muerte. Entonces el problema era si dimites o no dimites». Y no dimitió. Con esos precedentes, fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2007.
Fuente: http://www.loquesomos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5182%3Aaquel-1975-37-anos-ya&catid=24%3Ala-diana&lang=es.
Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo, García Sanz... ¡viven en nuestros corazones!
Los últimos fusilamientos de la dictadura franquista acontecieron el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos. Fueron ejecutadas por fusilamiento cinco personas: los militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y los militantes de ETA Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegi. Estas fueron las últimas ejecuciones del régimen franquista, poco antes de la muerte del dictador. Estas ejecuciones levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del estado, tanto a nivel oficial como popular.
A finales del verano del año 1975, había pendientes diversos consejos de guerra y varias condenas a muerte en ciernes. Garmendia y Otaegi por un lado, además del sumario militar por el atentado de la calle Correo de Madrid, que involucraba a los procesados Eva Forest, Durán y María Luz Fernández. Otros procesos seguían su marcha como el del atentado contra Carrero Blanco, y otros casos contra miembros del FRAP por la manifestación del 1 de mayo del 73 en la que murió un policía.
Por la Jefatura del Estado se dictó el Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo (BOE número 205 de 27/8/1975), que contenía diversos preceptos procesales y penales en relación con el terrorismo. Sin embargo, la pena de muerte por diversos delitos de terrorismo ya estaba en la legislación penal, por ejemplo en el art. 294 bis del Código de Justicia Militar. También el Código Penal establecía la pena de muerte en varios de sus artículos, por ejemplo, los artículos 260, 405, 406, 501 y otros.
Las disposiciones de dicho Decreto-Ley 10/1975 eran de aplicación en los delitos de terrorismo de los art. 260 a 264 del Código Penal y 294 bis del Código de Justicia Militar. El enjuiciamiento de algunos delitos se atribuía a la jurisdicción militar que se sustanciarían por el procedimiento sumarísimo. También establecía una prórroga en el plazo legalmente establecido para poner a un detenido a disposición de la autoridad judicial.
Un Consejo de Guerra ordinario se celebró en el Regimiento de Artillería de Campaña 63 de Burgos el 28 de agosto. En él fueron juzgados José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegi Etxebarria, ambos de ETA, que fueron condenados a muerte por el delito de terrorismo con resultado de muerte del cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia, el 3 de abril de 1974. Se les aplicó el artículo 294 bis b) 1º del Código de Justicia Militar. Garmendia fue condenado por ser autor material de dicho atentado y Otaegi fue condenado por cooperación necesaria, por la preparación minuciosa y detallada de dicho atentado. A Garmendia se le conmutaría la pena de muerte por la de reclusión y Otaegi sería ejecutado por fusilamiento en Burgos.
Un Consejo de Guerra sumarísimo se celebró el 19 de septiembre en el Gobierno Militar de Barcelona. En él fue juzgado Juan Paredes Manot, Txiki, de ETA, por un atraco en la sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona el 6 de junio, atraco en el que, a causa de un tiroteo, murió el cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López. Se le aplicó el art. 294 bis c) 1º del Código de Justicia Militar. Fue condenado a muerte y sería ejecutado por fusilamiento en Barcelona.
En las dependencias militares de El Goloso, cerca de Madrid, se celebró los días 11 y 12 de septiembre un Consejo de Guerra sumarísimo contra militantes del FRAP para juzgar el atentado con resultado de muerte contra el policía armado Lucio Rodríguez, en la madrileña calle de Alenza, el 14 de julio de 1975. Por dicho atentado se condenó como autores de un delito de insulto a fuerza armada con resultado de muerte del artículo 308, número 1º del Código de Justicia Militar a cinco procesados. De éstos, tres fueron condenados a muerte. A dos de ellos (Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar) se les conmutaría la pena de muerte por reclusión y uno (José Humberto Baena Alonso) sería ejecutado por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid). Otro procesado, Pablo Mayoral Rueda, fue condenado a treinta años de reclusión mayor. Otro procesado, Fernando Sierra Marco, fue condenado a veinticinco años de reclusión mayor. Además, Mayoral, Baena y Sierra fueron condenados a cinco meses de arresto mayor por uso ilegítimo de vehículo ajeno de motor.
Igualmente, en dichas dependencias militares de El Goloso, se celebró el día 18 de septiembre otro Consejo de Guerra sumarísimo contra otros militantes del FRAP por el atentado con resultado de muerte contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en Carabanchel, el 16 de agosto. Se aplicó el artículo 294 bis b) 1º del Código de Justicia Militar y fue condenado José Fonfrías Díaz a veinte años de reclusión y otros cinco procesados fueron condenados a muerte, a tres de ellos (Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Pénelas y Manuel Cañaveras de Gracia) se les conmutaría la pena de muerte por reclusión y dos (Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Sollas) serían ejecutados por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid).
Fueron, por tanto, en total, once condenados a muerte. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indulta a seis de los condenados a muerte, conmutando sus penas por la de reclusión y da el "enterado" para los otros cinco condenados a muerte. El "enterado" es la denegación del indulto y, por tanto, supone la ejecución de la pena de muerte. Dichas penas de muerte se ejecutaron por fusilamiento al día siguiente, el sábado 27 de septiembre, hace hoy 37 años.
Se hicieron varios intentos para evitar las ejecuciones. Hay varias protestas de abogados en el Colegio de Abogados de Barcelona y se realizan gestiones con el Vaticano. Se les aplicó con carácter retroactivo el Decreto Ley Antiterrorista aprobado el 26 de agosto, durante un Consejo de ministros presidido por Francisco Franco. La norma fue promulgada para aplicársela a ellos. Uno de sus artículos prorrogaba el plazo de detención de 3 a 5 días, y hasta a 19 días con autorización judicial, lo que ofrecía más facilidades para la policía en los interrogatorios. También se abría la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos, en 24 horas, contra civiles.
Joaquín Ruiz-Giménez, que fue embajador en el Vaticano, envió un mensaje a Pablo VI. El hermano de Franco (Nicolás Franco), le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. La madre de Otaegi, visitó al cardenal Jubany, al obispo Iniesta y al cardenal Vicente Enrique y Tarancón.
Las ejecuciones de las penas de muerte no indultadas se realizaron por fusilamiento el sábado 27 de septiembre. En Barcelona, fue ejecutado Juan Paredes Manot, Txiki, de 21 años, y en Burgos, Ángel Otaegi, de 33, ambos militantes de ETA. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
En Hoyo de Manzanares los fusilamientos lo hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz. A los 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo y poco después a Humberto Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley. El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relato después la ejecución: "Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó."
Los cadáveres de los tres miembros del FRAP fueron enterrados la misma mañana de su ejecución en Hoyo de Manzanares. Los restos de Sánchez Bravo serían trasladados, posteriormente, a Murcia, y los de Ramón García Sanz, al cementerio civil de Madrid.
Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices de Francisco Franco aprueba el fusilamiento de cinco los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez. Los titulares de la prensa española proclamaban la generosidad del régimen por haber indultado a seis de los once condenados. Bajo el título Hubo clemencia la prensa se plegaba a las consignas del régimen sin que se oyera una palabra disonante.
En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el clamor contra las ejecuciones no cesaba.
Las irregularidades de los procesos realizados ya habían sido denunciadas por el abogado suizo Chistian Grobet que había asistido como observador judicial al consejo de guerra de Txiki en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre en cuyo informe del 12 de septiembre dice: "Jamás el abajo firmante, desde que sigue los procesos políticos en España, ha tenido una impresión tan clara de asistir a un tal simulacro de proceso, en definitiva a una siniestra farsa, si pensamos un momento en el provenir que les aguarda a los acusados."
El presidente mexicano Luis Echeverría pide la expulsión de España de las Naciones Unidas, 12 países occidentales retiran sus embajadores de Madrid. Las embajadas españolas de diversas ciudades son atacadas por los manifestantes quemándose la de Lisboa.
La respuesta del régimen es la convocatoria de una manifestación de adhesión en la madrileña plaza de Oriente, manifestación preparada por el teniente coronel José Ignacio San Martín, en la que Francisco Franco, físicamente muy debilitado, acompañado del entonces príncipe de Asturias Juan Carlos de Borbón, proclama: "Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece."
Esta fue la última aparición pública del dictador.
El sábado día 27 de septiembre, comienza una huelga general de tres días de duración, hasta el 30, que fue mayoritariamente seguida. Se estima que pararon más de 200.000 trabajadores. Era la tercera huelga general que se convocaba ese septiembre y ya había habido otras protestas en agosto. Aún estando declarado el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, los talleres y fábricas se paran, se cierran los comercios y bares y hasta los barcos de pesca se quedan en puerto. Se realizan manifestaciones en todas las poblaciones importantes que son reprimidas con violencia por la Policía Armada y la Guardia Civil llegándose a utilizar fuego real. Se realizan funerales en casi todas la poblaciones vascas. En San Sebastián se convoca un funeral para el día 30 a las 19:00 en la catedral del Buen Pastor cooficiado por el obispo monseñor Setién y otros 30 sacerdotes, no se puede celebrar por estar tomado por la policía la plaza y el templo. Aún así se concentra una gran cantidad de personas y los disturbios duran hasta bien entrada la noche. Durante los disturbios se producen disparos de bala y un niño es herido. Los disparos de fuego real son comunes en la represión de las manifestaciones.
Los tres días de huelga general se convierten en tres días de protestas generalizadas en las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco. La respuesta del gobierno fue el tomar las poblaciones con Policía Armada y Guardia Civil, pero aún así los disturbios son generalizados en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra.
En otras zonas del estado español, las protestas son mucho menores. En Barcelona se hicieron diferentes manifestaciones que fueron reprimidas por la policía. Hay protestas en algunas ciudades, pero se logra mantener el orden.
La reacción internacional es fuerte, tanto a nivel gubernamental como popular. Los países de la Comunidad Económica Europea piden el indulto de los condenados (expresado en Londres por el embajador italiano), lo mismo que el Vaticano y las Naciones Unidas. Hay protestas populares casi todas las ciudades importantes y capitales. Se llega a asaltar o intentar asaltar las embajadas y consulados españoles y se boicotean los intereses de España en algunos lugares como en Francia.
Algunos gobiernos, como el de Noruega, Reino Unido u Holanda, llaman a su embajador en Madrid, en Copenhague la Alianza Atlántica aprueba una moción de protesta contra las condenas y exhorta a los países miembros que no hagan nada que pueda favorecer el ingreso de España en ese organismo.
El presidente de México pide que España sea expulsada de la ONU, expulsa al embajador español y suspende contacto con España, las protestas se extienden por todos los países tanto «occidentales» como «orientales». Las manifestaciones y actos de protesta, donde hay fuertes disturbios, son numerosos.
Fuentes: Wikipedia/ inSurGente
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