La crisis del capitalismo empuja a la sociedad a la catástrofe. No al rescate bancario ni a los recortes sociales

El capitalismo empuja a la sociedad a la catástrofe. No al rescate bancario ni a los recortes sociales

La banca española era una bomba de relojería adosada a los cimientos de la economía española y europea, y acaba de explotar. La detonación, y toda la onda expansiva que va a provocar, está aún en sus primeros instantes, con la nacionalización de Bankia-BFA y el inconcluso y tortuoso proceso de recapitalización que la ha seguido. El tamaño del boquete a cubrir en el caso de esta entidad, 23.000 millones de euros, implica el mayor rescate financiero de toda la historia de la economía española, pero es sólo una parte de lo que va a ser necesario para “sanear” el conjunto del sistema financiero español en beneficio de los capitalistas.

La rapidez y la brutalidad con la que el PP está emprendiendo el desmantelamiento de todas las conquistas sociales (desde que lleva en el gobierno ha recortado 45.000 millones de euros de los presupuestos: 8.000 en enero, 27.000 de los Presupuestos Generales del Estado, PGE, aprobados en abril e inmediatamente después 10.000 en sanidad y educación de las CCAA) tienen totalmente que ver con la urgencia de salvar los intereses de los banqueros (autóctonos e internacionales) en un contexto de grave crisis económica y financiera, que empeora por momentos y cuyos principales responsables son ellos mismos.
Sin embargo, ni siquiera todos estos “esfuerzos” del gobierno del PP en atacar a la clase obrera serán suficientes para tapar el gigantesco cráter que ha dejado el pinchazo del boom inmobiliario y del sistema financiero español ante la prolongación de la crisis de la economía productiva. No hay dinero público en el Estado español para acometer tal empresa. Además, a todo ello hay que sumar la situación de quiebra en la que están algunas comunidades y ayuntamientos.

El Estado español se ha situado “rumbo al rescate” a velocidad de crucero. Sin embargo, la envergadura del problema es cuantitativa y cualitativamente superior a la de Grecia, Irlanda y Portugal, por la dimensión de la economía española. Así, la crisis de Bankia, además de abrir un escenario de una política de recortes todavía más salvaje, que llevará la indignación social a un nivel superior al alcanzado hasta el momento, empuja la crisis del euro a su máximo apogeo, con consecuencias hasta cierto punto imprevisibles para la Unión Europea.

El tamaño del agujero y sus implicaciones internacionales

Efectivamente, el tamaño del boquete en la banca española tiene dimensiones históricas y, además, no para de crecer. El origen se encuentra en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Entre 1997 y 2007 la relación entre el crédito inmobiliario y el PIB pasó del 27,9% al 100%, aproximadamente un billón de euros. Este crecimiento vertiginoso y sin precedentes del crédito fue también la base de unos beneficios multimillonarios para los banqueros y demás capitalistas relacionados con el negocio. Con el inicio de la crisis mundial, y el inevitable pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la banca española quedó doblemente atrapada entre la cadena de impagos de promotores y constructores y la gigantesca deuda que ella misma había contraído con la banca europea para financiar el gran pelotazo. En 2011, la deuda externa contraída por el sector financiero español ascendía a 716.000 millones de euros; los bancos franceses españoles le deben a los (incluyendo el sector privado no bancario) 248.000 millones de dólares, 202.000 a los alemanes y 140.000 a los británicos. La conexión internacional de la crisis bancaria es evidente.

A finales de abril de este año, el Banco de España (BE) había cuantificado los activos problemáticos de toda la banca española en 184.000 millones de euros. Pero es importante señalar que esta cantidad se refiere tan sólo a los créditos a la promoción inmobiliaria. No tiene en cuenta otros préstamos problemáticos relacionados con la construcción (como las hipotecas), ni los préstamos a otros segmentos de la economía, cuya morosidad está también creciendo y cuyo aprovisionamiento es muy escaso. En la medida que la crisis real se profundice, y esto es lo que está ocurriendo, “aflorarán” inevitablemente nuevos activos tóxicos. Algunos analistas sitúan los activos problemáticos en más de 200.000 millones, una cifra equivalente a todo el capítulo de gastos de los PGE para el 2012.

La crisis financiera ha empeorado con la crisis de la economía real, cuya gravedad en el Estado español está relacionada con el carácter especialmente parasitario de la burguesía española. Con el pinchazo de la burbuja, la actividad inmobiliaria, que había adquirido un gran peso en la economía productiva, no fue sustituida por ninguna otra. Así, la economía española entró en un fuerte proceso de contracción del que todavía no ha salido. Ahora se encuentra por segunda vez en recesión desde el inicio de la crisis mundial, algo sin precedentes en la historia reciente del país. Según previsiones de la OCDE, el PIB español se reducirá un -1,6% en 2012 y un -0,8% en 2013. En mayo, la producción industrial caía a un ritmo del 7,5% anual y las ventas en las grandes superficies un 6,9%, como consecuencia de la caída del nivel adquisitivo de las familias. La profundización de la crisis en Europa hace que las exportaciones también estén disminuyendo.

La ‘intoxicación’ de las cuentas públicas

Tras el derrumbe del boom inmobiliario, la principal fuente de negocio de la banca ha sido el saqueo del dinero público. Antes de que se pusiera sobre la mesa la necesidad de un rescate millonario, la crisis bancaria ya había arrastrado las finanzas del Estado a una situación bastante crítica. Hasta finales de 2011 el conjunto del sector financiero recibió un total de 115.046 millones de euros entre avales y ayudas directas a cargo del FROB. Para el 2012 el gobierno de Rajoy aprobó una nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros. A esto habría que sumar los 300.000 millones de euros de créditos concedidos por el BCE con un interés del 1% a 3 años. En total estamos hablando de 500.000 millones de ayuda pública, equivalente a la mitad del PIB de la economía española y al doble del capítulo de gastos de los PGE de 2012.
A todo esto habría que sumar el dinero que el Estado entrega a la banca vía intereses de la deuda, una cantidad que ha aumentado año tras año durante la crisis. La mayoría de la deuda pública española está en manos de bancos españoles. Este año el Estado gastará en concepto de intereses de la deuda 30.000 millones; a los que hay que añadir 4.600 millones de la deuda autonómica. El negocio de la especulación, pidiendo dinero al BCE al 1% y prestando al Estado al 5% es una de las fuentes más importantes de beneficios de la banca en el último periodo. Por esa vía el banco Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell, Banesto y Bankinter embolsaron 1.646 millones en el primer trimestre de este año.
Por más increíble que parezca (pero así funciona el capitalismo), a pesar de la dependencia del dinero público que tiene la banca; a pesar de que ahora tiene que ser rescatada en una operación que llevará a la ruina a la mayoría de la sociedad si no lo impedimos; ésta ha cosechado, durante la crisis, multimillonarios beneficios, repartiendo jugosos dividendos y costeando salarios y pensiones multimillonarias a unos cuantos directivos y “asesores”.

Las medidas del PP

A pesar de que el objetivo declarado del gobierno del PP es cuadrar las cuentas del Estado “no gastando más de lo que se ingresa” y propiciar así el “crecimiento económico”, su objetivo real y prioritario es transferir la máxima cantidad de dinero público a la banca, para satisfacer sus urgentes necesidades de financiación. Esta transferencia se hace a costa de los trabajadores y de la mayoría de la sociedad, y para el gobierno resulta un factor secundario que dichas medidas incidan en un aumento todavía mayor del déficit y la deuda pública.
Con la nueva reforma financiera aprobada en mayo, simultáneamente a la nacionalización de Bankia, el gobierno del PP da un paso decisivo en el proceso de socialización de pérdidas y privatización de beneficios de la banca. La reforma “obliga” a los bancos a provisionar sobre créditos teóricamente “sanos”, con el fin de reforzar la “solvencia” de la banca y su imagen internacional. Realmente esta medida es una confesión de que los activos ahora sanos serán previsiblemente tóxicos en un futuro y, lo fundamental, es que compromete al Estado a conceder nuevas “ayudas”, incluso a fondo perdido, a las entidades que no puedan hacer frente a estas provisiones. Por otro lado, la reforma obliga a los bancos a segregar sus activos tóxicos relacionados con el sector inmobiliario y a crear los famosos “bancos malos”. Ejecutado de una u otra manera, el objetivo del gobierno es que el Estado compre unos “activos tóxicos” por una precio “razonable” que ayude a los banqueros a equilibrar sus cuentas, pero cuyo valor en el mercado (el real) tiende a cero; en otras palabras, una nueva e ingente cantidad de dinero público a cambio de nada.

Nuevas exigencias de la UE

En medio de la tormenta provocada por la crisis de la banca española, los responsables de la Comisión Europea anunciaron la posibilidad de retrasar en un año, hasta el 2014, el objetivo de déficit del 3%. Realmente nadie se creía que este objetivo se iba a cumplir. De hecho, la depresión económica y la consiguiente disminución de la recaudación fiscal, unido al incremento de los costes de financiación de deuda, están empujando el déficit y la deuda hacia arriba.
Lejos de ser una “relajación” en el plan de ajuste de los gastos sociales y ataques a los derechos conquistados, dicha medida implica un endurecimiento de la ofensiva contra los trabajadores. Se exige acelerar el aumento de la edad de jubilación, para que el retiro a los 67 años entre en vigor antes de lo planteado en la reforma de las pensiones; un incremento del IVA y de su base imponible; “aumentar la efectividad de las políticas laborales activas”, es decir, recortes en el subsidio del desempleo; se exige que se “sustancie los detalles” y se “apoye con datos” cómo se llegará a la reducción del déficit del 3% en 2014, entre otras cosas.
El gobierno del PP no tiene diferencias con este programa. De hecho, es el suyo. La burguesía española está tan interesada como la europea en atacar a los trabajadores y desmantelar el llamado Estado del bienestar. Los únicos reparos del PP se derivan de que son ellos los que están haciendo frente de forma directa a una contestación social creciente y a un descrédito político cada vez más amplio y les gustaría poder administrar las mentiras y tener un mayor control de los ritmos de los ataques, sin interferencias que añadan más leña al fuego de una situación muy complicada.

Perspectiva de rescate

Donde existen tensiones con la UE, y particularmente con la burguesía alemana, no es en el carácter antiobrero de las medidas, sino en el grave problema inmediato de cómo tapar el agujero de la banca española y cómo garantizará la devolución de los préstamos al resto de la banca europea. Los problemas para capitalizar Bankia han puesto al desnudo, una vez más, las contradicciones de la zona euro y el conflicto de intereses nacionales que existen en su seno. Como el gobierno español no puede capitalizar Bankia sustrayendo el dinero de los presupuestos de una sola tajada, lo que supondría una quiebra de las finanzas públicas, ni tampoco puede emitir moneda, ya que el Banco de España no tiene esta potestad, intentó la vía de imprimir deuda pública, que es también una forma indirecta de imprimir dinero. La idea era que Bankia, “recapitalizada” con bonos del Estado, los fuese cambiando poco a poco por dinero contante y sonante a través del BCE. Sin embargo, la trampa no coló y Alemania, que es el verdadero prestamista en última instancia del BCE, dijo no. De hecho, el BCE ya debe al Bundesbank 323.000 millones de euros cuando esta cantidad era en 2006 de tan sólo 5.000 millones. Es gracias al respaldo de Alemania, cuya burguesía es la primera interesada en que no se produzca una quiebra en cadena de la banca europea, que el BCE ha realizado sucesivos manguerazos de dinero barato a la banca, que ha sido utilizado sobre todo por la española y la italiana. Sin embargo, la “calma” de los mercados duró poco, y la burguesía alemana parece que no está dispuesta a que el grifo esté abierto indefinidamente, lo que provocaría nuevas y más graves contradicciones. La crisis no es sólo un escenario de mayor enfrentamiento entre las clases; también implica un mayor enfrentamiento entre los intereses nacionales de cada burguesía.
Si el rescate de Bankia y del conjunto de la banca española se hace mediante emisión de deuda, ésta se disparará a niveles históricos. La famosa prima de riesgo, que ha alcanzado ya cotas nunca vistas, se incrementará todavía más, aumentando los costes de financiación a niveles insostenibles, lo que desembocaría a una situación de suspensión de pagos y de rescate. Las contradicciones se acumulan por todas partes. En el momento de escribirse estas líneas la prensa ha dado a conocer que la fuga de capitales en el Estado español ha sido de 100.000 millones de euros en el primer trimestre de 2012. También hay indicios de una creciente fuga de depósitos bancarios. No está descartado en absoluto que el gobierno imponga alguna forma de corralito.
La situación es tremendamente volátil y pueden darse situaciones de pánico fuera de control. Si para evitar una situación de este tipo se produce una intervención “preventiva” y concertada de las principales potencias europeas y mundiales, a través del BCE y el FMI, las consecuencias serían igualmente dramáticas para la clase obrera y la mayoría de la sociedad.

Presiones para una política de ‘unidad nacional’

La burguesía utiliza la gravedad de la crisis económica y financiera para atemorizar a los trabajadores. Tratan de chantajearnos con la falsa disyuntiva de aceptar los ajustes o tener que aceptar los sacrificios que implicaría un rescate. Realmente se nos está diciendo que nos sacrifiquemos pasivamente, voluntariamente y por consenso o, si no, nos someterán a la fuerza. Como apuntábamos más arriba, el único temor que la burguesía española tiene a un rescate no son las medidas en sí mismas, con las que ellos están de acuerdo y se esfuerzan por aplicar, sino que la intervención del FMI, el BCE y la UE sea el catalizador de una explosión social, e incluso revolucionaria, como está ocurriendo en Grecia.
En las últimas semanas la burguesía está presionando, desde diferentes medios, para la conformación de un “gran pacto político” con el manido argumento de que “estamos en el mismo barco”. Estas presiones han tenido un claro efecto en Rubalcaba, secretario general del PSOE, que ha tendido la mano al gobierno del PP para “tener una sola voz en Europa” y que, en la práctica, se ha traducido en un respaldo político a la nueva reforma bancaria Esta política de Rubalcaba está causando tensiones internas en el PSOE ya que su base exige una oposición frontal a la derecha y su política de ataques brutales a la clase obrera, una presión de la que se están haciendo eco algunos dirigentes del partido.
Como está demostrando el caso de Grecia, la situación abre una gran oportunidad para la izquierda. Izquierda Unida podría crecer y ganar mucho apoyo a condición de que adopte una línea claramente anticapitalista y rompa con cualquier tipo de compromiso, directo o indirecto, con las políticas de recortes que también el PSOE está realizando en ayuntamientos y comunidades como Andalucía. Asimismo, los dirigentes de IU, para poder conectar con el ambiente de lucha e indignación que existe en la sociedad, deberían desmarcarse de la línea de los dirigentes de CCOO y UGT que, en vez de ofrecer una resistencia contundente a los salvajes planes del PP, dando continuidad al 29-M con la convocatoria de otra huelga general de 48 horas, han anunciando un referéndum para otoño. IU tiene que lanzar una campaña pública para presionar a los dirigentes sindicales hacia la izquierda, para que adopten una estrategia de movilización ascendente y cada vez más contundente contra el gobierno PP; un gobierno cada vez más débil y aislado socialmente. Esto sería visto con enorme entusiasmo y simpatía por millones de trabajadores y jóvenes que no han parado de salir a las calles en los últimos meses, y que desean que toda esta enorme energía sea canalizada de forma efectiva y con una alternativa política al capitalismo.

Por una alternativa socialista

La crisis capitalista está subrayando el papel parasitario de la banca, dejando en evidencia que su “función social” como dinamizadora de la economía es una pura falacia. En realidad, la banca, en manos privadas, es un inquietante agujero negro que amenaza con engullir toda la riqueza creada por la sociedad.
Los bancos han actuado como gigantescos motores de drenaje de dinero público, que ha sido canalizado hacia las cuentas corrientes secretas y cajas fuertes de las familias más pudientes del país. ¿Qué sentido tiene que la propiedad y los criterios de funcionamiento de estos bancos sigan siendo privados cuando no podrían sobrevivir ni un segundo sin las cantidades ingentes de dinero público que están recibiendo? El Estado avala los préstamos, garantiza los fondos, compra los activos que no valen nada, amplía capitales y paga intereses que constituyen una parte cada vez más importante de sus beneficios. Esa es la pura realidad. ¿Y qué hacen a cambio los “emprendedores” que están al frente de estos bancos? Poner el cazo. El negocio no puede ser más redondo y su inutilidad social más absoluta.
La primera medida que habría que tomar para que, efectivamente, la banca cumpliera la función de impulsar la creación de riqueza y de empleo, es llevar a cabo su expropiación sin indemnización, y no la nacionalización de sus pérdidas, como ahora se ha hecho. Hay que señalar con claridad cuál es el fin que tiene esta “nacionalización” de Bankia operada por el gobierno del PP. Para la burguesía la nacionalización tiene la finalidad de que todos paguemos las pérdidas provocadas por este desastre, para luego privatizar Bankia en beneficio de los de siempre. Por lo tanto, estamos en contra de esta nacionalización burguesa, hecha con criterios capitalistas y pilotada por los mismos capitalistas responsables de la crisis.
Estamos a favor de la nacionalización con criterios y métodos totalmente distintos, que beneficie a la mayoría de la sociedad. Para ello, en primer lugar, hay que nacionalizar todo el sistema financiero, no sólo su parte ruinosa. En segundo lugar, esta nacionalización tiene que ser sin indemnización (salvo a los pequeños accionistas o casos de necesidad comprobada) y complementada con la expropiación de las grandes fortunas personales de los que se han enriquecido especulando en el boom inmobiliario, beneficiándose de los intereses de la deuda pública y con los salarios astronómicos autoasignados. En tercer lugar, el proceso debe ser controlado por abajo, por los trabajadores, para atajar directamente cualquier tipo de maniobra contable, fuga de capitales y corrupción allí donde se produzca. En cuarto lugar, la nacionalización de la banca tendría que completarse, para poder impulsar la economía, el empleo y, en general, la prosperidad social, con la expropiación de las principales industrias y monopolios del país, muchos de los cuales ya eran públicos. Sólo así se podría evitar el caos y la anarquía destructiva inherente a la propiedad privada y al modo de producción capitalista. Es perfectamente posible que la economía se rija por un plan consciente y en beneficio de la mayoría.
Todas estas fuerzas productivas se podrían poner en marcha para garantizar un plan de inversiones públicas en equipamientos sociales en los barrios, en un sistema público de enseñanza y una sanidad de calidad, para desarrollar la industria, la agricultura y, cómo no, para facilitar el consumo y la inversión en pequeños negocios. Los pisos vacíos propiedad de los bancos se podrían utilizar con alquileres baratos y se resolvería de golpe el problema del acceso a la vivienda. ¿Qué problema habría, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, para llevar a cabo estas medidas? Ninguno, salvo que los banqueros se verían privados de sus insultantes beneficios. Inversiones “improductivas” desde el punto de vista del beneficio privado, no tienen por qué ser improductivas o inviables desde el punto de vista social.

La vigencia de las ideas marxistas

Nunca la percepción del papel parasitario de los capitalistas ha estado tan extendida socialmente. Nunca un programa verdaderamente socialista, la única solución frente a la crisis capitalista, ha tenido un potencial apoyo social tan extenso. De hecho, si los dirigentes del PSOE, IU, CCOO y UGT lo defendiesen, encontrarían un eco entusiasta e inmediato, y no sólo entre la clase trabajadora, sino entre amplios segmentos de las llamadas capas medias, también afectadas por la crisis capitalista.
Es en momentos históricos como los que estamos viviendo cuando mejor se comprende la idea de que el marxismo no es un compendio de ideas arbitrarias y utópicas sino la expresión consciente de las necesidades de la clase trabajadora, la única clase capaz de evitar la destrucción y la barbarie a la que el sistema capitalista empuja a toda la humanidad. Y como también dice el marxismo, por más profundas y catastróficas que sean las crisis capitalistas, es necesario el factor consciente, una organización revolucionaria y socialista con apoyo entre la mayoría de la población trabajadora, para que efectivamente esta crisis sea la última crisis capitalista, y podamos abrir paso a una nueva etapa histórica, sin clases, sin opresión y sin límites para las futuras generaciones. Esta es la tarea.

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