"Quieren reducir el problema de la sanidad a un conflicto laboral"
La Asociación de facultativos especialistas de Madrid recibe con "inseguridad" el pliego de condiciones para las empresas que gestionarán los centros privatizados y desconfían de los "beneficios para los trabajadores" que garantiza la Comunidad
La Asociación de facultativos especialistas de Madrid (AFEM) ve en los pliegos para la contratación de la gestión sanitaria de seis hospitales madrileños un "intento de desenfocar el problema real y convertirlo en un simple conflicto laboral".
El documento que el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty entregó ayer a los gerentes de los centros afectados y que hoy presenta en la Asamblea de Madrid reza que las empresas concesionarias deberán mantener a los 5.200 profesionales sanitarios, entre los que se incluyen personal fijo, laboral, interino y eventual. Para Fátima Brañas, portavoz de AFEM, esta cláusula -que la consejería remarca varias veces en los pliegos y con la que encabeza su resumen- es la prueba de que Lasquetty pretende desenfocar el conflicto y reducir al plano laboral un verdadero problema social, es decir, "la transferencia a la empresa privada de la gestión de la sanidad de todos los madrileños".
Los pliegos dicen que el personal fijo podrá optar por "permanecer en el hospital objeto de concesión", percibiendo su salario con cargo a los presupuestos públicos y dependiendo en lo funcional de la sociedad concesionaria, o bien "integrarse en la entidad como personal laboral". Una tercera opción es cambiar de hospital si no desean prestar sus servicios en el recién privatizado. En este sentido, AFEM recuerda que un funcionario de Sanidad ha aprobado una oposición, por lo que ya tiene el puesto ganado. "La opción de permanecer en el centro, la primera, no es ningún favor", señala Brañas, que recuerda además que hace seis meses Lasquetty afirmó que el problema clave era que no había dinero para pagar a los funcionarios y al personal fijo. "Ahora sí lo hay y también para que trabajen para una empresa privada", desconfía.
El documento señala también que el personal laboral será subrogado y el eventual e interino será obligatoriamente contratado por la concesionaria. AFEM lee esta cláusula "aparantemente beneficiosa por los trabajadores" con cierta "inseguridad". "Puede ser un caramelo envenenado porque falta mucha información", dice Brañas, que se pregunta en qué condiciones y por cuánto tiempo contrataran a los interinos y eventuales. "Cuando una empresa empieza a gestionar un hospital que ya funciona no le interesa despedir a eventuales e interinos porque se para la máquina. Están disfrazando de condiciones favorables a los empleados muchas cosas lógicas".
La ADSP entiende que los precios que se abonarán a las empresas están "infravalorados" y que, con el sistema de actualización de la cápita a percibir, las empresas tienen "garantizadas sus cuotas independientemente de previsibles recortes" en los centros públicos.
También remarca que "no queda claro" el tipo de contratación de personales eventuales e interinos y cree que es "ilegal" que se ponga a disposición de las adjudicatarias los centros de especialidades, pues se trata de patrimonio de la Seguridad Social.
ADSP: "Se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos" En un comunicado, el colectivo sostiene que un contrato de 10 años de duración le parece "claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario" y que "no tiene mucho sentido" agrupar en un mismo lote los hospitales de Aranjuez y Parla, dado que están a 39 kilómetros de distancia.
También recuerda que los hospitales públicos madrileños, a su juicio, tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5% en 2011, el 1,5% en 2012 y el 16,19% en 2013. "Es decir, que se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos", ha apostillado la ADSP.
Además considera que si se establecen asignaciones per cápita para los centros hospitalarios, no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 euros por habitante y año dependiendo del centro.
"Por todo ello rechazamos estas medidas privatizadoras, exigimos la paralización del proceso y llamamos a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en la próxima convocatoria de la marea blanca el día 21 de abril".
El documento que el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty entregó ayer a los gerentes de los centros afectados y que hoy presenta en la Asamblea de Madrid reza que las empresas concesionarias deberán mantener a los 5.200 profesionales sanitarios, entre los que se incluyen personal fijo, laboral, interino y eventual. Para Fátima Brañas, portavoz de AFEM, esta cláusula -que la consejería remarca varias veces en los pliegos y con la que encabeza su resumen- es la prueba de que Lasquetty pretende desenfocar el conflicto y reducir al plano laboral un verdadero problema social, es decir, "la transferencia a la empresa privada de la gestión de la sanidad de todos los madrileños".
Los pliegos dicen que el personal fijo podrá optar por "permanecer en el hospital objeto de concesión", percibiendo su salario con cargo a los presupuestos públicos y dependiendo en lo funcional de la sociedad concesionaria, o bien "integrarse en la entidad como personal laboral". Una tercera opción es cambiar de hospital si no desean prestar sus servicios en el recién privatizado. En este sentido, AFEM recuerda que un funcionario de Sanidad ha aprobado una oposición, por lo que ya tiene el puesto ganado. "La opción de permanecer en el centro, la primera, no es ningún favor", señala Brañas, que recuerda además que hace seis meses Lasquetty afirmó que el problema clave era que no había dinero para pagar a los funcionarios y al personal fijo. "Ahora sí lo hay y también para que trabajen para una empresa privada", desconfía.
El documento señala también que el personal laboral será subrogado y el eventual e interino será obligatoriamente contratado por la concesionaria. AFEM lee esta cláusula "aparantemente beneficiosa por los trabajadores" con cierta "inseguridad". "Puede ser un caramelo envenenado porque falta mucha información", dice Brañas, que se pregunta en qué condiciones y por cuánto tiempo contrataran a los interinos y eventuales. "Cuando una empresa empieza a gestionar un hospital que ya funciona no le interesa despedir a eventuales e interinos porque se para la máquina. Están disfrazando de condiciones favorables a los empleados muchas cosas lógicas".
Financiar la privada, recortar en la pública
EUROPA PRESSLa asociación para la Defensa de la Sanidad de Publica (ADSP) de Madrid cree que el borrador de los pliegos con las cuantías que recibirán las concesionarias por la gestión de los seis hospitales "externalizados" están "incompletos" y "no garantizan ahorros en el gasto sanitario ni tampoco la calidad de la atención"."Esta privatización es profundamente negativa para el funcionamiento de la sanidad madrileña porque empeora el funcionamiento de los centros sanitarios e incrementa los costes de la atención y sólo responde a los intereses de algunas empresas", ha apuntado el colectivo en un comunicado.La ADSP entiende que los precios que se abonarán a las empresas están "infravalorados" y que, con el sistema de actualización de la cápita a percibir, las empresas tienen "garantizadas sus cuotas independientemente de previsibles recortes" en los centros públicos.
También remarca que "no queda claro" el tipo de contratación de personales eventuales e interinos y cree que es "ilegal" que se ponga a disposición de las adjudicatarias los centros de especialidades, pues se trata de patrimonio de la Seguridad Social.
ADSP: "Se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos" En un comunicado, el colectivo sostiene que un contrato de 10 años de duración le parece "claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario" y que "no tiene mucho sentido" agrupar en un mismo lote los hospitales de Aranjuez y Parla, dado que están a 39 kilómetros de distancia.
También recuerda que los hospitales públicos madrileños, a su juicio, tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5% en 2011, el 1,5% en 2012 y el 16,19% en 2013. "Es decir, que se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos", ha apostillado la ADSP.
Además considera que si se establecen asignaciones per cápita para los centros hospitalarios, no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 euros por habitante y año dependiendo del centro.
"Por todo ello rechazamos estas medidas privatizadoras, exigimos la paralización del proceso y llamamos a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en la próxima convocatoria de la marea blanca el día 21 de abril".
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