Estado español: Seis organizaciones internacionales han condenado al régimen político español un total de 77 veces por sus reiterados incumplimientos de la legalidad internacional y los derechos humanos.

    Seis organizaciones internacionales han condenado al régimen político español un total de 77 veces por sus reiterados incumplimientos de la legalidad internacional y los derechos humanos. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (70 veces), la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (3 veces), Transparencia Internacional, Access Info, la Agencia Mundial Antidopaje y hasta la Unión Ciclista Internacional (1 vez cada una) han emitido sentencias, informes, notas y comunicados públicos de condena que en la mayor parte de las ocasiones la mayoría de la prensa española ha silenciado, manipulado o desvirtuado. En paralelo, Cruz Roja ha anunciado que este año va a repartir en España 40 millones de kilos de comida porque los españoles pasan hambre, entre ellos 2 millones de niños, según precisan Unicef y Cáritas. Y a ellos les acompañan 6 millones de parados y 2 millones más de exiliados laborales, una catástrofe humanitaria y diaria que los políticos no ven.

Los profesores Juan Velázquez, Iñaki Valiente y Juan Ignacio Ugartemendía (UPV) han recopilado en un libro las 70 sentencias en contra que acumula España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solamente entre los años 1988 y 2009. No hay país europeo que haya sido condenado tantas veces y su caso ya es digno de estudio en el ámbito internacional, pues las élites españolas parecen tenerle aversión a las leyes y aún más a su cumplimiento.

El “caso Parot” no es el único. La prensa ha puesto sordina a otros precedentes: el “caso Bultó”, el “caso Sanders”, el “caso Castells”, Casado Coca, Díaz Ruano, Ruiz Torija, López Ostra, Salvador Torres… Los hay también famosos como Gómez de Liaño, Juan Alberto Perote o Ruiz Mateos. Todos han tenido que ser indemnizados con el erario público porque sufrieron abusos judiciales y políticos, que en España se entremezclan hasta el delirio. Son tantos los que han recurrido a Estrasburgo y tantos los que han ganado que solo se puede concluir que los 15 ministros de Justicia del régimen político borbónico han sido unos manifiestos incompetentes y he aquí sus nombres para los libros de Historia, por si algún día debieran devolver esas indemnizaciones con los sueldos públicos y pensiones que cobraron tan generosamente:

Landelino Lavilla (UCD), Iñigo Cavero (UCD), Francisco Fernández Ordóñez (UCD), Pío Cabanillas (UCD), Fernando Ledesma (PSOE), Enrique Múgica (PSOE), Tomás de la Quadra (PSOE), Juan Alberto Belloch (PSOE), Mariscal de Gante (PP), Angel Acebes (PP), José María Michavila (PP), López Aguilar (PSOE), Fernández Bermejo (PSOE), Francisco Caamaño (PSOE) y Ruiz Gallardón (PP).

Los gobernantes españoles tienen un problema con su inserción internacional. Émulos de Franco, el régimen de Monarquía borbónica de partidos que continuó a la dictadura se basa en el control mediático de la opinión pública interna mediante subvenciones publicitarias directas o concesiones administrativas a sus editores (desde las burdas gasolineras hasta las recalificaciones urbanísticas, mediaciones para créditos o financiaciones bancarias etc…).

Especialistas en adoctrinar en la ignorancia, se hace más difícil emerger a la sociedad civil cuando desde el Estado se promueven valores como el “chanchullo”, el “compadreo”, el “enchufe” o el “amiguismo” frente a la meritocracia, la legalidad, el respeto a la libertad ajena o la división de poderes en un estado democrático. Esta es la clave del porqué la partitocracia española se revuelve por el último “varapalo” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la “doctrina Parot”, que no es sino la aplicación en España de la irretroactividad en las leyes, incluidas las del terrorismo. Si los ciudadanos están indefensos ante los abusos de sus gobernantes, imagínense los terroristas, que han sufrido desde la “guerra sucia” de varios gobiernos hasta el quebranto de las leyes que regulan los derechos humanos en el resto del mundo.

Franco se refugiaba en sus cómicas pero muy eficaces alertas contra él. “contubernio de Munich” para impedir las reformas que la comunidad internacional le exigía y la prensa del régimen hacía el resto. Hoy, la ancestral autarquía de la península española es abonada desde el poder para mantener a los ciudadanos ajenos al mundo contemporáneo y solo la sociedad civil más informada, gracias a la globalización informativa que permiten internet y las redes sociales, percibe el engaño: las élites políticas españolas están desacreditadas internacionalmente porque han optado por subyugar a su propio pueblo antes que recortar sus privilegios, que ahogan además a la propia economía.

Es un egoísta “harakiri” que se basa en la cada vez menor ceguera e ignorancia interna y que suscita la repulsa internacional de las organizaciones independientes. Por eso las élites de los partidos y sindicatos, víctimas de su propia perversión y de su escasa formación laboral y económica, temen que cuando el “sistema” los sustituya en las urnas, puedan ser perseguidas, enjuiciadas y encarceladas, teniendo que devolver sus patrimonios. Ese pavor a la justicia les hace impedir toda clase de cambio con toda suerte de distracciones: Gibraltar, el terrorismo (hasta cuando no existe), Cataluña, los vascos… etc.

Las condenas internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) junto a las del COI y UCI contra la permisividad hacia el dopaje deportivo en España fueron manipuladas por las élites mediáticas y el “caso Contador” o la “Operación Puerto” se maquillaron como “ataques” a los “éxitos” deportivos o “envidias” de sus competidores. Lo cierto es que los deportistas que hicieron trampas y se doparon fueron absueltos o apenas apercibidos por los tribunales en base a unas leyes, las mismas por cierto que garantizan la impunidad a los políticos y banqueros corruptos y las mismas que ahora han desatado la ira de las víctimas del terrorismo.

La realidad es que diputados y senadores apenas saben legislar ni les preocupa la calidad legislativa, pues son elegidos por los partidos y no por los ciudadanos. Un simple repaso a la Comisión de Justicia de ambas cámaras evidencia que mediocres abogados sin apenas trayectoria profesional ni prestigio académico componen sus inútiles reuniones donde lo único que se debate es “lo que sale en la prensa”, según confiesa uno de sus integrantes y dan fé la lectura de los órdenes del día.

El sistema jurídico español, sin separación de poderes, hace aguas. Y en este río revuelto, los pescadores más avezados ganan: María del Carmen Fernández-Montalvo García y José Ramón Aparicio de Lázaro, hija y yerno de Rafael Fernández Montalvo, presidente de la Sección Segunda del Tribunal Supremo, han sido nombrados ‘a dedo’ en esta misma institución por un período de tres años, prorrogables otros tres. Como antes el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, firmó la contratación de la hija del vocal Miguel Collado, felizmente frustrada cuando se aireó. Si el Consejo General del Poder Judicial se lo reparten PP, PSOE, CiU y PNV desde su creación, no es de extrañar que los jueces que lo componen sigan idénticas inercias que quienes los han elegido.

No son las únicas condenas que ha recibido España. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) condenó también a los actuales políticos españoles por no respetar el derecho de reunión y manifestación para los convocantes de la concentración bajo el lema “Jaque al Rey”. Es la misma organización internacional que ya ha emitido tres comunicados internacionales contra España por su sistema electoral y por su supuesta “ley de Transparencia”, que en opinión de los observadores extranjeros independientes, pretende todo lo contrario: volver a engañar y ocultar al ciudadano su derecho a la información pública sobre su dinero y el destino de sus impuestos. La respuesta del Gobierno fue expulsar a los seis diplomáticos que la OSCE había enviado a Madrid como observadores.

Y es que esta España que asoma al siglo XXI apenas se distingue de la que Valle Inclán describía hace un siglo en su corte de los milagros. La prensa denuncia que ya no se pueden colgar carteles en las Universidades sin el sello del rectorado, España pasa apuros para aprobar el examen internacional sobre blanqueo de capitales, 40 millones de kilos de comida van a repartir este año las ONGs a una España que pasa hambre, se persigue a los chinos vendedores ambulantes de cerveza, desnudan a la profesora Mar Esquembre para asistir a la tribuna del Congreso, expulsan a los que protestan y acordonan con vallas la que se supone que era la casa del pueblo, impiden a los manifestantes acudir a las manifestaciones, expulsan a diplomáticos, apalean a manifestantes… El Gobierno actúa, la oposición, la prensa y los sindicatos callan. Todos ellos se enriquecen mientras España agoniza pero la culpa es del “contubernio” extranjero.