Las cloacas de Interior Un sindicato policial denuncia a Villarejo y Olivera por encubrir la corrupción del PP
La Agrupación Reformista de Policías presenta ante la
Fiscalía Anticorrupción las grabaciones en las que el comisario hoy
preso avisó a Cospedal y a su marido de la operación Brugal, diez meses
antes de la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José
Joaquín Ripoll, y de tres concejales del PP en Orihuela. También les
dijo que estaba tratando de parar la investigación de la Gürtel en
Valencia, con la colaboración del entonces jefe de la UDEF, y que había
alertado a Juan Cotino.
José
Luis Olivera es felicitado por el entonces ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, al ser nombrado director del CITCO, en enero de 2015.
EFE/J.C.Hidalgo
Ante la aparente pasividad de
la Justicia frente a las revelaciones que contienen los audios grabados
por el comisario jubilado José Manuel Villarejo --ahora en prisión por
dirigir una presunta organización criminal dedicada al cohecho, la
extorsión y la obstrucción de la Justicia--, un sindicato policial acaba
de denunciar a la Fiscalía el entramado para encubrir la corrupción del
PP en Alicante y Valencia, en el que según esas grabaciones participó
el entonces jefe de la UDEF, José Luis Olivera Serrano. Este último fue
después ascendido a director del Centro de Inteligencia sobre el
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y hoy sigue gozando de todos
sus privilegios como comisario principal en el Consejo Asesor de la
Policía Nacional.
En su denuncia, presentada ante la Fiscalía
Anticorrupción en Alicante, la Agrupación Reformista de Policías (ARP)
aporta las transcripciones de los audios grabados por Villarejo en 2009 y
difundidos recientemente, en los que el comisario asegura a María
Dolores de Cospedal --entonces secretaria general del PP-- y a su
marido, Ignacio López del Hierro, que había conseguido “parar y que no
transcendiera” parte de la investigación de la trama Gürtel en Valencia
gracias a su cercanía con Olivera, "un tío legal y muy tronco" que
procuraba proteger al PP desde su jefatura de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal.
En esas grabaciones, Villarejo también relata a Cospedal y su esposo que había advertido a Juan Cotino --director general de la Policía con Aznar, entre 1996 y 2002, y en aquel momento vicepresidente de la Comunidad Valenciana-- de que se estaba investigando al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll del PP, en la operación Brugal:
"Hay una investigación abierta, tiene el teléfono pinchado y está entrando mucho Zaplana",
les revela Villarejo, demostrando que conoce hasta las llamadas
interceptadas en la investigación gracias a su amistad con Olivera.
Gracias al aviso de Villarejo a Cospedal, los investigados del PP en Alicante tuvieron diez meses para borrar todos los rastros de la trama de corrupción
Por
tanto, desde la propia cúpula de la UDEF, a través de Villarejo, se
advirtió "de la existencia de la investigación al Sr. Ripoll
primeramente a D. Juan Cotino, y posteriormente y cuanto menos diez
meses antes de la detención del Sr. Ripoll, al esposo de la Sra.
Cospedal, a fin de que éste se lo traslade a la entonces Secretaria
General del Partido Popular", subraya la denuncia interpuesta por la
ARP.
En consecuencia, la denuncia presentada en nombre
de policías que participaron en la investigación de Brugal sin saber que
estaban siendo traicionados desde la misma cúpula de la Policía
Nacional, expone lo siguiente:
"De ser ciertas tales grabaciones y su contenido,
desde que el Sr. Villarejo presuntamente avisó a personas directa o
indirectamente relacionadas con altos cargos del Partido Popular de la
existencia de la investigación judicial y policial contra el Sr. Ripoll y
resto de afectados por la “Operación Brugal”, hasta las detenciones y
registros llevados a cabo en su seno habría transcurrido al menos un año".
"Tiempo más que suficiente para que los afectados
pudieran, en su caso, preparar las dependencias para su eventual
registro, haciendo desaparecer evidencias que podrían haber resultado
clave en la instrucción y posterior enjuiciamiento de la trama “Brugal”.
"Si a ello añadimos la vinculación que se efectúa,
siempre presuntamente y según las fuentes citadas, entre las
revelaciones y el entonces máximo responsable de la UDEF, Sr. Olivera,
precisamente en el momento en que esa Unidad estaba encargada de la
investigación de la operación “Brugal”, a juicio de la Agrupación
Reformista de Policías (ARP), tales grabaciones podrían acreditar la
posible comisión, cuando menos, de uno o varios delitos contra la
Administración de Justicia tipificados en el Título XX, Capítulos II y
VII, en relación con delitos investigados y perseguidos en la provincia
de Alicante".
El jefe de la investigación policial tapaba y alertaba al PP
Lo que ciertamente parece increíble es que no se
hayan iniciado ya diligencias para averiguar la veracidad de lo que
narra Villarejo en su conversación con Cospedal y López del Hierro
--mantenida en la planta noble de la sede nacional del PP en Génova,
13--, puesto que retrata una situación de gravísima ilegalidad en la
cúpula policial: el jefe de la unidad encargada de investigar los
casos de corrupción de ese partido estaba en realidad encubriendo los
delitos y alertando a los investigados, tal como expone la denuncia:
"Villarejo confesó a Cospedal que “el segundo de a
bordo” en la investigación de 'Gürtel' “es un hombre nuestro”, es decir
próximo al PP, por lo que pide mantener la confidencialidad sobre
Olivera. “Se enteran ahí y le cortan la cabeza. Es él que en un momento
determinado me avisa de este tema. O sea totalmente de confianza y
gracias a él ha boicoteado mil cosas y tal”, asegura éste a Cospedal. En
este sentido, desvela, además de que han tratado de destruir el famoso
pendrive de Gürtel, que la Fiscalía Anticorrupción había pedido un
informe sobre la relación de regalos que hicieron las empresas de
Francisco Correa y de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', a políticos
valencianos. Una petición que hasta entonces había sido “boicoteada” por
el entonces jefe de la UDEF. (…)"
"No ha sido solo el comisario jubilado quien ha
insinuado que Olivera podría haber boicoteado ciertos aspectos de la
investigación de la trama de corrupción del PP. Hace un año, el
inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, sostuvo en la comisión de
investigación del Congreso que Olivera decidía a quién se investigaba en
el PP y a quién no. Así, Morocho aseguró que "indiciariamente" la
anotación "M.Rajoy" –que aparece en el listado de Bárcenas sobre los
dirigentes del PP que cobraron elevados sobresueldos en negro–
correspondía al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey".
"En este sentido, Morocho declaró que las mayores
presiones que tuvo que soportar llegaron por parte de sus "superiores"
que indicaban "cómo plasmar la información en los informes",
refiriéndose al comisario José Luis Olivera. Este último, por el
contrario, sostuvo que no vio “indicios fuertes” de un sistema
irregular. "En la información que yo manejé no había nada relativo a
sobresueldos" y "si hubiera indicios fuertes, la propia Policía puede
detener y no hubo detenciones" de políticos en la trama Gürtel”, mantuvo".
Si resulta ser cierto que el jefe de la UDEF se dedicó a boicotear todas las investigaciones sobre las tramas corruptas del PP,
habría que abrir una nueva macrocausa tan importante como la Tándem que
ahora investiga el imperio mafioso del comisario Villarejo.
Comunicado de la Agrupación Reformista de Policías
En un comunicado que se acaba de hacer público, el sindicato policial ARP proclama:
Son de público y notorio conocimiento gracias a
los medios de comunicación una serie de grabaciones de audio
protagonizadas por el comisario Villarejo las cuales son un compendio de
conductas reprobables protagonizadas por policías de alto rango y sus
cómplices, políticos, empresarios, y toda una serie de personajes que
forman un sainete de corrupción que acertadamente se ha denominado
“CLOACAS DEL ESTADO”.
Hemos llegado a un punto en el que se están
conociendo últimamente presuntas operaciones en las que, utilizando los
recursos materiales y humanos del Ministerio del Interior, y
especialmente de la DGP, se ha llegado a trabajar a espaldas de la
Justicia por intereses políticos ajenos al interés general. Se ha
prostituido la función policial y la causa pública para proteger a los
corruptos.
Hemos comprobado como desde el sindicalismo
policial actual se está a “otras cosas” más beneficiosas para sus
propios intereses y en campañas políticas apelando a los sentimientos
para captar afiliados, que a defender la imagen tan deteriorada que se
está mostrando de la Policía por culpa de las infames actuaciones de
aquellos que en nombre de un falso patriotismo están llenándose los
bolsillos y haciendo trabajos sucios a los políticos de turno.
Por eso en ARP sabiendo que una de nuestras
misiones, materializada y reconocida con hechos no con simples
intenciones, de abrir las ventanas de nuestra institución para que entre
aire fresco y renovador a través de la denuncia de corruptelas y abusos
varios, hemos decidido activar la acción de la Justicia a través de la
Fiscalía ante la posible acreditación de la comisión de delitos respecto
de la Operación Brugal y el Caso Gürtel por parte de funcionarios
policiales de alto rango, que presuntamente mercadeaban con la
información operativa confidencial con la que trabajaban abnegadamente
los policías investigadores sin saber éstos que estaban siendo
“traicionados” por sus superiores.
Caben pocas dudas de que los máximos dirigentes del
PP, y los altos mandos policiales de su confianza, han traicionado
durante años a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tanto
afirma apoyar el Partido Popular.
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