miércoles, 3 de abril de 2013

La Audiencia Nacional admite la validez de las grabaciones iniciales del caso Gürtel, que los abogados de Bárcenas y Francisco Correa habían hecho todo lo posible e imposible para anular todas las conversacioes de sus fechorías de hechos criminales in fraganti. Ahí van los que se rien y viven a lo grande robando al pueblo.

La Audiencia Nacional admite la validez de las grabaciones iniciales del caso Gürtel. Por Tono Calleja/Alicia Gutiérrez.    





Pablo Ruz rechaza la reclamación de Correa al constatar que la petición de anular los audios está fuera del plazo de 20 días que exige la ley. La Policía Judicial constató de forma laboriosa la veracidad de la denuncia de José Luis Peñas y del abogado Ángel Galindo.

La Audiencia Nacional ha propinado un serio revés a los intereses de Luis Bárcenas y de Francisco Correa. El magistrado que instruye el 'caso Gürtel', Pablo Ruz, ha admitido la validez de las grabaciones realizadas por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, rechazando por ello el intento de varios imputados de anular los audios y las posteriores investigaciones de la Policía.
El instructor del caso ha frenado en seco el intento del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa; del extesorero del PP Luis Bárcenas; el empresario Alfonso García-Pozuelo Asins; y de los exdiputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, de acabar con las grabaciones aportadas por Peñas. El pasado 8 de marzo el letrado de Correa, José Antonio Choclán presentó un escrito de 65 páginas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que aseguraba que las grabaciones de Peñas constituían "una prueba ilícita".
Ruz basa este rechazo en el hecho de que Correa dejó pasar el plazo de 20 días para presentar un recurso contra las grabaciones, que fueron aportadas en agosto de 2008, alzándose el secreto de sumario el 28 de septiembre de 2009. "Habiendo transcurrido dicho plazo sin que ninguna de las partes impugnara las actuaciones a las que ahora se refiere la representación procesal de Francisco Correa". Este es el motivo por el que Ruz asegura que no es posible admitir a trámite el incidente de nulidad presentado por el abogado José Antonio Choclán.
Este letrado, en defensa de Francisco Correa, argumentaba en su escrito que esas grabaciones constituían un "atentado a la intimidad". Y también que las grabaciones se habían realizado de forma "subrepticia": "Primero las grabó sin el conocimiento de los afectados, y segundo las divulgó igualmente sin su conocimiento ni su autorización. Todo ello aprovechando y abusando de la confianza y de las estrechas relaciones personales mantenidas con sus víctimas. Y lo hizo con la finalidad confesada de acopiar evidencias para incriminar a los grabados, si bien laten sospechas de una intencionalidad próxima a la extorsión".
Varios días después, los representantes legales de Bárcenas, Alfonso García-Pozuelo Asins, y los exdiputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo y Alfonso Bosch apoyaron la iniciativa de Correa. Resaltanto su intención de anular todo el proceso, pues consideraban que el mismo estaba viciado desde un principio por la nulidad de las grabaciones.
De esta forma, los imputados obviaban que al margen de las grabaciones, los agentes de la UDEF comprobaron desde el principio que el contenido de la denuncia de Peñas, que contó con la colaboración del abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo, era totalmente veraz. Y de forma muy laboriosa determinaron, punto a punto, que los datos tenían indicios de verosimilitud. Coincidían las empresas, los implicados, sus actividades y sus relaciones con el Partido Popular.
Al principio la investigación de la Fiscalía se centró en el noroeste de Madrid, en los municipios de Majadahonda, en el que Peñas había sido concejal, y en Boadilla del Monte, con Ángel Galindo a la cabeza, según fuentes del caso. También surgieron implicaciones en Pozuelo de Alarcón, saltando posteriormente a Valencia con los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps. Precisamente, el origen de su causa se inició con una de las grabaciones de Peñas, que consiguió que una de las empleadas de Correa contara que le había abonado, en nombre de Correa, varios trajes al expolítico del PP.

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