Entidades civiles denuncian vulneraciones de derechos humanos en España ante la ONU
Brais Benítez (LA MAREA)
Recortes en Sanidad, Educación, prestaciones por desempleo y pensiones no contributivas; eliminación de la Sanidad universal con la exclusión de los inmigrantes sin papeles, desahucios, millones de personas con malnutrición, puesta en marcha de medidas represivas contra el derecho a reunión y manifestación, malos tratos sufridos por los migrantes y las personas privadas de libertad. Éstas son algunas de las vulneraciones en materia de derechos humanos en territorio español denunciadas ante Naciones Unidas por una decena de entidades sociales.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Educación por la Acción Crítica, Entrepobles, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, el Institut de Drets Humans de Catalunya, el Observatori DESC, Rights International Spain (RIS) y SOS Racisme Catalunya han elaborado un informe en el que se detallan estas cuestiones. El pasado viernes lo hicieron llegar a la secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de que sea tenido en consideración en el próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se hará sobre España en enero de 2015.
“La grave situación social que se vive en España, como consecuencia de la crisis económica, se ve agravada por las políticas y reformas legislativas que atentan frontalmente contra derechos sociales básicos y libertades civiles”, señalan las entidades, que recuerdan que “con el pretexto de la crisis económica, las administraciones públicas han implementado políticas y reformas legislativas que limitan e incluso vulneran derechos fundamentales”.
En materia de salud, el informe recoge la exclusión del sistema público de los extranjeros en situación administrativa irregular, lo que vulnera el derecho a la protección de la salud fijado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU y en la Carta Social Europea. También menciona el aumento de las listas de espera (en 2008, el porcentaje de pacientes en listas de espera durante más de seis meses se situaba en el 5,82% y en 2012, en el 9,8%), y el copago farmacéutico que deben asumir pacientes activos y pensionistas.
Incumplimiento del derecho a la vivienda
Los desahucios ocupan una parte destacada del informe, en el que se recuerda que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 2008 a 2013 se han iniciado un total de 497.797 procedimientos de ejecución hipotecaria en España. En este mismo periodo han tenido lugar 309.460 desalojos. “Más grave aún -afirman las entidades- es que un 33,8% de las viviendas entregadas en 2013 constituían la vivienda habitual de las familias”. El informe lamenta que la problemática de hacer frente al pago de la vivienda se acentúa por la falta de vivienda social, puesto que tan sólo supone menos del 2% del parque total de viviendas, mientras que la media europea es del 18%.
La precariedad en la que se han visto sumidas muchas familias provoca también que miles de ellas tengan dificultades para mantener una alimentación adecuada. Según las conclusiones del Primer Encuentro sobre Hambre y Malnutrición celebrado en Oviedo en octubre de 2013, se calcula que 7 millones de personas (el 16% de la población) sufren malnutrición (una alimentación no adecuada), y el 62,7% de los españoles elige su compra de alimentos en función del precio, cuando en 2007 este porcentaje no llegaba al 50%. Los datos ofrecidos por los bancos de alimentos y las organizaciones caritativas dan fe del agravamiento de la problemática: La Federación de Bancos de Alimentos (FESBAL) atendió a 1,5 millones de personas en 2012, el doble que en 2009, y Cáritas pasó de atender a 350.000 personas en 2007, a 1,3 millones en 2013.
Los recortes presupuestarios en las becas comedor, resalta el documento, ha contribuido al déficit alimentario de muchos niños. Las entidades calculan que las ayudas sólo llegan al 61% de los alumnos que padecen una situación de privación material severa. Las respuestas institucionales a este problema, afirman, “han sido totalmente contrarias a cubrir estas necesidades emergentes y a cumplir con su responsabilidad de proteger y satisfacer los derechos en juego. Se han eliminado ayudas como la renta básica de emancipación, ayudas a la dependencia y a su vez se establecen criterios más restrictivos para el acceso a prestaciones como el PIRMI y se congelan las pensiones”.
Medidas represivas
El documento refleja la contestación social frente a estas medidas con entre 90 y 100 manifestaciones diarias, y acusa al Gobierno de hacer frente al descontento social con medidas represivas. El Anteproyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, que se encuentra actualmente en trámite a la espera de entrar en sede parlamentaria, supone para estas organizaciones una restricción del libre ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión.
Al respecto, destacan que en el anteproyecto se “responsabiliza a los organizadores por los actos violentos o dañinos llevados a cabo por los participantes en una concentración”, lo que produce un efecto disuasorio; “abundan conceptos indeterminados y excesivamente vagos como la tipificación del delito ‘celebración de una reunión’ sin precisar el sujeto infractor, lo que incumple los requisitos de claridad, precisión y previsibilidad que deben respetar las normas restrictivas de derechos”; y “se persigue incluso la crítica y manifestación de opiniones ‘cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad’ así como ‘la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones’, lo cual “atenta de manera directa contra el derecho a la libertad de opinión y expresión”.
Asimismo, el documento señala que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) “son hoy una de las realidades que más cuestionan el estado de derecho en Europa”, puesto que suponen la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito, simplemente una falta administrativa por no tener los papeles en regla. Las entidades destacan las “graves insuficiencias y defectos” en estos centros señalados en los últimos años por instituciones como el Defensor del Pueblo, Fiscalía, los juzgados de control y las ONG, y denuncian las devoluciones en caliente entre España y Marruecos de personas que logran cruzar la valla fronteriza.
Eliminación de la ayuda al desarrollo
Por último, el informe recoge la reforma en materia de Justicia que ha supuesto de facto la desaparición del principio de jurisdicción universal en España, y el brutal recorte de las políticas de cooperación al desarrollo -cercano al 90%-, que ha situado al país como un “donante insignificante” (menos del 0,01% del PIB cuando la media de la OCDE es superior al 0,4% del PIB).
El último examen periódico al que la ONU sometió a España se produjo hace cinco años. Este mecanismo de las Naciones Unidas evalúa la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros, a partir de la información aportada tanto por el Gobierno respectivo como por las ONG e instituciones nacionales de derechos humanos y la propia organización mundial. Tras analizar la situación de cada país, la ONU emite un documento de recomendaciones que el estado examinado debe comprometerse a cumplir.
Recortes en Sanidad, Educación, prestaciones por desempleo y pensiones no contributivas; eliminación de la Sanidad universal con la exclusión de los inmigrantes sin papeles, desahucios, millones de personas con malnutrición, puesta en marcha de medidas represivas contra el derecho a reunión y manifestación, malos tratos sufridos por los migrantes y las personas privadas de libertad. Éstas son algunas de las vulneraciones en materia de derechos humanos en territorio español denunciadas ante Naciones Unidas por una decena de entidades sociales.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Educación por la Acción Crítica, Entrepobles, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, el Institut de Drets Humans de Catalunya, el Observatori DESC, Rights International Spain (RIS) y SOS Racisme Catalunya han elaborado un informe en el que se detallan estas cuestiones. El pasado viernes lo hicieron llegar a la secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de que sea tenido en consideración en el próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se hará sobre España en enero de 2015.
“La grave situación social que se vive en España, como consecuencia de la crisis económica, se ve agravada por las políticas y reformas legislativas que atentan frontalmente contra derechos sociales básicos y libertades civiles”, señalan las entidades, que recuerdan que “con el pretexto de la crisis económica, las administraciones públicas han implementado políticas y reformas legislativas que limitan e incluso vulneran derechos fundamentales”.
En materia de salud, el informe recoge la exclusión del sistema público de los extranjeros en situación administrativa irregular, lo que vulnera el derecho a la protección de la salud fijado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU y en la Carta Social Europea. También menciona el aumento de las listas de espera (en 2008, el porcentaje de pacientes en listas de espera durante más de seis meses se situaba en el 5,82% y en 2012, en el 9,8%), y el copago farmacéutico que deben asumir pacientes activos y pensionistas.
Incumplimiento del derecho a la vivienda
Los desahucios ocupan una parte destacada del informe, en el que se recuerda que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 2008 a 2013 se han iniciado un total de 497.797 procedimientos de ejecución hipotecaria en España. En este mismo periodo han tenido lugar 309.460 desalojos. “Más grave aún -afirman las entidades- es que un 33,8% de las viviendas entregadas en 2013 constituían la vivienda habitual de las familias”. El informe lamenta que la problemática de hacer frente al pago de la vivienda se acentúa por la falta de vivienda social, puesto que tan sólo supone menos del 2% del parque total de viviendas, mientras que la media europea es del 18%.
La precariedad en la que se han visto sumidas muchas familias provoca también que miles de ellas tengan dificultades para mantener una alimentación adecuada. Según las conclusiones del Primer Encuentro sobre Hambre y Malnutrición celebrado en Oviedo en octubre de 2013, se calcula que 7 millones de personas (el 16% de la población) sufren malnutrición (una alimentación no adecuada), y el 62,7% de los españoles elige su compra de alimentos en función del precio, cuando en 2007 este porcentaje no llegaba al 50%. Los datos ofrecidos por los bancos de alimentos y las organizaciones caritativas dan fe del agravamiento de la problemática: La Federación de Bancos de Alimentos (FESBAL) atendió a 1,5 millones de personas en 2012, el doble que en 2009, y Cáritas pasó de atender a 350.000 personas en 2007, a 1,3 millones en 2013.
Los recortes presupuestarios en las becas comedor, resalta el documento, ha contribuido al déficit alimentario de muchos niños. Las entidades calculan que las ayudas sólo llegan al 61% de los alumnos que padecen una situación de privación material severa. Las respuestas institucionales a este problema, afirman, “han sido totalmente contrarias a cubrir estas necesidades emergentes y a cumplir con su responsabilidad de proteger y satisfacer los derechos en juego. Se han eliminado ayudas como la renta básica de emancipación, ayudas a la dependencia y a su vez se establecen criterios más restrictivos para el acceso a prestaciones como el PIRMI y se congelan las pensiones”.
Medidas represivas
El documento refleja la contestación social frente a estas medidas con entre 90 y 100 manifestaciones diarias, y acusa al Gobierno de hacer frente al descontento social con medidas represivas. El Anteproyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, que se encuentra actualmente en trámite a la espera de entrar en sede parlamentaria, supone para estas organizaciones una restricción del libre ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión.
Al respecto, destacan que en el anteproyecto se “responsabiliza a los organizadores por los actos violentos o dañinos llevados a cabo por los participantes en una concentración”, lo que produce un efecto disuasorio; “abundan conceptos indeterminados y excesivamente vagos como la tipificación del delito ‘celebración de una reunión’ sin precisar el sujeto infractor, lo que incumple los requisitos de claridad, precisión y previsibilidad que deben respetar las normas restrictivas de derechos”; y “se persigue incluso la crítica y manifestación de opiniones ‘cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad’ así como ‘la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones’, lo cual “atenta de manera directa contra el derecho a la libertad de opinión y expresión”.
Asimismo, el documento señala que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) “son hoy una de las realidades que más cuestionan el estado de derecho en Europa”, puesto que suponen la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito, simplemente una falta administrativa por no tener los papeles en regla. Las entidades destacan las “graves insuficiencias y defectos” en estos centros señalados en los últimos años por instituciones como el Defensor del Pueblo, Fiscalía, los juzgados de control y las ONG, y denuncian las devoluciones en caliente entre España y Marruecos de personas que logran cruzar la valla fronteriza.
Eliminación de la ayuda al desarrollo
Por último, el informe recoge la reforma en materia de Justicia que ha supuesto de facto la desaparición del principio de jurisdicción universal en España, y el brutal recorte de las políticas de cooperación al desarrollo -cercano al 90%-, que ha situado al país como un “donante insignificante” (menos del 0,01% del PIB cuando la media de la OCDE es superior al 0,4% del PIB).
El último examen periódico al que la ONU sometió a España se produjo hace cinco años. Este mecanismo de las Naciones Unidas evalúa la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros, a partir de la información aportada tanto por el Gobierno respectivo como por las ONG e instituciones nacionales de derechos humanos y la propia organización mundial. Tras analizar la situación de cada país, la ONU emite un documento de recomendaciones que el estado examinado debe comprometerse a cumplir.
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