El delegado del Gobierno en Murcia, imputado en un caso de corrupción urbanística.

El delegado del Gobierno en Murcia, imputado en un caso de corrupción urbanística. 

por Kaos. Corrupción en el reino del Borbón

Miércoles, 25 de Junio de 2014 15:29

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El juez instructor del caso Novo Carthago sobre presunta prevaricación en ese proyecto urbanístico en terrenos próximos al Mar Menor ha imputado al delegado del Gobierno en la región de Murcia y ex consejero murciano de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, del PP, y a otras cuatro personas.

Agencias
El auto del magistrado Manuel Abadía, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, cita a declarar de nuevo como imputado al consejero autonómico de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, también del PP, que ya prestó declaración con esa misma condición hace unos meses.
Cerdá y Bascuñana han sido citados el próximo 2 de julio, y el día 4 deberán hacerlo los también nuevos imputados Luis Romera Agulló, abogado, y Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental del Ejecutivo murciano.
El 8 de julio tendrán que declarar José María Bernabé Tomás, ex secretario general de la consejería murciana de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y ex jefe de servicio de la Demarcación de Costas de esa comunidad, y Manuel Alfonso Guerrero Zamora, ex director general de Vivienda de esa consejería.
El auto los apercibe a todos de que en el caso de no comparecer en las fechas señaladas, se podrá decretar su detención.
También reclama al secretario general del Ayuntamiento de Cartagena, organismo que tramitó la modificación de la calificación urbanística de los terrenos necesaria para el proyecto de construcción, que informe sobre si concedió licencias municipales para el movimiento de tierras en la zona.
La sala ordena también que acredite su condición de diputada en el Congreso la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a la que invita a personarse en estas actuaciones, tomar conocimiento de la causa y prestar declaración voluntaria por los hechos que se investigan.
Se trata de un presunto caso de corrupción urbanística que se habría cometido al permitir el proyecto de construcción de un complejo turístico de 10.000 viviendas en terrenos protegidos medio ambientalmente junto al Mar Menor.
En la causa está también imputado el presidente de la empresa promotora Hansa Urbana, Rafael Galea