La proclamación de la república catalana por el Parlament de Catalunya ha desatado una reacción inmediata y furiosa por parte del Estado, el gobierno del PP, Ciudadanos (Cs) y PSOE. Utilizando el artículo 155 de la Constitución, las medidas adoptadas suspenden la autonomía de Catalunya y atacan de forma brutal los derechos democráticos del pueblo. Pero esta agresión se cierne también contra todos los territorios del Estado. Las querellas presentadas desde la Fiscalía General del Estado, en la que se acusa a Puigdemont y otros miembros del Govern del delito de “rebelión” y “sedición”, representan el mayor ataque contra la democracia visto en cuarenta años. El intento de aplastar con medidas represivas salvajes lo que ha sido un movimiento popular masivo en defensa del derecho a decidir, cuestiona por completo al régimen del 78 y subraya sus taras autoritarias heredadas directamente de la dictadura franquista.
No pretendemos exagerar nada. Después del encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart , dirigentes de ANC y OMNIUM, por el único delito de participar en una manifestación masiva y defender ideas independentistas, la escalada represiva ha dado un salto cualitativo. Rajoy ha sido investido de plenos poderes en Catalunya y su primera decisión ha sido emprender una auténtica "causa general", al estilo del franquismo, contra los millones que han salido a la calle defendiendo el derecho de autodeterminación y la República catalana. Basta analizar lo que propone el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para hacerse una idea cabal de las pretensiones del Estado, del gobierno del PP y de sus aliados políticos. La querella considera que la jornada del 1 de octubre, y los días previos y posteriores “constituyeron una insurrección, un levantamiento violento, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado (…) Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.
Es decir, que millones de ciudadanos pacíficos tuvieran que hacer frente a una represión feroz para ejercer su legítimo derecho a votar, se considera por el máximo fiscal del Estado, puesto a dedo por el PP, como un “levantamiento violento”. ¡Y todos los políticos que respaldan esta querella, incluidos los dirigentes del PSOE, afirman que así se defiende la “democracia”!
La jornada de huelga del 3 de octubre también es calificada por el Fiscal General: “La huelga no fue convocada en defensa de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza”. La Fiscalía sostiene que “los hechos dirigidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república, ponen en objetivo peligro los fundamentos del Estado de Derecho (…) que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”.
El delito de rebelión, que en el código penal supone la utilización de la violencia, puede acarrear una condena de 30 años de cárcel. Para fundamentar su querella infumable, el Fiscal General señala ahora que tal delito “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, y cita como jurisprudencia la sentencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, donde el Tribunal Supremo llegó a estimar que la rebelión se puede llevar a cabo “de modo incruento”.
Esta querella demuestra de manera fehaciente el propósito del bloque monárquico reaccionario. No sólo se trata de infringir una derrota severa al pueblo catalán que ha osado desafiar las leyes injustas de un Estado que les niega el derecho de autodeterminación. Es una advertencia clara a toda la clase trabajadora del Estado español de hasta dónde está dispuesta a llegar la burguesía, española, catalana y de cualquier nacionalidad, en la defensa de su sistema y sus intereses.
Un ejercicio extraordinario de soberanía popular y democracia
Lo ocurrido estos meses en Catalunya encierra grandes lecciones. Una lucha de clases tan abierta y descarnada, inducida en este caso por la opresión nacional, y donde todas las ideas y las organizaciones políticas están siendo puestas a prueba, no es algo habitual en la historia.
Dice el refrán que no hay más ciego que el que no quiere ver, y en la izquierda parlamentaria la ceguera ha llegado a un punto grotesco. Cuando hay un golpe autoritario en marcha y conquistas democráticas fundamentales del movimiento obrero están siendo socavadas, sólo se pueden distinguir dos posiciones: los que respaldan el 155 y se manifiestan de la mano de la derecha blandiendo la bandera rojigualda y apelando a la España una, grande y libre, como han hecho Pedro Sánchez, Iceta y los dirigentes del PSC; o aquellos que hablan de “dialogo” pero afirman que el 155 y la declaración de la república catalana son las dos caras de la misma moneda, equiparando la actuación del gobierno del PP y del Estado con la de un pueblo que lucha contra la opresión nacional y desnuda el carácter reaccionario del régimen del 78.
La idea de que el resultado del referéndum del 1-O no puede ser proclamado porque no es legítimo significa un desprecio absoluto a la voluntad popular. Más de 2.200.000 personas defendieron e impusieron su derecho a votar enfrentándose a las porras y pelotas de goma de decenas de miles de policías y guardias civiles. El porcentaje de participación de este referéndum fue mayor al de las elecciones europeas de 2014. El número de votantes a favor de la república catalana fue claramente superior al de votos afirmativos al Estatut de Autonomia, la norma que regula la relación de Catalunya con el Estado español. ¡Qué elección podría tener más legitimidad que ésta, conquistada mediante la lucha, la movilización y la resistencia frente a toda la maquinaria represiva del Estado!
Los capitalistas, ya sean catalanes, españoles o europeos, han comprendido mejor que los dirigentes de la izquierda reformista el significado político de estos acontecimientos. El pueblo catalán, con la juventud a la vanguardia, demostró con la movilización en la calle que sí se puede derrotar el poder represivo del Estado, y al votar en el referéndum gracias a su acción directa y paralizar Catalunya con la impresionante huelga general del 3 de octubre, abrió una crisis revolucionaria. El objetivo de todos los sectores de la clase dominante es cerrar esta crisis cuanto antes, imponiendo una severa derrota al movimiento para que sirva de lección al resto de pueblos en lucha y a todos los explotados.
El bloque monárquico reaccionario
Conscientes de lo que hay en juego, y debido a la enorme fuerza del movimiento a favor de la república catalana, el gobierno de Rajoy, el aparato del Estado, la Corona, el Ejército y los partidos del régimen —destacando el PSOE de Pedro Sánchez— han trazado una estrategia clara: mantener la represión en Catalunya y al mismo tiempo combinarla con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Con esta decisión demuestran que temen una explosión revolucionaria, y que prefieren basarse en las incoherencias y los graves errores de los políticos burgueses del PDeCAT para resolver esta situación y ensanchar su base de apoyo en Catalunya y fuera de ella. Al mismo tiempo, y para reforzar su posición, endurecen la campaña del miedo y siembran la división y el enfrentamiento en el seno de los trabajadores y del pueblo de Catalunya.
Esta campaña ya lleva muchas semanas en marcha, y cuenta con el apoyo entusiasta de la burguesía y la oligarquía catalana. Alrededor de 1.700 empresas han anunciado desde el 3-O su salida de Catalunya, trasladando un mensaje muy concreto: la república catalana puede suponer la destrucción de miles o decenas de miles de puestos de trabajo. Y hay que reconocer que esta campaña está teniendo efectos porque desde la dirección del movimiento de liberación nacional catalán, en manos mayoritariamente de los políticos burgueses del PEDeCAT, pero también de ERC y de la CUP, no se ha contestado con hechos concretos, y la única manera de hacerlo era señalando que la república catalana significaría la toma de decisiones inmediatas contra los recortes, en defensa de la sanidad y la educación públicas, y contra el sabotaje de los capitalistas asegurando la nacionalización de la banca y de las grandes empresas para defender el empleo, los salarios y mejorar las condiciones de vida del pueblo y los trabajadores.
Pero nada de esto se ha hecho. Desde el 3 de octubre la iniciativa la ha tomado la reacción y el régimen del 78. Es más, ante la aplicación del 155, desde el Govern y los partidos que lo sustentan el espectáculo no ha podido ser más bochornoso. Una aceptación de todas las medidas represivas sin plantear ninguna respuesta seria basada en la movilización, lo que trasmite la venalidad y la cobardía de unos dirigentes que no sólo no están a la altura del pueblo catalán, sino que no creen en la causa de la república por que no quieren romper con el sistema capitalista.
La reacción ha concentrado toda su potencia de fuego en el terreno político y judicial, pero también en el intento de ganar un espacio en la calle que había perdido. En este sentido, la movilización del 29 de octubre en Barcelona en defensa de la unidad de España, y a la que asistieron más de 300.000 personas, es muy significativa. Fomentando el miedo a la pérdida de puestos de trabajo y diseminando la crítica al nacionalismo catalán como sí sólo fuera un movimiento de las élites explotadoras, racistas y contrarias a la población inmigrante de Catalunya, la clase dominante española está apoyándose en un sector de la izquierda, socialista y estalinista, para meter una cuña entre los trabajadores catalanes a favor de sus intereses.
La actuación de Borell, jaleando con su verbo encendido a miles de reaccionarios, o de Paco Frutos, ex dirigente del PCE y CCOO, atacando la huelga convocada por el Sindicat d’ Estudiants y a la juventud que se ha movilizado contra la represión franquista, no son ninguna casualidad. El papel de comparsa de todos ellos, entusiasmados con las medidas franquistas del PP y dispuestos a propagar el chovinismo españolista en los barrios obreros, es un crimen.
La izquierda equidistante
Si el bloque reaccionario está avanzando sembrando la confusión y los prejuicios españolistas en sectores de los trabajadores, no sólo es por la responsabilidad del PSOE o por el papel de los dirigentes de CCOO y UGT, que en la práctica colaboran con la burguesía española y catalana cuando justifican la aplicación del 155. Los dirigentes de organizaciones que cuentan con un gran apoyo parlamentario y en teoría están a la izquierda de la socialdemocracia, como Podemos o Izquierda Unida, también están aportando su grano de arena a esta confusión. Cuando defienden la equidistancia entre el régimen del 78 y el movimiento desatado en Catalunya, o cuando hablan de que la república catalana no es “legal” ni “legítima”, lejos de ayudar a la causa de los trabajadores y la juventud catalana, lejos de contribuir a la lucha contra todo tipo de opresión nacional y de clase, refuerzan muchos de los argumentos de la burguesía española.
En una coyuntura histórica como la actual todas las organizaciones se retratan. Seguir insistiendo en que el 155 y la proclamación de la república catalana son el resultado de la falta de “diálogo” y de “responsabilidad” política, es no querer ver el fondo del asunto. Es como si estos dirigentes nunca hubieran oído hablar de la lucha de clases, y no entendieran que si hemos llegado a este punto es por que el Estado centralista y el régimen del 78 jamás aceptará un referéndum pactado y legal en Catalunya sobre el derecho de autodeterminación. Y no lo aceptará por que la burguesía española no va a renunciar a un mercado como el catalán, que representa casi un tercio del PIB español, y por que la “voluntad popular” les trae al pairo. Jamás consentirán que la proclamación de la república se lleve a cabo “legalmente”, por que eso abriría las compuertas —como ya está sucediendo— a un movimiento de masas que más tarde o temprano se contagiaría al resto del Estado y podría acabar con su régimen.
De todos estos dirigentes, Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, es el que con más virulencia se ha posicionado contra las aspiraciones democrático-nacionales de millones de catalanes, despreciando un movimiento de masas que se ha enfrentado al PP y al Estado. Un dirigente que siempre ha hecho gala de republicanismo, se ha opuesto con toda vehemencia a la república catalana, y lo ha hecho esgrimiendo como argumento que rompe con la legalidad del Estado y de la burguesía española. Y lo peor es que pretende justificar su postura haciendo referencia a los grandes pensadores marxistas, cuando en realidad falsifica de forma grosera el marxismo y se acerca a las posturas del chovinismo españolista, facilitando al bloque reaccionario su objetivo de meter una cuña dentro del movimiento obrero y extender los prejuicios del españolismo.
Garzón dice que es marxista. Pero el principio de la dialéctica marxista señala que la verdad es siempre concreta. No han sido Puigdemont ni el PDeCAT quienes han desafiado al régimen del 78, sino el movimiento revolucionario de las masas catalanas. Por supuesto que las diferentes formaciones políticas de la burguesía catalana, Convergencia y sus sucesoras, han sostenido siempre la estabilidad capitalista, apoyando a los gobiernos de Felipe González y Aznar, defendiendo de manera clara los intereses de la oligarquía catalana. El viraje hacia el independentismo de Mas, Puigdemont y el PDeCAT representó, en su momento, una maniobra política para desviar la atención sobre sus políticas de recortes, y neutralizar la gran contestación social que se había desatado contra ellos en las calles de Catalunya. Está claro también que la posición de los compañeros de la CUP, dando apoyo parlamentario al PDeCAT para aplicar su agenda neoliberal a cambio de que se mantuviesen dentro del bloque independentista, ha sido un completo error.
Pero igual de erróneo, o más aún por lo que está en juego, es que cuando Puigdemont y el PDeCAT están completamente superados por un movimiento de masas que abre una crisis revolucionaria, Garzón y muchos otros nieguen apoyo a este movimiento, tachándolo de reaccionario, y se dediquen a implorar a Rajoy y Puigdemont que arreglen el problema negociando. Pero, ¿negociar el qué y con quién? ¿Un referéndum “pactado y legal” con el mismo Estado y el mismo gobierno que blande la porra y aplica medidas de excepción antidemocráticas al pueblo de Catalunya?
Alberto Garzón ha dicho que “sólo con que Rajoy y Puigdemont se sentaran a dialogar ya se solucionaría parte de la tensión” que se vive en Catalunya. ¿Qué tiene esto que ver con la posición de Marx y Lenin ante la opresión nacional y la revolución? Nada, no tiene nada que ver, pero sí mucho con la posición de Carrillo en 1976-1978, cuando la dirección del PCE —entonces el partido de masas de la clase obrera— llamaba al diálogo y al consenso con la burguesía española y los herederos de la dictadura para abortar una situación revolucionaria que se les escapaba de las manos.
Carrillo y el PCE, junto a Felipe González y el PSOE, fueron los principales artífices del régimen del 78. La dirección del PCE sacrificó la lucha heroica de millones en aras de “consolidar la democracia”, esto es, permitir a la burguesía retomar el control de la situación, apoyando la monarquía y oponiéndose al derecho de autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. El resultado fue quedar reducido a la insignificancia política en estos territorios. ¿Por qué Garzón no saca las conclusiones de estos hechos?
Hace más de 100 años que Lenin escribió un magnífico texto, El derecho de las naciones a la autodeterminación, fijando la posición de los marxistas revolucionarios en este terreno. Lenin no era nacionalista, ni Marx, ni Engels. Eran internacionalistas, pero entendían que la defensa del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, como hoy es el caso de Catalunya, era algo prioritario en la batalla por el socialismo. Luchar contra la opresión nacional es igual de importante que luchar contra la opresión de clase. Por supuesto, en el movimiento de liberación nacional los marxistas nunca nos subordinamos a la burguesía de la nación oprimida, en este caso a la burguesía catalana, ni a su representación política hasta el momento, el PDeCAT, sino que, al mismo tiempo que abogamos por el derecho de autodeterminación — que significa obviamente el derecho a la independencia— lo ligamos a la lucha por un programa revolucionario y la transformación socialista de la sociedad.
La crisis actual en Catalunya, como en otras épocas de la historia, ha abierto la posibilidad de conquistar la república catalana por métodos revolucionarios, basados en la acción directa del pueblo, la juventud y los trabajadores. Eso es lo que aterroriza a la burguesía catalana, que rápidamente ha dictado un ultimátum a las masas: abandonad vuestras pretensiones revolucionarias o desataremos el caos económico y os hundiremos en la miseria. ¡Es lo mismo que hizo la burguesía griega y europea contra el pueblo griego!
¿Qué conclusión se puede sacar de la alianza entre la burguesía catalana y la española para evitar la proclamación de la república catalana? Garzón y otros dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, defienden como estrategia política “un proceso constituyente”, para alcanzar la “República Federal”. No aclaran qué orientación de clase, capitalista o socialista, debería tener ese proceso constituyente o esa república federal. Pero más allá de eso, ¿cómo pretenden imponer ese proceso constituyente o esa república? ¿Mediante el acuerdo con el Estado franquista y el PP? ¿Alcanzando un consenso con la burguesía española?
La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 fue el resultado de la acción revolucionaria de las masas, de la ciudad y del campo, que echaron abajo la dictadura de Primo de Rivera, y con sus huelgas y movilizaciones masivas a lo largo de 1930 y 1931 pusieron a Alfonso XIII rumbo al exilio. La proclamación de la república, que fue aceptada a regañadientes por los capitalistas y la burguesía como un mal menor, no pudo contener el movimiento de los trabajadores, los campesinos sin tierra y la juventud hacia la revolución socialista.
La analogía histórica tiene su importancia, pues una república catalana ganada mediante la acción revolucionaria implicaría necesariamente un combate frontal contra el PDeCAT y Puigdemont, contra toda esta oligarquía política y económica que ha gobernado Catalunya con las mismas recetas neoliberales que el PP, y abriría las puertas a un gobierno de la izquierda que cuestionaría los recortes y la austeridad. Los capitalistas catalanes, españoles, franceses y europeos lo saben perfectamente, y por eso intentan aplastar el movimiento con todos los medios de que disponen. Juan Luis Cebrían lo sabe también, como señala en sus incendiarios artículos. Pero Garzón y otros dirigentes de la izquierda, lamentablemente, se limitan a decir que la osadía del pueblo catalán en su lucha por la república “solo” beneficia a la reacción.
Las tareas del momento
Los políticos burgueses del PDeCAT fueron mucho más lejos de lo que querían tras ser empujados por la impresionante movilización del 1 y 3 de octubre (de ahí sus caras de funeral cuando el Parlament proclamó la república). Pero desde que la burguesía catalana comprendió que se había abierto una crisis revolucionaria y exigieron a Puigdemont y los suyos que recularan, todo lo vivido desde el 3 de octubre han sido maniobras constantes para retroceder y ceder ante el PP y el Estado español. Ahora hay una desbandada completa del Govern, y especulaciones de que Puigdemont y cinco consellers podrían pedir refugio en Bélgica ante las querellas de la Fiscalía.
Los dirigentes del PDeCAT están traicionando, una vez más, la causa de Catalunya y la república. En lugar de llamar a la movilización masiva contra el 155 y las querellas, y pasar por la misma experiencia que cientos y miles de luchadores cuando son víctimas de la represión del Estado, estos políticos burgueses se preparan para huir “heroicamente” y convertirse en figuras simbólicas en el exilio. ¡Esto no sirve a la lucha del pueblo, sólo quieren salvar su imagen y su prestigio personal!
La correlación de fuerzas en Catalunya todavía permitiría revertir los planes de la burguesía y su intento de cerrar la crisis revolucionaria dividiendo en líneas nacionales a la clase trabajadora. Pero para ello sería necesario que la izquierda catalana y estatal rompiera con su política actual, llamando a la movilización masiva con un programa de reivindicaciones económicas y sociales. Este programa debe tener ejes claros: poner fin a los desahucios y los recortes, defender la educación y sanidad públicas, y nacionalizar la banca y las grandes empresas bajo control democrático de la población para crear millones de puestos de trabajo con salarios dignos. La obligación de la izquierda que lucha es demostrar al conjunto de la clase trabajadora catalana, especialmente a los que emigraron en los duros años de la postguerra y cuyas familias sufrieron el desprecio clasista, racista y humillante de la burguesía catalana, que la república catalana que queremos no es la de la oligarquía sino la del pueblo y la de los oprimidos.
Las proclamaciones y declaraciones en abstracto de la república, como han pretendido hacer Puigdemont y Oriol Junqueras, sirven de poco frente a la actual ofensiva del bloque reaccionario monárquico y su Estado. Lo que falta no es fuerza, sino decisión por parte de los dirigentes de la izquierda para basarse en la inmensa capacidad de lucha mostrada por las masas y organizar la huelga general contra el 155, imponer un gobierno de izquierdas que haga realidad una república socialista, y desalojar a Puigdemont y a los políticos burgueses del PDeCAT de la dirección de un movimiento de liberación nacional al que están traicionando descaradamente. Esta es la tarea de las CUP, de Catalunya en Comú, y de Unidos Podemos.
Cientos de miles de luchadores consideran las elecciones del 21D como una estrategia para liquidar el movimiento que ha llevado a proclamar la república. Y no les falta razón: la burguesía española y los partidos del régimen quieren dar a su política represiva y españolista un barniz democrático. Pero es evidente que las elecciones se van a celebrar, como el PDeCAT y ERC se han apresurado a reconocer comprometiendo su participación. Por eso mismo, es necesario entender que la movilización de masas y la defensa de una política socialista es el mejor camino para derrotar a la derecha españolista y sus aliados, ahora y en las elecciones del 21 de diciembre, y asegurar que la perspectiva de una republica catalana se mantiene con fuerza como una alternativa viable.
En este proceso es absolutamente imprescindible dirigirse a los trabajadores catalanes, volcarse hacia las fábricas y empresas. La clase obrera debe ser la protagonista fundamental en el combate contra la represión, y para eso es necesario demostrar que una república socialista es una opción mejor que una monarquía capitalista que defiende los intereses de la oligarquía financiera, de los corruptos y los franquistas.
La única manera de acabar con la confusión, y neutralizar la campaña del nacionalismo españolista, es uniendo a los trabajadores y la juventud del resto del Estado con sus hermanos de clase en Catalunya a través de la movilización masiva contra el gobierno del PP. Desde Izquierda Revolucionaria lo decimos claro: esta es la tarea que tiene por delante la dirección de Unidos Podemos, que tienen Pablo Iglesias y Ada Colau.
Vivimos acontecimientos decisivos. La clase dominante española y catalana ve con terror y odio la consolidación de la república catalana. La razón no es sólo porque quebraría la idea de España, una, grande y libre. Saben que esta conquista sería el preludio a una lucha aún más intensa y trascendental a favor de los oprimidos, contra la dominación de los capitalistas, contra el orden social establecido y por una república socialista en Catalunya y una república socialista federal, basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español. Una lucha que ya está ganando la solidaridad activa de las masas oprimidas de Europa y de todo el mundo.
¡Afíliate a Izquierda Revolucionaria para luchar por la república socialista!
