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Desde el 
golpe de Estado, y con el apoyo, financiamiento y entrenamiento de los 
EE.UU. a las fuerzas represivas sólo han aumentado los asesinatos, las 
amenazas, y la represión al pueblo de Honduras.
El 28 de junio de 
2009, el presidente democrático de Honduras, Manuel Zelaya, fue sacado 
por la fuerza del palacio presidencial, puesto en un avión militar desde
 la base Soto Cano, sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” del 
Ejército de Estados Unidos, siendo expulsado a Costa Rica.
El golpe de Estado 
en cuestión fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo 
Orlando Vásquez Velásquez y por el  jefe de la Fuerza Aérea, general 
Luis Javier Prince Suazo. Ambos graduados de la Escuela de las Américas.
Meses antes, en 
abril de 2009, por primera vez una delegación de SOAWatch encabezada por
 Lisa Sullivan y el padre José Mulligan visitaron Honduras  donde 
sostuvieron reuniones con autoridades de gobierno, y con organizaciones 
sociales, para pedir que Honduras no siguiera enviando soldados a 
entrenamiento a la Escuela de las Américas del Ejército de EE.UU..
A este llamado se 
sumó entonces Berta Cáceres, Coordinadora general del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien pidió, 
en presencia de la delegación de SOAW, al Presidente Manuel Zelaya, en 
una reunión con organizaciones en San Pedro Sula, que Honduras retirara 
sus soldados de la Escuela de las Américas.
En marzo del 2016, 
Berta Cáceres fue cobardemente asesinada, entre los responsables 
militares con entrenamiento militar en EE.UU. y la Escuela de las 
Américas.
¿Por qué el golpe de Estado?
En pocas palabras, 
porque en el gobierno de Manuel Zelaya, mientras estuvo en el cargo, su 
política se hizo cada vez más progresista, reduciendo la pobreza en un 
10%, aumentando el salario mínimo en un 80%, proporcionando educación 
gratuita a todos los niños, proporcionando subsidios para los pequeños 
agricultores y fundamentalmente teniendo un contacto más cercano con los
 movimientos sociales.
El mismo 28 de 
junio de 2009, y con el fin de democratizas más Honduras, el presidente 
Zelaya había convocado a una Consulta Popular para que en las elecciones
 de noviembre del mismo año se pusiera una “cuarta urna” y el puedo 
soberanamente decidiera si quería convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente en búsqueda de una nueva constitución política para 
Honduras.
¿Qué ha pasado desde entonces?
Desde el golpe de 
Estado, y con el apoyo, financiamiento y entrenamiento de los EE.UU. a 
las fuerzas represivas sólo han aumentado los asesinatos, las amenazas, y
 la represión al pueblo de Honduras.
De acuerdo a un 
Informe del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (COFADEH) 
desde el golpe de Estado a la fecha, se han registrado 13 personas 
detenidas desaparecidas en forma forzada.
De acuerdo al 
Informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el Planeta”, de 
Global Witness, “desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la 
tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras”.
Entre ellos, 
recordamos a Berta Cáceres, a Tomas García, ambos de COPINH, los 
asesinatos cometidos contra el pueblo garífuna, la masacre en contra del
 pueblo Misquito, por parte de agentes de la DEA, y tantos otros 
crímenes que han quedado en la más completa impunidad.
A eso debemos 
sumar, a lo menos a 31 personas más las que fueron asesinadas por los 
aparatos de seguridad a consecuencia de las protestas que sucedieron 
luego del fraude electoral, de noviembre del 2017, donde se reeligió 
nuevamente a Juan Orlando Hernández.
Además, de acuerdo a
 un informe de Amnistía Internacional, se “denunciaron múltiples casos 
de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las 
fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Más de 1300 
manifestantes fueron arrestados en las protestas de los cuales a 22 
prisioneros políticos se los acusó de cargos graves. Entre ellos a los 
activistas Edwin Espinal y Raúl Álvarez quienes todavía se encuentran 
prisioneros en la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
Desde el golpe de 
Estado de 2009, se han aprobado más de 48 proyectos de concesiones 
hidroeléctricas para la generación de energía y privatización de ríos 
como de otros proyectos “extractivistas”.
Miles de hondureños
 han tenido que huir producto de las políticas económicas como 
represivas que se han ejercido desde el golpe de Estado a la fecha.
De
 acuerdo a un Informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, 14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre 
enero y octubre el 2017 en países de todo el mundo, la mayoría en México
 y Estados Unidos”.
Actualmente, unos 
50 mil hondureños podrían ser deportados a la fuerza desde EEUU a 
Honduras por la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Por otro lado, “el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró que 
entre enero de 2001 y agosto de 2017 fueron asesinados en Honduras 70 
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; el 91% de 
estos casos permanecen en la impunidad”.
Honduras figura en 
el lugar 140 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa el 
2017. Muy lejos de Noruega, Suecia y Finlandia que ocupan los primeros 
lugares con mayor libertad de prensa.
Por su parte, el “Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”
 de la CIDH señaló que tan sólo en el año 2016 en Honduras fueron 
asesinados 3 periodistas y hubo ataques, amenazas e intimidaciones a 
periodistas y medios de comunicación. El 13 de septiembre del 2017, fue 
asesinado también el periodista del Canal 22 Carlos William Flores por 
personas “no identificadas”.
¿Qué podemos seguir haciendo?
El movimiento de la
 SOAW, y muchas organizaciones de América Latina, desde el golpe de 
Estado a la fecha, han seguido en solidaridad con Honduras.
En EE.UU. seguimos 
apoyando, en el Congreso de EE.UU., el proyecto de Ley HR 5474 llamado 
por muchos “Ley Berta Cáceres”  el que busca “suspender la ayuda de 
Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta 
que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las 
fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados 
ante la justicia”. 
Seguimos 
denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que siguen 
sucediendo en Honduras. Demandamos la libertad de los prisioneros 
políticos, ahora.
Seguimos en 
solidaridad con quienes son perseguidos y luchan por salvar sus vidas. 
En ese sentido, SOAWatch desde el 2016 realiza el Encuentro Fronterizo, 
en la misma frontera de EE.UU. y México, para solidarizar con las 
personas migrantes y para denunciar las raíces de fondo que causan la 
migración. El próximo Encuentro Fronterizo se realizará del 16 al 18 de 
noviembre. 
Ver más Información en: www.soaw.org
Pablo Ruiz es periodista de SOAWatch. Este artículo contó con la colaboración de Adrián Bernal.
 









 
       
       
       
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