Las compras descentralizadas de medicamentos (comunidades autónomas, hospitales…) no sólo favorecen la mala gestión de lo público(2), sino que dan lugar a situaciones aberrantes propicias para la corrupción.
Además, la inexistencia de una industria pública permite que las grandes farmacéuticas campen a sus anchas en nuestro país.
Por ello, proponemos:
- Eliminación del Registro de los medicamentos que han quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas terapéuticas sobre otros de precio inferior.
- Creación de un sistema público de investigación, así como de una industria farmacéutica pública, para fabricar directamente los medicamentos que han perdido la patente y los más necesarios.
- Compras centralizadas, para todo el sistema público, de los medicamentos que no puedan ser fabricados o no hayan perdido la patente.
- Dispensación de los medicamentos directamente en los centros sanitarios, en las dosis necesarias.
- Prohibición de la publicidad de medicamentos en los medios de comunicación, así como de la propaganda de los laboratorios hacia los médicos, pago de congresos, viajes, etc.
Estas medidas podrían, no sólo crear empleo, sino reducir el gasto en farmacia y ahorrar, como mínimo, un tercio del gasto actual (5.000 millones de €/año).
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