Jesús Pérez se asoma a la ventana de su casa. / JOAQUÍN DE HARO
Pedro Conesa se asoma al precipicio. Cuatro años en paro. Dos hijos a su cargo. Ningún ingreso. Y una angustia atenuada por tranquilizantes. El antiguo vendedor de congelados es hoy un hombre derrotado que compra en el economato de Cáritas, come de la olla de sus septuagenarios padres y deambula sin rumbo con una carpeta cargada de currículos. Tiene 53 años y cree que nunca trabajará.
Este ciudadano, retrato del lado más fiero de la España espoleada por la crisis, suma un agravante. Nació en Lorca. Y su vivienda fue una de las 1.164 que devoraron las excavadoras cuando dos terremotos zarandearon la urbe murciana. Hoy, un fondo solidario le adelanta los 550 euros del alquiler del piso donde reside desde el 11 de mayo de 2011. El día que se truncó su vida y cayó al pozo de la exclusión. “No puedo dormir. Soy un desgraciado”, confiesa mirando al suelo.
Tres años después del rugido de la tierra, solo 50 familias han regresado a las nuevas fincas modulares que emergen en la metrópoli de los andamios. Son el 4%. Una burocracia con pies de barro y el reguero de promesas incumplidas explican por qué Lorca no levanta cabeza de aquella catástrofe que dejó nueve muertos y tres centenares de heridos.
El barrio de La Viña amanece nublado. El estruendo metálico de la construcción acompaña a grúas que se encaraman al cielo entre esqueletos de hormigón. Aquí se concentran la mayor parte de las 900 obras de esta urbe abierta en canal.
En la ciudad de las calles empedradas cunde el desánimo. La treintena de vecinos consultados cree que los políticos han desvanecido sus promesas. Los terremotos irrumpieron seis meses antes de las elecciones que catapultaron con mayoría absoluta a Mariano Rajoy al Gobierno. Los cascotes actuaron como un reclamo de campaña para los telediarios. Pero de eso hace ya tres años. Los focos se han apagado. Y de los 1.650 millones en inversiones anunciados durante la zozobra, solo la mitad ha aterrizado. La cifra incluye los 459 millones del consorcio de seguros que solo han cobrado quienes tenían una póliza.
Alfonso Serrano y Antonia García desconocen las entrañas del poder. Pero sufren sus consecuencias. Frío en invierno y asfixia en verano. Es lo que tiene vivir en un barracón en el extrarradio. Cuarenta metros, paredes de pladur y un techo metálico que multiplica el repiqueteo infernal de las intensas lluvias. La sexagenaria pareja lleva más de dos años en la casa prefabricada que Cruz Roja proporcionó a 13 familias que perdieron sus pisos en el humilde barrio de San Fernando. Antes durmieron en una tienda de campaña que alcanzaba los 42 grados. Alfonso fue peluquero, está enfermo y desesperado. Su mujer vendía cupones. Eran pobres antes. Ahora, se asoman a la exclusión. Cobraron 71.000 euros del seguro. Y el constructor les pide 95.000 por un nuevo piso. El terremoto esfumó sus ahorros. Quizá por eso, su estancia en el desangelado barracón puede prolongarse in aeternum. El solar donde debe emerger la finca que les devuelva a la clase media es un paisaje lunar donde todavía no han desembarcado las grúas. “Vamos a vivir mucho tiempo aquí. No hay permisos. Nos están engañando todos: el constructor, el Ayuntamiento…”, lamenta Antonia en voz baja. Su hija duerme con su nieto en el módulo contiguo.
Al espontáneo corrillo en este lugar delimitado por una desvencijada verja se suma Lidia González, de 39 años. Reside junto a su marido y dos hijas en otro barracón blanco. Su familia continúa pagando los 286 euros de la hipoteca del piso que se zamparon las máquinas tras los terremotos. Sonríe. Incluso cuando recuerda el pavor que estremeció al poblado tras las inundaciones de 2012 que causaron pérdidas de cien millones.
Todos quieren huir de la villa de los barracones, donde aflora una solidaridad natural ausente en los barrios adinerados. Antonia le pidió a una amiga que le escribiera una carta para contarle a la Reina Sofía su desamparo. Dice que la Casa del Rey todavía no ha contestado. Y esta mujer de rostro marcado que promete que nunca más votará al PP se siente desolada. “Estoy mal”, insiste con la mirada perdida.
Cada vez que se quejan, a un hombre le pitan los oídos. El exteniente coronel Francisco Jódar es el primer alcalde popular de Lorca. Aterrizó con mayoría absoluta en 2007 y, desde entonces, encadena infortunios. Crisis, terremotos, lluvias torrenciales. Tanto sobresalto le pasó factura hace dos años. Un ictus le paralizó el labio y la mano. Se ha recuperado. Ahora se toma la vida con calma para defender los tiempos de la reconstrucción.
El segundo terremoto de aquel 11-M de 2011 encontró a Jódar en la sala de juntas municipal. 18.47 horas. Seis segundos de trallazo donde una descomunal mesa de madera protegió su cuerpo del traqueteo enfurecido. El flexo cobró vida entre chillidos. Y la psicosis prendió como gasolina en esta urbe donde cada año se registra un pequeño temblor. Lorca está al límite de las placas tectónicas euroasiática y africana. “Los vecinos me preguntaban: ¿Habrá más terremotos? Yo me mostraba firme como el que domina la situación. Pero no era así”, confiesa sobre el sillón donde encajó la sacudida de 5,1 en la escala Richter. El latigazo de la tierra podría haber convertido la urbe en una partida humana de bolos si se hubieran desprendido unas rocas del barrio de Santa Bárbara.
Lorca se ha transfigurado en El Dorado para los constructores. Una ciudad a levantar en pleno desplome del titán inmobiliario. Más de treinta empresas pujan por cada edificio demolido. 400 vecinos se emplean en los andamios. La obra pública, sin embargo, se resiente lastrada por las esquilmadas cuentas de la Administración regional.
Por reconstruir quedan todavía dos institutos, el centro sanitario que atendía a un tercio de esta población de 94.000 vecinos, el polideportivo y el conservatorio. La primera piedra del IES Ros Giner se colocó hace más de un año. Pero los estudiantes no pueden llegar hasta él porque sobre el terreno yace un monumental socavón. Las obras no han comenzado. Y 1.200 alumnos se desplazan a diario a las afueras del pueblo en autobús.
El dinero público sí que ha llegado puntual para restaurar iglesias. Fomento ha invertido 880.000 euros en la parroquia de San Mateo, que ya está acabada, y 120.000 en la de San Antonio. El Ministerio de Cultura ha destinado más de 1,6 millones a remozar dos templos y un monasterio. Hasta la Generalitat Valenciana ha puesto su granito de cemento en forma de 360.000 euros para recuperar la iglesia de San Cristóbal a través de la fundación La Luz de las Imágenes, cuya gerente está imputada en la rama valenciana del caso Gürtel por adjudicar a dedo contratos a la red de Francisco Correa.
Pasear por el casco urbano de Lorca es descender a una ciudad de cine. Pero no por la suma de arquitectura medieval y barroca, sino porque una treintena de edificios proyectan una ficción fantasmagórica. Son un decorado. La ley obliga a los propietarios a mantener en pie las fachadas devastadas aunque el interior permanezca hueco como una pelota de ping-pong. El desplome inmobiliario augura que la reconstrucción de estos solares conquistados por la maleza tardará. Tanto como el millón de euros que precisa el remozado de la centenaria plaza de toros.
La tormenta perfecta crisis-terremoto ha sentenciado la economía. Nadie cifra cuántos de los 700 comercios cerrados tras el seísmo funcionan. Carlos (nombre figurado) perdió 30.000 euros con la mercancía que dejó en su bazar del barrio de La Viña. Llegó a desafiar a la policía. A jugarse la vida al intentar recuperar a hurtadillas por la noche los artículos. Desistió. Un mal movimiento podía desmontar la montaña de cajas y alentar el hundimiento de la finca.
Jesús Pérez tiene 76 años y duerme acorralado por vigas oxidadas. El jubilado de banca no teme que se le desplome el techo de su dormitorio. No piensa gastarse ni un céntimo más de los 9.000 euros que invirtió tras los terremotos. El latigazo de la naturaleza le derribó una pared del modesto piso que hace dos décadas compró en el barrio Alfonso X. En su patio interior parece que alguien haya buscado un tesoro. De una montaña de escombros emergen como conducciones nerviosas unos hierros. Jesús debe tener cuidado. Puede caer en las trampas que le dejaron los albañiles. Nadie retira los cascotes. Tampoco, repara la fachada. El exterior luce una monumental grieta. Su estado contrasta con el flamante cuartel de la Guardia Civil que Interior reconstruyó el pasado año a solo unos metros.
Hay un lugar donde resuenan los terremotos. La nave de Cáritas tiene 300 metros. Una veintena de voluntarios reparte cada mes 700 carros de alimentos de la UE. Macarrones, arroz, conservas. Un tercio de los beneficiados perdió su casa. Otros esperan las ayudas. “Esto no ha terminado”, prevé el presidente de Cáritas, Lázaro Caballero.
José Vélez cruza el Rubicón de esta superficie apuntalada por sacos de víveres. Le acompaña una de sus tres hijas desempleadas. Transportista en paro, 49 años. Nunca se vio tocando a la puerta de la caridad. Desde hace un año y medio recoge su carro.
Junto a la nave se vivió en 2011 una secuencia de solidaridad. Una mujer de 30 años murió mientras arropaba con su cuerpo a sus dos hijos. Los menores se salvaron. Ocurrió en el único edificio que se desplomó al instante del latigazo. Como recuerdan en Cáritas, la tragedia afloró también lo mejor de la condición humana.
“¿Dónde está la pasta de las ayudas?”
J. G. | LORCA
Antonia Piñero y José Méndez son septuagenarios. Acumulan tres años de pesadillas. Presenciaron con la boca abierta y sentados en un banco cómo se resquebrajaba la casa del barrio de Alfonso X que concentró los ahorros de su vida. A ella se le cayó el pelo. Su nieta enmudeció. José camina con muletas por una enfermedad en los huesos. Antes de despedirse, interroga al periodista: "El dinero ha venido y no lo hemos pillado. ¿Dónde está la pasta de las ayudas?".
Y esa es la pregunta: ¿Dónde están los 185 millones que el Banco Europeo de Inversiones dejó a la Región de Murcia para reconstruir Lorca? ¿Por qué la comunidad autónoma adeuda hasta dos años de ayudas de alquiler a los afectados si recibió un préstamo de 115 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO)?
Yolanda Muñoz, de la Consejería de Obras Públicas de la Región de Murcia, atribuye los retrasos en las ayudas al trámite burocrático. Antonio Navarro, del PSOE de Lorca, sugiere que la autonomía retiene 21 millones del Gobierno. Y el Ejecutivo proclama que mantiene el ritmo inversor. "La lentitud se superó. La reconstrucción va muy bien pese a las dificultades", defiende el subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés.
La combativa Asamblea de Vecinos recela. Este movimiento horizontal que reúne a 800 damnificados culpa a la Región de Murcia de lastrar la reconstrucción. Su portavoz es el químico Juan Carlos Segura. Con tres años acompañó a su madre a cortar una procesión de Semana Santa. Un sacrilegio en una ciudad que se paraliza con los nazarenos del paso azul. Reclamaban agua potable y luz en La Viña, el barrio que tres décadas después ha purgado el terremoto. Hoy, fleta autobuses a Madrid para que el dinero de las víctimas no se traspapele en los despachos del poder. Se han encarado con el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, que aseguró que los afectados no levantaban sus viviendas porque no querían. Y con el presidente local de los promotores, que dijo que las ayudas se gastaban en las comuniones de las hijas de los afectados. "En tres años no ha dimitido nadie. El alcalde no se ha puesto del lado de los vecinos", lamenta Segura. Su abuela también perdió su piso. Tiene 92 años y sobrevive gracias al colchón familiar.
Y esa es la pregunta: ¿Dónde están los 185 millones que el Banco Europeo de Inversiones dejó a la Región de Murcia para reconstruir Lorca? ¿Por qué la comunidad autónoma adeuda hasta dos años de ayudas de alquiler a los afectados si recibió un préstamo de 115 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO)?
Yolanda Muñoz, de la Consejería de Obras Públicas de la Región de Murcia, atribuye los retrasos en las ayudas al trámite burocrático. Antonio Navarro, del PSOE de Lorca, sugiere que la autonomía retiene 21 millones del Gobierno. Y el Ejecutivo proclama que mantiene el ritmo inversor. "La lentitud se superó. La reconstrucción va muy bien pese a las dificultades", defiende el subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés.
La combativa Asamblea de Vecinos recela. Este movimiento horizontal que reúne a 800 damnificados culpa a la Región de Murcia de lastrar la reconstrucción. Su portavoz es el químico Juan Carlos Segura. Con tres años acompañó a su madre a cortar una procesión de Semana Santa. Un sacrilegio en una ciudad que se paraliza con los nazarenos del paso azul. Reclamaban agua potable y luz en La Viña, el barrio que tres décadas después ha purgado el terremoto. Hoy, fleta autobuses a Madrid para que el dinero de las víctimas no se traspapele en los despachos del poder. Se han encarado con el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, que aseguró que los afectados no levantaban sus viviendas porque no querían. Y con el presidente local de los promotores, que dijo que las ayudas se gastaban en las comuniones de las hijas de los afectados. "En tres años no ha dimitido nadie. El alcalde no se ha puesto del lado de los vecinos", lamenta Segura. Su abuela también perdió su piso. Tiene 92 años y sobrevive gracias al colchón familiar.
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