El presidente del Comité de Derechos Humanos pide que el Estado no se ampare en la amnistía
ONU pide a España una respuesta inmediata en Memoria Histórica ante el “trato inhumano” a víctimas del franquismo
Agencias
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, ha pedido a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía. Además, ha asegurado que hay “una enorme falta de recursos” en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque la norma “no está mal”.
Salvioli ha impartido en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia.
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha recordado que España fue examinada en julio de este año. Según ha explicado, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, ha preguntado.
Fabián Omar Salvioli ha destacado que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, ha añadido.
Además, ha destacado “la necesidad de dar respuesta inmediata a esta problemática” y ha asegurado que el Estado no puede insistir con la aplicación de la Ley de Ammistía porque es inconvencional”. “Esto es, no pasa un análisis de convencional porque es incompatible con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, ha aseverado.
Tras recordar que los familiares de las víctimas del franquismo “son ya personas muy ancianas”, ha destacado que ése “es otro problema”. “A mi juicio, es un trato inhumano y degradante continuo para esas personas no dar respuesta”, ha manifestado.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Salvioli ha subrayado que la Ley Integral contra la Violencia de Género de España “no está mal, pero hay una enorme falta de recursos para su aplicación”.
A su juicio, “genera un gran problema y las estadísticas muestran que hay numerosos casos de violencia doméstica a los que no se les da necesariamente el abordaje que debe dársele”. En este sentido, ha subrayado que “se ha hecho algún progreso, pero aún subsiste mucha preocupación en ese sentido”.
“TORTURAS Y MALOS TRATOS”
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU también ha destacado que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”.
También considera que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, ha puntualizado.
TODOS LOS PODERES
Además, ha recordado que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de absolutamente todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, ha apuntado.
Fabián Omar Salvioli ha dicho que “basta de si el derecho internacional prelavece sobre el derecho interno o no”. “Cuando un Estado incumple una obligación internacional, hay un órgano internacional que condena al Estado”, ha subrayado.
En esta línea, ha calificado de “pavadas” los argumentos de aquellos que, desde el Derecho, afirman que, “en realidad no hay que aplicar el derecho internacional y no hay que hacer control de convencionalidad porque no les toca a jueces de planos inferiores, sino sólo al Tribunal Supremo”. “Lo único que están haciendo es condenar al Estado a que sea condenado internacionalmente”, ha advertido.
Por ello, ha afirmado que un juez de Primera Instancia, a nivel nacional o local, “tiene la obligación de no generarle responsabilidad internacional al Estado”. “Es lo que hay que hacer porque, cuando un caso llega al plano internacional, es porque el Poder Judicial no hizo lo que tenía que hacer. Porque, para que llegue un caso al plano internacional, hay que agotar los recursos internos”, ha apuntado.
En su opinión, “ésta es una fuerte deficiencia de las facultades de Derecho” y genera que lleguen a la Judicatura “personas que terminan sirviendo en bandeja la condena al Estado en el plano internacional”. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos llegó para quedarse y para profundizar en él”, ha aseverado.
CASOS INDIVIDUALES
Fabián Omar Salvioli ha destacado que han tenido numerosos casos sobre la falta de doble instancia en materia penal, aunque ahora el Estado español ha abordado una normativa que “parece que viene a intentar subsanar esta problemática”.
Además, ha comentado tres asuntos concretos, como el caso de una mujer, de nacionalidad norteamericana y descendencia africana, que estaba en una estación de tren y dos policías le pidieron solo a ella que se identificara. Los agentes alegaron que tenían orden de pedirle la identificación “a gente como ella”.
Cuando acudió al Comité, el Estado dijo que el policía no tenía ninguna “orden efectiva” para actuar así. “Pero, cuando dice eso, el Estado no se exime de responsabilidad porque, cuando el Policía dice eso, compromete la responsabilidad del Estado”, ha indicado.
Según ha asegurado, “no hay que evitar que los estados puedan realizar controles por razones de seguridad”, pero, “de ninguna manera, deben generar estereotipos ni deben ser discriminatorio”. En esta línea, ha advertido de la “estigmatización que se produce sobre una población o un colectivo”.
El segundo caso que ha relatado el caso de María Atxabal Puertas, “sospechosa de vínculos con ETA que fue sometida a torturas psicológicas, que estaban probadas, incluso, por un órgano del Estado”. El asunto había sido presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo había desestimado, y el Comité decidió examinarlo y declaró la responsabilidad de España. “Fue un caso de torturas psicológicas claro”, ha insistido.
Las medidas reparadoras que se impusieron a España, según ha explicado, fueron incumplidas “en base a una recomendación de la Defensoría del Pueblo”, algo que ha calificado de “surrealista”. “Es inconcebible que una Defensoría el Pueblo recomienda no cumplir con una decisión de órganos de Derechos Humanos”, ha asegurado.
También ha narrado el caso de Alí Arras, ciudadano marroquí sobre el que había sospechas de hechos de terrorismo en Marruecos, que fue reclamado para ser extraditado a su país, y pese a que el comité ordenó a España que no le entregara ante el riesgo de torturas, el Estado español le extraditó. “La persona fue torturada salvajemente, quedó ciega en la tortura”, ha indicado. Por ello, condenó a España por incumplir la orden.
Salvioli ha destacado, además, que el derecho penal “no puede ser una venganza”, y ha rechazado que haya justificación alguna para ejercer torturas.
También ha señalado que “las sociedades en las que hay más seguridad no son en las que hay más perros, más rejas, más alarmas y más controles”, sino que “aquéllas en las que la sociedad tiene garantizados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
Salvioli ha impartido en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia.
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha recordado que España fue examinada en julio de este año. Según ha explicado, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, ha preguntado.
Fabián Omar Salvioli ha destacado que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, ha añadido.
Además, ha destacado “la necesidad de dar respuesta inmediata a esta problemática” y ha asegurado que el Estado no puede insistir con la aplicación de la Ley de Ammistía porque es inconvencional”. “Esto es, no pasa un análisis de convencional porque es incompatible con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, ha aseverado.
Tras recordar que los familiares de las víctimas del franquismo “son ya personas muy ancianas”, ha destacado que ése “es otro problema”. “A mi juicio, es un trato inhumano y degradante continuo para esas personas no dar respuesta”, ha manifestado.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Salvioli ha subrayado que la Ley Integral contra la Violencia de Género de España “no está mal, pero hay una enorme falta de recursos para su aplicación”.
A su juicio, “genera un gran problema y las estadísticas muestran que hay numerosos casos de violencia doméstica a los que no se les da necesariamente el abordaje que debe dársele”. En este sentido, ha subrayado que “se ha hecho algún progreso, pero aún subsiste mucha preocupación en ese sentido”.
“TORTURAS Y MALOS TRATOS”
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU también ha destacado que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”.
También considera que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, ha puntualizado.
TODOS LOS PODERES
Además, ha recordado que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de absolutamente todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, ha apuntado.
Fabián Omar Salvioli ha dicho que “basta de si el derecho internacional prelavece sobre el derecho interno o no”. “Cuando un Estado incumple una obligación internacional, hay un órgano internacional que condena al Estado”, ha subrayado.
En esta línea, ha calificado de “pavadas” los argumentos de aquellos que, desde el Derecho, afirman que, “en realidad no hay que aplicar el derecho internacional y no hay que hacer control de convencionalidad porque no les toca a jueces de planos inferiores, sino sólo al Tribunal Supremo”. “Lo único que están haciendo es condenar al Estado a que sea condenado internacionalmente”, ha advertido.
Por ello, ha afirmado que un juez de Primera Instancia, a nivel nacional o local, “tiene la obligación de no generarle responsabilidad internacional al Estado”. “Es lo que hay que hacer porque, cuando un caso llega al plano internacional, es porque el Poder Judicial no hizo lo que tenía que hacer. Porque, para que llegue un caso al plano internacional, hay que agotar los recursos internos”, ha apuntado.
En su opinión, “ésta es una fuerte deficiencia de las facultades de Derecho” y genera que lleguen a la Judicatura “personas que terminan sirviendo en bandeja la condena al Estado en el plano internacional”. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos llegó para quedarse y para profundizar en él”, ha aseverado.
CASOS INDIVIDUALES
Fabián Omar Salvioli ha destacado que han tenido numerosos casos sobre la falta de doble instancia en materia penal, aunque ahora el Estado español ha abordado una normativa que “parece que viene a intentar subsanar esta problemática”.
Además, ha comentado tres asuntos concretos, como el caso de una mujer, de nacionalidad norteamericana y descendencia africana, que estaba en una estación de tren y dos policías le pidieron solo a ella que se identificara. Los agentes alegaron que tenían orden de pedirle la identificación “a gente como ella”.
Cuando acudió al Comité, el Estado dijo que el policía no tenía ninguna “orden efectiva” para actuar así. “Pero, cuando dice eso, el Estado no se exime de responsabilidad porque, cuando el Policía dice eso, compromete la responsabilidad del Estado”, ha indicado.
Según ha asegurado, “no hay que evitar que los estados puedan realizar controles por razones de seguridad”, pero, “de ninguna manera, deben generar estereotipos ni deben ser discriminatorio”. En esta línea, ha advertido de la “estigmatización que se produce sobre una población o un colectivo”.
El segundo caso que ha relatado el caso de María Atxabal Puertas, “sospechosa de vínculos con ETA que fue sometida a torturas psicológicas, que estaban probadas, incluso, por un órgano del Estado”. El asunto había sido presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo había desestimado, y el Comité decidió examinarlo y declaró la responsabilidad de España. “Fue un caso de torturas psicológicas claro”, ha insistido.
Las medidas reparadoras que se impusieron a España, según ha explicado, fueron incumplidas “en base a una recomendación de la Defensoría del Pueblo”, algo que ha calificado de “surrealista”. “Es inconcebible que una Defensoría el Pueblo recomienda no cumplir con una decisión de órganos de Derechos Humanos”, ha asegurado.
También ha narrado el caso de Alí Arras, ciudadano marroquí sobre el que había sospechas de hechos de terrorismo en Marruecos, que fue reclamado para ser extraditado a su país, y pese a que el comité ordenó a España que no le entregara ante el riesgo de torturas, el Estado español le extraditó. “La persona fue torturada salvajemente, quedó ciega en la tortura”, ha indicado. Por ello, condenó a España por incumplir la orden.
Salvioli ha destacado, además, que el derecho penal “no puede ser una venganza”, y ha rechazado que haya justificación alguna para ejercer torturas.
También ha señalado que “las sociedades en las que hay más seguridad no son en las que hay más perros, más rejas, más alarmas y más controles”, sino que “aquéllas en las que la sociedad tiene garantizados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
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