Llevamos el "Impuesto al Sol" al
Tribunal Supremo
¿Defender a la ciudadanía o el beneficio
de las eléctricas?
Desde Greenpeace lo tenemos claro. Exigimos al Gobierno una política energética que mire por la ciudadanía y el medio ambiente y apueste por las renovables.  |
El pasado 9 de octubre el Gobierno publicaba el Real Decreto 900/2015.
El objetivo: regular el autoconsumo en España con el objetivo de "fomentar
la democratización de la energía". Suena bien, ¿no? Lástima que detrás se
esconda una norma llena de trabas burocráticas y barreras económicas para
dificultar el autoabastecimiento con energías renovables. Es decir, una ley para terminar con el
autoconsumo en nuestro país.
Un triste récord para el país del Sol cuyo Gobierno se propone frenar lo
imparable con la normativa más restrictiva del mundo sobre autoconsumo.
El Gobierno antepone así los intereses de
las eléctricas como Iberdrola, que han conseguido
incrementar sus beneficios en los últimos años pese a la crisis y la caída del
consumo con métodos tan poco limpios como manipular el precio de la luz antes
de una subasta, por lo que ha recibido recientemente una multa, o dirigiendo
las voluntades del Ministerio de Industria para que boicotease el autoconsumo.
Todo vale para garantizar los beneficios de las eléctricas, incluso arruirnar a más de 62.000 familias que
se enfrentan ahora a la bancarrota por los recortes brutales, retroactivos y
arbitrarios sobre las energías renovables.
La nueva regulación sobre el autoconsumo española no
sólo es ilegal, inconstitucional y pone en jaque eal cumplimiento de los
compromisos internacionales de nuestro país, sino que también es un ejemplo de
la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes por asumir que otro modelo
energético está ya en marcha. A nosotros, como a las miles de familias
arruinadas y a decenas de miles de ciudadanos que ya han manifestado su
oposición, toda la
regulación española de autoconsumo nos sigue pareciendo un atropello
del derecho ciudadano a elegir qué energía queremos y ahorrar en la factura
eléctrica.
Desde Greenpeace hemos reivindicado con todos los medios,
y ahora también en los tribunales, el derecho ciudadano a entrar en el sector
energético en paridad de condiciones con las grandes
empresas eléctricas. A pesar de que el Gobierno hizo caso omiso y a que de nada
valieron las 200.000 firmas contra del Impuesto al Sol, ni las 40.000
alegaciones ciudadanas ni las que presentamos organizaciones tan diferentes como
consumidores, asociaciones industriales de renovables, ONG y movimientos
sociales, seguiremos luchando.
Por esta razón, ayer inciamos, junto al resto del
sector renovable, un recurso
ante el Tribunal Supremo denunciando esta regulación. Porque el
Real Decreto de anti-autoconsumo es una clara barrera para lograr un futuro
100% renovable para todos y una concesión al oligopolio eléctrico.
¡Ayúdanos a conseguirlo! Con tu apoyo conseguiremos parar el Impuesto al Sol, exigiendo a todos los partidos políticos que cumplan su compromiso de derogarlo si llegan al poder, y reivindicaremos una política energética que mire por la ciudadanía y el medio ambiente y apueste por las renovables.
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