Gracias por confirmar. Por Iroel Sánchez
Medios
de comunicación occidentales y la naciente prensa privada en Cuba
presentan el reordenamiento de la comercialización de productos
agrícolas implementado por el gobierno cubano para aumentar el acceso de
la población a los alimentos como un paso atrás en los cambios
económicos en la Isla destinado al fracaso.
Tendrían
razón si se tratara solo de publicar listas de precios topes, un
“bandazo” de un día para otro sin relación con otras medidas destinadas a
incrementar la producción y su flujo directo a lo mercados sin pasar
por manos de acaparadores y especuladores.
El plan de
inversiones en la agricultura, aprobado por la Asamblea Nacional cubana
para este año, supera los seiscientos millones de dólares y desde el
pasado diciembre se habían venido adoptando un grupo de medidas como la
elevación de las cifras contratadas por el estado a los productores con
precios que les garantizan un margen de ganancia sobre el 30%, aumento
del aseguramiento y la oportunidad en las ventas de los insumos a estos,
y rebajas de un 20% en alimentos básicos en la dieta del cubano como el
pollo, el arroz, y otros granos que se comercializan por el estado. Ninguna
de las medidas estructurales para estimular la producción agropecuaria
se ha desmontado, incluyendo la entrega de tierras en usufructo
gratuito, aumento de las facultades a las Unidades Básicas de Producción
Cooperativas, la autorización de ventas directas de los campesinos al
turismo y a otros destinos una vez cumplidos sus compromisos con el
estado, la ampliación del crédito y el estímulo a la inversión
extranjera en el sector. Sí se hizo cumplir la ley a un grupo de
personas que no pagaban impuestos ni estaban registrados como vendedores
minoristas (carretilleros), dañando a otros que sí lo estaban, y se
disolvió una cooperativa en La Habana (mercado mayorista El Trigal) que
se había convertido en un espacio para la adopción de precios
monopólicos en perjuicio del consumidor y era escenario de delitos de
diverso tipo que los directivos y miembros de la cooperativa fueron
incapaces de evitar. Tampoco se impusieron precios topados a quienes
comercializan en los llamados mercados de oferta y demanda ni a a los
trabajadores por cuenta propia que arriendan puntos de venta, a pesar de
los reclamos en tal sentido de la población.
Pero Cuba no
solo tiene que movilizar sus reservas de eficiencia económica sino
también de eficacia social que es lo que ha hecho con estas medidas,
demostrando que junto a la necesidad de producir más también está la de
distribuir y organizar mejor, impidiendo que se filtren por las
alcantarillas del desorden, la corrupción y la desidia los recursos que
deben beneficiar a todos porque ,como la inversión en la agricultura,
salen del esfuerzo del país, de sus médicos, de sus científicos, de los
trabajadores que generando exportaciones han rescatado la confianza
financiera en la nación, y de los maestros que con su trabajo aun mal
remunerado garantizan la estabilidad social y el nivel educativo que
hace al país atractivo para la inversión extranjera y el turismo.
¿Qué tiene
qué ver con la eficiencia que se deje deteriorar un alimento para
sostener un alto precio, que se obtengan ganancias del cien por ciento
por trasladar un producto dentro de la ciudad o que un carretillero o un
chofer de alquiler gane tanto elevando artificialmente un precio que ya
no sea él quien ejerza la actividad y se permite tener varios
“empleados” que operan con su misma licencia sin pagar impuestos?
El foro realizado por Cubadebate alrededor
del tema revela que no había que ser adivino para prever el respaldo
popular a estas medidas rectificadoras de un “experimento” en la
comercialización agropecuaria por cuya demora se pagó un alto costo
político, reconocido por el Presidente Raúl Castro en su informe al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Sin embargo, sería bueno mirar más allá. Entre las intervenciones de los foristas en Cubadebate,
un comentario a nombre del Consejo de Administración Provincial de La
Habana apunta al desorden que progresivamente se dejó acumular:
“En
los últimos días las medidas han tenido una efectividad superior y se
han retirado mas de 100 licencias por violaciones. Lo mas significativo
en el trabajo que se realiza esta relacionado con el ejercicio ilegal de
este oficio en las calles. Mas del 60 % de los que hemos identificado
con violaciones no eran carretilleros legales y ejercían esas funciones
de manera ilegal, lo que nos ha motivado a ser mas severos.”
¿En cuántos otros asuntos relacionados con servicios básicos a la población sucede algo parecido? Como
en la venta de alimentos, existen otras actividades que impactan
cotidianamente en la vida del pueblo -el transporte, la higiene comunal,
la desprotección al consumidor en el comercio minorista- en las que el
dejar hacer al margen de la legalidad es fuente de irritación y en las
que un poco de orden elevaría la calidad de vida del pueblo sin grandes
inversiones.
Una información del diario Granma afirmaba
hace un año que más la mitad de los planteamientos de los electores a
los delegados del Poder Popular “se relacionan con ilegalidades e
indisciplinas”, o sea, no dependen de más producción o recursos
materiales sino de organizar mejor los procesos de modo que cumplan con
sus objetivos y no se desvirtúen en función de brindar beneficios no
provenientes del trabajo legal a una minoría. En la misma dirección han
ido los debates de las comisiones en las más recientes sesiones del
parlamento cubano.
Ningún
recurso será suficiente ni ninguna medida será eficaz si se naturaliza
que una minoría abuse de la mayoría imponiendo en el espacio público sus
preferencias sonoras o gráficas, arrojando escombros en la calle,
poniendo en riesgo la vida de muchos con la violación de normas de
transportación de pasajeros, estafando en el peso o el precio, o
llevando a su bolsillo ante los ojos de todos lo que no le pertenece. En
un clima de orden y legalidad las formas de gestión y propiedad privada
y cooperativa tendrán más oportunidad de éxito y de aportar a un modelo
de socialismo que se ha planteado reconocerlas en beneficio de toda la
sociedad dentro de las reglas que se concensaron con el pueblo: garantía
del acceso universal a los derechos sociales, no concentración de la
riqueza ni la propiedad e incorporación del mercado con primacía de la
planificación.
En tantos
lugares donde se ha vuelto normal quebrantar la legalidad o maltratar al
consumidor es necesario la exigencia de una gestión transparente de las
entidades que brindan servicios, una comunicación que sea capaz de
dotar al pueblo de los instrumentos para ser un defensor activo de sus
derechos, no una víctima inerte como es hoy en la mayoría de los casos, y
dar a estos hechos la connotación que tienen en el enfrentamiento por
las autoridades encargadas de imponer el orden en los espacios públicos.
Hay que crear un clima tal que lleve a que respetar la ley sea lo
natural y actuar contra el bien común tenga un costo moral y económico
tan alto que lo haga impracticable.
Eficacia
social es también intentar hacer coincidir objetivos sociales con
medidas que al tratar igual a todos no hacen más que multiplicar la
desigualdad o dilapidar oportunidades que pudieran beneficiar más a
sectores en desventaja. El caso más referido y también el más complejo
es el subsidio que llega a todos a través de la libreta de
abastecimientos, independientemente de si lo necesitan o no. Pero
subsidio es una cosa y un registro de consumidores que puede usarse como
herramienta de regulación y protección social en dependencia de las
circunstancias es otra bien distinta a la que no deberíamos renunciar
como instrumento de justicia social en un país bloqueado, con una
economía golpeada frecuentemente, y de modo creciente, por fenómenos
climáticos adversos que pueden ser fuentes de escasez y por tanto de
especulación y agiotismo.
Tampoco
deberíamos desaprovechar oportunidades de contribuir a la solución de
problemas sociales desde la responsabilidad social de las empresas. Por
ejemplo, actividades como los parqueadores estatales o los agentes de
telecomunicaciones pudieran dirigirse intencionadamente a aliviar la
situación de decenas de miles de jubilados y pensionados jerarquizados
de menor a mayor ingreso, en coordinación con organizaciones de la
comunidad y Consejos Populares.
El anuncio
de la creación el próximo curso escolar del técnico medio en trabajo
social ilustra la vocación del estado cubano por trabajar con
profesionalidad y sensibilidad para que nadie quede abandonado pero hay
que seguir estimulando la movilidad social con decisiones como la que se
adoptó recientemente para ampliar aun más las oportunidades de ingreso a
la educación superior e irlas perfeccionando para que su acceso guarde
cada vez mayor relación con la composición sociodemográfica de nuestra
sociedad y dependa cada vez menos de quién tenga más recursos para pagar
el mejor repasador. La igualdad de
oportunidades puede convertirse en ampliadora de la desigualdad si no
toma en cuenta la diferencia de condiciones para aprovecharlas.
En el
espíritu del VII Congreso todo lo que hagamos debe conducirnos hacia más
eficiencia económica y más justicia social, junto a más participación y
solidaridad consciente y culta en su defensa.
La cultura anticapitalista y antiimperialista que Raúl llamó a afianzar en su Informe central al VII Congreso –
“combatiendo con argumentos, convicción y firmeza las pretensiones de
establecer patrones de la ideología pequeño burguesa caracterizados por
el individualismo, el egoísmo, el afán de lucro, la banalidad y la
exacerbación del consumismo”, afirmó- tiene que ser difundida y asumida
por nuestras instituciones educativas y culturales y nuestros medios de
comunicación y sólo triunfará si esta es reproducida en las relaciones
sociales y la vida cotidiana.
Por
supuesto, la prensa capitalista, celosa vigilante para que no nos
apartemos un milímetro de su interés clasista en que aquí gobiernen los
mercaderes, o sea sus dueños, y no el gobierno que nos damos los
cubanos, dice y dirá que vamos mal. Es sólo la confirmación de nuestro
buen rumbo que no es una línea recta pero una vez más ha puesto en
evidencia lo más importante: aquí se gobierna para el pueblo.
