Jubilados y trabajadores: las víctimas del neoliberalismo en Argentina y Brasil
Héctor Bernardo. Diario Contexto
Macri y Temer imponen reformas previsionales y laborales que perjudican a los sectores más vulnerables. A la par, les perdonan deudas y reducen impuestos a los grandes exportadores y a las megaempresas. El dirigente político Carlos Raimundi aseguró: “quieren generar una gran contrarreforma neoliberal en toda América Latina”.
Desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y tras el golpe parlamentario con el que Michel Temer se apropió del Palacio de Planalto, Argentina y Brasil dieron un brusco giro social, político y económico. El neoliberalismo volvió a ser la norma que todo lo rige. El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a imponer sus designios. Las víctimas volvieron a ser los trabajadores, los jubilados y los niños.Quitarles a los pobres para darles a los ricos, esa parece ser la premisa de dos gobiernos que actúan de manera casi calcada. La reformas previsionales y laborales impulsadas en Argentina y Brasil destruyen los derechos de los sectores más vulnerables y corroen el poder adquisitivo de los ya más que vilipendiados jubilados.
A la protesta social se responde con represión. A los referentes sociales se los estigmatiza mediáticamente y se los persigue judicialmente.
En Argentina, Macri avanza con la reforma previsional y laboral que les quita a los que menos tienen. Jubilados y trabajadores ya fueron gravemente perjudicados con la devaluación y la quita de subsidios, que provocó un aumento de hasta el 300% en los servicios de luz, gas, agua y transporte.
A la par, el presidente argentino les bajó los impuestos a los grandes exportadores de granos, que además se vieron favorecidos con la devaluación, y le perdonó la deuda a las grandes compañías eléctricas, por miles de millones de dólares. Intentó hacer lo mismo con la deuda multimillonaria que su propio padre, el empresario Franco Macri, tenía con el Estado, pero esa medida debió frenarse.
En Brasil, la reforma previsional que el golpista Temer planeaba imponer antes de fin de año debió ser pospuesta hasta 2018. El gobierno de facto no consiguió el respaldo suficiente para tener la totalidad de votos que le permitiese aprobar la medida que, sumada a la reforma laboral ya aprobada, destruye los derechos y el poder adquisitivo de los que menos tienen.
Antes de imponer estas leyes, según denunció The Guardian, el presidente Temer favoreció a las empresas Shell, BP y Premier Oil con baja de impuestos y la quita de restricciones para la explotación petrolera.
El diario británico señaló que “Gran Bretaña presionó exitosamente a Brasil en nombre de BP y Shell para abordar las preocupaciones de los gigantes del petróleo sobre la situación tributaria brasilera, las regulaciones ambientales y las normas de uso de firmas locales”.
En el artículo, el periodista Adam Vaugham aseguró que el ministro de Comercio del Reino Unido, Greg Hands, se reunió con el viceministro de Minas y Energía de Brasil, Paulo Pedrosa, y le planteó “las preocupaciones de las petroleras británicas Shell, BP y Premier Oil sobre los impuestos y licencias”.
Bien recuerda el periodista de The Guardian que “en agosto Brasil propuso un plan de desgravación fiscal multimillonario para perforación costa afuera y en octubre BP y Shell ganaron la mayor parte de las licencias de perforación en aguas profundas”.
En diálogo con Contexto, el dirigente político Carlos Raimundi aseguró que “sería un error creer que los diferentes hechos políticos que están sucediendo en América Latina corresponden a compartimentos estancos. Todos ellos tienen una estrecha vinculación. El modelo económico y la ofensiva judicial están relacionados. Hay una condena al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Hay un adelanto del fallo del tribunal de alzada para proscribir al expresidente Lula en Brasil. Hay un pedido de desafuero y detención contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Eso no está aislado de las políticas de ajuste”.
“Hay un paralelo entre políticas de ajuste y persecución judicial para acallar las voces que pueden liderar la protesta social. A ello se suma una ofensiva de las fuerzas represivas. Quieren generar una gran contrarreforma neoliberal en toda América Latina y eliminar toda posibilidad de retorno de las experiencias populares”, señaló.
Raimundi remarcó que “todo eso se nuclea en un tercer elemento que son los medios de comunicación hegemónicos, que tergiversan y le brindan protección”.
“Estas medidas de ajuste en América Latina se dan en un momento en que los países industriales no dejan de dar señales de que están en una fuerte recesión y que no han salido de las crisis. La prueba de ello está en el fracaso de la Cumbre OMC (Organización Mundial de Comercio) reunida en Buenos Aires, la postergación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Todas indicaciones de que hay un discurso de libertad comercial pero una política profundamente proteccionista. Los países desarrollados no tienen recursos para inyectar en América Latina y los gobiernos neoliberales de la región responden con ajuste interno”, explicó.
Por último, Raimundi sostuvo que “la diferencia en favor de la Argentina es que tiene una reserva de capacidad de organización y movilización popular superior a la que pueden expresar otros países, y eso se llama peronismo. Pero no peronismo en términos de estructura formal, sino de memoria simbólica del pueblo. Cuando se obturan los canales institucionales de la democracia, el peronismo abre las puertas de los canales sociales de la democracia plebeya, de la democracia asamblearia”.
Desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y tras el golpe parlamentario con el que Michel Temer se apropió del Palacio de Planalto, Argentina y Brasil dieron un brusco giro social, político y económico. El neoliberalismo volvió a ser la norma que todo lo rige. El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a imponer sus designios. Las víctimas volvieron a ser los trabajadores, los jubilados y los niños.Quitarles a los pobres para darles a los ricos, esa parece ser la premisa de dos gobiernos que actúan de manera casi calcada. La reformas previsionales y laborales impulsadas en Argentina y Brasil destruyen los derechos de los sectores más vulnerables y corroen el poder adquisitivo de los ya más que vilipendiados jubilados.
A la protesta social se responde con represión. A los referentes sociales se los estigmatiza mediáticamente y se los persigue judicialmente.
En Argentina, Macri avanza con la reforma previsional y laboral que les quita a los que menos tienen. Jubilados y trabajadores ya fueron gravemente perjudicados con la devaluación y la quita de subsidios, que provocó un aumento de hasta el 300% en los servicios de luz, gas, agua y transporte.
A la par, el presidente argentino les bajó los impuestos a los grandes exportadores de granos, que además se vieron favorecidos con la devaluación, y le perdonó la deuda a las grandes compañías eléctricas, por miles de millones de dólares. Intentó hacer lo mismo con la deuda multimillonaria que su propio padre, el empresario Franco Macri, tenía con el Estado, pero esa medida debió frenarse.
En Brasil, la reforma previsional que el golpista Temer planeaba imponer antes de fin de año debió ser pospuesta hasta 2018. El gobierno de facto no consiguió el respaldo suficiente para tener la totalidad de votos que le permitiese aprobar la medida que, sumada a la reforma laboral ya aprobada, destruye los derechos y el poder adquisitivo de los que menos tienen.
Antes de imponer estas leyes, según denunció The Guardian, el presidente Temer favoreció a las empresas Shell, BP y Premier Oil con baja de impuestos y la quita de restricciones para la explotación petrolera.
El diario británico señaló que “Gran Bretaña presionó exitosamente a Brasil en nombre de BP y Shell para abordar las preocupaciones de los gigantes del petróleo sobre la situación tributaria brasilera, las regulaciones ambientales y las normas de uso de firmas locales”.
En el artículo, el periodista Adam Vaugham aseguró que el ministro de Comercio del Reino Unido, Greg Hands, se reunió con el viceministro de Minas y Energía de Brasil, Paulo Pedrosa, y le planteó “las preocupaciones de las petroleras británicas Shell, BP y Premier Oil sobre los impuestos y licencias”.
Bien recuerda el periodista de The Guardian que “en agosto Brasil propuso un plan de desgravación fiscal multimillonario para perforación costa afuera y en octubre BP y Shell ganaron la mayor parte de las licencias de perforación en aguas profundas”.
En diálogo con Contexto, el dirigente político Carlos Raimundi aseguró que “sería un error creer que los diferentes hechos políticos que están sucediendo en América Latina corresponden a compartimentos estancos. Todos ellos tienen una estrecha vinculación. El modelo económico y la ofensiva judicial están relacionados. Hay una condena al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Hay un adelanto del fallo del tribunal de alzada para proscribir al expresidente Lula en Brasil. Hay un pedido de desafuero y detención contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Eso no está aislado de las políticas de ajuste”.
“Hay un paralelo entre políticas de ajuste y persecución judicial para acallar las voces que pueden liderar la protesta social. A ello se suma una ofensiva de las fuerzas represivas. Quieren generar una gran contrarreforma neoliberal en toda América Latina y eliminar toda posibilidad de retorno de las experiencias populares”, señaló.
Raimundi remarcó que “todo eso se nuclea en un tercer elemento que son los medios de comunicación hegemónicos, que tergiversan y le brindan protección”.
“Estas medidas de ajuste en América Latina se dan en un momento en que los países industriales no dejan de dar señales de que están en una fuerte recesión y que no han salido de las crisis. La prueba de ello está en el fracaso de la Cumbre OMC (Organización Mundial de Comercio) reunida en Buenos Aires, la postergación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Todas indicaciones de que hay un discurso de libertad comercial pero una política profundamente proteccionista. Los países desarrollados no tienen recursos para inyectar en América Latina y los gobiernos neoliberales de la región responden con ajuste interno”, explicó.
Por último, Raimundi sostuvo que “la diferencia en favor de la Argentina es que tiene una reserva de capacidad de organización y movilización popular superior a la que pueden expresar otros países, y eso se llama peronismo. Pero no peronismo en términos de estructura formal, sino de memoria simbólica del pueblo. Cuando se obturan los canales institucionales de la democracia, el peronismo abre las puertas de los canales sociales de la democracia plebeya, de la democracia asamblearia”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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