Agentes de la UDEF y periodistas del clan Villarejo coinciden en los casos Estepona, Pujol, Podemos y CNMV
El dudoso tándem que los comisarios José Luis Olivera
y José Manuel Villarejo hicieron en la Comisaría General de Policial
Judicial está grabado en algunas investigaciones que la UDEF realizó
desde 2005 hasta la salida de Mariano Rajoy del Gobierno: pruebas
escondidas, falsas o adulteradas para negocios privados y una red de
agentes que mantienen sus puestos y de periodistas que colaboraron en la
difusión de noticias tóxicas, según la Audiencia Nacional.
El comisario José Manuel Villarejo
nunca se ha cortado en explicarlo: “Volví a la Policía con la condición
de no perder mi negocio”. Y el negocio de Villarejo –que después de
jubilado fue enviado a prisión por la Audiencia Nacional- es el dinero.
Por eso, cuando en 1995 la actual ministra de Defensa, Margarita Robles,
desde su puesto de secretaria de Estado de Interior le sacó de la
Comisaría General de Información y tuvo que recolocarlo en la de Policía
Judicial, el policía tuvo que idear cómo vender lo de los trabajos a la
patria y que la rueda siguiera girando.
Y en la Comisaría General de Policía Judicial encontró un gran aliado, el compañero José Luis Olivera,
destituido como director general del Centro de Inteligencia contra la
Corrupción y el Crimen Organizado (CITCO) tras la llegada de Pedro
Sánchez al poder, pero que sigue cobrando su salario y sus medallas y,
según fuentes policiales consultadas por Público, “demasiado
tranquilo con la investigación que hay abierta. Por la Audiencia
Nacional ya ha pasado a declarar el excomisario General de Información,
Enrique Barón, porque sus agentes participaron en los seguimientos de
Kitchen; también quien fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos,
Marcelino Martín Blas, y, sin embargo, José Luis Olivera, que es una
pieza clave en los casos que se investigan -desde Estepona, Gürtel,
Catalunya, etc-, ni ha sido llamado a declarar”.
Según la relación que ha podido hacer Público con ayuda de fuentes de los diferentes procedimientos, los agentes de la UDEF
bajo las órdenes de José Luis Olivera que se han visto envueltos en la
presunta introducción de testigos o pruebas falsas, adulteradas o
filtradas a la red de periodistas vinculada con Villarejo se mantienen
activos dentro de la Policía en estos momentos.
Testigos contra PSOE y Podemos
Uno de los casos más singulares es el de la agente 89.169, que fue a Nueva York a tomar declaración al exministro chavista Rafael Isea
junto a José Ángel Fuentes Gago, uno de los pesos fuertes de la brigada
política al servicio del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Lo importante era que el huido venezolano diera datos contra Podemos, Pablo Iglesias
y sus dirigentes, aunque estos fueran falsos, pero tanto ella como él
no han tenido ninguna apertura de expediente disciplinario interna
después de conocerse su actuación en Estados Unidos hace unas semanas.
Esta misma agente, que por las grabaciones se conoce
que se llama Silvia, lleva en la UDEF desde sus orígenes y es una de las
personas de confianza de quien fuera el fundador de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera, con la llegada del
PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero al poder. Ella realizó los primeros
40 informes de la Operación Astapa, de la que Público ha
ido informando a lo largo de estos años, y por la que perdió la alcaldía
el socialista Antonio Barrientos. Lo más singular de esta actuación de
la UDEF, que venía a desmontar la corrupción en Estepona (Málaga), es
que el sustituto de Barrientos contrató de arquitecto municipal a Diego
de Lucas, que acabó como socio de Villarejo en el digital que le sirvió
para difundir noticias de la unidad de investigación económica de la
Policía.
Es más, en el origen del caso está la declaración de
un testigo que en estos momentos está imputado en Tándem por ser el
testaferro del comisario en Estepona, Juan Carlos Escribano Cárcel.
Quien toma declaración a algunos de estos testigos que surgen de la
nada para iniciar el caso Astapa, como el que será alcalde del municipio
malagueño tras Barrientos –David Veládez-, es el agente 78.777, que en
2012 tomará declaración a los testigos con los que se inicia el caso
Pujol y que cobraron de los fondos reservados, según la investigación de
la Audiencia Nacional, Javier de la Rosa y Victoria Álvarez.
Hay que sanear la UDEF y el periodismo
En diciembre de 2016, casi un año antes de que
saltara la operación pero después de que se empezaran a destapar las
maniobras del clan Villarejo y de los agentes de confianza de la
Dirección Adjunta Operativa que dirigía Eugenio Pino, una voz autorizada en movimientos financieros como la del expresidente de la CNMV Manuel Conthe, escribía un artículo titulado Hay que sanear la Udef.
Explicaba con datos y nombres cómo agentes de la UDEF habían ideado la Operación Parqué
contra la CNMV para servir a los intereses de una empresa que había
contratado al despacho de un comisario, que ahora se ha descubierto que
es el comisario José Manuel Villarejo, aunque en ese momento quienes lo
tenían que saber en la Justicia lo sabían perfectamente.
Pero señalaba una pata fundamental Conthe, la de los
periodistas que sabiendo que la información que estaban publicando era
falsa, seguían haciéndolo, y a quien denominaba “monos con metralleta”.
Entre ellos estaban Daniel Montero y Esteban Urreiztieta.
Como Público ha ido informando, la Policía y la Audiencia Nacional investigan a estos dos junto con Eduardo Inda y Alfonso Rojo
por haber podido percibir cobros económicos, en especie, vía contratos,
sueldo o en otra forma de la red del comisario Villarejo.
Y más allá de los contratos hallados en el registro y
que involucran a Rojo y Montero, presuntamente, se analiza la relación
entre los reportajes de estos periodistas y los encargos de los clientes
de Villarejo debido a que hay constancia de que el comisario ofrecía
los servicios de sus “infiltrados” en los medios. Por ejemplo, en el
caso de Daniel Montero, que llegó a ser socio del comisario, durante la
Operación Astapa publicó unas presuntas irregularidades que afectarían
al exministro de Defensa José Bono y que nunca pudieron demostrarse por
la UDEF. Y, como Eduardo Inda, ha sido receptor de todas esas presuntas
investigaciones de Villarejo que ahora se investigan como trabajos de
una organización criminal.
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