Transparencia Casi 140
ministros y altos cargos encontraron acomodo cruzando puertas giratorias desde
2014
La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en junio
propició una cascada de solicitudes para trabajar en la empresa privada por
parte de los integrantes de la administración Rajoy.
El caso más reciente es el de la exvicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el 8 de marzo recibió la autorización
para trabajar en el bufete de abogados Cuatrecasas. La exdirigente del Partido
Popular consiguió la autorización de la Oficina de Conflicto de Interés pese a
que el director del bufete, Emilio
Cuatrecasas, se libró de ir a prisión gracias a un pacto la Fiscalía y la
Abogacía del Estado cuando Santamaría era vicepresidenta.
Su caso no es el único entre los integrantes del
último Gobierno del Partido Popular. Un tercio de las personas que ocuparon un
sillón en el último Consejo de Ministros de Rajoy se apresuraron a cruzar la
puerta giratoria tras la llegada de Pedro Sánchez al poder en el pasado mes de
junio.
Ramón Escolano,
exministro de Economía, recibió en los últimos meses autorización para prestar
sus servicios a tres entidades: la consultora financiera Ernst & Young
(EY), el Colegio Universitario de Estudios Financieros y la consultora
española Llorente y Cuenca.
En su tránsito a la empresa privada, tanto Santamaría
como Escolano cruzarán la puerta giratoria acompañados de algunas caras
familiares, ya que varios altos cargos de la administración de Rajoy acabaron
en las mismas compañías que ellos. Pedro Llorente, subsecretario de
Empleo y Seguridad Social, recibió este mes de marzo autorización para
incorporarse a Cuatrecasas, al igual que Santamaría. Por su parte, Escolano
coincidirá en la consultora EY con Juan Pablo Riesgo, ex Secretario de
Estado de Empleo, que trabaja para la compañía desde diciembre.
Tanto Santamaría como Escolano cruzarán la puerta giratoria acompañados de algunas caras familiares
De vuelta al Consejo de Ministros de Rajoy, en el
listado disponible en el Portal de Transparencia puede comprobarse que el
exministro de Justicia, Rafael Català, recibió cuatro autorizaciones.
Dos para participar en los patronatos de Legalitas y del Atlético de Madrid
–cuyo presidente Enrique Cerezo está involucrado en distintas investigaciones
judiciales activas mientras Catalá era ministro– y otras para servir en despacho
de abogados Herbert Smith Freehills y como abogado del Colegio de Abogados
de Madrid.
El cuarto de los ministros del último Gobierno de
Rajoy en cruzar la puerta giratoria fue Iñigo de la Serna, antiguo
encargado de la cartera de Fomento, que se incorporó a las plantillas de Amrop
Seeliger y Conde, al Banco Interamericano de Desarrollo y al consejo asesor de
la tecnológica NEC Ibérica.
La segunda fila también cruza la puerta
giratoria
El fenómeno de la puerta giratoria se produce más allá
de la primera fila política. No sólo los ministros utilizan su paso por la
política como trampolín profesional, sino que multitud de Secretarios de Estado
y directores de distintas instituciones estatales también se suman a esta
práctica.
En este sentido destacan casos como el de Isaac
Martín Barbero, ex presidente de Ingeniería y Economía del Transporte
(Ineco), cargo del que fue cesado en septiembre de 2018. En los seis meses
transcurridos desde entonces, recibió autorizaciones para asesorar a cinco
empresas distintas. Una de ellas es Maxi Mobility Spain, la principal
sociedad con la que opera Cabify en España, con sede en Delaware.
También de modo reciente, el ex presidente del
Instituto Nacional de Estadística, Gregorio Izquierdo Llanes, recibió
autorización para ser director económico de la CEOE. La lista no se detiene
ahí. Pablo Zalba Bidegain, expresidente del Instituto de Crédito
Oficial, se sumó recientemente a la consultora Deloitte y al grupo Gerson Lehrman.
De las autorizaciones concedidas de modo reciente, uno
de los casos que mejor explica cómo funcionan las puertas giratorias es el de Agustín
Conde, que en junio fue cesado como Secretario de Estado del Ministerio de
Defensa para acabar sumándose en febrero a la plantilla de Escribano Mechanical
& Inginieering S.L, que opera en la industria armamentística.
En una línea similar se sitúan los movimientos de
Juan Antonio Carrasco, antiguo Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa,
que el verano pasado se incorporó a Airbus. A su vez, este siguió el
camino de Eugenio Ferrer, que a finales de 2017 se sumó a la empresa INDRA
tras servir como Jefe del Mando Aéreo de Combate o de Francisco García Arnaiz,
que en la misma fecha se incorporó como asesor de Global Training Aviation tras
ostentar el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
Una cascada de solicitudes
Sólo desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en
junio de 2018, la Oficina de Conflictos de Interés otorgó 80 de las 257
autorizaciones para la actividad privada de antiguos altos que constan en el
Portal de Transparencia desde 2014.
De estas 80 solicitudes, solo una se encuentra relacionada con la administración socialista: la del fugaz ministro de Cultura Máxim Huerta, que el pasado 7 de marzo recibió permiso para trabajar como presentador del programa la Cometa TV.
De estas 80 solicitudes, solo una se encuentra relacionada con la administración socialista: la del fugaz ministro de Cultura Máxim Huerta, que el pasado 7 de marzo recibió permiso para trabajar como presentador del programa la Cometa TV.
Esto se produce gracias a un vacío legal en la Ley de Incompatibilidad
Cabe destacar que no todas las autorizaciones
concedidas por la Oficina de Conflictos de Interés se enmarcan en el ejercicio
de las puertas giratorias, ya que muchas de ellas tienen que ver con la
reincorporación a un partido político de alguien que fue designado para un
cargo público o, por ejemplo, con la voluntad de un excargo para trabajar por
cuenta propia.
Sin embargo, los ejemplos anteriormente expuestos
demuestran que en muchos casos existe una relación directa entre la actividad
desarrollada por el cargo público y su nuevo destino empresarial. Esto se
produce gracias a un vacío legal en la Ley de Incompatibilidad.
Esta norma establece que “los altos cargos, durante
los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en
entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que
hayan participado”. Sin embargo, esto solo afecta a los altos cargos que
reciban una retribución fija, lo que abre la puerta a múltiples artimañas para
que las grandes empresas acaben incorporando a su plantillas a quienes hasta
hace dos días se encontraban tomando decisiones relativas a su actividad.
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