martes, 30 de octubre de 2012

Otra barbaridad de la extrema derecha extrema gobernante (no se puede decir de otra forma), privatizar la justicia, es decir justicia para los ricos, pagar por la justicia, un disparate monstruoso inadmisible, si ya hay poca justicia actualmente, con estas "leyes" la rematan, lo de la justicia será un escarnio perverso. ¡TOTALMENTE INTOLERABLE!

NO A LAS TASAS JUSTICIA PARA TOD!S ¿SABÍA QUE... ...PARA RECLAMAR EL PAGO DE UNA DEUDA DE 1.000 € DEBERÁ ABONAR UNA TASA DE 105 €? ...PARA RECURRIR ANTE LOS TRIBUNALES CUALQUIER ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ ABONAR UNA TASA MÍNIMA DE ENTRE 200 Y 350 €, SEGÚN EL TIPO DE PROCESO? ...PARA RECURRIR UNA SENTENCIA DEBERÁ ABONAR UNA TASA MÍNIMA DE ENTRE 500 Y
1.200 €, SEGÚN EL TIPO DE RECURSO Y EL ORDEN  JURISDICCCIONAL? Es fácil comprobar cómo, en la práctica, la implantación de las tasas va a suponer un grave perjuicio para los ciudadanos, suprimiendo su Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. El proyecto de Ley revisa las tasas judiciales actualmente vigentes, aplicándolas por primera vez a las personas físicas y ampliándose sustancialmente
los hechos imponibles (pues se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos
previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de los
recursos de apelación y de casación en el orden contencioso- administrativo y en el civil y de los recursos
de suplicación y de casación en el orden social) y prevé una abusiva subida de la cuantía de las tasas
judiciales, lo que limitará, dificultará y, en muchos casos, impedirá de forma manifiesta el acceso de
los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses, dejando la Justicia sólo al alcance de unos pocos.
Y ES QUE, A MAYOR COSTE, MENOR POSIBILIDAD DE  ACCESO A LA JUSTICIA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD  PARA TOD!S.  Un supuesto más concreto es el caso de un profesional  (abogado, fontanero, electricista,…) que  realiza un servicio a un cliente. Efectuado el mismo,
este profesional emite factura por dicho trabajo,  en un importe de 110 € más IVA, recibiendo cheque
como pago. Llevado el cheque al banco se le  devuelve por falta de fondos, teniendo que abonar
una comisión por dicha devolución. Hasta ese  omento el profesional, además de hacer un trabajo
por el que no ha cobrado, ha tenido que adelantar  23’10 € por IVA, ha abonado gastos por la
devolución del cheque y, si tras varios intentos  infructuosos de cobrar dicho importe, quiere ejercer
su derecho fundamental a obtener la tutela  judicial e interponer una demanda (juicio cambiario),
tendrá que adelantar 150’67 € (importe al que  habrá que añadir, en su caso, la tasa autonómica).
Evidentemente al profesional no le saldrá a cuenta instar un procedimiento judicial, no pudiendo resarcirse
por el trabajo prestado porque, en la práctica, se le  habrá anulado su derecho a la tutela judicial efectiva.
Este supuesto, que se puede dar en la práctica de forma habitual, muestra como el nuevo sistema consigue
vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva e incluso promueve actuaciones ilegítimas de quienes,
siendo conocedores de estos impedimentos,  abusen de los mismos para obtener beneficios
injustos a cargo de terceros, en este caso el cliente  a cargo del profesional.  Por otro lado, y otro ejemplo, es el alto coste de  las tasas para impugnar sentencias. Según datos  del Consejo General del Poder Judicial, en 2011  se revocaron el 36 % de las sentencias dictadas  por Juzgados de Primera Instancia y el 32,10 %
de las dictadas por los Juzgados de lo Mercantil. Actualmente ya es complicado decidirse por instar
un recurso al valorar los costes del mismo. Con el nuevo sistema, además de dichos costes (depósito
de 50 €, costas propias de ambas instancias, costas adversas también de ambas instancias), habría
que añadir la suma de 800 € más el diferencial correspondiente. Esto supone que, para asuntos de
no gran envergadura, que son los que afectan a las clases medias y las más desfavorecidas de nuestra
sociedad, resulte inviable económicamente instar una apelación, teniendo en cuenta además que no
todos los ciudadanos pueden disponer del inmediato pago de dicho importe. ¡TOD!S TENEMOS
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE NUESTROS INTERESES! ¡NO A L!S CIUDADAN!S DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE!  ¡NO A LA JUSTICIA SOLO PARA RIC!S!
¡NO A DOS JUSTICIAS EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS! ¿Está Ud. dispuesto a aceptar la imposición generalizada y abusiva de tasas para poder acceder a la Justicia y poder defender sus derechos e intereses  legítimos? Si no lo está, le animamos a que participe en los distintos actos e iniciativas que se van a programar y desarrollar en los próximos días como muestra de rechazo al referido proyecto de ley de inminente aprobación, pues sólo entre todos podemos hacer que éste no sea una lamentable realidad.


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