Toni Martínez/La Marea
La iniciativa buscaba instaurar, en una misma empresa, el salario máximo no superase 12 veces el salario del empleado que menos cobra. Además, se pedía al Ejecutivo que mantuviese esa misma proporción en “todos los sueldos del sector público de cualquier tipo”.
El Partido Popular ha rechazado la propuesta, con el argumento de que “resultaría contrario al principio de libertad de empresa”.
Para el grupo parlamentario popular “adoptar esta medida en solitario
supondría un desincentivo para que las empresas se instalasen aquí y
podría provocar la huida de otras”.
Por su parte Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso, justificó su propuesta en que “lo que se pretende es quelo ganado por un directivo en un mes no supere lo ganado por un trabajador en un año”.
La propuesta tumbada en Suiza
El pasado domingo, Suiza celebró un referéndum sobre
si se debía limitar los salarios, en la misma proporción de la
planteada por la PNL. El resultado fue de un 65% de votos a favor y 35%
en contra. Pese a ello, Tardà confía en que “la cuestión está planteada y
se volverá a plantear en los próximos años”. “En España, en el inicio
de la crisis, la diferencia salarial era de 1/23 y ahora es de 1/25”,
continuó el diputado, quien recordó “caos como el de César Alierta o
Florentino Pérez, que gana 147 veces más que el que menos gana de su
empresa”.
La proposición ha contado con el apoyo del PSOE, quien en boca de su diputada canaria, Patricia Hernández,
ha lanzado una pregunta al aire: “¿Estamos dispuesto a que una persona
trabaje y no llegue a fin de mes, mientras otras personas de su misma
empresa cobran 20 veces más?”.
También ha votado a favor la Izquierda Plural, “pese a reconocer las dificultades de ordenamiento”. Su portavoz,Joan Coscubiela,
ha expresado que “tenemos que crear iniciativas que aborden ese
problema, tanto en la empresa pública, que sería más fácil, como en el
de la empresa privada”.
En contra se han manifestado CiU y UPyD. Los
nacionalistas han pedido un debate “con más tranquilidad y de forma más
extensa” y han alertado del peligro “de querer regularlo todo”. Por su
parte, Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha justificado su voto en contra “por
la rigidez y por los efectos contraproducentes que puede provocar”.
Además, han recordado que “no todos los salarios altos corresponden a privilegios, también al talento”.
http://www.lamarea.com/2013/11/26/sueldos-iu/
jueves, 28 de noviembre de 2013
La magnitud del espionaje estadounidense explicada en gráficos LA RED CINCO OJOS: EL GRAN HERMANO PLANETARIO ( VÍDEO REPORTAJE).
La magnitud del espionaje estadounidense explicada en gráficos.
LA RED CINCO OJOS: EL GRAN HERMANO PLANETARIO ( VÍDEO REPORTAJE)
Funcionarios de los servicios secretos de Estados Unidos y del Reino Unido están preocupados por los archivos de información secreta que Edward Snowden guarda en una nube y que supuestamente se desbloquearían en caso de que le llegue a suceder algo.
En ese 'escondite' es donde el excolaborador de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) oculta documentos y nombres de agentes secretos de EE.UU. y de sus aliados, según siete funcionarios de EE.UU. ya retirados o en activo y otras fuentes citadas por la agencia Reuters.
Los datos están protegidos por un sofisticado cifrado y hacen falta múltiples contraseñas para acceder a ellos, según una de las fuentes anónimas.
Las contraseñas están en posesión de al menos tres personas desconocidas y están vigentes solo durante un breve lapso de tiempo diariamente.
Una de las fuentes describió el escondite virtual de materiales todavía no publicados como "póliza de seguros" de Snowden contra un arresto o daño físico.
VÍDEO:
Algunas reflexiones sobre el itinerario político de Izquierda Unida
Algunas reflexiones sobre el itinerario político de Izquierda Unida
IU ENTRA EN EL PODER JUDICIAL. ¿VAMOS HACIA EL TRIPARTIDISMO?
Por Manuel Medina - Canarias Semanal
Quienes sueñan con un poder judicial "independiente" y neutro en relación con todo aquello que acontece a nuestro alrededor fantasean con una quimera inexistente. El poder judicial forma
parte de la superestructura del Estado. Y el Estado es un instrumento
de aquellas clases sociales que lo dominan. Esto ha sido así desde que
la sociedad humana se dividió en grupos sociales con intereses
contrapuestos. Las clases socialmente hegemónicas requirieron de un
instrumento represivo que les sirviera para preservar sus intereses.
Para satisfacer esa necesidad aparecieron los ejércitos, la policía, la
administración estatal, la judicatura, etc. El poder judicial es, pues, una expresión más de los intereses económicos dominantes
en una sociedad dada. Y mientras las clases sociales existan seguirá
siendo así. Eso no significa, sin embargo, que en alguna circunstancia
excepcional un gozne secundario del aparato judicial pueda dejar de
cumplir la función que se le habia adjudicado. Cuando se produce esa
eventualidad, el sistema se encuentra suficientemente entrenado por
siglos de experiencia para proceder al "engrase" de la pieza "averiada" o a su sustitución si corresponde.
Viene a cuento esta
reflexión porque la pasada semana , como suele suceder cada vez que
reglamentariamente corresponde, los dos partidos que se turnan en el
control del gobierno y de sus instituciones - no del poder, que es otra cosa diferente - procedieron al reparto de sus representantes en un órgano denominado "Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ).
Controlar esta institución no cambia nada esencial en la orientación
del aparato judicial . Este, independientemente de cuál sea el
partido que domine sus órganos rectores, seguirá cumpliendo la
función que le otorgaron quienes diseñaron la Constitución y la
estructura del Estado monárquico durante la llamada "Transición".
Es decir, la de proteger los intereses y privilegios de las clases
hegemónicas. Si en alguna época esto ha quedado expresado con nítida
claridad es en la que actualmente estamos viviendo.
En el curso de los últimos
años , los efectos de la crisis económica del capitalismo han servido de
detonante para la agudización de las contradicciones sociales. A
decenas de miles de personas se las ha privado de sus hogares por
imperativo de los intereses bancarios. Varios millones de asalariados
han sido arrojados a la calle al llamado de las grandes patronales . La
propia Constitución ha sido sometida a una fulminante modificación
por expresa imposición de la gran banca europea. En ninguna de estas
circunstancias las supremas instituciones de la judicatura actuaron en
contra de estas disposiciones evidentemente injustas y que afectaban
gravemente a la vida de millones de personas . No podían hacerlo
porque no son ni neutrales ni independientes.
EL JUEGO PARTITOCRÁTICO
Sin embargo, que una organización política u otra domine en el seno del CGPJ sí
es importante en el escenario del juego partitocrático que caracteriza
en la actualidad a la vida política en el Estado español . De que la
mayoría de los miembros del CGPJ sea proclive al PSOE o al PP
dependerá que una u otra organización pueda defender mejor o peor
sus posiciones, intereses partidarios o corruptelas dentro de las
instituciones. En el marco de un aparato del Estado en el que todas las
instituciones que lo componen están seriamente resquebrajadas por la
corrupción política, controlar las decisiones del poder judicial
se convierte en una tarea esencial para los partidos que se turnan en el
gobierno. Eso es lo que explica, y no otras razones, la ferocidad
mostrada por el binomio PP - PSOE a la hora de repartirse influencias en el seno del Consejo General del Poder Judicial. El significado que tienen tales pactos y repartos
es evidente: los jueces que investigarán los numerosísimos casos de
corrupción que afectan a los partidos políticos del sistema están
gobernados por una institución a cuyos miembros los nombran los propios
partidos investigados .
IU SE ABRE UN HUECO EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA
No obstante, en la presente
legislatura una novedad ha venido a añadirse al escenario de las peleas
cainitas - pues de hermanos institucionales se trata - en el prorrateo
de las poltronas del Poder Judicial. Izquierda Unida, que reiteradamente se ha rasgado las vestiduras abjurando y reabjurando del ignominioso reparto mediante el cual el bipartidismo ha impuesto su control sobre el Poder Judicial, ha terminado también entrando de lleno en ese mismo juego. En el saqueo del botín que se ha convertido el asalto al Consejo General del Poder Judicial, la coalición que dirige Cayo Lara ha obtenido un representante. El peso del que dispondrá IU en
esa institución es, pues, absolutamente insignificante. Sin capacidad
operativa alguna, su representación queda ridículamente
capitidisminuida en una "asamblea" compuesta por 20 vocales.
Pero, en cualquier caso, lo esencial de este paso de IU no es, ni mucho menos, el peso con el que contará en esa institución del sistema monárquico, sino la relevante significación política que tiene su presencia en la misma. Valdría la pena que hiciéramos algunas breves consideraciones al respecto.
HITOS DE UNA TRAYECTORIA
Con cierta aparente ingenuidad, días atrás, en un artículo titulado "Asaltar el palacio de invierno" y publicado en el digital Rebelión, el profesor Rafael Escudero
se preguntaba sorprendido por las razones que han llevado a esta
fuerza política a entrar en el espurio pacto que tanto había criticado
en el pasado. Ignoramos si el profesor Escudero conocía esas razones o al menos las intuía. En cualquier caso, la interrogante del Sr. Escudero nos da la oportunidad de hacer un repaso a algunas de ellas.
La historia de IU - y del PCE
- durante las últimas décadas ha sido una historia de renuncias
encubiertas. La dirección de ambas formaciones creyó que la
estabilidad de la llamada "sociedad del bienestar" iba
a proyectarse indefinidamente en el tiempo. Las clases sociales en el
capitalismo - pensaban - habían perdido su estructuración clásica y
ello les obligaba a cambiar de presupuestos ideológicos. La clase
trabajadora - según esa visión - había dejado de ser el sujeto
principal para que se pudieran producir transformaciones sociales. La
revolución en el sentido histórico del concepto había perdido todo su
sentido. Los cambios ahora debían de ser "graduales" y necesariamente ejecutados dentro de los marcos institucionales de la propia "democracia" burguesa.
Estas concepciones -
relativamente nuevas en la historia del marxismo español pero viejísimas
en el movimiento obrero internacional - provocaron un corrimiento
ideológico no solo en IU y en el PCE, sino también en la socialdemocracia española y en los sindicatos CCOO y UGT. El desplazamiento fue, en general, hacia posiciones de derechas. El PSOE simplemente se adscribió a la práctica neoliberal del
momento. Los dos grandes sindicatos siguieron también por esa senda que
compartieron con los sindicatos europeos. Y las direcciones del PCE e IU creyeron encontrar la oportunidad para ocupar el espacio expedito abandonado por la socialdemocracia.
Cuando se produce la crisis económica y el tsunami del 15 M ocupa las calles del Estado español, a Izquierda Unida estos nuevos fenómenos la sorprenden con el paso cambiado y al PCE en almoneda. Decenas de miles de personas en todo el Estado se echan a la calle, ante la sorpresa y desconfianza de la izquierda histórica. Hay quienes, incluso, desde sus filas llegan a interpretar aquel movimiento espontáneo de masas como "una conspiración del poder". No es el caso de IU,
que en una tentativa de oportunismo electoralista trata de
incorporarse al movimiento. Algunos de sus representantes se integraron,
incluso, en sus asambleas. Pero, en no pocos casos, la aparición de
sus principales líderes en las movilizaciones del 15M fue ruidosamente contestada por quienes las integraban, al interpretar éstos que esa organización política también formaba parte del sistema al que de manera confusa trataban de combatir.
ATRAPADOS EN SUS PROPIAS CONTRADICCIONES
Desde esas fechas a ahora, IU
ha quedado atrapada en una dramática contradicción entre lo que quiere
aparentar ser y lo que realmente es. Desea aparecer ante los
trabajadores, los jóvenes y los movimientos sociales como una formación
revolucionaria que realmente quiere transformar esta sociedad. De ahí
que en sus eslóganes electorales empezaran a reclamar en las últimas
convocatorias electorales una confusa y difusa "rebelión" social que concluía, justamente, cuando terminaban aceptando sumisamente y por "imperativo legal" los recortes impuestos por el PP.
Pero por otra parte, IU es consciente de que la dimensión exclusivamente electoral de su oferta no debe provocar temor en los sectores más moderados, potenciales desertores de las urnas del PSOE . Esa es una de las razones por las que la dirección de la coalición se sitúa de manera equidistante en relación con las luchas radicales protagonizadas , incluso, por integrantes de esa misma coalición, como es el caso de las ocupaciones de tierras y supermercados a cargo de los jornaleros andaluces, encabezados por los dirigentes campesinos Sánchez Gordillo y Cañamero . "Estoy de acuerdo con el fondo, aunque no con la forma", llegó a declarar sibilinamente a la prensa el coordinador de IU,Cayo Lara, en relación con el tema.
Pero por otra parte, IU es consciente de que la dimensión exclusivamente electoral de su oferta no debe provocar temor en los sectores más moderados, potenciales desertores de las urnas del PSOE . Esa es una de las razones por las que la dirección de la coalición se sitúa de manera equidistante en relación con las luchas radicales protagonizadas , incluso, por integrantes de esa misma coalición, como es el caso de las ocupaciones de tierras y supermercados a cargo de los jornaleros andaluces, encabezados por los dirigentes campesinos Sánchez Gordillo y Cañamero . "Estoy de acuerdo con el fondo, aunque no con la forma", llegó a declarar sibilinamente a la prensa el coordinador de IU,Cayo Lara, en relación con el tema.
Asimismo, los dirigentes de la
coalición juegan con una intencionada ambigüedad a la hora de enjuiciar
políticamente al régimen monárquico resultante del pacto constitucional del 78. Se declaran republicanos, pero simultáneamente Cayo Lara manifiesta que "al socialismo es posible llegar a través de la constitución monárquica". Al igual que hace el PSOE , IU confiesa tener un corazón republicano, pero en su práctica política es incapaz de distanciarse de la monarquía.
Desde el punto de vista histórico y político, el enjuiciamiento del proceso de la denominada "Transición"
es clave. Y no solo para entender cómo la burguesía española logró
enlazar su dominio desde el régimen franquista hasta la monarquía
juancarlista, sino también para establecer cuáles deben de ser hoy
los objetivos políticos prioritarios en la lucha de los sectores
populares y los movimientos sociales que se están gestando. La
dirigencia de Izquierda Unida, una parte de la cual fue
protagonista principal de aquella fraudulenta operación, ha eludido
realizar una valoración abierta, sincera y pública sobre aquellos
pactos. Flirtean con el equívoco cuando algún diputado de la coalición,
como Alberto Garzón, habla de "los errores" cometidos durante la "Transición", mientras que otros, como Willy Meyer, expresan su orgullo por haber defendido aquel infame contubernio realizado
a espaldas de la voluntad de sus propias bases. La dualidad de este
posicionamiento no es inocente. Lejos de evidenciar posicionamientos
ideológicos antagónicos en el seno de la organización, no tiene otro
propósito que ampliar el espectro de apoyo a la coalición, sumando a
los que piensan de una manera y su contraria. Este tipo de técnicas
electoralistas, que en estos treinta últimos años han llegado a
imponerse como "naturales", forma parte hoy de la mercadotecnia electoral de las "democracias" burguesas occidentales.
¿ENTRE ESCILA Y CARIBDIS?
De IU no se puede decir siquiera que haya emprendido una singladura tenebrosa entre Escila y Caribdis. El rumbo político de Izquierda Unida y del PCE está muy bien definido. Sus objetivos nos lo han adelantado con la experiencia andaluza.
Para una formación cuyas aspiraciones están circunscritas a la
ocupación de un definido espacio electoral, su horizonte político no
puede llegar nunca más allá de la próxima esquina. Y desde la
perspectiva electoralista de IU no hay otra esquina más que la del PSOE.
Todos sus esfuerzos estarán encaminados a ese fin, aunque en el curso
de la trayectoria necesiten encubrir y travestir sus propósitos.
Entre otras razones, porque por experiencias pasadas los dirigentes de
la coalición son conscientes de que los electores suelen preferir el
original al duplicado.
Con su "puesta de largo" institucional en el CGPJ, pues, la coalición Izquierda Unida ha tratado de adelantarnos la inauguración de una nueva etapa en el régimen político de la monarquía: la del tripartidismo. Otra cosa será que las eventualidades electorales y circunstancias no calculables permitan o no que esta se consolide.
miércoles, 27 de noviembre de 2013
El Partido Popular, CiU y UPyD rechaza limitar por ley los sueldos máximos.
El Partido Popular, CiU y UPyD rechaza limitar por ley los sueldos máximos
por Kaos. Laboral y economía
Miércoles, 27 de Noviembre de 2013 18:30
Ni siquiera se debatirá en el Congreso de los Diputados. La mayoría
del PP ha tumbado, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una
Proposición no de Ley (PNL) del grupo mixto, presentada por ERC, en la
que se instaba al Gobierno a “establecer un techo salarial máximo” en
las empresas.
La Coordinadora 25 S: Convocan un nuevo "Rodea el Congreso" para el 14 de Diciembre de 2013 en protesta contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
Convocan un nuevo "Rodea el Congreso" para el 14 de Diciembre en protesta contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
por Coordinadora 25S
Miércoles, 27 de Noviembre de 2013 04:13
Ante este ataque, la Coordinadora 25s considera que hay que impulsar
una movilización lo más amplia y unitaria posible, que consiga de
verdad frenar esta escalada de autoritarismo protofascista. Convocan un
nuevo acto de protesta rodeando el Congreso para el sábado 14 de
diciembre.
El
próximo viernes día 29 de noviembre, si no vuelve a haber retrasos, el
Gobierno de Mariano Rajoy aprobará el proyecto de la nueva “Ley de
Seguridad Ciudadana”.
También
nos han anunciado que aprobarán próximamente otro proyecto de ley sobre
los servicios mínimos que será una ley contra el Derecho de la Huelga.
Asimismo serán anunciados nuevos recortes presupuestarios, hasta 30.000
millones de euros, y una nueva reforma laboral.
Una
vez desmantelados los servicios públicos para ser entregados al
capital especulativo: Sanidad, Educación, Dependencia… y liquidados los
derechos sociales y civiles: Laborales, igualdad, aborto…
retrotrayéndonos al tardofranquismo, el gobierno pone ahora en marcha un
conjunto de medidas legislativo- represivas, cuya única finalidad es amordazar a la sociedad e intentar impedir la expresión del rechazo a su política.
El
conjunto de recortes y privatizaciones sufridas, apuntaladas por las
nuevas leyes de claro carácter fascista anunciadas por el PP, son una
auténtica declaración de Guerra al Pueblo. El Régimen lleva adelante una
brutal agresión contra nuestros derechos y libertades fundamentales.
Desde
la Coordinadora 25s consideramos que este ataque tiene que tener una
respuesta contundente. Sabemos que tiene mayoría en el Congreso, pero ni
el PP ni mucho menos su política tienen el apoyo de la mayoría social.
La mayoría del Pueblo está, lo dicen reiteradamente las encuestas de
opinión, en contra de este proceso de venta de nuestras vidas al gran
capital especulativo y de radicalización del Estado, para convertirlo en
una Dictadura Parlamentaria. Si conseguimos que ese Pueblo se movilice,
no se saldrán con la suya.
La
nueva “Ley de Seguridad Ciudadana” instaura un Régimen de
Dictadura Parlamentaria, que de llevarse adelante, impedirá que podamos
ejercer las más elementales libertades.
Pongamos
algunos ejemplos: La grabación y difusión de imágenes de agentes de las
fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo, pueden suponer
multas de entre 30.001 a 600.000 euros. La celebración de
concentraciones ante instituciones del Estado, que incluyen a los
Tribunales y a los Parlamentos Autonómicos, aunque en ese momento no
tengan actividad, también supondrán multas de entre 30.001 a 600.000
euros.
Los escraches
a cargos públicos o la perturbación del orden en actos
públicos, religiosos o deportivos también pueden suponer multas entre
30.001 a 600.000
euros. Participar en una manifestación encapuchado, es decir llevando
puesta una sudadera, puede suponer de 1.001 a 30.000 euros.
Coaccionar,
vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de la policía, es
decir cualquier gesto o comentario verbal que no sea de su agrado, puede
ser multado de 1.001 a 30.000 euros.
Los
daños a mobiliario urbano como papeleras o contenedores así como
obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros utensilios, supondrá
también multas de 1.001 a 30.000 euros.
La
misma cuantía de multas recibirán los que realicen escaladas
de edificios para colocar pancartas o cualquier otra actividad, que
tenga como finalidad la protesta. Todas estas sanciones no requerirán
ser refrendadas por un juez, eliminando así la última garantía
democrática.
Ante
este ataque, la Coordinadora 25s considera que hay que impulsar
una movilización lo más amplia y unitaria posible, que consiga de verdad
frenar esta escalada de autoritarismo protofascista. Para ello,
convocamos una concentración en Génova, el viernes día 29 de noviembre a
las 19h, para posteriormente salir en manifestación. Asimismo nos comprometemos a poner en marcha ya, la organización de un nuevo “Rodea el Congreso” para el sábado 14 de diciembre.
Para
poner en marcha ese proceso de organización, convocamos para el sábado
30 a las 12 de la mañana, en un lugar que comunicaremos con tiempo
suficiente, a todas las organizaciones y colectivos que participaron en
el primer Rodea el Congreso y aquellas otras que se quieran sumar a esta
nueva edición.
Exigimos
también a todas las fuerzas políticas que se planten sin
concesiones ante los abusos de poder de un gobierno que, amparado por
una mayoría absoluta conseguida engañando hasta a sus propios votantes,
está maltratando al pueblo y ejerciendo una auténtica dictadura. De no
ser así, deberán ser considerados cómplices y culpables de este Golpe de
Estado a la población. También tienen una responsabilidad que no puede
limitarse a criticar las actuaciones del gobierno mientras aceptan la
instauración de una Dictadura Parlamentaria.
Hay
que conseguir que este Rodea el Congreso sea un éxito pleno,
que contribuya de forma cualitativa a frenar el avance de ese “jaque al
Pueblo” que es lo que realmente significa esa nueva “Ley de Seguridad
Ciudadana”.
CONVOCATORIAS:
- Viernes 29 de noviembre, 19h concentración en Génova y posterior salida en manifestación Génova-Callao-Neptuno.
-
Sábado 30 de noviembre, 12h reunión de organizaciones y
colectivos convocados por la Coordinadora 25S para organizar el Rodea
el Congreso (lugar por determinar)
- Sábado 14 de diciembre, ¡Rodea el Congreso!
Las dos versiones distintas de lo que es España.
Dos versiones distintas de lo que es España
Vicenç Navarro
|
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
nuevatribuna.es |
23 Noviembre 2013 - 13:28 h.
En España ha habido siempre dos
concepciones de España. Una que monopoliza el concepto de nación,
“patria indivisible de todos los españoles” y que, centrada en Madrid,
su capital, excluye y niega que haya otras naciones, a las cuales
considera en la práctica como regiones de España. Tiene una visión
radial de España, y es heredera de la España de siempre, la España
imperial que conquistó América Latina e impuso su cultura, lengua y
civilización. Originalmente, tenía una concepción racista, lo cual se
reflejó en el hecho de que durante muchos años se definiera el Día
Nacional, el 12 de octubre, como el Día de la Raza, celebrando así la
conquista de América Latina.
Los máximos herederos de esta versión de España han sido el Ejército y la Iglesia española, aunque una versión más moderada está ampliamente extendida en los establishments políticos y mediáticos españoles, basados en Madrid. Esta visión, profundamente nacionalista y excluyente, fue la que ganó la Guerra Civil, y era la de los que se llamaron a sí mismos “los nacionales”, que consideraban que defendían a la Patria española contra “los rojos” y contra “los separatistas”, definiendo como tales a aquellos que no eran nacionalistas españolistas (ver mi artículo El nacionalismo españolista). La mayoría de las derechas en España han promovido siempre este nacionalismo españolista, aunque sectores de las izquierdas también han hecho suya una versión ligeramente modificada de esta España. Es esta España la que aparece en la Constitución, que la define como una nación única, patria indivisible de los españoles, asignando al Ejército (es decir, a la fuerza física) la misión de imponer esta concepción de España.
Pero ha habido en la historia de España otra visión de España, la España con raíces republicanas que se creía constituida por varias naciones, con una visión no radial sino policéntrica y poliédrica, en la que distintos pueblos y naciones pudieran convivir fraternalmente sin exclusiones, y con el respeto a la diversidad, acentuando la riqueza de dicha diversidad. Esta visión veía a España como una España plurinacional y policéntrica. Como ocurre en varios países federales y confederales en los que he vivido, las administraciones del Estado central pueden estar en otras capitales distintas a las del centro (en EEUU, la Seguridad Social no tiene la sede en Washington, sino en Baltimore. Y el Centro Federal de Investigación y Vigilancia Sanitaria en Atlanta. Y así un largo etcétera). Hay una larga historia de esta otra versión, más arraigada en las izquierdas, por cierto, que en las derechas, y, como es de esperar, más desarrollada en la periferia que en el centro.
En Catalunya, históricamente todas las tradiciones de izquierda, desde la anarcosindicalista a la socialista y comunista, han tenido esta otra visión de España, en la que la pertenencia de Catalunya a esta España estaría corroborada por la voluntad democrática de su pueblo. Históricamente, todas las mayores fuerzas de izquierda catalanas han defendido la autodeterminación de Catalunya (sorprenderá a muchos lectores que las izquierdas en España también habían apoyado este derecho durante la clandestinidad). En su versión más reciente, el Presidente de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall fue la figura más visible de esta visión de España, y fue su intento, fallido, el de convencer al socialismo español de aceptar la posibilidad de establecer esta otra versión de España. Sus dificultades fueron enormes, pues casi nadie, en realidad nadie en el socialismo español, quería hablar de esta otra versión, lo cual no deja de ser sorprendente porque, tal como acabo de resaltar, el PSOE, durante su clandestinidad, había aceptado esta versión poliédrica, plurinacional, de España. Y lo mismo había ocurrido con el Partido Comunista español.
El hecho de que abandonaran dicha versión de España se debió primordialmente a las presiones de la Monarquía, heredera de la Dictadura, y del Ejército (el heredero del Ejército golpista del 36). La Transición, lejos de ser modélica, fue muy inmodélica, pues se hizo en términos de un desequilibrio enorme de fuerzas, ya que las fuerzas ultraconservadoras que habían controlado el Estado durante la dictadura tenían un enorme dominio de tal Estado y de la mayoría de medios de información. Las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas, sin embargo, acababan de salir de la clandestinidad. La Transición no fue, por lo tanto, resultado de un proceso equilibrado, sino de un proceso dominado por las fuerzas ultraconservadoras y supervisado por la Monarquía y por el Ejército. De ahí que la Constitución fuera resultado de ese desequilibrio.
Es lógico que en estas circunstancias las fuerzas conservadoras impusieran su versión de España, la nacionalista españolista. Repito, pues, que la España de la Constitución es la España de una sola nación (por mucho que hable de nacionalidades), patria indivisible de todos los españoles, negando el carácter plurinacional del Estado español. Asignaba al Ejército la responsabilidad de garantizar esta unidad y esta visión nacional y nacionalista del Estado español. La constante referencia a la Constitución como la pared que no se puede saltar, frenando todo proceso de cambio de aquella visión de España, y la constante cantinela de que “no está en la Constitución” o “la Constitución no lo permite”, son la excusa para la perpetuación de este nacionalismo. Y cada vez que se pronuncia, está la imagen del Ejército, que no permitiría otra España.
Es más que paradójico y sumamente incoherente que este argumento lo utilicen también voces de izquierda. Esta alianza pseudopatriótica ente los herederos de los vencedores y estas voces de izquierda (excluyendo como españoles a los miles que lucharon por otra España) es un escarnio a los que lucharon contra la Dictadura para establecer una España republicana, que la había derrotado para impedir la aparición de esta otra versión de España. En realidad, este bloque supuestamente superpatriota es un bloque que defiende intereses particulares bien visibles y reconocibles. Tienen su centro en el establishment madrileño, uno de los mayores beneficiarios de aquel nacionalismo españolista que tiene una concepción radial del Estado. Hoy, ir en tren de Barcelona a Madrid lleva poco más de dos horas. Ir de Barcelona a Bilbao, la misma distancia, lleva algo más de seis horas. Naturalmente que el establishment españolista, basado en Madrid, no ve ninguna explotación en este hecho (y me estoy refiriendo críticamente al establishment españolista basado en Madrid y no a la excelente población madrileña a la que tengo en mayor estima y aprecio).
El hartazgo con el nacionalismo españolista
El comportamiento de la derecha postfranquista, hoy en el gobierno central, con la ayuda de las voces del nacionalismo excluyente de izquierdas (que cepillaron el Estatuto para que estuviera conforme con la Constitución supervisada por el Ejército) ha ha creado un hartazgo tal en Catalunya que solo una minoría de la población está a favor de mantener la situación tal como está. Y un 82% desea tener voz para decidir cuál es la articulación institucional deseada entre Catalunya y el resto de España. Y es obvio que la intransigencia del establishment político-mediático españolista está radicalizando a la población. Hay muchísima gente que se siente tanto española como catalana, y que hoy está concluyendo que no quiere ser parte de este Estado español que no acepta ninguna otra versión de España que la que existe hoy. Y de ahí surge el enorme crecimiento del movimiento independentista. El establishment españolista basado en Madrid es una fábrica de independentistas. Es interesante ver el miedo de dicho establishment a que haya un referéndum en Catalunya para conocer lo que la población catalana desea. La gran mayoría de gente en Catalunya desea que se realice tal referéndum. ¿Por qué el gobierno central y el PSOE tienen tanto miedo a ese referéndum? Supongo que debe ser porque asumen que ganaría la independencia. Personalmente, no creo que el resultado fuera este. Pero lo que sí sé es que si saliera independencia, sería resultado del enorme hartazgo, bien merecido, del enorme domino del nacionalismo españolista en el Estado español. No es en Catalunya, sino en el resto de España, donde hay que buscar las causas del crecimiento del independentismo. Esto es también obvio. Pero, predeciblemente, esto es demasiado complejo para que el establishment político-mediático españolista lo entienda.
Los máximos herederos de esta versión de España han sido el Ejército y la Iglesia española, aunque una versión más moderada está ampliamente extendida en los establishments políticos y mediáticos españoles, basados en Madrid. Esta visión, profundamente nacionalista y excluyente, fue la que ganó la Guerra Civil, y era la de los que se llamaron a sí mismos “los nacionales”, que consideraban que defendían a la Patria española contra “los rojos” y contra “los separatistas”, definiendo como tales a aquellos que no eran nacionalistas españolistas (ver mi artículo El nacionalismo españolista). La mayoría de las derechas en España han promovido siempre este nacionalismo españolista, aunque sectores de las izquierdas también han hecho suya una versión ligeramente modificada de esta España. Es esta España la que aparece en la Constitución, que la define como una nación única, patria indivisible de los españoles, asignando al Ejército (es decir, a la fuerza física) la misión de imponer esta concepción de España.
Pero ha habido en la historia de España otra visión de España, la España con raíces republicanas que se creía constituida por varias naciones, con una visión no radial sino policéntrica y poliédrica, en la que distintos pueblos y naciones pudieran convivir fraternalmente sin exclusiones, y con el respeto a la diversidad, acentuando la riqueza de dicha diversidad. Esta visión veía a España como una España plurinacional y policéntrica. Como ocurre en varios países federales y confederales en los que he vivido, las administraciones del Estado central pueden estar en otras capitales distintas a las del centro (en EEUU, la Seguridad Social no tiene la sede en Washington, sino en Baltimore. Y el Centro Federal de Investigación y Vigilancia Sanitaria en Atlanta. Y así un largo etcétera). Hay una larga historia de esta otra versión, más arraigada en las izquierdas, por cierto, que en las derechas, y, como es de esperar, más desarrollada en la periferia que en el centro.
En Catalunya, históricamente todas las tradiciones de izquierda, desde la anarcosindicalista a la socialista y comunista, han tenido esta otra visión de España, en la que la pertenencia de Catalunya a esta España estaría corroborada por la voluntad democrática de su pueblo. Históricamente, todas las mayores fuerzas de izquierda catalanas han defendido la autodeterminación de Catalunya (sorprenderá a muchos lectores que las izquierdas en España también habían apoyado este derecho durante la clandestinidad). En su versión más reciente, el Presidente de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall fue la figura más visible de esta visión de España, y fue su intento, fallido, el de convencer al socialismo español de aceptar la posibilidad de establecer esta otra versión de España. Sus dificultades fueron enormes, pues casi nadie, en realidad nadie en el socialismo español, quería hablar de esta otra versión, lo cual no deja de ser sorprendente porque, tal como acabo de resaltar, el PSOE, durante su clandestinidad, había aceptado esta versión poliédrica, plurinacional, de España. Y lo mismo había ocurrido con el Partido Comunista español.
El hecho de que abandonaran dicha versión de España se debió primordialmente a las presiones de la Monarquía, heredera de la Dictadura, y del Ejército (el heredero del Ejército golpista del 36). La Transición, lejos de ser modélica, fue muy inmodélica, pues se hizo en términos de un desequilibrio enorme de fuerzas, ya que las fuerzas ultraconservadoras que habían controlado el Estado durante la dictadura tenían un enorme dominio de tal Estado y de la mayoría de medios de información. Las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas, sin embargo, acababan de salir de la clandestinidad. La Transición no fue, por lo tanto, resultado de un proceso equilibrado, sino de un proceso dominado por las fuerzas ultraconservadoras y supervisado por la Monarquía y por el Ejército. De ahí que la Constitución fuera resultado de ese desequilibrio.
Es lógico que en estas circunstancias las fuerzas conservadoras impusieran su versión de España, la nacionalista españolista. Repito, pues, que la España de la Constitución es la España de una sola nación (por mucho que hable de nacionalidades), patria indivisible de todos los españoles, negando el carácter plurinacional del Estado español. Asignaba al Ejército la responsabilidad de garantizar esta unidad y esta visión nacional y nacionalista del Estado español. La constante referencia a la Constitución como la pared que no se puede saltar, frenando todo proceso de cambio de aquella visión de España, y la constante cantinela de que “no está en la Constitución” o “la Constitución no lo permite”, son la excusa para la perpetuación de este nacionalismo. Y cada vez que se pronuncia, está la imagen del Ejército, que no permitiría otra España.
Es más que paradójico y sumamente incoherente que este argumento lo utilicen también voces de izquierda. Esta alianza pseudopatriótica ente los herederos de los vencedores y estas voces de izquierda (excluyendo como españoles a los miles que lucharon por otra España) es un escarnio a los que lucharon contra la Dictadura para establecer una España republicana, que la había derrotado para impedir la aparición de esta otra versión de España. En realidad, este bloque supuestamente superpatriota es un bloque que defiende intereses particulares bien visibles y reconocibles. Tienen su centro en el establishment madrileño, uno de los mayores beneficiarios de aquel nacionalismo españolista que tiene una concepción radial del Estado. Hoy, ir en tren de Barcelona a Madrid lleva poco más de dos horas. Ir de Barcelona a Bilbao, la misma distancia, lleva algo más de seis horas. Naturalmente que el establishment españolista, basado en Madrid, no ve ninguna explotación en este hecho (y me estoy refiriendo críticamente al establishment españolista basado en Madrid y no a la excelente población madrileña a la que tengo en mayor estima y aprecio).
El hartazgo con el nacionalismo españolista
El comportamiento de la derecha postfranquista, hoy en el gobierno central, con la ayuda de las voces del nacionalismo excluyente de izquierdas (que cepillaron el Estatuto para que estuviera conforme con la Constitución supervisada por el Ejército) ha ha creado un hartazgo tal en Catalunya que solo una minoría de la población está a favor de mantener la situación tal como está. Y un 82% desea tener voz para decidir cuál es la articulación institucional deseada entre Catalunya y el resto de España. Y es obvio que la intransigencia del establishment político-mediático españolista está radicalizando a la población. Hay muchísima gente que se siente tanto española como catalana, y que hoy está concluyendo que no quiere ser parte de este Estado español que no acepta ninguna otra versión de España que la que existe hoy. Y de ahí surge el enorme crecimiento del movimiento independentista. El establishment españolista basado en Madrid es una fábrica de independentistas. Es interesante ver el miedo de dicho establishment a que haya un referéndum en Catalunya para conocer lo que la población catalana desea. La gran mayoría de gente en Catalunya desea que se realice tal referéndum. ¿Por qué el gobierno central y el PSOE tienen tanto miedo a ese referéndum? Supongo que debe ser porque asumen que ganaría la independencia. Personalmente, no creo que el resultado fuera este. Pero lo que sí sé es que si saliera independencia, sería resultado del enorme hartazgo, bien merecido, del enorme domino del nacionalismo españolista en el Estado español. No es en Catalunya, sino en el resto de España, donde hay que buscar las causas del crecimiento del independentismo. Esto es también obvio. Pero, predeciblemente, esto es demasiado complejo para que el establishment político-mediático españolista lo entienda.
La monarquía descontrolada y corrupta, y que no ha sido elegida por nadie. Necesitamos un Estado republicano, democratico, laico y federal, para terminar de una vez con los conflictos territoriales de las nacionalidades y de las naciones.
La monarquía descontrolada
nuevatribuna.es |
26 Noviembre 2013 - 13:17 h.
Se han cumplido treinta y ocho años desde aquel «españoles Franco ha muerto», y la proclamación —que no coronación— de Juan Carlos I de Borbón
como rey de España. Hubo una coronación y un funeral. Se enterró a
Franco, pero no el franquismo y se fundó una monarquía impuesta por las
circunstancias, heredera de la dictadura y controlada por todos. Mala
base para comenzar.
En una entrevista para la emisora KPKF.org de Los Ángeles, USA, me preguntaron: ¿Controló la CIA la transición en España? y contesté: —Ustedes saben más de la CIA que nosotros, pero todo parece indicar que participó en el asesinato de Carrero Blanco y luego puso como rey a Juan Carlos—. En aquellas fechas la monarquía no se ponía en discusión y de la República ni hablar. No solo todo estaba «atado y bien atado», sino que todo estaba pactado y controlado. Y las potencias extranjeras —Alemania y los Estados Unidos de América entre otros— venían a decir: hay que establecer un régimen democrático, afín a nuestros intereses, sin algaradas callejeras, sin revoluciones, y Juan Carlos nos sirve. Y a los españolitos de a pie así nos lo hicieron entender y sin dársenos muchas explicaciones, nos lo impusieron. El miedo cuida la viña.
Franco impuso una «monarquía del movimiento». El tránsito a la democracia culminó en 1978 con la Constitución y como forma política de Estado la monarquía parlamentaria. El rey ni juró, ni prometió la Constitución. Solo la sancionó. Tampoco fue coronado. Su poder era previo, procedía del franquismo. Franco estableció las bases para el futuro monárquico de España en 1947, con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que declaraba a España Reino y otorgaba al Jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que lo sucedería a título de rey. España era una democracia orgánica sin democracia, un reino sin rey y más tarde una monarquía controlada. Hoy una monarquía cada vez menos querida.
Franco cerró la puerta a don Juan —legítimo heredero de Alfonso XIII, que abandonó España— en la propia Ley de Sucesión, que excluía de ésta a aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que «por su desvío notorio de los Principios Fundamentales del Estado o por su actos, merezcan perder derechos de sucesión establecidos por esta Ley». Para Franco, el padre era demasiado liberal, pero el chico, bien adoctrinado en la ideología del régimen, podía funcionar, como así fue.
No es hasta el 22 de julio de 1969, cuando con el título de Príncipe de España, Juan Carlos jura como sucesor de Franco. Ese fue el primer acto institucional en su camino al trono de España. Jura fidelidad a los principios del «movimiento», acepta ser sucesor de Franco a título de rey, «recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad política surgida del 18 de julio». Aseguraba para él y los suyos una corona que hoy todavía ostenta. El régimen garantizaba el franquismo sin Franco.
La monarquía, que por su naturaleza es antidemocrática, atenta contra la igualdad de oportunidades y contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. Es un órgano del Estado, sobre el que el propio Estado no tiene ningún tipo de control: ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes que representan a la soberanía nacional no tienen competencia alguna sobre la gestión de la Casa Real. La persona del rey es inviolable, lo que le sitúa por encima de la ley —la infanta Cristina, sometida a investigación judicial por el caso Nóos, parece que también lo está—. La corona es un órgano opaco, nada transparente, que no da cuentas a nadie, sobre nada ni de todo. Y aquí es donde se da la paradoja: de ser controlada desde fuera, ahora no lo está siendo desde dentro. Es tiempo de pensar en el cambio, por salud democrática.
La Constitución fue ratificada por el pueblo en referéndum en 1978 y en el tótum revolútum se coló la monarquía parlamentaria como modelo político. Fue un trágala para imponer la monarquía y lo que representaba de continuismo, una operación de blanqueo institucional. El rey ostentaba la legalidad fáctica heredada de Franco y la legitimidad dinástica de su padre; le faltaba la legitimidad democrática, y no fue hasta el 23-F (1981), cuando pasó de ser el rey de Franco, a salvador de la patria. Fue una operación bien montada. Se trataba de consolidar al rey, ya fuese con el triunfo del golpe de estado o con su fracaso. Y lo consiguieron.
El rey vive con su real familia en las alturas a costa de los españoles, cuya mayoría difícilmente puede sobrevivir. El gobierno de Rajoy le protege y los socialistas, entre abucheos, no cuestionan la monarquía, avalando el pacto constitucional de 1978. La monarquía no ha conseguido la estabilidad que se le atribuye. Los problemas históricos de España, que han sido fuente permanente de conflicto, siguen intactos: el territorio y las señas de identidad, la separación real y efectiva de la iglesia católica del Estado y la república por monarquía. Todavía estamos a tiempo.
El tiempo pasa, la popularidad del rey decae y la monarquía no es modelo democrático. No se puede vivir siempre, ni de herencias recibidas, ni de rentas políticas del pasado. En un sistema democrático no caben privilegios hacia personas, familias o castas. Todos los titulares de los órganos del Estado han de ser elegidos democráticamente por la ciudadanía y sometidos al control público.
La monarquía, que fue controlada, ha dejado de estarlo en España, pero está tocada; cercada por casos de corrupción y por actos reales impropios. A la dudosa legitimidad de su origen, se une el abandono popular; la campechanía ya no vende. La sociedad se enfrenta a enormes dificultades para sobrevivir día a día, y no se comprende que una familia pueda acumular poder, riqueza y privilegios sin méritos conocido, tan solo por herencia de sangre. El Rey, que ganó durante la transición prestigio y popularidad, para completar el círculo, debe abdicar, no en su hijo, sino en la ciudadanía y dar paso a un proceso constituyente que establezca un estado democrático, federal, laico y republicano.
En una entrevista para la emisora KPKF.org de Los Ángeles, USA, me preguntaron: ¿Controló la CIA la transición en España? y contesté: —Ustedes saben más de la CIA que nosotros, pero todo parece indicar que participó en el asesinato de Carrero Blanco y luego puso como rey a Juan Carlos—. En aquellas fechas la monarquía no se ponía en discusión y de la República ni hablar. No solo todo estaba «atado y bien atado», sino que todo estaba pactado y controlado. Y las potencias extranjeras —Alemania y los Estados Unidos de América entre otros— venían a decir: hay que establecer un régimen democrático, afín a nuestros intereses, sin algaradas callejeras, sin revoluciones, y Juan Carlos nos sirve. Y a los españolitos de a pie así nos lo hicieron entender y sin dársenos muchas explicaciones, nos lo impusieron. El miedo cuida la viña.
Franco impuso una «monarquía del movimiento». El tránsito a la democracia culminó en 1978 con la Constitución y como forma política de Estado la monarquía parlamentaria. El rey ni juró, ni prometió la Constitución. Solo la sancionó. Tampoco fue coronado. Su poder era previo, procedía del franquismo. Franco estableció las bases para el futuro monárquico de España en 1947, con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que declaraba a España Reino y otorgaba al Jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que lo sucedería a título de rey. España era una democracia orgánica sin democracia, un reino sin rey y más tarde una monarquía controlada. Hoy una monarquía cada vez menos querida.
Franco cerró la puerta a don Juan —legítimo heredero de Alfonso XIII, que abandonó España— en la propia Ley de Sucesión, que excluía de ésta a aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que «por su desvío notorio de los Principios Fundamentales del Estado o por su actos, merezcan perder derechos de sucesión establecidos por esta Ley». Para Franco, el padre era demasiado liberal, pero el chico, bien adoctrinado en la ideología del régimen, podía funcionar, como así fue.
No es hasta el 22 de julio de 1969, cuando con el título de Príncipe de España, Juan Carlos jura como sucesor de Franco. Ese fue el primer acto institucional en su camino al trono de España. Jura fidelidad a los principios del «movimiento», acepta ser sucesor de Franco a título de rey, «recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad política surgida del 18 de julio». Aseguraba para él y los suyos una corona que hoy todavía ostenta. El régimen garantizaba el franquismo sin Franco.
La monarquía, que por su naturaleza es antidemocrática, atenta contra la igualdad de oportunidades y contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. Es un órgano del Estado, sobre el que el propio Estado no tiene ningún tipo de control: ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes que representan a la soberanía nacional no tienen competencia alguna sobre la gestión de la Casa Real. La persona del rey es inviolable, lo que le sitúa por encima de la ley —la infanta Cristina, sometida a investigación judicial por el caso Nóos, parece que también lo está—. La corona es un órgano opaco, nada transparente, que no da cuentas a nadie, sobre nada ni de todo. Y aquí es donde se da la paradoja: de ser controlada desde fuera, ahora no lo está siendo desde dentro. Es tiempo de pensar en el cambio, por salud democrática.
La Constitución fue ratificada por el pueblo en referéndum en 1978 y en el tótum revolútum se coló la monarquía parlamentaria como modelo político. Fue un trágala para imponer la monarquía y lo que representaba de continuismo, una operación de blanqueo institucional. El rey ostentaba la legalidad fáctica heredada de Franco y la legitimidad dinástica de su padre; le faltaba la legitimidad democrática, y no fue hasta el 23-F (1981), cuando pasó de ser el rey de Franco, a salvador de la patria. Fue una operación bien montada. Se trataba de consolidar al rey, ya fuese con el triunfo del golpe de estado o con su fracaso. Y lo consiguieron.
El rey vive con su real familia en las alturas a costa de los españoles, cuya mayoría difícilmente puede sobrevivir. El gobierno de Rajoy le protege y los socialistas, entre abucheos, no cuestionan la monarquía, avalando el pacto constitucional de 1978. La monarquía no ha conseguido la estabilidad que se le atribuye. Los problemas históricos de España, que han sido fuente permanente de conflicto, siguen intactos: el territorio y las señas de identidad, la separación real y efectiva de la iglesia católica del Estado y la república por monarquía. Todavía estamos a tiempo.
El tiempo pasa, la popularidad del rey decae y la monarquía no es modelo democrático. No se puede vivir siempre, ni de herencias recibidas, ni de rentas políticas del pasado. En un sistema democrático no caben privilegios hacia personas, familias o castas. Todos los titulares de los órganos del Estado han de ser elegidos democráticamente por la ciudadanía y sometidos al control público.
La monarquía, que fue controlada, ha dejado de estarlo en España, pero está tocada; cercada por casos de corrupción y por actos reales impropios. A la dudosa legitimidad de su origen, se une el abandono popular; la campechanía ya no vende. La sociedad se enfrenta a enormes dificultades para sobrevivir día a día, y no se comprende que una familia pueda acumular poder, riqueza y privilegios sin méritos conocido, tan solo por herencia de sangre. El Rey, que ganó durante la transición prestigio y popularidad, para completar el círculo, debe abdicar, no en su hijo, sino en la ciudadanía y dar paso a un proceso constituyente que establezca un estado democrático, federal, laico y republicano.
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