La monarquía descontrolada
nuevatribuna.es |
26 Noviembre 2013 - 13:17 h.
Se han cumplido treinta y ocho años desde aquel «españoles Franco ha muerto», y la proclamación —que no coronación— de Juan Carlos I de Borbón
como rey de España. Hubo una coronación y un funeral. Se enterró a
Franco, pero no el franquismo y se fundó una monarquía impuesta por las
circunstancias, heredera de la dictadura y controlada por todos. Mala
base para comenzar.
En una entrevista para la emisora KPKF.org de Los Ángeles, USA, me preguntaron: ¿Controló la CIA la transición en España? y contesté: —Ustedes saben más de la CIA que nosotros, pero todo parece indicar que participó en el asesinato de Carrero Blanco y luego puso como rey a Juan Carlos—. En aquellas fechas la monarquía no se ponía en discusión y de la República ni hablar. No solo todo estaba «atado y bien atado», sino que todo estaba pactado y controlado. Y las potencias extranjeras —Alemania y los Estados Unidos de América entre otros— venían a decir: hay que establecer un régimen democrático, afín a nuestros intereses, sin algaradas callejeras, sin revoluciones, y Juan Carlos nos sirve. Y a los españolitos de a pie así nos lo hicieron entender y sin dársenos muchas explicaciones, nos lo impusieron. El miedo cuida la viña.
Franco impuso una «monarquía del movimiento». El tránsito a la democracia culminó en 1978 con la Constitución y como forma política de Estado la monarquía parlamentaria. El rey ni juró, ni prometió la Constitución. Solo la sancionó. Tampoco fue coronado. Su poder era previo, procedía del franquismo. Franco estableció las bases para el futuro monárquico de España en 1947, con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que declaraba a España Reino y otorgaba al Jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que lo sucedería a título de rey. España era una democracia orgánica sin democracia, un reino sin rey y más tarde una monarquía controlada. Hoy una monarquía cada vez menos querida.
Franco cerró la puerta a don Juan —legítimo heredero de Alfonso XIII, que abandonó España— en la propia Ley de Sucesión, que excluía de ésta a aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que «por su desvío notorio de los Principios Fundamentales del Estado o por su actos, merezcan perder derechos de sucesión establecidos por esta Ley». Para Franco, el padre era demasiado liberal, pero el chico, bien adoctrinado en la ideología del régimen, podía funcionar, como así fue.
No es hasta el 22 de julio de 1969, cuando con el título de Príncipe de España, Juan Carlos jura como sucesor de Franco. Ese fue el primer acto institucional en su camino al trono de España. Jura fidelidad a los principios del «movimiento», acepta ser sucesor de Franco a título de rey, «recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad política surgida del 18 de julio». Aseguraba para él y los suyos una corona que hoy todavía ostenta. El régimen garantizaba el franquismo sin Franco.
La monarquía, que por su naturaleza es antidemocrática, atenta contra la igualdad de oportunidades y contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. Es un órgano del Estado, sobre el que el propio Estado no tiene ningún tipo de control: ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes que representan a la soberanía nacional no tienen competencia alguna sobre la gestión de la Casa Real. La persona del rey es inviolable, lo que le sitúa por encima de la ley —la infanta Cristina, sometida a investigación judicial por el caso Nóos, parece que también lo está—. La corona es un órgano opaco, nada transparente, que no da cuentas a nadie, sobre nada ni de todo. Y aquí es donde se da la paradoja: de ser controlada desde fuera, ahora no lo está siendo desde dentro. Es tiempo de pensar en el cambio, por salud democrática.
La Constitución fue ratificada por el pueblo en referéndum en 1978 y en el tótum revolútum se coló la monarquía parlamentaria como modelo político. Fue un trágala para imponer la monarquía y lo que representaba de continuismo, una operación de blanqueo institucional. El rey ostentaba la legalidad fáctica heredada de Franco y la legitimidad dinástica de su padre; le faltaba la legitimidad democrática, y no fue hasta el 23-F (1981), cuando pasó de ser el rey de Franco, a salvador de la patria. Fue una operación bien montada. Se trataba de consolidar al rey, ya fuese con el triunfo del golpe de estado o con su fracaso. Y lo consiguieron.
El rey vive con su real familia en las alturas a costa de los españoles, cuya mayoría difícilmente puede sobrevivir. El gobierno de Rajoy le protege y los socialistas, entre abucheos, no cuestionan la monarquía, avalando el pacto constitucional de 1978. La monarquía no ha conseguido la estabilidad que se le atribuye. Los problemas históricos de España, que han sido fuente permanente de conflicto, siguen intactos: el territorio y las señas de identidad, la separación real y efectiva de la iglesia católica del Estado y la república por monarquía. Todavía estamos a tiempo.
El tiempo pasa, la popularidad del rey decae y la monarquía no es modelo democrático. No se puede vivir siempre, ni de herencias recibidas, ni de rentas políticas del pasado. En un sistema democrático no caben privilegios hacia personas, familias o castas. Todos los titulares de los órganos del Estado han de ser elegidos democráticamente por la ciudadanía y sometidos al control público.
La monarquía, que fue controlada, ha dejado de estarlo en España, pero está tocada; cercada por casos de corrupción y por actos reales impropios. A la dudosa legitimidad de su origen, se une el abandono popular; la campechanía ya no vende. La sociedad se enfrenta a enormes dificultades para sobrevivir día a día, y no se comprende que una familia pueda acumular poder, riqueza y privilegios sin méritos conocido, tan solo por herencia de sangre. El Rey, que ganó durante la transición prestigio y popularidad, para completar el círculo, debe abdicar, no en su hijo, sino en la ciudadanía y dar paso a un proceso constituyente que establezca un estado democrático, federal, laico y republicano.
En una entrevista para la emisora KPKF.org de Los Ángeles, USA, me preguntaron: ¿Controló la CIA la transición en España? y contesté: —Ustedes saben más de la CIA que nosotros, pero todo parece indicar que participó en el asesinato de Carrero Blanco y luego puso como rey a Juan Carlos—. En aquellas fechas la monarquía no se ponía en discusión y de la República ni hablar. No solo todo estaba «atado y bien atado», sino que todo estaba pactado y controlado. Y las potencias extranjeras —Alemania y los Estados Unidos de América entre otros— venían a decir: hay que establecer un régimen democrático, afín a nuestros intereses, sin algaradas callejeras, sin revoluciones, y Juan Carlos nos sirve. Y a los españolitos de a pie así nos lo hicieron entender y sin dársenos muchas explicaciones, nos lo impusieron. El miedo cuida la viña.
Franco impuso una «monarquía del movimiento». El tránsito a la democracia culminó en 1978 con la Constitución y como forma política de Estado la monarquía parlamentaria. El rey ni juró, ni prometió la Constitución. Solo la sancionó. Tampoco fue coronado. Su poder era previo, procedía del franquismo. Franco estableció las bases para el futuro monárquico de España en 1947, con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que declaraba a España Reino y otorgaba al Jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que lo sucedería a título de rey. España era una democracia orgánica sin democracia, un reino sin rey y más tarde una monarquía controlada. Hoy una monarquía cada vez menos querida.
Franco cerró la puerta a don Juan —legítimo heredero de Alfonso XIII, que abandonó España— en la propia Ley de Sucesión, que excluía de ésta a aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que «por su desvío notorio de los Principios Fundamentales del Estado o por su actos, merezcan perder derechos de sucesión establecidos por esta Ley». Para Franco, el padre era demasiado liberal, pero el chico, bien adoctrinado en la ideología del régimen, podía funcionar, como así fue.
No es hasta el 22 de julio de 1969, cuando con el título de Príncipe de España, Juan Carlos jura como sucesor de Franco. Ese fue el primer acto institucional en su camino al trono de España. Jura fidelidad a los principios del «movimiento», acepta ser sucesor de Franco a título de rey, «recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad política surgida del 18 de julio». Aseguraba para él y los suyos una corona que hoy todavía ostenta. El régimen garantizaba el franquismo sin Franco.
La monarquía, que por su naturaleza es antidemocrática, atenta contra la igualdad de oportunidades y contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. Es un órgano del Estado, sobre el que el propio Estado no tiene ningún tipo de control: ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes que representan a la soberanía nacional no tienen competencia alguna sobre la gestión de la Casa Real. La persona del rey es inviolable, lo que le sitúa por encima de la ley —la infanta Cristina, sometida a investigación judicial por el caso Nóos, parece que también lo está—. La corona es un órgano opaco, nada transparente, que no da cuentas a nadie, sobre nada ni de todo. Y aquí es donde se da la paradoja: de ser controlada desde fuera, ahora no lo está siendo desde dentro. Es tiempo de pensar en el cambio, por salud democrática.
La Constitución fue ratificada por el pueblo en referéndum en 1978 y en el tótum revolútum se coló la monarquía parlamentaria como modelo político. Fue un trágala para imponer la monarquía y lo que representaba de continuismo, una operación de blanqueo institucional. El rey ostentaba la legalidad fáctica heredada de Franco y la legitimidad dinástica de su padre; le faltaba la legitimidad democrática, y no fue hasta el 23-F (1981), cuando pasó de ser el rey de Franco, a salvador de la patria. Fue una operación bien montada. Se trataba de consolidar al rey, ya fuese con el triunfo del golpe de estado o con su fracaso. Y lo consiguieron.
El rey vive con su real familia en las alturas a costa de los españoles, cuya mayoría difícilmente puede sobrevivir. El gobierno de Rajoy le protege y los socialistas, entre abucheos, no cuestionan la monarquía, avalando el pacto constitucional de 1978. La monarquía no ha conseguido la estabilidad que se le atribuye. Los problemas históricos de España, que han sido fuente permanente de conflicto, siguen intactos: el territorio y las señas de identidad, la separación real y efectiva de la iglesia católica del Estado y la república por monarquía. Todavía estamos a tiempo.
El tiempo pasa, la popularidad del rey decae y la monarquía no es modelo democrático. No se puede vivir siempre, ni de herencias recibidas, ni de rentas políticas del pasado. En un sistema democrático no caben privilegios hacia personas, familias o castas. Todos los titulares de los órganos del Estado han de ser elegidos democráticamente por la ciudadanía y sometidos al control público.
La monarquía, que fue controlada, ha dejado de estarlo en España, pero está tocada; cercada por casos de corrupción y por actos reales impropios. A la dudosa legitimidad de su origen, se une el abandono popular; la campechanía ya no vende. La sociedad se enfrenta a enormes dificultades para sobrevivir día a día, y no se comprende que una familia pueda acumular poder, riqueza y privilegios sin méritos conocido, tan solo por herencia de sangre. El Rey, que ganó durante la transición prestigio y popularidad, para completar el círculo, debe abdicar, no en su hijo, sino en la ciudadanía y dar paso a un proceso constituyente que establezca un estado democrático, federal, laico y republicano.
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