ONG y entidades sociales denuncian la "invisibilidad" de la pobreza infantil en España y reclaman medidas
por Kaos. Tijeretazos y recortes sociales
Entidades sociales de apoyo a la infancia y ONG han denunciado, en
el Día Internacional de la Infancia, que la pobreza infantil es
"invisible" en España aunque la tasa llega a rozar el 30% y en torno a
2,3 millones de niños viven en hogares que se encuentran en situación de
pobreza relativa.
Agencias
Lo denunciaba la Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia), al denunciar que "en ninguna encuesta aparece entre las principales preocupaciones de los ciudadanos" la pobreza de los niños en España, a diferencia de lo que ocurre con el paro y los desahucios, que paradójicamente, es a los niños a quienes más afecta.
"Nuestro país debe desarrollar políticas de futuro que pongan a la infancia en el primer lugar de la agenda política", ha señalado el presidente de la Fedaia, Jaume Clupés, que ha instado a las administraciones a no pensar sólo a corto plazo para erradicar la pobreza infantil.
En Cruz Roja Española han difundido un comunicado en el que recuerdan que la tasa de pobreza infantil alcanza su valor más alto desde el año 2004 y denuncian que "está siendo una de las caras más dramáticas de la actual crisis". Entre las familias que atiende la institución, la media de ingresos está cien euros por debajo de lo que se considera umbral de pobreza.
Esta situación afecta "de forma directa" a los niños y a su crecimiento saludable, no sólo por la privación y la falta de cobertura de necesidades básicas durante esta etapa de la vida, sino por el riesgo de trasmisión intergeneracional de la pobreza.
"Combatir la pobreza y la exclusión social de la infancia pasa por desarrollar estrategias integradas que vayan más allá de garantizar la seguridad material. Todas las acciones destinadas a prevenir y contener situaciones de privación material, así como las limitaciones en el acceso a servicios, deben estar integradas en las diferentes actuaciones", destaca el Responsable del Programa de Infancia en Dificultad Social, Carlos Chana.
Por otra parte, Save the Children ha exige en este Día Internacional la aprobación de una ley de medidas integrales que proteja a los niños frente a la violencia en la que se identifiquen sus diferentes modalidades, se promuevan políticas de prevención y se establezcan establezca mecanismos de denuncia accesibles a los niños.
La ONG explica con datos oficiales que el año pasado se abrieron más de 41.230 expedientes de protección de menores de edad, una cifra que "no refleja todos los casos ni formas de violencia contra la infancia en España, una realidad oculta y poco documentada". "No hay mecanismos eficaces de recogida de datos que permitan apreciar la magnitud del problema, al margen de las denuncias, y los mecanismos de denuncia no son accesibles a los niños", afirma.
En total, el año pasado se registraron en España 42 denuncias por homicidio de niños o niñas, 892 por lesiones, 3.466 por malos tratos a niños en el ámbito familiar y 3.191 por violencia sexual. Además, fueron identificadas en España 21 víctimas de trata menores de edad. "Esa cifra es solo la punta del iceberg. El sistema de protección a la infancia no está preparado para identificar los casos ni para abordar las necesidades de las víctimas", sostiene Save The Children.
La responsable de Incidencia Política de la organización, Áurea Ferreres, explica que "además de ser una violación de los derechos humanos, cualquier forma de violencia que sufra un niño o niña produce sufrimiento y daños graves difíciles de revertir tanto en su desarrollo afectivo, cognitivo y social como en su autoestima".
La entidad sostiene que si bien en los dos últimos años "la violencia contra la infancia se ha incluido en la agenda política y se están haciendo esfuerzos para visibilizarla", no se aborda aún de manera global y coordinada por todas las instituciones y faltan recursos "adecuados y suficientes" para hacerlo.
"El contexto de crisis económica está dando lugar a ajustes en los presupuestos públicos que afectan a ámbitos esenciales para la protección de los niños y niñas. Es necesario que se preserven los recursos públicos destinados a programas de sensibilización social, prevención y atención integral de todas las formas de violencia contra la infancia", añade Ferreres.
Lo denunciaba la Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia), al denunciar que "en ninguna encuesta aparece entre las principales preocupaciones de los ciudadanos" la pobreza de los niños en España, a diferencia de lo que ocurre con el paro y los desahucios, que paradójicamente, es a los niños a quienes más afecta.
"Nuestro país debe desarrollar políticas de futuro que pongan a la infancia en el primer lugar de la agenda política", ha señalado el presidente de la Fedaia, Jaume Clupés, que ha instado a las administraciones a no pensar sólo a corto plazo para erradicar la pobreza infantil.
En Cruz Roja Española han difundido un comunicado en el que recuerdan que la tasa de pobreza infantil alcanza su valor más alto desde el año 2004 y denuncian que "está siendo una de las caras más dramáticas de la actual crisis". Entre las familias que atiende la institución, la media de ingresos está cien euros por debajo de lo que se considera umbral de pobreza.
Esta situación afecta "de forma directa" a los niños y a su crecimiento saludable, no sólo por la privación y la falta de cobertura de necesidades básicas durante esta etapa de la vida, sino por el riesgo de trasmisión intergeneracional de la pobreza.
"Combatir la pobreza y la exclusión social de la infancia pasa por desarrollar estrategias integradas que vayan más allá de garantizar la seguridad material. Todas las acciones destinadas a prevenir y contener situaciones de privación material, así como las limitaciones en el acceso a servicios, deben estar integradas en las diferentes actuaciones", destaca el Responsable del Programa de Infancia en Dificultad Social, Carlos Chana.
Por otra parte, Save the Children ha exige en este Día Internacional la aprobación de una ley de medidas integrales que proteja a los niños frente a la violencia en la que se identifiquen sus diferentes modalidades, se promuevan políticas de prevención y se establezcan establezca mecanismos de denuncia accesibles a los niños.
La ONG explica con datos oficiales que el año pasado se abrieron más de 41.230 expedientes de protección de menores de edad, una cifra que "no refleja todos los casos ni formas de violencia contra la infancia en España, una realidad oculta y poco documentada". "No hay mecanismos eficaces de recogida de datos que permitan apreciar la magnitud del problema, al margen de las denuncias, y los mecanismos de denuncia no son accesibles a los niños", afirma.
En total, el año pasado se registraron en España 42 denuncias por homicidio de niños o niñas, 892 por lesiones, 3.466 por malos tratos a niños en el ámbito familiar y 3.191 por violencia sexual. Además, fueron identificadas en España 21 víctimas de trata menores de edad. "Esa cifra es solo la punta del iceberg. El sistema de protección a la infancia no está preparado para identificar los casos ni para abordar las necesidades de las víctimas", sostiene Save The Children.
La responsable de Incidencia Política de la organización, Áurea Ferreres, explica que "además de ser una violación de los derechos humanos, cualquier forma de violencia que sufra un niño o niña produce sufrimiento y daños graves difíciles de revertir tanto en su desarrollo afectivo, cognitivo y social como en su autoestima".
La entidad sostiene que si bien en los dos últimos años "la violencia contra la infancia se ha incluido en la agenda política y se están haciendo esfuerzos para visibilizarla", no se aborda aún de manera global y coordinada por todas las instituciones y faltan recursos "adecuados y suficientes" para hacerlo.
"El contexto de crisis económica está dando lugar a ajustes en los presupuestos públicos que afectan a ámbitos esenciales para la protección de los niños y niñas. Es necesario que se preserven los recursos públicos destinados a programas de sensibilización social, prevención y atención integral de todas las formas de violencia contra la infancia", añade Ferreres.
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